La
Southern Copper Corporation, propiedad del Grupo México, lleva adelante en Perú
una explotación minera, Tía María, que desencadenó ya una crisis para el
gobierno de Ollanta Humala: choques entre la fuerza pública y los habitantes
del valle del Tambo han cobrado la vida de cuatro personas. El fondo del
conflicto: quienes viven alrededor del complejo cuprífero se quejan del alto
grado de contaminación que los afecta. Incluso una fiscalía para delitos
ambientales pidió pena de cárcel para el presidente de la empresa, el mexicano
Óscar González Rocha. Pero éste se amparó y la minera sigue trabajando.
LIMA
(Proceso).- Con una maniobra legal de último minuto, el presidente de la
compañía minera Southern Copper Corporation (SCC), el mexicano Óscar González
Rocha, detuvo indefinidamente un pedido de la fiscalía de Perú para condenarlo
a 30 meses de prisión por delitos de contaminación ambiental.
La
SSC protagoniza uno de los peores y más violentos conflictos sociales que
enfrenta el gobierno de Ollanta Humala; el saldo hasta ahora es de tres civiles
y un policía muertos a consecuencia de los choques entre la fuerza pública y
ciudadanos que se oponen al proyecto cuprífero Tía María, en el sureño valle
del Tambo.
El
pasado 22 de mayo Humala declaró el estado de emergencia en la provincia de
Islay, donde tienen lugar las manifestaciones contra la SCC y su plan de
inversión de mil 500 millones de dólares, y puso el área bajo control de
militares y policías.
Los
pobladores del Tambo, mayoritariamente dedicados a la agricultura, rechazan Tía
María pues ese proyecto representa una amenaza a su economía, no obstante que
la minera les ha prometido una millonaria compensación ante cualquier eventual
daño ambiental.
El
pasado 2 de febrero, González Rocha, acusado de delitos de contaminación
ambiental, debía presentarse en el juzgado de Ilo, la provincia donde están las
instalaciones de la fundición y la refinería de la SCC, para recibir sentencia.
No se presentó.
En
nombre de la empresa, el abogado peruano Renzo Carrasco Domhoff entregó una
resolución judicial que le concedía a González Rocha un amparo constitucional
para no ser procesado ni condenado.
El
documento lo expidió un juez de Lima, Ricardo Chang Racuay. Uno de los
argumentos que esgrimió González para recurrir al amparo fue que un eventual
mandato de cárcel le causaría la muerte debido a su avanzada edad. Acaba de
cumplir 77 años.
HISTORIAL
El
29 de mayo, González dijo –en una entrevista en el programa de televisión La
Hora N– que no comprendía por qué la población se expresaba contra la compañía,
si durante su trayectoria en Perú había sido muy cuidadosa con las normas de
preservación ambiental.
“Cumplimos
con modernizar la fundición, no hay ningún problema de humos en la población de
Ilo, después de la inauguración, en 2007 (…) Creemos que hemos hecho las cosas
bien en Ilo. Es una de las poblaciones de mayor desarrollo del Perú y que tiene
los índices de desarrollo humano más altos, según las Naciones Unidas. (…) No
creemos que la empresa haya hecho mal las cosas”, dijo.
Sin
embargo, después de que la SCC se acogió al Programa de Adecuación y Manejo
Ambiental, mediante el cual se obligaba a reducir los niveles de contaminación
del complejo de la fundición y refinería de Ilo, los superó.
De
acuerdo con documentos del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y
Minería (Osinergmin) –que Proceso pudo consultar–, entre el 8 y el 18 de mayo
de 2007 se aplicó una evaluación técnica al complejo de Ilo con resultados
negativos: se detectaron emisiones de la chimenea de entre 187.9 y 219.4 mg/m3,
cuando lo permisible es 100 mg/3. También se registraron efluentes con una
concentración de arsénico que alcanzaba los 8.009 mg/L, que superaba largamente
el 1.0 mg/L exigido por la Ley de Preservación del Medio Ambiente.
Del
17 al 21 de noviembre de 2009 se hicieron nuevas evaluaciones del complejo de
Ilo y nuevamente se detectaron violaciones a las normas de conservación
ambiental.
Los
informes evidencian que Southern es una compañía con antecedentes de violación
de las leyes ambientales peruanas, muy lejos de la imagen que quiere proyectar
González Rocha.
Basándose
en estos hechos, la Fiscalía de Prevención del Delito de Ilo solicitó al
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) un informe sobre los
estudios aplicados al complejo minero el 13 de marzo de 2013.
Ocho
meses después, el 11 de noviembre, la fiscalía determinó que había suficientes
elementos de convicción de que Southern había cometido delito y pidió 30 meses
de cárcel para Óscar González Rocha.
“Lo
más importante de la acusación fiscal es que la compañía Southern superó los
límites máximos permisibles, específicamente respecto a las partículas
contaminantes que arroja la chimenea. Ese es un hecho objetivo”, señaló la
fiscal Ángela Marroquín Córdova, quien sustentó la acusación.
En
su defensa la compañía alegó que si hubiera habido contaminación, eso hubiera
sido en 2007, cuando se hizo la primera evaluación, pero que en la actualidad
dicha situación ha sido superada.
Empero,
la fiscalía demostró que en 2009 se mantuvieron los registros de contaminación.
“Señalamos que el delito continuó, fue permanente en el tiempo, y que mientras
no se demuestre lo contrario, es un delito permanente. De hecho, la emisión de
partículas contaminantes podría continuar hasta el día de hoy”, señaló
Marroquín.
Fuentes
de la OEFA consultadas por este semanario informan que no hay ningún nuevo informe
sobre evaluaciones practicadas al complejo de Ilo que pudiera demostrar control
o eliminación de partículas contaminantes por parte de la minera.
DAÑOS
En
la audiencia del pasado 2 de febrero, a la cual faltó González Rocha, la
Fiscalía de Prevención del Delito de Ilo tenía previsto acreditar más
evidencias que demostraban que desde 2007 se repitieron los incidentes de
contaminación.
Pero
González pudo detener el juicio con una acción de amparo ante el temor de que
una condena pudiera costarle la vida.
Proceso
pidió a la especialista Liz Pérez Ramos, del Centro de Control Analítico de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, una opinión en torno al impacto de la
contaminación que detectó el Osinergmin en 2007 en el complejo de Ilo.
“Las
partículas lanzadas al aire por la chimenea de la fundición se acumulan en los
pulmones y pueden generar en los seres humanos fibroma, fibrosis y asma. Esas
partículas también caen al suelo; se acumulan en la tierra y atrofian el
desarrollo de las plantas. Eso también afecta a la fauna marina”, explica la
especialista.
Pérez
Ramos resalta también las consecuencias de la superación de los límites máximos
permisibles del vaciado de arsénico al mar.
“Importantes
consecuencias de los altos niveles de arsénico en el mar son la bioacumulación
y la biomagnificación. Esto significa que si un pez vive en un mar con niveles
de arsénico que han superado lo establecido, acumula el tóxico en su cuerpo;
viene luego otro pez más grande y se lo come y su cuerpo se llena de ese metal
pesado. Y así sucesivamente. Luego aparece el hombre que se come al pescado
contaminado y puede así tener daños neurológicos, hematológicos y renales”
precisa.
DEFENSOR
Juan
Carlos Eguren, del centroderechista Partido Popular Cristiano (PPC) y
congresista por el departamento de Arequipa, es uno de los más notorios
defensores del proyecto Tía María. No ha reparado en calificar a los opositores
de “terroristas medioambientalistas” y “delincuentes”, y ha promovido
vigorosamente las medidas de fuerza en el valle del Tambo, donde se ubica la
veta cuprífera.
Para
Eguren, que la SCC tenga antecedentes por contaminación no afecta su reputación
y mucho menos debería ser motivo de desconfianza de la población.
“La
minería en el mundo, como cualquier otra actividad, siempre tiene riesgos
ambientales. Si por alguna circunstancia, voluntaria o involuntaria, sobrepasa
los estándares de calidad medioambiental, el Estado tiene la facultad para
multar a la empresa o incluso cancelar la actividad si eso termina siendo
insuperable. Esos son los mecanismos que se aplican a cualquier empresa. La
actividad minera social y ambientalmente responsable debe cumplir con la ley.
“Ahora,
si el presidente de la empresa Southern ha conseguido una acción de amparo para
evitar un juicio, tenemos que respetar lo que dice la justicia”, argumentó
Eguren.
De
acuerdo con los registros de la OEFA, la SCC es una de las 10 mineras más
multadas en el país por violaciones a la Ley de Preservación del Medio
Ambiente: tiene 14 multas, sin contar con el proceso judicial por contaminar
Ilo.
Para
Ricardo Giesecke, quien fue ministro de Medio Ambiente del gobierno de Humala,
los antecedentes de la SCC no fortalecen la confianza de la población en la
compañía minera propiedad del Grupo México.
“Si
Southern se comprometió a cumplir con los límites máximos permisibles y no lo
hace, entonces la población tiene obviamente derecho a desconfiar. Tenemos
derecho a sospechar sanamente que en general no cumplen lo que dicen. ¿Por qué
vamos a tener la confianza en que van a cumplir todas las maravillas que nos
ofrecen en el estudio de impacto ambiental que proponen para el proyecto Tía
María, si en la realidad no cumplen”, dice a Proceso.
El
pasado 31 de mayo el diario La República publicó una encuesta de la compañía
GfK que le da la razón al exministro. En un mes subió el número de pobladores
que considera que el proyecto Tía María ocasionará contaminación: pasó de 51% a
59%.
(PROCESO/
REPORTAJE ESPECIAL/ ÁNGEL PÁEZ/ 13 DE
JUNIO DE 2015)
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