TOLUCA,
Edomex. (apro).- Alfredo Martínez Gutiérrez, padre de Carlos Eduardo, un
adolescente que fue asesinado tras su secuestro hace dos años en Toluca, pidió
al gobernador Eruviel Ávila integrar a los asesinos de su hijo a la lista de
los más buscados y ofrecer hasta 50 mil pesos por cualquier información que lleve
a localizarlos, pues seis
de
los implicados siguen libres, mientras cuatro detenidos aún no han sido
juzgados.
Don
Alfredo considera que la entidad padece un clima de impunidad, pues diez
personas fueron cómplices del secuestro y asesinato de su hijo de 15 años, pero
seis de los presuntos homicidas siguen libres.
A
la fecha, detalla, existen órdenes de aprehensión sin cumplimentar en contra de
Emiliano Victoria Hernández y Erick Rojas Lina.
Peor
aún, abunda, no se ha hecho nada en contra de la mujer que prestó su casa en
San Mateo Atenco para tener en cautiverio al menor, ni contra las mujeres que
lo alimentaban y cuidaban para que no pudiera escapar.
“Hago
un llamado al gobernador Eruviel Ávila Villegas para que incluya a esas seis
personas, tres mujeres y tres hombres, en el Programa de Recompensas que
anunció el lunes pasado, el cual, él dijo, tiene como objetivo cumplir las
órdenes de aprehensión vigentes por el delito de secuestro”, reclama.
También
exige se garantice que haya “justicia plena para mi hijo Carlos Eduardo
Martínez González, porque no puede haber justicia a medias. La justicia o es
total, pronta y expedita, o no es justicia”, sentencia.
También
exige que los asesinos confesos, detenidos en el penal de Almoloya: Beatriz
Alejandra Morales Sendo, Margarito Salas Reyes, Emiliano Victoria Rodríguez y
Silverio Victoria Hernández, sean condenados a la brevedad.
Martínez
Gutiérrez señala que se ha removido en cuatro ocasiones al juez del caso, y
detalla que los detenidos gozan de privilegios porque son visitados por sus
familiares de manera cotidiana y están en áreas independientes al resto de la
población carcelaria, “pese a la manera despiadada en la que le quitaron la
vida a mi hijo, pues vivo lo arrojaron del puente vehicular de Ixtapan de la
Sal”.
El
padre de Carlos Eduardo también lamenta que sólo se hayan fincado
responsabilidades administrativas al personal de la PGJEM y éste continúe
laborando, pese a la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México (Codhem) por el caso, debido a que el cuerpo de Carlos Eduardo
permaneció en calidad de desconocido por seis meses en el Semefo de Tenancingo,
resultado de la mala práctica de pruebas periciales.
(PROCESO/
REPORTAJE ESPECIAL/ DE LA CORRESPONSALÍA/ 16 DE ABRIL DE 2015)
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