INICIA FUNCIÓN PÚBLICA 4 AUDITORÍAS CONTRA MALOVA: MORGAN

Redacción

La legislación federal es “muy laxa” en casos de malos manejos o actos de corrupción de servidores públicos, pero se han abatido los niveles de impunidad y ahora se castiga a quienes incurran en delitos, afirmó Rafael Morgan Ríos, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), del gobierno federal. El funcionario, originario de esta ciudad capital, estuvo en Culiacán para presentar a Guadalupe Yan como subsecretaria de Control y Auditoría de la Gestión Pública, que antes desempeñaba Morgan, por instrucciones del presidente Felipe Calderón. Dijo que durante esta administración han sido sancionados alrededor de 3 mil 500 servidores públicos, con destitución, inhabilitación, resarcimiento económico o cárcel, de acuerdo con la falta cometida. Destacó que hay años en los que han castigado a unos mil 700. “Al que agarramos lo castigamos, eso se llama cero impunidad, porque la gente tiene la idea de que no hay castigo y creen por eso que lo pueden seguir haciendo, pero nosotros sí estamos castigando estos malos manejos”, señaló. Además, comentó, cuatro empresas han sido inhabilitadas, lo mismo que sus socios, para tener cualquier tipo de relación comercial con las instituciones del gobierno federal. Morgan Ríos señaló que el gobierno de Mario López Valdez, Malova, que tiene apenas un año de ejercicio, están siendo sometido a cuatro auditorías que tienen qué ver con programas en los que se aplican recursos federales en materia de infraestructura, agua potable y otros programas. “Desgraciadamente la ley es muy laxa en cuanto a actos de corrupción de los servidores públicos y se castiga a los empresarios porque no pagan impuestos, pero es diferente el trato respecto a los servidores públicos”, manifestó. Respecto a las supuestas irregularidades encontradas en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) respecto al pago de derecho de vía, que asciende a cerca de mil millones de pesos, Morgan afirmó que las investigaciones avanzan y hay tres servidores públicos consignados, entre ellos un juez del municipio de Mocorito, en Sinaloa, y también hay servidores públicos de los estados de Sonora, Nayarit y otras entidades presuntamente involucrados en el caso, que también están siendo sometidos a pesquisas. Señaló que han cambiado los modelos de investigación, el enfoque de las auditorías y que cada vez se establecen medidas más estrictas y se impulsan reformas legales, “para cerrar los espacios que propician corrupción al interior de la Administración Pública Federal”.