Ciudad
de México, 11 de octubre (SinEmbargo).- La Procuraduría General de la República
(PGR) puso hoy a disposición de la ciudadanía la versión pública de la
averiguación previa sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela
Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, en su sitio de
Internet www.pgr.gob.mx . Esto a pesar de las declaraciones del abogado de los
padres de los 43 normalistas desaparecidos, quien aseguró que la publicación
del informe ponía en riesgo a los testigos y a las víctimas.
El
pasado 8 de octubre, el abogado de las familias de los desaparecidos de
Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, dijo que la publicación del expediente
sobre el caso anunciada por la dependencia federal ponía en riesgo a las
víctimas y a los estudiantes sobrevivientes que dieron sus testimonios.
“Es
de interés general para todo el pueblo de México lo que ahí esta ocurriendo,
pero creo que compromete la seguridad de las víctimas, de los testigos, de los
estudiantes que han brindado un testimonio que resulta fundamental en la
investigación”, dijo a la agencia de noticias Efe el abogado.
En
su opinión, se debió discutir con las víctimas cuáles son las partes del
expediente que se tienen que hacer públicas porque “publicar todo de manera
indiscriminada puede tener algunas afectaciones para las víctimas y sobre todo
para los testigos”.
El
representante legal de los familiares de los normalistas, Vidulfo Rosales
Sierra, insistió en que se investigue al Ejército. Foto: Cuartoscuro
Este
domingo, la PGR difundió el informe en cumplimiento al compromiso hecho por la
titular de la dependencia, Arely Gómez González, ante legisladores durante su
comparecencia en el Senado de la República la semana pasada.
En
un comunicado, la PGR informó que la publicación del expediente se hizo con el
objetivo de garantizar, de mejor manera, el derecho ciudadano de acceso a la
información y en apego al eje prioritario de Transparencia y Rendición de
Cuentas.
La
Procuraduría señaló que la versión pública del expediente del caso Iguala
consiste en alrededor de 54 mil fojas divididas en 85 tomos y 13 anexos.
Su
elaboración implicó más de siete meses, participaron alrededor de 100
servidores públicos y la información clasificada fue verificada por el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI).
Lo
anterior con el fin de garantizar el derecho a la privacidad, a la presunción
de inocencia y al debido proceso de víctimas, testigos, ofendidos y presuntos
responsables.
La
totalidad de la versión pública está disponible para descarga en formato PDF y
en caso que se requiera acceder al expediente de forma física, o solicitar
copia simple o certificada del mismo, el interesado puede realizar una
solicitud de acceso a la información a través del sistema INFOMEX.
INFORME DEL GIEI
El
pasado 6 de septiembre, el Grupo Interdisciplinario de Expertos y Expertas
Independientes (GIEI), integrado por cinco representantes de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aportó al menos dos nuevas líneas de
investigación que echan abajo “la verdad histórica” oficial sobre el caso.
De
acuerdo con la versión de la Procuraduría General de la República, los
estudiantes fueron detenidos por policías municipales en Iguala cuando se
dirigían a una manifestación en Chilpancingo, luego de una persecución a tiros
los uniformados entregaron a los jóvenes al grupo criminal Guerreros Unidos
que, al confundirlos con miembros de un grupo rival, los asesinó e incineró en
un basurero del municipio vecino de Cocula entre la noche del 26 y la madrugada
del 27 de septiembre.
Tras
seis meses de indagaciones, el grupo de expertos dijo que la versión de la
incineración en un basurero muestra inconsistencias científicas, tales como la
cantidad de combustible y tiempo que se necesitó para lograr reducir los 43
cuerpos a cenizas.
El
informe del GIEI también reveló la existencia de un quinto autobús que
desapareció de la escena, que nunca investigó la PGR, ni consignó en su
expediente y que para los expertos independientes pudo ser el detonante de la
agresión a los estudiantes, al ser un vehículo posiblemente cargado con droga o
con dinero.
Los
resultados del GIEI desataron sendos pronunciamientos por parte de
organizaciones defensoras de derechos humanos como Amnistía Internacional y
Human Rights Watch (HRW), quienes exigieron al Gobierno de México llevar a la
justicia a los responsables de las fallas en las investigaciones y abordar de
manera “inmediata” las deficiencias descubiertas en la investigación de la
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
La
organización WOLA y abogados penalistas mexicanos recomendaron iniciar de cero
la investigación.
(SIN
EMBARGO.MX/ Redacción / octubre 11, 2015
- 14:01)
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