FIGUEROA LEE Y EL REGRESO DE LA OUIJA

Ismael Bojórquez

La Procuraduría General de Justicia del Estado invitó. El miércoles, a las 11 de la mañana, habría conferencia de prensa para informar los avances de dos crímenes que han marcado como tatuajes este Gobierno: el de Luis Pérez Hernández, funcionario de alto nivel en los sexenios de Juan Millán Lizárraga y Jesús Aguilar Padilla, operador de Mario López Valdez en su campaña por la gubernatura y asesinado el 25 de enero de 2011, cuando Malova no terminaba de acomodarse en la silla. El otro caso es el del periodista Humberto Millán, asesinado el 25 de agosto de ese mismo año. De los dos casos, la prensa y la sociedad ha estado reclamando avances, que se informe por dónde andan las investigaciones y, sobre todo en el caso del periodista, que se aclare y se castigue el crimen. Pero no hubo ninguna información. Nada se dijo en la mentada conferencia de prensa, que fue al final de cuentas un señuelo engañabobos.  A la mesa llegó José Antonio Figueroa Lee, subprocurador de la zona centro, chupando un dulce, como para distraer el estrés. Somnoliento, se puso a disposición de los reporteros. No llevaba una carpeta, una hoja, nada.  Todo abandonado a la memoria, no se acordó de nada, “no tengo el dato a la mano”, “no lo podemos decir… entorpecería las investigaciones”.  Con ofensiva parsimonia, Figueroa le daba vuelta a las preguntas. Ah, pero se presentó como el nuevo fiscal de esos dos casos.  “Me han dado la encomienda de continuar las investigaciones. Denme tiempo de empaparme de los casos”. La sociedad ya puede dormir tranquila: en Sinaloa se acabó la impunidad. Solo para entretener al optimismo, vale decir que el año pasado se cometieron más de 400 homicidios en el municipio de Culiacán.  Súmense los de Navolato, Angostura, Mocorito y Cosalá. Las averiguaciones previas de todos ellos debieron radicarse en agencias que le corresponden a la subprocuraduría de la zona centro, cuyo titular es Figueroa Lee.  Ahora pregunte el lector cuántos de esos crímenes han sido esclarecidos. Estamos hablando de que hay al menos 600 homicidios de cuyas investigaciones el nuevo fiscal especial es responsable. Y si no ha esclarecido ninguno, entonces preguntémonos cuáles son las credenciales que el procurador Marco Antonio Higuera Gómez tomó en cuenta para asignarle estos, que son los dos crímenes de más alto impacto en lo que va de su gestión. Y si nos vamos a los antecedentes del funcionario, pues la memoria de la institución, es decir, de la Procuraduría, registra casos realmente abominables.  Uno de ellos, el secuestro y crimen del empresario Bernardo Duarte Quintana en 1997, hijo de doña Concepción Quintana, concesionaria entonces de la Chevrolet. Bernardo Duarte, se supo después, fue secuestrado y asesinado por el joven Luis Terrazas Hubard, hijo del también conocido empresario Luis Terrazas, miembro prominente de los círculos adinerados de Culiacán. Pero antes de detener a Luis Terrazas, las pesquizas del entonces fiscal especial del caso, y que nos ocupa ahora, José Antonio Figueroa, lo llevaron a detener a cuatro supuestos autores materiales, entre ellos a una mujer.  Esto ocurrió unos días antes que el entonces gobernador, Renato Vega Alvarado (qepd) presentara su quinto informe de gobierno.  Pero lo más relevante de esta “investigación” no fue que años después tuvieran que liberar y absolver a estas cuatro personas sin ningún cargo, sino el método y las herramientas usadas por los investigadores al mando de Figueroa Lee para dar con estos cuatro “peligrosos” criminales: la ouija. Sí, ese tablero a través del cual los charlatanes dicen que se pueden comunicar con los muertos. Doña Coy Quintana me contó un día la emoción con que el entonces jefe del grupo antisecuestros, don Roberto Robles Rendón (qepd), le dijo que ya había encontrado a los asesinos de su hijo. “Ah —le replicó la empresaria— ¿Y cómo los encontró? “Me lo dijo la ouija”, le respondió Robles Rendón. A esa “científica” investigación se apegó Figueroa Lee para arruinarles la vida a cuatro personas y resolverle de momento un problema de imagen al gobernador.  Meses después sería detenido el asesino, Luis Terrazas, y para enderezar el entuerto, Figueroa Lee intentó relacionarlo con los cuatro que ya tenía en la cárcel bajo la misma acusación. Pero no pudo y años más tarde los cuatro implicados serían “perdonados”. Esas son las verdaderas credenciales de Figueroa Lee, el hombre que ahora viene a “esclarecer” los crímenes de Luis Pérez y Humberto Millán. Sobre los cuales no quiso hablar a pesar de que los reporteros habían sido citados para ofrecerles información. Ya llegarán los chivos expiatorios. Y las ouijas. Bola y cadena PERO SI FIGUEROA LEE no dijo nada, el procurador tampoco. El viernes pasado compareció ante el Congreso del Estado y ni a los diputados, amparado en la ley, quiso decirles los avances (o los retrocesos) que hay en los crímenes de Luis Pérez y Humberto Millán. El diputado del PRD Javier Corvera lo conminó a dar información y el fiscal simplemente dijo, “yo me atengo a lo que dicta la ley”. ¿Qué se esconde? ¿A quién se protege? Desde que fue creado el artículo 19 del Código de Procedimientos Penales en 1994, durante el sexenio de Renato Vega Alvarado, que decreta la secrecía de las averiguaciones previas, los procuradores y sus derivados han optado por esconder su negligencia y hasta sus complicidades. Todos, desde Juan Luis Torres Vega —primer procurador de Vega Alvarado— hasta el que hoy ostenta el título, se escudan en “la ley” para evadir su responsabilidad pública de informarle a la sociedad qué están haciendo. Y entonces si en el caso de Humberto Millán declararon Jesús Vizcarra o Jesús Aguilar Padilla, la gente no lo puede saber. Y menos si han declarado o no Malova y Gerardo Vargas Landeros, con eso de que jalarían a “todos” aquellos con los que Luis y Humberto tenían problemas.