Anayeli García Martínez
Víctima de un proceso judicial irregular –a decir de su defensa legal– y en
el que se le condenó en segunda instancia a 22 años de prisión, Adriana también
padeció el rechazo y estigma de los habitantes de la aislada comunidad de El
Camalote, municipio de Ayutla de Los Libres, Guerrero.
La siguiente es su historia.
En 2006 la indígena tenía 19 años de edad y se dedicaba a cuidar chivos en el
campo para ganarse 20 pesos diarios y así mantener a sus dos hijos, pues su
esposo, quien migró a Estados Unidos, de repente dejó de enviarle dinero.
Ese mismo año la tlapaneca inició una relación con otra pareja con la que se
embarazó, lo que le valió el estigma y discriminación de su comunidad.
Silvia Castillo, directora del Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, y
quien ha acompañado a Adriana en el proceso judicial, cuenta que en febrero de
2006, después de casi dos años de ausencia, el esposo de Adriana regresó de
Estados Unidos y que, al darse cuenta de su embarazo, la golpeó y la abandonó.
Ella se quedó con sus padres, quienes la recibieron en casa aunque la rechazaron
y le reclamaron su “infidelidad”.
El 18 de abril de ese año Adriana sufrió un aborto. En ese momento el pueblo
aguardaba la llegada de una comitiva del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional, encabezada por el subcomandante Marcos, quien en aquel tiempo promovía
el rechazo a la construcción en la región de la presa hidroeléctrica La
Parota.
Los padres de la joven no estaban en casa porque fueron a los mítines. Ella
estaba cuidando a sus hermanos y sus dos hijos. En la madrugada comenzó a tener
dolores, sintió la necesidad de ir al baño así que salió y mientras caminaba se
dio cuenta que había abortado.
Asustada tomó el producto en sus manos y le sopló para tratar de hacer algo,
lo hizo por unos minutos pero no logró nada. Sin saber qué hacer, sangrando y
con fuertes dolores en el vientre que no la dejaban mantenerse en pie sintió la
necesidad de acostarse.
Horas más tarde, aún con miedo, Adriana, quien no habla español, no recibió
educación sexual y por tanto no sabía cómo prevenir un embarazo, sepultó el
producto para que los niños no se asustaran.
Su papá llegó y notó que la joven ya no tenía el vientre prominente. Enojado
le preguntó que había pasado. No obtuvo respuesta, así que dio aviso al
comisario del pueblo.
Al día siguiente, reunido en asamblea, el pueblo enfurecido le exigió a
Adriana que dijera la verdad y que señalara quién la había embarazado y dónde
estaba el producto. De lo contrario, amenazaron con detenerla.
A la asamblea llegaron agentes del Ministerio Público, quienes en lugar de
evitar la violencia contra la joven, la detuvieron junto con Virgilio, su pareja
sentimental.
Doble victimización
Desde entonces y hasta este 2012 los atropellos contra la indígena han sido
una constante. Al momento de ser detenida no contó con un traductor.
Las pruebas en su contra fueron las declaraciones de su padre, uno de sus
tíos y el comisario, quienes dijeron reconocer al feto, a quien en un acto
irrisorio el Ministerio Público le puso el nombre de “Jesús”.
Meses después, durante el juicio, los testigos reconocieron que no habían
brindado declaración y que sólo habían firmado un documento para que les
entregaran los restos del feto.
Virgilio quedó en libertad mientras que Adriana permaneció en el Cereso de
Ayutla de Los Libres por ser la presunta responsable de la muerte del feto. Los
resultados de la necropsia indicaban que el deceso “pudo ser una caída por no
haber los instrumentos necesarios para atender el parto”.
Casi tres años después de los hechos y con todo en su contra por ser mujer,
indígena, pobre y monolingüe, el 30 de octubre de 2009 un juez de primera
instancia la condenó a 32 años de prisión por el delito de “homicidio
calificado”.
Al ver una clara injusticia, el defensor de oficio apeló la sentencia y logró
que el juez estableciera que no se reunían los elementos para considerar que se
trató de un homicidio calificado, como lo establece el artículo 103 del Código
Penal estatal.
Parecía que el juez Alfonso Vélez Cabrera ordenaría la reposición del proceso
y abriría la oportunidad de liberar a la indígena, pero no sucedió así porque
sólo reclasificó el tipo penal a “homicidio en razón de parentesco”.
Como el delito seguía siendo grave, en abril de 2010 el juez dictó una nueva
sentencia y la condenó a 22 años de prisión, una pega que purga en el Cereso de
Chilpancingo, donde permanece desde 2009, cuando fue trasladada desde el penal
de Ayutla de Los Libres.
En ese año la defensora de Derechos Humanos Silvia Castillo conoció a Adriana
y le ofreció acompañamiento legal. Al complicarse el caso, la activista pidió
ayuda al Centro Las Libres de Guanajuato, que defiende y promueve los derechos
sexuales y reproductivos.
En septiembre de 2010 el Centro Las Libres y la Clínica de Interés Público y
Litigio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) lograron la
libertad de siete mujeres presas por abortar en esa entidad.
La clínica del CIDE decidió llevar el caso de Adriana por lo que en setiembre
pasado interpuso un amparo ante el Tribunal Superior de Justicia del estado y
pidió la intervención de la SCJN, la cual ya atrajo el caso.
El pasado 28 de marzo la Primera Sala de la Corte atrajo el amparo para
revisar si se violó el debido proceso de la indígena tlapaneca.
Con este amparo, la defensa de Adriana confía en que los ministros confirmen
que el proceso fue irregular, que las pruebas para acusarla no fueron
científicas ni rigurosas, y que al mismo tiempo se pronuncien sobre el derecho
de las mujeres a ejercer su maternidad libremente.
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