MÉXICO,
D.F. (apro).- El pasado 7 de abril, a las 22:40 horas, el teniente de
infantería del Ejército, César Eleuterio Chávez Soto ingresó a la
prisión del Campo Militar Número Uno de esta ciudad, como “probable
responsable del delito de violencia contra las personas causando
homicidio”.
Los hechos ocurrieron el pasado 10 de marzo en Ciudad
Victoria, Tamaulipas, cuando, en la carretera que conduce a la ciudad de
Monterrey, el mando castrense marcó el alto a un vehículo en el que
viajaban presuntos sicarios de Los Zetas con la adolescente de 15 años,
Betzi Gabriela Rodríguez, a quien habían plagiado momentos antes.
Al
no detener la marcha, Chávez Soto ordenó a sus subalternos perseguir a
la unidad, la persecución se prolongó 12 kilómetros hasta que una de las
patrullas embistió el auto de Los Zetas y éste terminó volcado a la
orilla de la carretera frente a una procesadora de jugo de naranja,
decenas de cuyos trabajadores salieron de la planta y observaron lo
ocurrido después de la volcadura. (Proceso 1936).
Uno de los
delincuentes abandonó el vehículo y echó a correr. Pudo huir entre la
maleza pese a que los militares le dispararon y un tiro lo alcanzó en
una pierna. Entonces el teniente Chávez Soto se acercó al auto de Los
Zetas y acribilló al resto de los tripulantes que seguían en el
interior.
Betzi Gabriela estaba tirada afuera pero con una pierna
atrapada con el Tsuru. Aun así, el mando castrense le disparó siete
veces, una de ellas en la cabeza.
Los subalternos de Chávez Soto
manipularon la escena del crimen e incluso contaminaron con pólvora la
mano de la adolescente, quien aspiraba a enlistarse en la Policía
Federal al concluir sus estudios.
Enterados de la muerte de su
hija, sus familiares interpusieron una queja ante la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet) y a partir de
entonces comenzó otro calvario: el acoso militar para que se desistiera
de esa denuncia, según publicó el semanario Proceso en su edición del 8
de diciembre pasado.
De acuerdo con el oficio 007013 de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el teniente de infantería
fue detenido casi un mes después de ese suceso. El parte militar
consigna que ingreso al Campo Militar Número Uno de esta ciudad y que
fue puesto a disposición del Juez Primero Militar para los efectos
legales que se confirmen en su contra, derivados de la averiguación
previa número 8ZM/50/2013.
El teniente es investigado por ejecutar sumariamente a la adolescente y a tres jóvenes sicarios.
La masacre
La
tragedia de Betzi Gabriela, estudiante del tercer año de secundaria,
comenzó el pasado 10 de marzo, cuando salió a caminar en calles de su
barrio. Apenas había recorrido pocas cuadras, cuando un grupo de hombres
armados que se desplazaban en un vehículo la privó de su libertar,
frente a la mirada de asustados vecinos.
Cuando sus familiares
salieron a buscarla, los testigos de los hechos les contaron el
secuestro de la adolescente. El plagio se denunció en la Agencia Primera
del Ministerio Público estatal. A partir de entonces comenzó un
calvario para la familia y sus amigos, quienes comenzaron a buscarla
por su cuenta.
Las pesquisas terminaron diez días después. Betzi
Gabriela había permanecido todo ese tiempo en dos casas de seguridad
junto con otros grupos de al menos diez menores que también habían sido
secuestradas, para venderlas sexualmente, por el grupo del crimen
organizado que controla Ciudad Victoria: Los Zetas.
La pesadilla
de la menor continuó cuando sus raptores ordenaron llevarla a otra casa
de seguridad afuera de la ciudad. Fue trasladada alrededor de las 18:00
horas en un Tsuru, escoltada por 4 miembros del grupo. Avanzaron por la
avenida que conduce la carretera a Monterrey cuando el vehículo se
encontró frente a un retén militar, ubicado en los límites de la ciudad
frente al complejo de la cadena Liverpool.
Los tripulantes del
auto hicieron caso omiso al alto que les marcaron los soldados y
comenzaron a huir a toda velocidad por la carretera rumbo a Monterrey.
Fueron perseguidos por dos patrullas militares. Rápidamente se le
sumaron dos más de la Policía Municipal que también está integrada por
efectivos de la Octava Zona Militar.
El teniente César Eleuterio
Chávez Soto, quien dirigía las patrullas militares, se dirigió al auto
volcado. El resto de los tripulantes habían quedado heridos afuera del
auto. Betzi Gabriela estaba tirada, pero con una pierna atrapada por el
vehículo. Testigos refieren que la niña gritaba que llamaran a su madre,
ya que había sido secuestrada.
El oficial comenzó a acribillar a
quemarropa primero a los tres jóvenes. La niña desesperada le gritó: “a
mí no, a mí no”. En respuesta, el teniente le disparó en siete
ocasiones, uno de ellos en la cabeza.
Posteriormente ordenó a un
cabo que escondiera los casquillos de su arma y junto con el resto de
los militares movieron la escena del crimen. Untaron con pólvora la mano
de la adolescente. Argumentaron ante las autoridades civiles que ellos
se defendieron ya que la tierra que levantó la volcadura les impidió ver
si estaban armados.
Los 19 solados que componían el Pelotón
fueron trasladados a la Ciudad de Reynosa para que rindieran su
declaración en la Sede de la Octava Zona. La cortada del teniente fue
desmentida por algunos de sus compañeros y quedó detenido.
Sin
embargo, gracias a que en Tamaulipas ningún medio publica eventos
relacionados con el crimen organizado, los mandos del Ejército en
complicidad con las autoridades estatales pudieron mantener el secreto
el crimen. Para justificar a los muertos, los presentaron como víctimas
de un accidente de tránsito.
Los mandos de la Octava Zona Militar
realizaron todas las maniobras necesarias para que el asesinato no
trascendiera: Oficiales de alto rango se apostaron en las casas de
algunos de los familiares de Betzi Gabriela para que se desistieran de
interponer una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Peor
aún, también acosaron a las tres familias de los delincuentes
ejecutados, para que firmaran un documento donde se desistían a
presentar denuncias ante el organismo defensor de Derechos Humanos.
Además,
miembros del Ejército acudieron a la fábrica de jugos para intimidar a
los testigos y se abstuvieran en denunciar la manera como ocurrió el
asesinato de Betzi, contaron a esta agencia trabajadores de esa empresa.
Para
“calmar” a la familia de la adolescente asesinada, la Secretaría de la
Defensa Nacional envió a dos generales y una capitana para ofrecerles
45 mil pesos como “reparación del daño”.
En respuesta, la familia
le aseguró al general Héctor Aragón Zapata, jefe adjunto de vinculación
ciudadana de la Sedena, que su principal demanda es la Justicia por el
crimen de Betzi. Ellos temen que el teniente al final sea liberado, o
resulte con una leve condena, en un “obscuro” juicio militar que se
realiza entre las murallas de las cortes militares y que se esconde a
la supervisión de la sociedad civil.
Con esas acciones de los militares, el caso pudo ser mantenido en secreto durante varios meses.
Apro
solicitó por escrito a la Dirección de Comunicación de la Secretaría de
la Defensa Nacional información sobre el proceso jurídico actual del
oficial Chávez Soto. La dependencia que dirige el General Brigadier
Diplomado de Estado Mayor Martín Terrones Calvario simplemente se negó a
responder a la petición.
La negativa deja claro que los mandos de
Sedena continúan en su intento por mantener oculto el crimen, hasta
donde les sea posible.
18 de diciembre de 2013)
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