Manuel Quezada Barrón
Chihuahua, Chih.- La Barra Mexicana, Colegio de
Abogados de Chihuahua exigió ayer el esclarecimiento de los 50 asesinatos de
colegas suscitados en los últimos seis años, asimismo, acusan de que las
reformas hechas al Nuevo Sistema de Justicia Penal determinaron el regreso al
régimen anterior y que los juicios orales no han disminuido la impunidad ni
abatido los índices de delincuencia.
En un desplegado, el consejo directivo
presidido por Said Carlos Martínez, dirigido a los titulares de los tres poderes
de la entidad, acusó que hay tardanza para concluir los procedimientos en los
juicios orales y exigieron al Congreso que deje de legislar al vapor en materia
de procuración de justicia.
Los abogados solicitaron una audiencia con los
titulares del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el Congreso del Estado para
plantear “graves problemas que existen en el área de la procuración de justicia
y casos de pobre desempeño, negligencia y hasta abordo de autoridad de algunos
servidores públicos”.
Por lo que hace a la muerte de los abogados,
cuestionaron el que a la fecha no se ha esclarecido ningún asesinato de sus
colegas a pesar de que en reuniones con la extitular de la Procuraduría de
Justicia del Estado en la pasada administración se les dijo que estaban por
esclarecer varios casos.
Pidieron públicamente al fiscal general un informe
al respecto y señalaron que es inadmisible que continúe la impunidad en tales
homicidios.
Respecto al “Nuevo Sistema de Justicia Penal”, indicaron que en
el año 2006 expusieron múltiples observaciones al detectar graves omisiones,
deficiencias e irregularidades en los proyectos de ley. “Lamentablemente la
Legislatura de ese tiempo no atendió nuestras sugerencias. Había demasiada prisa
por aprobar las reformas legales”, señalan los abogados en su desplegado.
A
la fecha se hayan hecho ocho o más grandes reformas al modelo original,
trastocando los principios en que descansaba entre otros el de presunción de
inocencia y de imponer como medida cautelar la prisión preventiva sólo en casos
extremos.
Ejemplificaron el caso de prisión preventiva de Éver García,
presidente municipal de Galeana, por la presunta comisión de delitos no
considerados de alto impacto social, sin que existan datos de que pensara
sustraerse de la justicia por lo que podría dictarse otra medida cautelar que le
permitiera enfrentar el proceso en libertad.
Los abogados indican que sería
muy lamentable que en la determinación de la justicia hubiese fondo político,
pues de ser así significaría la falta de independencia del Poder Judicial del
Estado.
Indicaron también que las aludidas reformas acabaron con la esencia
del nuevo Sistema, pues determinaron el regreso al régimen anterior que tanto se
criticó, por cierto sin fundamento.
Subrayaron que los juicios orales
no han disminuido la impunidad ni abatido los índices de delincuencia, en cambio
se acentuó en múltiples casos la tardanza para concluir los procedimientos, lo
que motivó la última reforma que creó los tribunales unitarios de juicio oral,
cuando los impulsores del nuevo Sistema se ufanaba tanto del establecimiento de
tribunales colegiados.
Los abogados subrayaron su demanda al Congreso del
Estado de que deje de legislar al vapor; antes de turnar a pleno alguna
iniciativa de reforma o creación de nuevas leyes, que consulte por un tiempo
razonable a los colegios de abogados “obviamente las consultas son
gratuitas”.
También pidieron regresar a Chihuahua a los abogados Carlos
Martínez García, Aram Delgado García y Juan Javier Cornejo Páez, trasladados a
Ciudad Juárez y designar a otros juzgadores, los que sean necesarios, para
abatir el rezago que existe en la frontera.
Asimismo, pidieron que la
defensoría pública pase nuevamente al Poder Judicial ya que inexplicablemente el
nuevo Sistema de Justicia Penal, la adscribió con total incongruencia al Poder
Ejecutivo.
Sostuvieron que la defensoría pública debe ser organizada como un
organismo público autónomo afín de garantizar el principio de igualdad de las
partes.
Finalmente la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de Chihuahua
demanda una audiencia con los titulares de los tres poderes del Estado para
tratar los referidos asuntos.
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