Francisco Castellanos J./ Reportaje Especial
HUÉCATO, Mich. (apro).- Los casi 700 habitantes de esta comunidad ubicada en
la zona serrana de la entidad se debaten en la miseria, olvidados por los
gobierno federal, estatal y municipal, y estigmatizados por sus presuntos
vínculos con el narco y la guerrilla.
Uno de ellos, Valdemar González,
comenta, desilusionado: “No aparecemos en ningún padrón del gobierno, vamos ni
en el del pago del impuesto predial, sólo en el padrón del IFE”.
Los
comuneros sobreviven de cortar leña y, los más afortunados, de pastorear
borregas, chivos y vacas, pues los programas nunca llegan, se quedan en los
cajones de los gobiernos, como ellos mismos dicen: “Nosotros, todos los
habitantes, somos parte de esos archivos muertos”.
Los más ancianos recuerdan
que hace años había prosperidad y que llegaban a ganar hasta 10 mil pesos
diarios por la venta de la madera. Sin embargo, cuando los montes se acabaron y
se fue también la bonanza.
De calles polvorientas y mal trazadas, Huécato se
localiza en el municipio Chilchota. Los servicios públicos son inexistentes: no
hay agua potable, no hay drenaje, no hay servicios de salud y, mucho menos,
escuelas.
Con apenas 698 habitantes –344 varones y 354 mujeres, Huécato
tampoco existe en los censos oficiales. Ellos mismos lo atribuyen a que los
consideran como una extensión de la comunidad indígena de
Tanaquillo.
“Ninguno de nosotros tenemos certificados o títulos de propiedad,
menos escrituras o papel alguno. Ansina de palabra los terrenos son nuestros,
nos los han dejado nuestros padres, a ellos sus abuelos y así”, dice Salvador
Jasso, quien está encamado en el hospital civil de Morelia, esperando la muerte
o la ayuda del gobernador priista Fausto Vallejo, pues su enfermedad lo dejó sin
nada.
Con la mirada clavada en los cerros pelones, que antes eran montes con
pino y encino, agrega: “Son más de 20 mil hectáreas en disputa y los focos rojos
se concentran entre las comunidades de Pamatácuaro-Tarécuato;
Ocumicho-Tangancícuaro; San Francisco Ichán-Tacuro; Paracho contra pequeños
propietarios; Urapicho-Cocucho; Santa Cruz Tanaco-Cherán, y
Tanaquillo-Huécato”.
Desencuentros
La tarde del 7 de junio de 2002, en el camino de terracería que conduce a
Chilchota, los comuneros se encontraron con una partida de militares, y se
desencadenó un tiroteo, en el que cayeron abatidos Amador González, de 35 años,
y Ramiro Chavira, de 27.
Por el lado de los soldados perdieron la vida el
cabo Felipe León Cristóbal y el soldado Pedro Alonso Gabriel, mientras que José
María Balderas resultó lesionado.
Por la noche, un grupo de habitantes de
Huécato se dirigía a recoger a sus muertos cuando el pueblo fue invadido por
fuerzas federales, quienes dispararon sin ton ni son y dieron muerte a Juan
Jasso Sola, de 44, y los hombres se fueron a los montes.
A las mujeres
cubiertas con sus rebozos y en la penumbra, los militares las “confundieron con
guerrilleros del EPR” y dispararon sus armas en todas direcciones.
Se
reportaron diez desparecidos, entre ellos un niño de 10 años. El entonces
subprocurador regional de Zamora, Jaime Castro López, aseguró que la línea de
investigación más fuerte fue la del robo de madera y la tala clandestina.
Por
su parte, los habitantes de esta comunidad aseguraron que no son
narcotraficantes ni miembros del Ejército Popular Revolucionario
(EPR).
Felipe Ixta Medina, entonces alcalde de Chilchota, perteneciente a la
región purépecha de los Once Pueblos, aseguró que él no “les echó a los
soldados”, aunque todas las comunidades saben que los de la ranchería de Huécato
desde hace años se dedican al robo de madera.
Además, dijo que pertenecen a
su comunidad los bosques de donde los comuneros extraen ilícitamente la madera,
ya que desde hace años los de Huécato acabaron con sus bosques.
Sin embargo,
abundó, la gente de Huécato también responsabiliza al representante de bienes
comunales de Chilchota, Rafael Bautista, de haber llamado a los
militares.
“Nosotros no fuimos, fue una casualidad, incluso se ha informado
que los soldados andaban en otra encomienda. Lo que le pedimos a la gente de esa
comunidad es que reflexione y que ya paren los problemas, que se les han
complicado porque actúan al margen de la ley.”
El entonces subprocurador
Jaime Castro señaló que además de la línea de investigación sobre tala
clandestina, se trabajaba en una posible relación con el narcotráfico.
Aunque
acotó que era poco probable que se tratara de un conflicto de esa naturaleza, ya
que carecían de algún reporte sobre sembradíos de estupefacientes en la
región.
La marginación
De las aproximadamente 178 viviendas, 20 tienen piso de tierra y unas 26
cuentan con una habitación. Al menos 163 disponen de instalaciones sanitarias,
el resto no.
Sólo hay una computadora, en la jefatura de la tenencia, pero no
la saben usar; 46 habitantes dijeron contar con una lavadora y 154 con
televisión.
Un informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) destaca que “aparte de los 47 analfabetos de 15 y más años que existen
en la comunidad, cinco jóvenes de entre 6 y 14 años no asisten a la
escuela”.
De la población mayor a 15 años, unos 48 carecen de escolaridad,
282 la tienen incompleta, 90 tienen formación básica y sólo 15 cuentan con una
educación posbásica.
Eliezer Elías Jasso, comisariado de bienes comunales,
dice que el Procampo sólo les llegó una vez, de 1986 a 1987, y jamás regresó.
Los habitantes viven, incluido 30% que recibe remesas, de la siembra de maíz y
leña y un poco de pastoreo.
“Invitamos al licenciado Fausto Vallejo y a su
equipo para que se den una vuelta a esta población y constaten las condiciones
en las que vivimos”.
Descarta asimismo que los comuneros tengan vínculos con
el EPR o cualquier otro grupo guerrillero.
Por otra parte, el dirigente de la
Nación Purépecha, Abundio Marcos Prado, apuntó que espera que lo ocurrido en
Chilchota no sea un pretexto para militarizar la región. Traería graves
consecuencias, dice, para la estabilidad política y gobernabilidad de la
región.
Indica que el problema de tala clandestina se debe a la miseria en
que viven cientos de familias indígenas, y a la mala administración de gobiernos
anteriores que se olvidaron de atender las causas que generan la miseria
extrema.
A lo largo de los últimos años, en Huécato se han promovido
proyectos de desarrollo alternativo, “como una trituradora de grava y arena,
viveros florícolas y plantaciones de brócoli”.
Sin embargo, la respuesta
gubernamental ha sido insuficiente y discontinua, como recuerda el también
migrante y cultivador de orquídeas en Estados Unidos, Jesús Zamora Rubio,
presidente de la organización Flores de Huécato.
El principal obstáculo,
advirte, ha sido el conflicto agrario que los comuneros mantienen con el núcleo
de Tanaquillo, el que reclama la totalidad de tierras del pueblo
serrano.
Desde décadas ha sido un foco rojo.
Los habitantes aseguran que
son gente pacifica, pero desafortunadamente por ahí pasa mucha gente de fuera y
ellos son los culpables de los ilícitos:
“El 2 de marzo pasado, algo así como
a las ocho de la mañana, bajaron por la calle Vicente Guerrero, la principal,
varias Hummer del Ejercito, y a un lado del templo estaban unos compas
durmiendo. Una mujer grito ‘¡soldados!’ y, cuando vieron a los verdes, corrieron
y los militares empezaron a tirar plomazos.
“Los tipos corrieron y a uno le
dieron en una pierna, llegaron y lo remataron; al otro también le dieron y lo
mismo; otros se alcanzaron a pelar por la sierra”.
La versión de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sólo consignó que dos presuntos
delincuentes murieron en un “enfrentamiento”.
La versión oficial destaca que
en los momentos en que los militares realizaban patrullajes por la Meseta
Purépecha, se dieron cuenta de que en la comunidad de Huécato circulaba sobre la
carretera un convoy de cuatro camionetas con sujetos armados a bordo.
“Los
delincuentes, al percibir la presencia de los soldados, imprimieron mayor
velocidad a sus unidades para darse a la fuga, iniciándose una persecución con
dirección al lugar conocido como Cerro Grande, hacia la comunidad de Huécato, en
donde descendieron de las unidades y se dieron a la fuga.
“Cuando los
militares entraron a la comunidad de Huécato ya los esperaban más sujetos
armados en otras tres camionetas, por lo que se inició un enfrentamiento en la
esquina de las calles Vicente Guerrero y Madero, cayendo en ese momento dos de
los agresores sin vida, uno de ellos de aproximadamente 28 años de edad,
mientras que el otro traía entre sus ropas una identificación a nombre de
Santiago Morales Serrano, de 30 años, originario de Petatlán, Guerrero,
asegurándoseles dos armas largas y dos pistolas calibre .38 súper.
“En el
lugar, el personal de la Sedena confiscó una camioneta Ram doble cabina, color
guinda, con placas de circulación JHL-38-62, de Michoacán, una Grand Cherokee
blanca, de reciente modelo, matrícula 259-XZW del Distrito Federal, una Nissan
Pathfinder color arena, placas HWU318, del estado de California, Estados Unidos,
así como una camioneta Ford Escape gris, placas PGZ-87-37 de esta entidad
federativa, cuyas unidades presentaban impactos de arma de fuego en toda la
carrocería”.
Los habitantes denuncian que la incursión de fuerzas federales
es continua y constante.
Casos de pobreza
Eva Mercado, que vive en una casa de cuatro metros cuadrados, denuncia que el
gobierno de Felipe Calderón le quitó la ayuda de Oportunidades, por la que
recibía 200 pesos cada dos meses.
La razón, porque ya “vive mejor”. Ahora
cuenta con una casucha de madera con láminas de cartón, donde tiene cocina y
horno para hacer pan cada ocho días y dormitorio.
Evangelina González trabaja
desde años barriendo la placita del pueblo y por esa labor le pagan mil cien
pesos quincenales; es viuda, con hijos y sorda; le urge un aparato auditivo,
pero nadie la ayuda.
Alfredo Ramírez, de 63 años, también es sordo y padece
de toroides, no tiene dónde vivir y sobrevive de la ayuda que le da la
gente.
Adelaida Mercado, de 46 años, padece del corazón, no puede caminar y
los medicamentos y consultas hacen trizas su economía, y así se suman los casos
en esta comunidad.
Huécato es un pueblo más de Michoacán, sumido en la
miseria y el abandono oficial.
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