Mientras corre la voz con sus amigos de ser el elegido
para la candidatura a Diputado Federal por el 04 Distrito, se reavivan los
expedientes en su contra y el severo juicio del enojo
popular
El PRI siembra terreno para otra derrota en Sonora con
“semillas” del ex Alcalde como pérdidas millonarias en terrenos, empresarios
favorecidos y varias acusaciones, incluso
penales
Fernando
Villa Escárciga
Por las acusaciones y
demandas penales en su contra, si hay un priísta urgido de fuero en Sonora es Antonio Astiazarán Gutiérrez, cuyos “fantasmas
millonarios” resurgen del clóset para reavivar el repudio
popular.
Desde la mañana de
hoy el ex alcalde de Guaymas empezó a correr la versión de ser el elegido para
la candidatura a Diputado Federal por el 04 Distrito, con la bendición de los
“moreiristas” adheridos al CEN del tricolor.
De ser
así, el PRI vuelve a mentirse a sí mismo y a sembrar el terreno para otra
estrepitosa derrota en Sonora, donde el saldo electoral, a ese paso, afectará
seriamente las aspiraciones del presidencial Enrique Peña
Nieto.
“De ningún modo
postularemos candidatos con acusaciones documentadas de corrupción ni personajes
impopulares que pongan en riesgo la votación”, habrían dicho los Delegados del
CEN priísta.
Bajo el expediente
1135/2011, Toño Astiazarán enfrenta una
demanda penal por peculado, ejercicio abusivo de funciones, abuso de autoridad,
incumplimiento de un deber legal, coalición y tráfico de
influencias.
Ante el Ministerio
Público del Fuero Común, el regidor independiente Roberto Maciel Carvajal encauzó la
denuncia por las múltiples corruptelas en que habrían incurrido el ex Alcalde y
varios de sus funcionarios.
Más aún,
Toño Astiazarán enfrenta una petición de Juicio Político ante el Congreso del
Estado, expediente que sigue vivo, que desde febrero del 2009 exige la ciudadana
María Emilia Taylor
Bretado.
Este último caso
también se relaciona con el presunto agandaye --se dice que por Astiazarán-- de
decenas de hectáreas del Libramiento a San José, que desde hace medio siglo
reclama como suyo la familia Taylor.
Igualmente, el ex
Alcalde enfrenta una denuncia ante la Contraloría Municipal encauzada por la
síndico Mónica Marín Martínez, lo
que debe desahogar la fiscal Iveth
Guerrero Padrés.
Es
indudable, pues, que “los fantasmas millonarios” de Astiazarán Gutiérrez se
asoman al ambiente electoral en Sonora, particularmente en Guaymas donde la
irritación popular en su contra cobrará facturas. Y
muchas.
Expedientes
abiertos
Empresas fantasmas,
facturas apócrifas, precios inflados, desvío de recursos, tianguis de terrenos,
manoteo de dineros ajenos y otras irregularidades millonarias marcaron el paso
de Astiazarán por la alcaldía de Guaymas.
Así lo establece la
glosa de la Cuenta Pública de la administración municipal 2006-2009 y que gran
parte de tan torcidos renglones son analizados por el Ministerio
Público.
Las truculencias
cometidas durante la pasada administración llegaron al extremo de inventar
nombres de empresas o de crearlas al vapor para saquear el erario en perjuicio
de los guaymenses.
En el
colmo de la vulgaridad --se desprende del voluminoso expediente-- se cobraron
facturas apócrifas de los proveedores “fantasmas” Mig Suministros S.A.,
Leonardo Mendivil Santoyo y Enrique Luna
Padilla.
Tras la búsqueda del
domicilio consignado en las facturas se concluyó que no existe ninguno de esos
establecimientos que, en conjunto, cobraron 580 mil 219 pesos; los documentos
tampoco cumplen con los requisitos fiscales de ley.
Otro caso es el del
proveedor Manuel Jiménez Zamora, a
cuyo nombre se cobraron 67 mil pesos mediante las facturas 132 y 145, pero dicha
persona sostiene que jamás ha prestado servicio alguno al gobierno
municipal.
Caso similar, pero
con peores matices, es el pago de la factura 458 a nombre de José Rosario Ruiz Lerma, por 25 mil
pesos y autorizada por la Secretaría Particular; Ruiz Lerma falleció desde el
2005 y su hija asegura que jamás prestaron servicios a la
comuna.
Dichas
irregularidades resultan más ominosas a partir de que la Dirección de Egresos
exige una identificación del IFE para la entrega de efectivo o cheques, lo que
en esto caso no sucedió, y pudieron cobrarlos personas vinculadas al
Ayuntamiento.
Ah, Lemmen Meyer
Los anteriores son
pequeños ejemplos del desaseo financiero durante la administración de Toño
Astiazarán quien, vale recordar, gran parte de su mandato se aferró a la
precandidatura del PRI para ser Gobernador.
En esa tesitura
podrían inscribirse los pagos a Anuncios
TG por varios lotes de lonas por 160 mil 131 pesos y a Gastélum Moller Publicidad por 430 mil
560 pesos.
Otras
operaciones fantasmales fueron beneficios por varios millones de pesos al
hermosillense Roberto Francisco Lemmen Meyer González, lo
que derivaría en graves sanciones de índole legal.
Pese a la existencia
de una Dirección de Cobranza Municipal, se contrató para el cobro de impuestos
prediales a Corporativo de Servicios
Legaxxi, cuyo representante legal es Lemmen Meyer y quien se embolsó 2
millones 999 mil 930 pesos,
A Lemmen Meyer le fue
todavía mejor, también en materia de terrenos, al realizar un gran “negocio” con
presunto uso de información privilegiada para especular con inversiones públicas
del municipio y del estado.
Ahora como
representante de Inmuebles Sinson, S.
A, Lemmen Meyer en sociedad con Patricia Cadena Ochoa adquirió el 23 de
agosto del 2007 un terreno de 19 mil 771 metros cuadrados a un costo de 750 mil
pesos.
Por ese
predio ubicado a un lado del Parque Infantil, el gobierno municipal ejerció un
millón 282 mil 920 pesos para indemnizar a 12 personas que de ahí fueron
desalojadas, en una operación realizada a cuatro días de ser adquirida por
Inmuebles Sinson.
Tómbola
millonaria
Cebados con tan
felices resultados, que para entonces sumaban 529 mil pesos a favor de Lemmen
Meyer, el Ayuntamiento y el “empresario” de Hermosillo se siguieron de largo en
una de las transas más aberrantes de la historia reciente de
Guaymas.
Poco después de dos
años, el gobierno municipal entregó a Lemmen Meyer 3 millones 664 mil 179 metros
cuadrados de terrenos públicos a cambio
de sólo 19 mil 771 metros.
La operación, de por
sí escandalosa al canjear el Ayuntamiento terrenos en proporción de 192 metros
por uno, de inicio era ilegal al contravenirse los artículos 200 y subsecuentes
de la Ley de Gobierno y Administración Municipal.
En esta orgía de
irregularidades durante el trienio 2006-2009, también destacan operaciones
relacionadas con el arrendamiento del edificio que antes fue propiedad de Banco Santander, adquirido el 22 de
julio del 2007 por el hermosillense José
Manuel García Gutiérrez.
Por ese inmueble, que
había costado 1 millón 500 mil pesos al nuevo propietario, Astiazarán “invirtió”
en renta y remodelaciones un millón 819 mil 601 pesos: 506 mil pesos por renta
de 19 meses, 503 mil por contrato de obra pública y 810 mil pesos en gastos de
remodelación.
Se trata de
operaciones harto cuestionables, pues con el monto invertido por Astiazarán en
un edificio ajeno, fácilmente pudo ser adquirido para incorporarlo al patrimonio
municipal de los guaymenses.
Otro
aspecto a destacar sobre ese edificio es la intervención como “contratista” de
Rafael Bellot Rojas, con presuntos
vínculos estrechos desde hace años con el ex alcalde, y quien jamás presentó
acta de entrega-recepción por la “obra”
realizada.
Perder
adrede
En esta
borrachera de millones de pesos, siempre en perjuicio del interés ciudadano, el
Ayuntamiento perdió “adrede” 2 millones de pesos en la venta de 229 mil metros
cuadrados a Cobrom, S.A. y La
Tienda de Guaymas.
Al negarse el
Ayuntamiento a cumplir con un clausulado de venta por 29 millones 493 mil 700
pesos por el predio, que incluía la colocación de semáforos en un acceso, la
empresa se quedó con 2 millones de pesos pactados como garantía. Plan con
maña.
El tianguis de
terrenos durante la pasada administración dio para más, como el desistimiento
sobre el juicio 580/02 con José
Ordaz Aguiar sobre un predio de
266 mil 599 metros cuadrados con valor actualizado de 66 millones 134 mil 137
pesos.
A espaldas del
Ayuntamiento en pleno, que debió autorizar la operación como marca la ley,
Astiazarán dejo ir los potenciales 66 millones de pesos del inmueble a cambio de
sólo 5 millones, recibidos en “donación” entre marzo y mayo del
2007.
Aún
persisten dudas sobre otros daños al Municipio por los procedimientos
irregulares para el emplazamiento de 99 cuentas catastrales y su posterior
remate, por conducto del despacho externo Asesoría y Representación Legal,
S.C.
Parte de estos
artilugios, en silencio y en lo oscuro, incluyó el esconder situaciones de ley
como la relación del estatus de cada inmueble sujeto al remate y la sustracción
de casi todos los expedientes, si es que se formularon.
Sin embargo, cinco
ciudadanos lograron ampararse, ganando tres de ellos sus juicios, entre los que
destaca Antonio Sandoval López quien
logró que el gobierno municipal le devolviera los predios que le había quitado
mediante malas artes.
Dichos terrenos,
también sin autorización del Ayuntamiento y de manera opaca y de forma
discrecional, ya habían sido vendidos a María Guadalupe Ciapara Ríos, a quien
le tuvieron que regresar 893 mil pesos por los terrenos propiedad de
Sandoval.
De
acuerdo al análisis sobre los procedimientos irregulares de embargo de terrenos,
éstos fueron con vicios de forma y fondo, de lo que se desprenden más
posibilidades de daños y prejuicios a la comuna de surgir reclamaciones legales
de parte de los afectados.
Más
millones
Pero más gangas
ominosas resultaron de operaciones con terrenos, algunas instrumentadas por la
Promotora Inmobiliaria de Guaymas, que permutó un terreno valuado en un millón
246 mil 658 pesos por sólo 276 mil 722.
Considerados
oficialmente para vivienda, los terrenos ubicados en el fraccionamiento 13 de
Julio fueron entregados a la empresa Patrimonio y Desarrollo Inmobiliario
que, sin mucho esfuerzo, resultó beneficiada con un millón en perjuicio del
patrimonio municipal.
Si en materia de
inmuebles hizo de las suyas la administración de Antonio Astiazarán, en el
concepto de bienes muebles la cosa también motiva al escándalo: hubo faltantes
por más de 4 millones 446 mil pesos.
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