La
pesadilla de las violentas privaciones de la libertad en la región no se ha
detenido, familiares de víctimas sospechan que se trata de operativos donde
participan policías federales, pero no denuncian. La Asociación Esperanza sigue
contabilizando casos de los que poco se ha investigado
La
noche del jueves 28 de agosto de 2014, Jorge Eladio llegó hasta la zona del
fraccionamiento Misión San Ángel –en la salida sur de Mexicali, hacia San
Felipe–, junto con un acompañante se acercó a un puesto de hot dogs pegado a
una tienda Ley.
Manejaba
un auto tipo Honda, azul, cuando de repente se le atravesaron dos pick ups
doble cabina con estrobos, uno rojo y otro gris. “Este carro tiene reporte de
robo”, le dijeron al tiempo que corrieron a la persona que iba de copiloto.
Posteriormente les llamaron a sus familiares desde un teléfono celular
pidiéndoles dinero por su libertad, luego ya no se comunicaron y al joven de
origen sinaloense ya no lo volvieron a ver. Los allegados aseguran que quienes
lo levantaron “fueron del gobierno”.
Sus
familiares sospechan de policías federales, incluso mencionan que al acudir a
las oficinas de la subdelegación de la PGR en Mexicali vieron estacionado el
pick up rojo.
“Hay
un modus operandi coincidente, en varios casos se sospecha que son agentes de
la Policía Ministerial Federal, por la forma que actúan, por el lenguaje, por
los vehículos. Operan con las mismas características”, sostiene Migue Ángel
García Leyva, miembro de la Asociación Esperanza contras las Desapariciones
Forzadas y contra la Impunidad.
En
otro caso, sucedido el 27 de septiembre del 2014 en la zona de Villas Campestre
–también al sur de la ciudad– unos tipos armados y a bordo de una pick up roja
y otra azul llegaron a una casa medio abandonada que era ocupada meses atrás
por tres jornaleros, los revisaron, se los llevaron. Los familiares de uno de
ellos, José de Jesús, lo buscan afanosamente desde entonces. Según vecinos, los
raptores tenían aspecto de policías. “Queremos el dinero, si no, en la oficina
les van a pedir más”, le dijeron a uno de ellos.
Otro
incidente más ocurrió la madrugada del domingo 12 de octubre en una zona
cercana a la estación ferroviaria en Mexicali. En un edificio-bodega utilizado
por migrantes para pasar la noche, un grupo de seis hombres –algunos eran de
origen centroamericano– vieron interrumpido su descansando cuando llegaron
hombres armados, igual en pick up, traían gorras negras, chalecos, hablaban por
radio.
Llegaron
agresivos, los golpearon, “Tú, cabrón, vales cinco mil dólares”, le dijeron a
un hondureño, mientras que a otro de los asustados migrantes le comentaron que
“son buenos como topos (así les llaman a los que trabajan los túneles), ahí hay
un billete…”. Uno de ellos alcanzó a escapar, pero a los otros cinco no los
volvió a ver. Puso la denuncia ante la mesa de quejas que cada miércoles se
instala ahí en las afueras del edificio del Congreso, en Mexicali. Después
también se desapareció.
“Desde
agosto, septiembre, hemos documentado muchos casos, unos en las mesas
ciudadanas, otros que vienen a la oficina y otros no quieren venir, nosotros
vamos a donde nos dicen. Hay temor”, sostiene el abogado sinaloense Miguel
Ángel García Leyva, miembro de la Asociación Esperanza contras las
Desapariciones Forzadas y contra la Impunidad.
García
recuerda lo sucedido el 23 diciembre de 2014, donde los contactaron para
denunciar la desaparición de dos personas –en la colonia Carvajal–, pero no
quisieron acudir a la oficina. Al final no alcanzaron a poner la queja
señalando que los estaban siguiendo. En todos los casos la sospecha principal
tiene que ver con la presunta participación de agentes federales, de la PGR,
expone el activista.
Según
el abogado, en estos últimos 13 años en la región se han suscitado cerca de
tres mil desapariciones, aunque en muchos de los casos los familiares, por
temor, no denuncian ni ante las autoridades ni ante los grupos de activismo.
DE LEYES Y FISCALÍAS
García
Leyva comenta que ya se ha logrado establecer un protocolo con las
procuradurías para eliminar el requisito de esperar las 72 horas después de la
desaparición para empezar a investigar.
“Para
las autoridades, para las procuradurías desafortunadamente sigue siendo un
“levantón”, dice en relación al concepto que más bien se liga con la
delincuencia organizada, y que ha significado que en ocasiones no sea respetado
ese protocolo para no tener que esperar las 72 horas para iniciar la
investigación.
Menciona
el caso de Baja California donde en julio del 2008 se creó una Fiscalía
Especializada para la Investigación de Personas Desaparecidas, pero no había
marco penal, por lo que después de mucha insistencia se logró reformar el
Código Penal para considerar delito grave la desaparición forzada –conforme al
artículo 167 bis y el 103 del Código de Procedimientos Penales– pero luego la
fiscalía fue desaparecida. “Algo más grave, con la entrada del Nuevo Sistema de
Justicia penal no integran al nuevo Código Penal el delito de desaparición
forzada”.
Otro
incidente con el tema tuvo que ver con la aprobación en julio del 2013 de la
Ley General de Víctimas, pero fue vetada por el Gobernador José Guadalupe Osuna
Millán, lo que implica que no se publicó y nunca entró en vigencia. “Eso es muy
necesario para entrar en los procesos de reparación del año y los procesos de
indemnización que tengan que llevar a cabo las víctimas”.
En
el caso de la Fiscalía, inicialmente se designó de titular a Héctor Grijalva
Tapia, pero al mes fue reasignado a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario,
luego se designó a Miguel Ángel Guerrero Castro, pero también fue asignado a la
titularidad de la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada. “La
Fiscalía no está operando, hay agentes comisionados para casos de desaparición,
es lo que viene siendo Capea, el Centro de Atención a Personas Extraviadas”
De
acuerdo al Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia
del Estado –modificado el 28 de junio del 2010– la parte de los desaparecidos
quedó integrada en la Subprocuraduría contra la delincuencia organizada, pero
en el reglamento solo se le menciona escuetamente y después de XIX Capítulos.
Textualmente
se incluye “Además de las atribuciones anteriores, desde su primera
intervención la Unidad Estatal Investigadora de Personas Extraviadas o Ausentes
deberá conocer, dirigir y supervisar las investigaciones ministeriales
relacionadas con personas extraviadas o ausentes, sin perjuicio de aquellas
relacionadas con delito diverso y remitiendo éstas, de forma inmediata, al
Agente del Ministerio Público que requiera la investigación”.
La
tercera semana de enero, después de un mitin sobre el tema de desapariciones se
entregó en la oficina del Ejecutivo un documento donde se solicita una
audiencia con la idea de poder establecer mesas de trabajo donde participan los
diversos grupos como la Asociación Esperanza y Unidos por los Desaparecidos o
la Comisión Ciudadana Contrala Impunidad.
“Necesitamos
reactivar y crear de nuevo la estructura de la Fiscalía sobre Desapariciones
Forzadas y ver sobre el marco jurídico para considerar como delito la
desaparición forzada y readecuarla a las estándares internacionales y
reforzarla con los conceptos de irretroactividad, y de imprescribilidad, de que
el delito no prescriba”. Refiere además que, en concordancia con organizaciones
nacionales se busca impulsar la Ley General de Desapariciones Forzadas que se
homologue con países más avanzados en ese precepto, como el caso de Colombia,
Argentina, Chile y Paraguay.
RESULTADOS POSITIVOS, PGJE
David
Alberto Lozano Blancas, Coordinador de la Subprocuraduría Contra la
Delincuencia Organizada en la zona Mexicali. Asegura que la Fiscalía sigue
subsistiendo y actualmente es la Unidad Estatal de Investigación de Personas
Extraviadas aunque adelanta que hay un proyecto para modificar el nombre.
Esa
instancia opera en Mexicali un agente del Ministerio Público, un Jefe de Grupo
y personal de la Policía Ministerial, suman ocho elementos. “Seguimos
obteniendo resultados positivos”,
sostiene Lozano quien aclara que como Unidad estatal sigue haciendo las mismas
funciones de la Fiscalía.
Refiere
que esa instancia en Mexicali actualmente tiene cerca de 80 casos, aunque
acepta que en la Unidad hacen dos grandes divisiones: Las personas no
localizadas por “no delitos”, que tiene que ver con extravíos de personas ya
sea por edad o pleitos familiares o sentimentales. Esa parte sigue siendo Capea
y depende de la Subprocuraduría de zona, explica Lozano, al preguntar sobre el
número de casos.
La
otra parte –donde incluye esos 80 casos en investigación– son los relacionados
con delitos, los que cuentan desde 2008 a la fecha. Desglosa cifras y asegura
que de esos 80, tienen unos 50, los otros 30 los catalogan como “resueltos”, lo
que implica que tengan localizados e identificados los cuerpos, aun cuando
acepta que no en todos los casos se haya detenido al responsable. Los otros 50
están en investigación.
Lozano
acepta también que una buena parte de los casos tienen que ver con delincuencia
organizada y refiere algunos casos de hallazgos donde se localiza –por ejemplo–
el cráneo de la víctima con un impacto de bala. “Se presume que están
relacionado con la delincuencia organizada, sobre todo por el antecedente que
hay en la investigación.
También
expone que se está en proceso de la firma de un convenio con autoridades
estadunidenses para poder realizar análisis comparativos de genética con
cuerpos localizados en Estados Unidos que allá los tienen como no
identificados. Asegura que aquí hay banco de datos de los familiares de
desaparecidos ya que ha habido diligencias, declaraciones.
El
funcionario refiere que hay buena relación con los representantes de las
organizaciones sociales, que el año pasado abordaron entre ocho y nueve
asuntos, pero de los casos más recientes denunciados por la Asociación
Esperanza no los tienen documentados. “Es muy importante que vengan y
denuncien, ellos pueden referir cifras, pero si no están oficializadas, si no
están denunciadas, esos (últimos) casos no están documentados con nosotros…”
—La
gente tiene miedo, se le comenta, a lo que Lozano Blancas responde:
“Pues
¿por qué no denuncia, si tiene miedo…?”.
Finalmente
comenta que entre los proyectos que tienen actualmente buscan engrandecer el
área, ampliarla e incluir atribuciones y más personal operativo y más fiscales,
más la creación de la unidad canina. “La tendencia que traemos es muy similar a
la que trae la PGR, fortalecer el área de personas desaparecidas, las que
llamamos no localizadas y ahí se incluye por delito y por no delito”, dice en
referencia a reformas al reglamento que están por entrar en vigencia y donde se
incluye restituir el nombre al Área de Personas Extraviadas y no Localizadas.
Casos
sin descifrar
-DIEGO HERNÁNDEZ
“Después
de ese golpe, se malvive”, expone Irma Leyva en alusión a la desaparición hace
ocho años de su hijo Diego Hernández Leyva. “No he terminado de cerrar este
ciclo, si hubiera pasado lo que hubiera pasado, si tengo a mi hijo y le doy
cristiana sepultura, creo que no fuera tanto dolor, porque tienes a donde ir a
llorar, pero al no tenerlo, al estar imaginando dónde está, creo que es la
muerte de todos los días”, refiere la madre del ex agente desaparecido quien
insiste en que su lema es seguir buscando a quien fue visto por última vez la
noche del jueves 11 de enero del 2007.
“Después de un año, dos años, dices, quiero
ver su osamenta, quiero darle cristiana sepultura, pasan cinco, seis, siete,
ocho años, hoy lo único que pido es encontrar una placa de titanio que tenía mi
hijo en la clavícula derecha para decir por lo menos, ahí quedó, esto es lo
único que pude recuperar”.
-PIERRE MEZA LÓPEZ
Imelda
López, madre del joven Pierre Meza
López, quien fue desaparecido el 14 de agosto del 2006, explica: “A ocho años
de su desaparición y hasta ahorita las autoridades, nada, no hacen nada, no
investigan nada, antes por lo menos nos llamaban, hace tiempo que no nos han
llamado, lo que tienen ahí es lo que uno les dio de investigación, lo que
investigamos por nuestra cuenta”.
Pierre,
estudiante de Derecho en Cetys Universidad, fue levantado junto con otro joven
hijo de una mujer que tenía una casa de cambio. Presuntamente ella negoció con
los secuestradores y logró la liberación del muchacho, luego salieron de la ciudad,
pero del joven Meza López no se supo nada, el caso quedó congelado.
-RIGOBERTO FLORES
Otro
caso es el del asesor en el Congreso del Estado, Rigoberto Flores, quien fue
desaparecido el 3 de febrero del 2005 al llegar a la Central de Autobuses de
Tijuana.
Entre
las investigaciones de la propia familia lograron saber que el abogado fue
levantado por un comando de entre 10 a 12 ministeriales y nunca se supo más.
(SEMANARIO
ZETA/ GENERALEZ/ Sergio Haro Cordero / 10 de Febrero del 2015 a las 06:37:00)
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