La
primera semana de diciembre fue de disturbios y saqueos en algunas de
las principales ciudades argentinas. Trece muertos, cientos de heridos y
miles de comercios afectados es el saldo. Las turbas arremetieron
contra tiendas de todo tipo y las vaciaron. Las víctimas pidieron
auxilio a la policía, pero fue en vano: se encerró en sus jefaturas y,
según algunas versiones, alentó los robos, si no es que participó
directamente en ellos. Fue su manera de protestar por los bajos salarios
y la ausencia de una representación gremial.
BUENOS AIRES
(Proceso).- Franco Ezequiel San Jorge tenía 17 años. Vivía en la ciudad
de Perico, provincia de Jujuy, a mil 500 kilómetros de la capital
argentina. Murió el lunes 9 en un local de ropa deportiva, por un arma
blanca que le clavaron en el abdomen durante los saqueos en ese y otros
comercios. “La policía investiga si fue el propietario del negocio o un
secuaz del occiso el que ultimó al saqueador”, informó el periódico
electrónico Policiales de Jujuy.
Hasta ahora 13 muertos, cientos
de heridos y 2 mil comercios devastados es el saldo de la ola de
disturbios y saqueos de la semana pasada en Argentina. Las escenas de
violencia enturbiaron la celebración de los 30 años del regreso a la
democracia.
Los motines en reclamo de mejoras salariales
involucraron a policías de 20 de las 24 provincias argentinas, quienes
abandonaron sus puestos y se acuartelaron en sus jefaturas. La ausencia
de seguridad pública en las calles propició el brote de saqueos en
varias ciudades. Comerciantes y vecinos asumieron las tareas de
seguridad.
“Algunas cosas que pasan en determinadas fechas y con
determinados protagonistas no son por contagio, son por planificación y
ejecución quirúrgica”, dijo la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner el martes 10.
La mandataria condenó “la extorsión a una
sociedad por parte de aquellos que portan armas para defenderla y no
para atacarla”. La policía liberó zonas, agregó, “para que vaya gente a
cometer delitos”.
El conflicto policial hizo evidentes algunas
deudas que tres décadas de gobiernos democráticos no han saldado, como
que el control político sobre las fuerzas de seguridad es débil, en la
estructura de las policías se anidan mafias vinculadas con el crimen
organizado, el nivel de profesionalización de los agentes y sus salarios
son bajos y carecen de un mecanismo transparente para expresar sus
reclamos gremiales.
Otro flagelo irresuelto es el de la pobreza,
aunque su índice se redujo sustancialmente desde que el kirchnerismo
asumió el gobierno en 2003: Asciende a 4.7% de la población urbana,
según datos oficiales de octubre de 2013. Sin embargo la medición que
realiza la Universidad Católica Argentina lo ubica en 26.9% de los
habitantes de Argentina en 2012.
Para este sector el acceso a la
vivienda propia y a una educación de calidad se ha vuelto una utopía. En
algunos barrios se verificaron casos de saqueos que contaron con la
participación “espontánea” de vecinos. En otros casos se denunció el
carácter organizado de los atracos, con una logística y una ejecución
que nada tenían de azaroso.
La sublevación policiaca comenzó en
Córdoba –la segunda ciudad argentina– el martes 3. La ola de saqueos se
desató allí horas más tarde. Los atracadores arrasaron con artículos de
primera necesidad pero también con ropa de marca, colchones o
electrodomésticos. Comerciantes y vecinos repelieron con armas de fuego
la presencia de saqueadores o sospechosos. Bancos y supermercados
cerraron sus puertas. Muy pronto los motines se extendieron a otras dos
provincias fundamentales: Buenos Aires y Santa Fe. Sólo en cuatro de las
24 provincias argentinas no hubo disturbios ni saqueos.
En la
mayoría de los casos las protestas fueron encabezadas por policías
francos, retirados de la fuerza o sus familiares. Frente a las
respectivas jefaturas o gobernaciones provinciales se montaron piquetes,
con quema de neumáticos y ramas. En Catamarca los uniformados
ingresaron por la fuerza en la Casa de Gobierno. La Gendarmería Nacional
los desalojó con gases lacrimógenos y balas de goma el viernes 6. La
Gendarmería, que usualmente ejerce el control de las fronteras, fue
enviada a algunas de las ciudades más importantes del país, como Córdoba
y Rosario, para garantizar la seguridad de personas y bienes.
“Esta
sublevación no fue casual: es condicionar y someter al Estado a los
intereses de grupos que realmente son responsables de la muerte de
muchas personas, más los heridos, más los saqueos producidos en el
país”, dice a Proceso el premio Nobel de la Paz 1980 Adolfo Pérez
Esquivel.
“Se debe sancionar esa actitud policial”, sostiene.
“Otra cosa es el reclamo por los salarios, que yo apoyo”, dice, “pero
debe tener otros canales y no la actitud de sublevación, alteración del
orden y zonas liberadas para saquear, destruir y provocar el daño que le
han hecho al país”.
Espontáneo y organizado
Rodrigo
Romero no aparenta más de 16 años. El adolescente cordobés no pudo
evitar la tentación de compartir algunas fotos en su perfil de Facebook.
Allí se aprecian cuatro flamantes pares de tenis Adidas. También tres
shorts como los que usa la selección alemana de futbol. En su perfil el
joven escribió que la policía “me pegó siete balasos (sic) de goma”,
pero “me cansé de sacar ropa y tillas (zapatillas)” de un local de ropa
deportiva. La confesión consiguió más de 60 likes de sus amigos.
No fue el único joven que publicó en la red social fotos del botín y compartió detalles de su participación en los hechos.
El
periodista Dante Leguizamón, de Canal 10 de Córdoba, le baja algunos
decibeles a la declamada intrepidez de éste. Algunos policías de civil
participaron en los saqueos, sostiene. “Primero pasaban motos cuyos
tripulantes sólo rompían las vidrieras, detrás otras motos que precedían
a unas camionetas muy chetas (fresas) en las que comenzaban a cargarse
la mercadería saqueada, y recién después el contagio generalizado”,
informó Página 12 el domingo 8 citando al reportero.
El ministro
de Justicia de la Nación, Julio Alak, dijo que se investigará la
relación entre los robos y las protestas policiales.
“Yo pienso
que aquí hay complicidad de la policía”, sostiene Pérez Esquivel. “Ellos
son responsables de las muertes, de los heridos y de los saqueos”,
dice. “De esto yo no tengo dudas. Además hay antecedentes en los que
montándose en el problema salarial han intentado dar golpes de Estado.
Por ejemplo el caso de Ecuador, contra el presidente Rafael Correa. Esto
es gravísimo porque es desestabilizar los gobiernos democráticos que
tanto nos ha costado afirmar en la vida institucional del país”.
El
sueldo inicial de un policía provincial ronda hoy los 5 mil pesos
argentinos (unos 750 dólares). Los salarios varían entre una provincia y
otra. Los policías exigían aumentos de hasta 100% para retomar sus
actividades. Muchos gobernadores cedieron ante la presión de los
uniformados. En provincias como las de Buenos Aires y Santa Fe los
gobiernos cerraron la discusión tras otorgar aumentos de 80%. El
conflicto aún persiste en Salta y Tierra del Fuego.
Los grandes
medios opositores criticaron al gobierno de Cristina Fernández. “El
componente más importante del conflicto es la crisis social no
reconocida por el gobierno nacional”, sostuvo el diario La Nación el
martes 10. Se acusa al gobierno de plantear una conspiración
inexistente. “El problema es más simple: las policías están mal pagadas
en un país bajo los efectos de una muy alta inflación”, prosigue La
Nación. “Las policías están, además, atravesadas por las complicidades
con el crimen. Narcotráfico y malos salarios son una mezcla explosiva”.
“Los
conflictos policiales y los saqueos pusieron a la vista una crisis de
fondo motivada por un modelo productivo que sólo fue atenuado en estos
años (de kirchnerismo)”, sostuvo Página 12 el domingo 8. Se refiere al
cultivo industrial de soya transgénica, que hoy se extiende hasta las
puertas de urbes como Córdoba y Rosario “desplazando población y otras
producciones de la agricultura de subsistencia y provisión para el
consumo, y encareciendo el valor de la tierra urbana”, se afirma.
Las
enormes ganancias de la soya se volcaron a la inversión inmobiliaria.
Esto disparó el precio en dólares de terrenos y viviendas. Los
perdedores, los más pobres, “se asientan de modo precario en terrenos de
baja calidad, anegables o con acceso deficiente a los servicios
esenciales”, convirtiéndose en mano de obra de un “delito regulado por
una policía brava”, prosigue el artículo. “Sin reforma policial y acceso
al suelo urbano no hay remedio contra el narcotráfico y la
inseguridad”, concluye.
Sindicalización
Cristian
Vera tenía 36 años. Era subcomisario en Resistencia, Chaco. No se plegó
a las medidas de sus compañeros. Prestó servicio durante los saqueos y
disturbios callejeros. Falleció a las 6.30 de la mañana del martes 10.
Recibió un tiro de revólver calibre .32.
“Hay tres detenidos por
su homicidio. Según consta en la causa, el disparo fue efectuado por un
joven que iba en una moto junto con otros dos. El grupo –integrado por
un menor de 14 de años y dos mayores de alrededor de 20– se acercó a la
zona de la avenida. Edison con intención de participar en los saqueos a
comercios y en medio de los disturbios le dispararon al subcomisario”,
se lee en el portal de la Agencia Nacional de Noticias Jurídicas
Infojus.
Los gobiernos provinciales se han visto totalmente
desbordados por “la protesta policial con mayor alcance de la historia
argentina”, según la define el consultor Rosendo Fraga (La Nación,
martes 10). El Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría que dirige
registra 205 huelgas de la policía en todo el país desde 1986. Fraga
puntualiza que estas protestas “nunca se desarrollaron en simultáneo con
los saqueos, como ha sucedido ahora”.
La imposibilidad de
desactivar esta protesta antes de sufrir severas pérdidas humanas y
materiales genera interrogantes. El jefe de gabinete del gobierno
nacional, Jorge Capitanich, recalcó la falta de “representación
unificada” de los policías que efectuaban los reclamos. Advirtió que “es
muy difícil tener sindicalización” en la fuerzas de seguridad “porque
portan armas”.
Legisladores de la Unión Cívica Radical y del
Frente Amplio Progresista, liderado por los socialistas, proponen
permitir cierto grado de sindicalismo policial, vedando el derecho a
huelga. La idea es habilitar comisiones y delegados para discutir
salarios y condiciones de trabajo.
“Otros países tienen la policía
sindicalizada”, dice Pérez Esquivel. “Aquí los médicos hacen
manifestaciones por la situación hospitalaria, los salarios bajos, pero
en ningún momento cerraron los hospitales y las guardias para la
atención de urgencias”, sostiene. “Aquí la policía se borró totalmente y
provocó estos daños. Me parece correcto que puedan tener un sindicato
policial, pero también hay que ver cuáles son los ámbitos de reclamo
para lograr esos derechos. Nunca pueden ser los que han aplicado en este
momento”.
Volver a empezar
José Báez fue
futbolista de Colón de Santa Fe en los setenta. Hoy es dueño de una
tienda de deportes en dicha ciudad. En su cara hinchada hay cortes y
moretones. Por delante tiene la tarea de reconstruir su local y reponer
la mercancía. La pesadilla comenzó la noche del sábado 7. Báez vive en
la parte posterior de su negocio. Fue despertado por un ruido parecido a
una explosión. Al acercarse le costó creer cómo habían levantado la
cortina metálica y derribado la reja y el vidrio blindado.
Lo
peor, sin embargo, ocurrió la mañana siguiente. Báez había llamado a dos
herreros para efectuar los arreglos. A la 13:30 paró un taxista y le
dijo: “Mira que se vienen de nuevo”. Báez alzó la vista y vio una
multitud de gente que llegaba corriendo. Se atrincheró en el negocio
junto a su hijo, el novio de su hija, algunos vecinos, los propios
herreros. “No sabíamos qué hacer. Agarramos maderas y fierros para
defendernos y cuando llegaron se armó una batalla campal”, dijo a Clarín
el martes 10.
“En un momento no resistí más y dije: ‘Entren,
entren, llévense todo’”, recuerda. “Gracias a Dios no tenían armas”,
sostiene Báez, quien terminó hospitalizado. Y algo más: “Esa gente que
vino a quitarme lo mío a veces me viene a comprar”.
El comerciante
sostuvo que ningún funcionario del gobierno se puso en contacto con él.
Solamente se presentó un oficial de policía para pedirle disculpas. Las
policías de Santa Fe y de Córdoba son de las más cuestionadas por sus
lazos con el narcotráfico.
“La connivencia de sectores policiales
con el delito organizado no es nueva”, dice Pérez Esquivel. “Por
ejemplo, los desvalijadores de coches, el narcotráfico”, enumera. “Esto
no significa que toda la institución hace lo mismo. Hay policías
correctos que cumplen sus funciones, pero hay que tratar de desmontar
los negocios que otros tienen en el sistema policial”, sostiene.
/18 de diciembre de 2013)
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