Según un censo del DIF los menores se concentran en la zona turística, sin
que las autoridades pongan remedio a este fenómeno social que va en aumento,
según expuso la Asociación Civil Amigos de CSL.
Hilda Martínez Guerra
Aunque su presencia es una muestra clara de injusticia, niños y
niñas deambulan hasta altas horas de la noche por el corazón turístico de Cabo
San Lucas, expuestos a todo tipo de peligros, mientras que la autoridad
competente se hace de la “vista gorda”.
La historia de Francisco es apenas un ejemplo de este fenómeno social.
Francisco tiene apenas 5 años de edad y, como cada tarde, se prepara para ir a
vender al centro de Cabo San Lucas, “donde hay gringos”, la caja de chicles que
su papá todos los días le compra.
El chico sabe que en su casa hace falta
comida, apenas hay lo indispensable y comparte la cama con dos hermanos menores.
Vive en una colonia popular, su padre no tiene trabajo por lo que, “alguien
tiene que conseguir para que sus hermanos coman”, según cuenta que le dijo su
mamá, que tampoco labora de manera estable.
Francisco no puede leer ni escribir pero pronuncia a la perfección
en inglés “One dollar, mister”. “Hay que insistirle y corretear al
turista pa’que compre o cuando menos, nos dé una buena propina”, concluyó la
entrevista.
En Baja California Sur existe la Ley de los derechos de las niñas
y los niños, la cual en su el artículo 51 señala que:
“El sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia promoverá los mecanismos de colaboración y
fomentará programas de protección para que los adolescentes mayores de 14 años
que trabajen cuenten con la protección laboral y el respeto a los derechos que
otorga la ley federal del trabajo”.
Pero tal pareciera que lo que dice la legislación vigente es letra
muerta, por lo que ha tocado a grupos ciudadanos alzar la voz y denunciar esta
situación de los menores en riesgo.
Así es como el problema fue expuesto por la Asociación Civil
Amigos de CSL, en sus inicios a cargo de Nora Alvarado, comerciante del centro
de la localidad quien no sólo denunció ante las autoridades la serie de
irregularidades que cada noche veía en las calles, de inmediato buscó acciones
que permitieran sacar de circulación a los niños “chicleros” de la zona
turística, lanzando para ello una convocatoria la cual consistía en la
elaboración de un cartel que invitaba al visitante a no comprarles mercancía ni
darles dinero.
El proyecto del cartel inició hace aproximadamente un año y medio;
para ello la asociación Amigos de Cabo San Lucas acudió a las instituciones
educativas de nivel superior a fin de convocar a los jóvenes estudiantes de
diseño gráfico a participar en el proyecto.
Esto provocó que cientos de alumnos se sumaran a este esfuerzo
reuniéndose cientos de propuestas de las cuales se eligió una sencilla con un
mensaje claro para el turista: No enriquecer a quienes obligan a estos menores a
trabajar hasta altas horas de la noche.
Aunque el cartel fue colocado en algunos negocios del centro de la
localidad y muchos de estos comercios amanecieron con los cristales rotos, entre
otros daños, la lucha continuó hasta convocar a la Asociación de Abogados de los
Cabos –a cargo, en aquel momento, del Licenciado Adrián Real y actualmente
presidida por el Licenciado Luis Carlos Covarrubias– a fin de que pudieran
elaborar un documento tomando en cuenta los lineamientos básicos de la ley
existente en el Estado, en el que se incluyera un apartado para atender el tema
de los menores explotados.
El sistema DIF a la búsqueda de soluciones
En tanto la autoridad correspondiente, en este caso el sistema DIF
Delegacional a través del Programa de Atención al Menor y Adolescente en riesgo
PAMAR, dirigido por María Elena Solís Ruiz, presentó a la Asociación un recuento
del trabajo que, por más de 10 años se había venido realizando y ahí mismo
reconoció que existe un grave problema no sólo de explotación, sino también de
niños que engañando a sus propios padres son “rentados” y trasladados desde la
Ciudad de México, Puebla, Guerrero y Oaxaca para ejercer la actividad del
comercio informal en Cabo San Lucas.
La coordinadora de este programa informó que dio comienzo a un
censo donde se determinó que hay cuando menos unos 200 menores ejerciendo alguna
actividad remunerativa, incluyendo a los menores que fueron detectados como
empacadores en tiendas de autoservicio.
En la búsqueda de soluciones se estableció el compromiso de becar
a estos niños toda vez que, en su gran mayoría, habían tenido que abandonar la
escuela y en algunos casos eran obligados por sus familiares a trabajar. El
censo también arrojó que muchos menores no contaban con familiares en el
municipio, es decir que sus padres les “habían otorgado permiso” de trabajar a
los Cabos y a cambio, les era enviado dinero a sus progenitores.
Acciones de gobierno
En ese entonces y en la búsqueda de soluciones, en la sexta
administración municipal a cargo de Narciso Agúndez Montaño se intentó enfrentar
el problema, por lo que en aquel tiempo se organizaron operativos nocturnos con
la participación de personal del sistema DIF, de Seguridad Pública e Inspección
Fiscal Municipal.
El resultado: decenas de menores detenidos luego de ser
sorprendidos ejerciendo el comercio informal. Los mismos que fueron remitidos al
área de barandilla de seguridad pública para su resguardo.
En este rubro, según el censo levantado por autoridades del DIF,
se tuvieron casos incluso de menores (jovencitas de entre 11 y 14 años de edad)
que nadie reclamó ni se supo quiénes eran los adultos responsables de su
mantenimiento y cuidado.
Lo anterior sólo generó más cuestionamientos en torno a la
legalidad de su estancia en el municipio sobre todo cuando se investigó su lugar
de procedencia y su edad.
Sin embargo, por la falta de elementos para ejercer
una acción legal los menores fueron liberados, en tanto que la autoridad se
limitó a no volver con sus operativos, a falta de espacio para alojar a los
pequeños.
Asociación de Abogados pide aplicar la ley de protección al menor
Por su parte el Licenciado Real elaboró un proyecto de ley donde
no sólo se solicitaba a las autoridades de los tres niveles de Gobierno actuar
ante el problema; al mismo tiempo se buscaba obligar a los padres de familia a
brindar a sus hijos sustento.
Y citó: “Lo importante aquí son los niños, no la
imagen, es darles seguridad, no hay que perder el objetivo, el propósito de la
Asociación de Abogados es y será, fomentar y hacer proyectos de ley para que los
legisladores los eleven al pleno y se conviertan en ley, de tal manera que las
autoridades cuenten con instrumentos que les permitan resolver de manera
adecuada este problema. La ley allí está, sólo requiere perfeccionarse”.
La parte legislativa
Recientemente, el diputado local Carlos Castro Ceseña reconoció
públicamente en tribuna del Congreso Estatal que existen indicios de explotación
infantil en Los Cabos, y lanzó el exhorto al Gobierno Estatal para que atendiera
la problemática.
Una vez que realizó el pronunciamiento, solicitó la creación de
un centro de asistencia social en Cabo San Lucas para niños “en desamparo,
abandono o maltratados”.
Incluso pidió al Ayuntamiento de los Cabos donar un
predio para tal fin e hizo un llamado a la Delegación de la Secretaría del
Trabajo y Previsión social en el estado para que “acatando lo ordenado por el
artículo 173 de la Ley Federal del Trabajo, vigile y proteja de manera especial
el trabajo de los mayores de 14 años y menores de 16 años”, coordinando acciones
con visitas de inspección, a efecto de erradicar en la entidad la explotación
infantil.
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