La polarización política
llegó al absurdo, generosamente hablando. Un comando asesinó a 14 personas en
un bar de Minatitlán –incluido un niño de un año- el Viernes Santo, y la arena
pública se llenó de escupitajos. Cierto, el presidente Andrés Manuel López
Obrador contribuyó el Sábado de Gloria con un galimatías donde no habló del
crimen sino flageló con citas bíblicas a quienes lo acusaron de tirano por violar
la Constitución. Pero la tragedia mexicana no comienza ni termina con él.
Minatitlán es la síntesis del colapso de la seguridad que dejó el gobierno del
presidente Enrique Peña Nieto, y la ingenuidad de López Obrador al proclamar el
fin del combate al crimen organizado como vía de la pacificación nacional.
Hace tiempo se perdió el
control en Minatitlán, que quedó en manos de dos cárteles de la droga en pugna.
Y desde hace unos cinco años, los asesinatos en las cantinas de Minatitlán,
Coatzacoalcos y municipios en esa zona, son comunes. Las autoridades federales
trabajan las principales líneas de investigación, que atraviesan los dos
factores señalados. La principal hipótesis detrás de la matanza es el
huachicol. Todos los días, reportan lugareños, hay robos de pipas en la
carretera de Coatzacoalcos-Cosoloacaque, que pasa junto a Minatitlán, que son
desviadas hacia cantinas en la zona del aeropuerto que es donde se encuentran
los depósitos clandestinos huachicoleros.
Las autoridades federales
están investigando la probable acción de miembros del Cártel Jalisco Nueva
Generación, a quienes se les han ido sumando en los últimos tiempos antiguos
asesinos de Los Zetas, con los que hoy se enfrentan en Veracruz. Pero el
fenómeno tiene componentes más graves de lo que la violencia y la lucha por la
plaza en sí mismo significan. La diáspora criminal y el realineamiento de los
cárteles que ha provocado la espiral de violencia galopante en Veracruz, dicen
funcionarios federales, está relacionada con acciones y omisiones en las que
incurrió el aparato de seguridad en el gobierno de Peña Nieto.
Un diagnóstico federal
subraya el relajamiento en las medidas de seguridad en los penales y la falta
de renovación de los equipos de seguridad, que tuvieron como su mejor ejemplo las
condiciones para que Joaquín El Chapo Guzmán escapara de El Altiplano en 2015.
Según la evaluación, esto sucedió dentro de las áreas de beneficios de libertad
del Órgano Administrativo Desconcentrado para Prevención y Readaptación Social,
que dependía de la Secretaría de Gobernación, donde se mantuvo a oscuras a la
PGR cuando un delincuente de alta peligrosidad iba ganando amparos, como
sucedió con Rafael Caro Quintero, uno de los jefes del Cártel de Guadalajara,
antecesor del Cártel de Sinaloa, en 2013.
Las autoridades federales han
encontrado que la falta de reforzamiento de causas penales, particularmente de
miembros de ese cártel llamado hoy Pacífico, y de su brazo armado, el Cártel
Jalisco Nueva Generación, y de Los Zetas, se dio a través de un entramado de
despachos de penalistas, con aparentes conexiones con funcionarios en el
gobierno de Peña Nieto y dentro del Poder Judicial, por lo que las autoridades
revisan la probable participación ilegal de despachos de penalistas con
presuntas vinculaciones con Humberto Castillejos, que fue consejero jurídico
del presidente Peña Nieto, y de una red de secretarios de Acuerdos en los
Circuitos de Jalisco, Estado de México y Tamaulipas.
Lo que se han venido
encontrando es el desmantelamiento del sistema de impartición de justicia
federal, que benefició en Veracruz al Cártel Jalisco Nueva Generación y a zetas
que estaban presos, cuya liberación y posterior incorporación a Cártel del
Pacífico hizo que la violencia se intensificara en ese estado. Varias declaraciones
del presidente López Obrador sobre el Poder Judicial y actos de impunidad,
tienen en esos hallazgos su razón de ser. Pero sus declaraciones en este
sentido son amagos sin acciones concretas. En otro sentido, han sido un bálsamo
para los criminales, y un perdón implícito para los responsables de la
negligencia.
La explicación es que López
Obrador está en una lógica que no es combatir a los cárteles. Desde diciembre
de 2017, antes de la campaña presidencial anunció una amnistía para
narcotraficantes, y aunque la promesa la ha ido matizando, los cárteles
reaccionaron, incluso, buscando el Cártel Jalisco Nueva Generación un acuerdo
con él, del que no se sabe qué curso tomó. En todo caso, ya como presidente,
López Obrador proclamó desde Palacio Nacional en febrero el fin de la guerra
contra el narcotráfico y que cesaría la persecución a los jefes de los
cárteles. Es decir, una amnistía disfrazada porque, razona, los criminales no
son malos del alma, sino que las condiciones económicas los empujaron a ello.
Las cifras históricas de
homicidios dolosos en su gobierno, son la respuesta a lo que aparenta ser una
ingenuidad política. La pregunta es si realmente es inocencia o, como sugieren
en su equipo, pretende regresar al status quo de principio de los 80’s, donde
un cártel domine el país y coadyuve a la pacificación. No obstante, las
condiciones son radicalmente distintas en cuanto a la naturaleza del mercado de
las drogas y la composición de las organizaciones criminales trasnacionales.
Pactar de facto con el Cártel
del Pacífico para que el Cártel Jalisco Nueva Generación y los zetas limpien el
país de narcomenudistas, secuestradores, extorsionadores y asesinos en las
esquinas, no será nunca la solución. Regresar el país a los 80’s en materia de
seguridad es un disparate, y Minatitlán es un recordatorio que su propuesta,
impunidad a los responsables directos del desastre y una política con los
cárteles de dejar hacer y dejar pasar, es inviable y fallido por donde se
vea—como se está viendo.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: rivapa
(EJE CENTRAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ESTRICTAMENTE
PERSONAL/ 22 DE ABRIL DE 2019)
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