Chihuahua,
Chih., (apro).- El Sistema de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer que
la asociación civil Espectáculos Extremos AC, organizadora de Extremo Aeroshow
2013, evento en el que perdieron la vida nueve personas, emitió facturas
apócrifas.
El
pasado miércoles 15, el SAT publicó en su página oficial la lista de
contribuyentes que emitieron comprobantes fiscales sin contar con activos,
personal, infraestructura o capacidad material para prestar el servicio.
En
el caso de Espectáculos Extremos, presentó facturas falsas sobre los recursos
que ejerció para Extremo Aeroshow 2013 y que en total sumaron 17 millones 130
mil 471 pesos para la organización de ese festival.
La
dependencia federal precisó que con el número de “oficio global de presunción”
500-05-2014-37003, del 31 de octubre de 2014, se notificó a los titulares de la
asociación que preside Jorge Cuesta y les dieron 15 días hábiles para comprobar
cómo se gastó ese dinero que recibieron del ayuntamiento de Chihuahua.
Debido
a que no recibieron respuesta, el organismo tributario hizo pública la
información los primeros días de noviembre siguiente.
Pero,
además, la asociación enfrenta una demanda por 33 millones de pesos por parte
del ayuntamiento de Chihuahua por los daños y gastos ocasionados tras la muerte
de las nueve personas en el accidente registrado el 5 de octubre de aquel año,
cuando el conductor de una troca monstruo perdió el control durante el
festival.
En
esa ocasión hubo más de cien heridos, de los cuales alrededor de 60 presentaron
querella por los gastos que les generaron las lesiones, en varios casos con
secuelas de discapacidad física.
Por
ese hecho, el 5 de octubre de 2013 fue encarcelado el conductor de la monster
truck, Francisco Velázquez Samaniego, y posteriormente se vinculó a proceso a
Eliot Gerardo Castillo Hernández (representante de Demolition Show), Luis Felipe
Valdez Caraveo (director de la asociación civil Eventos extremos), Guillermo
Ávila Olivas (exsubdirector de Protección Civil municipal) y José Manuel
Domínguez (coordinador u oficial de Protección Civil).
Las
víctimas también interpusieron demandas civiles ante el ayuntamiento y la
Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), porque hasta ahora no han sido
indemnizadas, ni se ha cumplido en su totalidad con las recomendaciones de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
(PROCESO/ PATRICIA MAYORGA/ 17 DE ABRIL
DE 2015)
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