PUENTE DE IXTLA, Mor. (apro).- Parece una tarde tranquila en el rancho de Juan Federico.
Uno
de sus trabajadores guarda las vacas en el corral, las separa de los
becerros. A unos cuantos metros, el matrimonio encargado del lugar
procesa la leche para producir requesón y queso, pues al día siguiente
deberá entregarlos a la comercializadora.
Es febrero.
Sorpresivamente, cinco hombres armados abren la tranca, se meten al
rancho y someten a los empleados. Enseguida revisan la bodega del
alimento y un cuarto contiguo, donde se encontraba el hijo de Juan
preparando mezclas para los animales.
Los sicarios no preguntaron
nada. A empujones, subieron al joven a una camioneta Suburban oscura, la
cual fue escoltada por una unidad más a bordo de la cual viajaban
hombres armados con rifles de asalto AK-47.
Antes de huir, los intrusos dejaron un mensaje muy claro al patrón:
“Díganle a ese hijo de su chingada madre que si no paga se lo vamos a regresar descuartizado. ¿Me entendieron?”.
Luego
llamaron al celular de Juan para avisarle de lo sucedido y dar el
mensaje de los criminales. No tardó mucho en llegar para enterarse de lo
sucedido. Meses antes había sido advertido que si no pagaba una “cuota”
de 20 mil pesos mensuales secuestrarían a alguien de su familia.
Entonces
pide a sus empleados guardar silencio sobre el secuestro de su hijo
para iniciar una negociación con los criminales que tienen aterrorizada a
la región. Dos horas después recibió la primera llamada.
–¿No que no nos ibas a pagar hijo de tu pinche madre? –amenazó el secuestrador a Juan.
–Mira, te voy a pagar amigo, voy a vender las vacas.
–Me vas a pagar las cuotas atrasadas ¡cabrón!
– “Sí, pero al chamaco no le vayas a dar en la madre” –suplicó el padre.
Un
mes después juntó los pesos que le exigieron y dejó el dinero en una
terracería, como acordó con los captores de su vástago. Dos días después
liberaron a su hijo, pero antes lo torturaron.
Desde entonces el
ranchero puso a la venta su propiedad. Los grandes corrales lucen
vacíos, ya sólo se ordeña a unas 10 vacas. Puercos y gallinas las
acompañan.
De 10 empleados sólo quedan tres, pero les han informado que la propiedad de unos 10 mil metros cuadrados está a la venta.
Es
la comunidad de Tehuixtla, municipio de Puente de Ixtla, donde negarle
al narco el pago de cuota por actividades productivas puede costar la
vida de una esposa o hijo, además del patrimonio.
Los ganaderos,
productores y grandes comercializadores viven aterrados. Algunos pagan
cuotas al crimen organizado, otros, que se negaron a pagar como Juan,
migran a otros estados, o de plano viajan a Estados Unidos para rehacer
sus vidas con familiares que ya estaban radicados allá.
Delincuencia oficial
A
pocos kilómetros se encuentra la comunidad de Tilzapotla. Es una zona
ganadera pero también vive de los empleos que generan las minas de yeso.
Sin embargo, su tranquilidad se acabó hace unos seis meses.
Al
poblado ingresaron camionetas Suburban oscuras. La gente pensó
inicialmente que se trataba de policías federales que realizaban
investigación por la zona. Una vez a la semana la sospechosa caravana
cruzaba la comunidad y se dirigía a las minas. Entonces los residentes
empezaron a notar que algo no estaba bien.
“Empezaron a pedir
cuota a los dueños de las minas. De a 50 mil pesos por mes; si se
negaban, amenazaban con matarlos, uno por uno”, cuenta un lugareño.
Los
habitantes de Tilzapotla empezaron a modificar sus hábitos de vida. Se
metían a sus casas antes de anochecer, ya que salir después de las 20:00
horas era casi un suicidio. Dejaron de hablar con extraños y omitieron
comentar de los hombres armados que ingresaban sistemáticamente al
pueblo, porque eso les podía costar la existencia.
A inicios de
octubre pasado la situación en el pueblo dio un viraje de 180 grados.
Los dueños de las minas revelaron a contratistas que para el 16 del mes
tenían que cubrir 50 mil pesos cada uno, como cuota a los criminales, de
lo contrario amenazaban con matarlos.
Organizaron una colecta y
juntaron el dinero, pero surgió la idea de cazar a los
narcotraficantes cuando vinieran a cobrar, para así de una vez acaba con los criminales que ponían en peligro sus fuentes de empleo.
El
16 del mes se colocaron en posiciones estratégicas y dejaron entrar
las camionetas con los sicarios. Como lo venían haciendo, los maleantes
cruzaron el pueblo muy de mañana y llegaron a las minas localizadas a
las orillas de las montañas, pegadas con el estado de Guerrero.
Los
contratistas y sus empleados detuvieron a cuatro hombres armados. Se
trataba de elementos de la Procuraduría General de la Republica (PGR).
Los
capturados, según los habitantes de la zona, formaban parte de un grupo
de extorsionadores y posibles secuestradores, quienes tenían
aterrorizados a los empresarios de la región, a quienes exigían “cuotas”
de hasta 100 mil pesos al mes.
Aunque los detalles de las
detenciones no han sido proporcionados, se sabe que cuando los presuntos
policías de la PGR pretendían cobrar “la cuota”, los habitantes de la
comunidad los capturaron y pusieron a disposición del ayudante
municipal.
La trampa
Ya detenidos arribaron elementos
del Ejército, Policía Federal (PF) y estatal alrededor de las 11 de la
mañana, para trasladar a los “sicarios” de la PGR y las armas incautadas
y ponerlos a disposición de la Fiscalía morelense.
No obstante,
dos de ellos escaparon, lo que generó la instalación de puestos de
revisión y un dispositivo de localización por las comunidades aledañas a
Tilzapotla.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que
los detenidos viajaban en una camioneta Suburban verde con placas de
circulación PXN-5848 del estado de Morelos. Además, se acreditaron como
integrantes de la Policía Federal Ministerial.
Al grupo de agentes y delincuentes se le decomisó armas cortas y largas con cartuchos útiles.
Sin
embargo, los habitantes aseguran que los detenidos viajaban en dos
camionetas Suburban y que dos de los sospechosos lograron huir en una de
ellas.
Las víctimas de los extorsionadores dijeron a las
autoridades que de permitir que el crimen tome el control de la región,
se harán justicia por propia mano, pues desde hace meses los
delincuentes se pasean sin que las autoridades frenen esas acciones.
Tilzapotla
es una comunidad localizada en la franja fronteriza con el estado de
Guerrero. Se comunica por caminos de terracería con municipios del norte
guerrerense, controlados por las bandas del crimen organizado.
Es
precisamente lo que ahora preocupa a la población: que las bandas
criminales que pelean la zona norte de Guerrero sometan a Tilzapotla
como ocurrió con el municipio guerrerense vecino de Huitzuco.
Bandas
de criminales como Los Rojos, Guerreros Unidos y Templarios pelean y
tienen el control al grado de paralizar las celebraciones religiosas de
las comunidades.
En su momento, la procuradora guerrerense Martha
Elba Garzón Bernal admitió que la zona norte de la entidad es
considerada crítica por los niveles de violencia e inseguridad que
privan ahí.
El área crítica abarca los municipios guerrerenses de
Taxco, Iguala, Huitzuco y Tepecoacuilco. La zona se utiliza a manera de
descanso (de los grupos delincuenciales), reveló el comandante de la 35
Zona Militar, Juan Manuel Rico Gámez.
Este hecho es el que alarma a
los habitantes de Tilzapotla, pues Huitzuco es vecino y existen caminos
rurales que los comunican y por donde entran y salen todo tipo de
vehículos con personas armadas.
“Mire, aquí los pobladores se
imaginas que hay gente involucrada del gobierno, pues si no ¿cómo
operan? No se puede entender diferente. Pasan por aquí como si nada y
vienen de Guerrero, ¿por qué no les ponen a los soldados? ¡Ellos sí se
los chingan!”, expresa un hombre que accede a hablar sin miedo de los
que pasa por la zona.
Un jubilado tercia:
“Aquí es el paso a
Guerrero, a Huitzuco, ahí donde se han baleado los narcos con el
Ejército, esos nomás sienten que los van a agarrar y se vienen pa’ acá o
agarran la autopista, cuando saben que les están poniendo ‘un cuatro’.
“Acá
sólo estamos pensando si nos van a dejar hacer la fiesta del pueblo el
próximo año o nos van a pedir cuota. Si es así, ya nos chingamos cuando
nos digan ‘es tanto? ¿Quién va a pagar?”.
“Acaban con tu paz interna”
En
otras regiones de Morelos no es diferente. Empresarios, estudiantes,
mujeres, niños, arquitectos, o ingenieros son víctimas de los narcos.
Camila,
una empresaria, llegó con sus hijos hace dos años a Cuernavaca. Ahora
se arrepiente. Hace pocos meses un grupo de hombres armados sacó a su
hermano de su negocio y lo secuestró por varias semanas en abril pasado.
“Lo
secuestraron, agarraron a mi hermano de su negocio. Tú ves que no se
puede recuperar, acaban con tu paz interna, lo material se recupera,
pero él no sale, está guardado en su casa.
“Estamos muy tristes
porque es un estado súper hermoso, despertar en Cuernavaca es
maravilloso, pero vivimos aterrados después del secuestro de mi hermano.
Ya no quieres que tus hijos salgan porque les puede pasar algo, ¡es
horrible!
“Yo vivo aterrada, esa es la verdad. Cambió mi vida. Cuando mis hijos quieren salir, me pongo loca”, admite la empresaria.
Camila
cuenta que dejó “la Ciudad de México y ahora me quiero regresar. Acaban
con tu paz, es lo peor. A mis papás los acaban de asaltar. Mi hermano
lo ves y es una persona enferma. La libertad que Dios te da la acaban
éstos, de inmediato. Son personas que acaban con tu tranquilidad, se
hacen ricos de la noche a la mañana y acaban con tu dinero.
“Pulverizaron
el patrimonio de la familia porque todos tuvieron que cooperar para el
rescate. Luego de ello vivimos aterrados de que nos vuelva a pasar algo
semejante”, dice casi llorando Camila.
Y remata:
“De mi
grupo social todos han sufrido algo: secuestros, asaltos, es
desagradable. Con decir secuestro te puedes imaginar la peor película de
terror”.
A pesar de lo que dice hacer el gobierno del perredista
Graco Ramírez Garrido Abreu, los índices delictivos no bajan. “En
secuestro ocupamos el primer lugar, extorsión estamos entre los primeros
lugares, al igual que homicidios dolosos”, explica Camila.
Por
ello, el sector económico ha demandado cambios en la estrategia de
seguridad donde se incluyan al Ejército en labores de patrullaje, pues
como dice el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en
Morelos, Juan Carlos Salgado, “el Estado no ha podido dar seguridad”.
Incluso,
ha solicitado en reuniones privadas al gobernador cambios de los
titulares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Procuraduría
General de Justicia del Estado (PGJE).
18 de diciembre de 2013)
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