Durante meses
el “apagón analógico” ha inquietado a las autoridades federales. Hasta ahora no
saben cómo aplicar esa medida, pues no sólo incumplieron con los plazos fijados
por ellas mismas, sino que ahora echaron a andar una primera fase para dotar de
televisores digitales a la población de Nuevo Laredo y Reynosa, en lugar de
decodificadores, como se hizo en Tijuana. Esta vez la licitación para la compra
de esos aparatos corrió a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, la cual
sólo benefició a dos empresas: Comercializadora Milenio y Grupo HTJC, cuyos
dueños se embolsarán 19 mil millones de pesos en este negocio.
MÉXICO, D.F.
(Proceso).- Un gran negocio de 19 mil millones de pesos del presupuesto público
se inició el viernes 7, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) dio a conocer el resultado de la licitación para que dos compañías
ofrecieran 120 mil televisores de 24 pulgadas.
Ese día la
dependencia anunció que por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol) los aparatos se repartirán en Nuevo Laredo y Reynosa, las plazas en
las cuales se pretende aplicar el “apagón analógico” antes de que termine el
año.
Esa compra es la
primera fase de la nueva política de Televisión Digital Terrestre (TDT) que
aplicará la SCT hasta diciembre de 2015. La reforma constitucional de 2013 le
quitó los recursos al nuevo organismo regulador –el Instituto Federal de
Telecomunicaciones– en el tema de la política de “apagón analógico” y las
licitaciones quedaron en manos de la secretaría.
De acuerdo con su
titular, Gerardo Ruiz Esparza, los televisores son mejores que los
decodificadores digitales que repartió la Comisión Federal de
Telecomunicaciones (Cofetel) en Tijuana el año pasado, aunque su costo sea
siete veces mayor y se pretendan distribuir en 15.6 millones de hogares antes
de la fecha del “apagón analógico”: el 31 de diciembre de 2015. En pleno año
electoral federal, la SCT y la Sedesol repartirán televisores.
Al participar en la
IV Reunión Plenaria de los grupos parlamentarios del PRI y del Partido Verde en
la Cámara de Diputados, el funcionario confirmó que el Ejecutivo federal pidió
entregar las televisiones a la población en marginación y pobreza y calculó que
el proyecto costará “entre 18 mil y 19 mil millones de pesos”.
El especialista
Jorge Fernando Negrete, director de Mediatelecom, escribió en su sitio de
información que la decisión de cambiar decodificadores por televisores
digitales es “irresponsable e injustificable”, pues en la mayoría de los países
de América Latina se ha privilegiado la entrega de decodificadores que
transforman la señal analógica en digital, y no de televisores. Así ha sucedido
en Ecuador, Argentina y Venezuela, expuso.
La primera
adquisición de este megaproyecto de 15.6 millones de televisores estuvo
restringida a cuatro compañías: Comercializadora Milenio S.A. de C.V. (Diamond
Electronics), Grupo HTJC & Asociados (Foxconn Baja California S.A. de
C.V.), Teletec México S.A. de C.V. (que antes ganó el reparto de
decodificadores en Tijuana) y la coreana Samsung Electronics México.
Según el acta de
notificación del fallo –copia de la cual pudo consultar Proceso–, la oferta de
Samsung fue desechada por ofrecer televisores de mayor resolución, y las
compañías ganadoras –Comercializadora Milenio y Grupo HTJC– ofrecieron aparatos
de mil 990 pesos por unidad.
La SCT pagará 138.5
millones de pesos a cada firma ganadora y cada una deberá entregar 60 mil. En
otras palabras, la primera fase del reparto tendrá un costo de 277 millones de
pesos y se destinará a 120 mil hogares. En Tijuana se desembolsaron 360
millones de pesos por la entrega de 192 mil 60 decodificadores en otros tantos
hogares.
A diferencia del
“apagón analógico” realizado en Tijuana en junio de 2013, la repartición de los
televisores en las dos ciudades tamaulipecas no la hará el organismo regulador
de las telecomunicaciones sino la Sedesol, que supuestamente tiene un padrón de
beneficiarios, cada uno de los cuales deberá acudir a centros de acopio para
recibir su aparato. La notificación se hará llegar a los hogares a través de
Sepomex.
Según el fallo de la
adquisición, la SCT establece que las dos compañías ganadoras están obligadas
a:
“Manejar una mesa de
servicio a través de un número 01-800, en el cual se atiendan dudas respecto
del manejo y garantías del equipo. Como mínimo, deberá contar con un centro de
atención especial al usuario en cada punto (Nuevo Laredo y Reynosa).
“Todas las entregas
que se realicen a partir del 9 de marzo de 2014 deberán traer el logo
institucional que deberá ser adherido en la parte frontal inferior izquierda
del bisel o al centro de la base del pedestal.”
La licitación no incluyó
la dotación de antenas exteriores. Según el reporte de la Cofetel, en Tijuana,
por la topografía de la ciudad, existían zonas en las cuales la recepción de la
señal de televisión abierta es débil o inexistente. Lo mismo podría suceder en
Reynosa y Nuevo Laredo.
Para conectarse a
internet, un televisor digital necesita contratar una conexión de cable que
provea banda ancha. Esto no se incluye en Reynosa ni en Nuevo Laredo. Reportes
internos de la SCT –cuya copia obtuvo Proceso– también advierten del riesgo de
que se genere “un mercado negro de vales o televisores”, así como riesgos de
duplicidades.
COMPAÑÍAS BENEFICIADAS
Las dos compañías
beneficiadas no habían sido mencionadas en ninguno de los proyectos de TDT. El
caso de Grupo HTCJ, representado por Juan Pablo Martínez Martínez, está
asociada a la compañía taiwanesa Foxconn, que no se dedicaba a los televisores
digitales, sino a la maquila de aparatos telefónicos de Apple y a la
manufactura de computadoras.
En mayo pasado El
Diario de Ciudad Juárez publicó una nota según la cual la filial juarense de
Foxconn, PCE Technology Juárez, fue la segunda mayor exportadora de manufactura
de computadoras en el país. En 2011 logró el equivalente a 2% de las ventas
nacionales, sólo detrás de General Motors, que logró 2.5% de las exportaciones.
Foxconn compró en
2003 una planta en Ciudad Juárez perteneciente a Motorola y comenzó en 2009 las
operaciones de un complejo industrial en San Jerónimo, Chihuahua, para
ensamblar computadoras en un área de 240 hectáreas. En 2011 adquirió la
manufacturera Scientific Atlanta de Cisco y este 2014 se convertirá en una de
las beneficiarias del reparto de televisores digitales en la frontera norte del
país.
Comercializadora
Milenio, denominada también Diamond Electronics S.A. de C.V., creada y dirigida
por Augusto Arriaga Abraham, se dedica a “la adquisición, enajenación, compra,
venta, importación, exportación, manufactura, fabricación, reparación,
mantenimiento, almacenamiento, distribución, comisión, consignación y, en
general, la comercialización de toda clase de bienes y servicios”.
De acuerdo con el
folio mercantil 186/97 del Registro Público de la Propiedad del Distrito
Federal, la firma fue creada el 25 de mayo de 1994. En 2001 Arriaga Abraham fue
designado administrador único y el 28 de febrero de 2013 María del Carmen Mar
Reyes fue nombrada su apoderada.
Diamond Electronics
fue una de las más de 20 empresas que intentaron participar en la licitación de
decodificadores en Tijuana, durante el “apagón analógico” de 2013. De acuerdo
con proveedores de servicios de Tijuana, consultados por Proceso, Arriaga solía
presumir una buena relación con Diego Fernández de Cevallos, el candidato
presidencial del PAN en 1994, y con Héctor Osuna, exalcalde de Tijuana y
expresidente de la Cofetel.
LA CONSPIRACIÓN DIGITAL
Desde el origen de
la definición de la política de TDT, en julio de 2004, la transición del modelo
analógico al digital en los medios electrónicos ha sido “accidentada, de
ocurrencias, según los tiempos políticos y las necesidades de la poderosa
industria televisiva”, asegura el especialista Gabriel Sosa Plata en su ensayo
Pensar la televisión pública.
Publicado en
diciembre de 2011 –siete años después de iniciarse el proceso de TDT–, en su
ensayo Sosa Plata escribió que desde su origen el acuerdo del 2 de julio de
2004, firmado en el sexenio de Vicente Fox, benefició a Televisa y a Tv Azteca,
pues fue el pretexto para que el Ejecutivo federal les refrendara sus
concesiones hasta el 31 de diciembre de 2021; es decir, 17 años más, a cambio
de que aceptaran los plazos del “apagón analógico”.
Además, los
gobiernos de Fox y de Felipe Calderón otorgaron a las televisoras un canal
digital adicional –“canal espejo”–. El acuerdo es que las televisoras devuelvan
el Estado los canales analógicos originales para liberar la banda de 700 Mhz,
una de las más codiciadas ahora para los servicios convergentes de triple play
y banda ancha.
Hasta junio de 2013,
de acuerdo con el último informe de la Cofetel, en México existen 313 canales
digitales autorizados para operar, que corresponden a 40% de las 741 estaciones
de televisión analógica en operación (68% propiedad de Televisa y 28% de Tv
Azteca).
De los 313 canales
autorizados sólo 146 están en operación. De ellos 123 son de Televisa, Tv
Azteca y sus concesionarios privados asociados en los estados (84.2%), y 23 son
estaciones permisionadas (15.8%), la mayoría de ellas, de los gobiernos
estatales o universidades.
La principal oferta
de canales digitales se localiza en las ciudades más pobladas: México, con 14;
Monterrey y Tijuana, nueve cada una; Guadalajara y Reynosa-Matamoros, ocho cada
una; Ciudad Juárez, siete, y Querétaro, seis.
El primer conflicto
reciente entre los intereses de las grandes televisoras y el gobierno se generó
el 2 de septiembre de 2010, cuando el entonces presidente Felipe Calderón emitió
un decreto que acortó de 2021 a 2015 el plazo para el “apagón analógico”. Ese
mismo documento ordenó la liberación de la banda de 700 Mhz para 2012.
Asimismo provocó una
controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), impulsada originalmente por Alfonso Navarrete Prida –diputado federal
del PRI en esas fechas–, pero con amplio apoyo de Televisa y TV Azteca. Los
legisladores del PRI tacharon entonces el decreto de Calderón como “electorero,
inoportuno y carente de información”, porque sólo 3 millones de los 27 millones
de hogares en México estaban preparados para recibir la señal digital (Proceso,
1909).
La SCJN resolvió el
14 de noviembre de 2011 que el decreto de Calderón era legal y se mantuvo la
fecha del 31 de diciembre de 2015 para el “apagón analógico”.
Las televisoras
siempre han tratado de prolongar el “apagón” hasta el 2021, ya que esto
retrasaría la liberación de la banda de 700 Mhz y la devolución de los canales
analógicos.
LA DISPUTA EN TIJUANA
Hasta ahora la única
ciudad fronteriza donde ha operado el “apagón analógico” es Tijuana, después de
una agria disputa entre los comisionados de la Cofetel, las televisoras –que
emprendieron una campaña abierta por la “ineficacia” del órgano regulador– y el
PRI local, el cual argumentó que el plan afectaba las elecciones locales de
junio de 2013.
El diferendo por
Tijuana provocó la intervención del Ejecutivo federal y del Instituto Federal
Electoral. Los consejeros Lorenzo Córdova, Benito Nacif y Marco Antonio Baños
solicitaron que el “apagón analógico” se difiriera del 28 de mayo hasta el 18
de julio de ese año.
A cambio de acceder
a esa modificación, la Cofetel obtuvo un incremento de mil 440 millones de
pesos en el Fondo de Cobertura Social, a través del cual se financiaron los 360
millones de pesos que costó el “apagón” de Tijuana.
La compañía que ganó
la distribución de decodificadores fue Teletec de México, la misma que
participó también en la licitación de televisores digitales, pero no ganó.
El diferendo por
Tijuana provocó la comparecencia en el Senado del comisionado presidente de la
Cofetel, Mony de Swaan, el 13 de junio, en medio de las críticas del PRI y una
parte del PAN. En su exposición, el funcionario defendió lo realizado por el organismo
regulador y advirtió que el “apagón analógico” es “quizá el proyecto
estratégico y transversal más importante de la política en telecomunicaciones y
radiodifusión”.
De Swaan advirtió
que en “caso de que un mes antes de que corresponda realizar el apagón en una
determinada localidad, no se haya alcanzado el nivel de penetración de 90% de
los hogares, la Comisión debe ajustar la fecha del apagón analógico”.
El 9 de septiembre
de 2013, último día legal de la existencia de la Cofetel, los mil 440 millones
de pesos que estarían destinados a la siguiente fase del “apagón analógico” se
reasignaron a la SCT. El nuevo organismo regulador, el IFT, ya no manejará las
licitaciones. Y en lugar de repartir decodificadores, ahora serán televisores
digitales.
De acuerdo con el
calendario original, tras el “apagón” de Tijuana debieron seguir los de
Monterrey, Ciudad Juárez, Mexicali, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros –con una
población conjunta de 7 millones 22 mil personas – el 26 de noviembre de 2013.
Hasta el 9 de marzo deberán estar repartidos, al menos en Nuevo Laredo y
Reynosa, los 120 mil primeros televisores digitales que formarán parte de un
gran negocio de 19 mil millones de pesos.
(PROCESO / Jenaro
Villamil /Reportaje Especial / 28 de febrero de 2014)
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