Balance general: se estanca la transparencia en los municipios
Los alcaldes de Sinaloa ejercieron su propia ley en materia de
transparencia. Cumplieron lo que quisieron, sin acatar las disposiciones
contenidas en la Ley Estatal para el Acceso a la Información Pública
del Estado de Sinaloa ni los señalamientos observados por la CEAIPES.
A medida que la información de los gobiernos municipales se relacionó
con manejo de recursos económicos, los ayuntamientos se volvieron cada
vez más opacos y alejados de la transparencia.
Un ejercicio de comparación entre los diagnósticos elaborados por
CEAIPES en el primer año de gobierno de los ayuntamientos y el último,
evidencia la reincidencia de los alcaldes en no acatar las disposiciones
legales en la materia.
Desde 2011, el primer año de ejercicio de las actuales
administraciones municipales, la Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES), realizó un análisis
de la actuación de los alcaldes a través de un análisis de la
información difundida en los portales en Internet de los 18
ayuntamientos.
El monitoreo de la CEAIPES tomó como base un total de 44 supuestos
informativos que debiesen ser difundidos por los Ayuntamientos a través
de los medios electrónicos disponibles, tomando como base lo señalado en
el artículo 9, fracciones I y V de la Ley para el Acceso a la
Información Pública del Estado de Sinaloa.
El análisis, elaborado de mayo a septiembre, contenía una métrica de
puntaje del 1 al 4, en donde 4 era el nivel máximo, para evaluar si los
portales tenían la información mínima que de oficio deben difundir los
ayuntamientos, es decir, sin que medie una solicitud.
Como resultado del análisis se encontró que la obligatoriedad de
informar sobre la contratación de deudas y empréstitos, solo cinco
ayuntamientos tenían datos disponibles, el resto tenía un puntaje de
cero, ante la nula información. En el análisis de septiembre de 2013
solamente dos alcaldías, la de Mazatlán y Choix, tienen la información
disponible como lo señala la ley. Son siete los ayuntamientos que no
ofrecen ningún tipo de información al respecto y nueve difunden a medias
porque en su mayoría está incompleta, generalmente desactualizada, con
retrasos de meses e incluso años.
El inciso “g”, referido a la obligatoriedad de todas las entidades
públicas es otro ejemplo del retroceso en materia de transparencia de
las alcaldías. El texto de la ley señala que debe informarse a detalle
la relación de personas físicas o morales que han recibido recursos
públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, números
de pólizas de cheques, conceptos y fechas en que se entregaron dichos
recursos.
En 2011 la CEAIPES reportó que dos municipios, Ahome y Guasave,
cumplían totalmente con lo dispuesto por la ley, y cuatro más tenían
alguna información sobre este punto. En 2013 ningún Ayuntamiento ofrece
información completa sobre este tema. Un total de 10 gobiernos
municipales ocultan totalmente los datos al respecto, y ocho más la
información es ofrecida sin estar actualizada, y/o mutilada, como es el
caso de la alcaldía de Sinaloa, en donde no se incluye la relación de
pago a proveedores. Debe recordarse, que en la tribuna del Congreso del
Estado se ventiló el hecho de que el actual alcalde del municipio de
Sinaloa, Saúl Rubio Valenzuela, estaba en la lista de proveedores en
materia de combustibles y lubricantes del mismo ayuntamiento que
preside, lo que se calificó como una situación irregular para los
principios básicos de la contabilidad gubernamental.
La obligación que tienen los ayuntamientos de difundir sus balances y
estados financieros es otro punto que han evitado los gobiernos
municipales. Destaca en este apartado la alcaldía de Cosalá, la cual
desde 2011 aparece en la lista de ayuntamientos que no han dejado de
ocultar la información sobre este tema, al igual que Culiacán que
solamente publica información sin estar actualizada. De acuerdo con el
texto de la ley, las entidades públicas están obligadas a actualizar su
información cada tres meses. Los estados financieros que el Gobierno de
Culiacán publica en su página en Internet son de noviembre de 2012,
reporta la CEAIPES.
Los municipios de Ahome y Guasave que en 2011 informaban en forma
completa de sus estados financieros, pasaron en 2013 a la lista de los
ayuntamientos que cumplen parcialmente con la ley en este apartado.
En la obligación que mandata la ley de difundir el resultado de
auditorías, los municipios de Concordia, Cosalá, Escuinapa y Rosario se
mantuvieron reincidentes en no publicar información alguna en sus
portales web sobre el tema. En 2011 solo el Ayuntamiento de Ahome
cumplió totalmente con este apartado de la ley, pero para 2013 pasó a la
lista de siete municipios que informan a medias, ya que la información
publicada es a enero de 2013 y no incluye los resultados de la revisión
de la Auditoría Superior del Estado (ASE). En 2013 suman nueve los
municipios que se niegan a ofrecer información sobre los resultados de
auditorías realizadas durante su ejercicio presupuestal.
La ley vigente en materia de transparencia mandata además a los
ayuntamientos difundir las opiniones, expedientes, datos y fundamentos
finales contenidos en los expedientes administrativos que justifiquen el
otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las
contrataciones y los procesos de toda adquisición de bienes y servicios.
Un total de ocho gobiernos municipales se mantuvieron en la postura
de no publicar información sobre el punto anterior. Desde 2011 aparecían
con una calificación en cero en este rubro los municipios de
Badiraguato, Concordia, Cosalá, El Fuerte, Escuinapa, lo mismo que
Rosario, San Ignacio y Sinaloa. En el estudio de CEAIPES concluido en
septiembre de 2013 aparecen como “no cumplen”. Solo tres gobiernos en el
presente año cumplen con la ley en este punto: Ahome, Mazatlán y
Culiacán.
La ley también señala la obligación de informar sobre el padrón de
beneficiarios de los programas sociales. Los municipios de Badiraguato,
Concordia, Cosalá y Rosario fueron renuentes en publicar en sus portales
web la relación de los nombres de beneficiarios. En 2011 la CEAIPES le
otorgó un puntaje de cero, porque estos municipios ni siquiera contaban
con un vínculo en construcción; en 2013 lo reportan con el rotulo “no
cumple”.
La difusión de las minutas de todas las reuniones oficiales ha sido
otra de las resistencias de los gobiernos municipales, como así lo
muestra el estudio desde 2011. En lo que era el primer año de ejercicio
de los alcaldes, solo dos cumplían parcialmente la disposición. Guasave
no ofrecía una información, solamente tenía un link en
construcción, y Navolato tenía un vínculo con información, pero no
estaba actualizada. En el resto de municipios estaba en ceros.
En 2013 prácticamente ningún municipio con la disposición del
artículo 15 de la Ley de Acceso al Información, ya que aunque se
catalogó en el reporte de este año que tres municipios sí cumplían con
tal disposición, una revisión permite inferir que en realidad se trata
de gobiernos municipales que cumplen a medias, ya que solo se refiere a
ciertas reuniones. Angostura, por ejemplo, tiene clasificación de que sí
cumple pero en realidad se trata de las actas de sesiones de Cabildo,
las cuales están contempladas en otro apartado de la legislación; en
Concordia es el mismo caso y en Mocorito a ciertas actividades
relacionadas con la cultura y el turismo.
Resistencia a transparentar
Los gobiernos municipales se han mantenido en su renuencia de
transparentar sus administraciones, a pesar de que el marco legal
contempla sanciones a los funcionarios responsables.
El capítulo noveno de la Ley de Acceso a la Información Pública del
Estado de Sinaloa señala expresamente a quien incumpla con el deber de
publicitar la información mínima de oficio prevista, sea sancionado o
amonestado por la CEAIPES.
Establece además la ley que si en un periodo no mayor de tres meses
no se ha puesto a disposición del público la información a que se
refiere, el funcionario debe ser suspendido de sus funciones
temporalmente en los términos del artículo 50 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, es
decir la CEAIPES debe remitir las quejas en un plazo máximo de cinco
días.
La resistencia de los gobiernos municipales a transparentar sus
ejercicios, ha provocado que la CEAIPES organice cursos de capacitación y
acercamientos con alcaldes.
“La mayoría de los ayuntamientos andan muy atrasados, por lo que les
estamos haciendo una visita para platicar directamente con los
presidentes municipales a afecto de ofrecerles nuestros servicios,
nuestra ayuda para decirles qué les hace falta en sus páginas y lo
puedan subir y puedan tener una página ya con más valor”, había dicho el
presidente de CEAIPES, Abraham Lugo Salazar, el año pasado en una
entrevista publicada por el periódico Noroeste.
A la fecha se desconoce si la CEAIPES ha amonestado o aplicado el
artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos a
los funcionarios públicos municipales por incumplir la ley. Al menos en
la página oficial de CEAIPES en Internet, se limita a señalar en sus
estadísticas la cantidad de solicitudes de información, pero no existe
información disponible sobre el número de servidores públicos
sancionados por incumplir la obligatoriedad de no difundir la
información mínima de oficio.
El apartado de estrados no está disponible en la página web de
CEAIPES, y los indicadores de la gestión no están actualizados. El más
reciente es del periodo comprendido de enero a septiembre de 2009.
De acuerdo con el recuento estadístico de CEAIPES, al 2012 el volumen
de las solicitudes de información a los gobiernos municipales conforman
el segundo sitio de peticiones bajo el amparo de la Ley Estatal de
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
Tomando en cuenta los registros de la CEAIPES, los municipios habían
computado un total de 9 mil 370 solicitudes de información de
ciudadanos, solo superado por el Poder Ejecutivo con 12 mil 155
peticiones en el periodo comprendido entre el 2009 al 2012.
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