La vida en Morelos no vale
nada. Por cinco mil pesos, un joven mató a dos personas, a plena luz del día, a
un costado del Palacio de Gobierno en el centro de Cuernavaca. Era una apuesta
-la muerte o la cárcel como alternativas opuestas- que jugó con la esperanza de
huir. Fracasó en este intento, pero tuvo éxito para subrayar las condiciones de
inseguridad en ese estado, donde el ecosistema de impunidad es parte del
paisaje local. El gobernador Cuauhtémoc Blanco declaró estar muy enojado, en
una reacción emocional. Tampoco hay que sorprenderse. Blanco llegó a la
gubernatura no por su talento político, sino como parte de una manipulación de
políticos para hacerse del poder, aprovechando la popularidad del ex futbolista
por quien se volcaron en las urnas. El desastre de Morelos, en ese sentido, es
una culpa colectiva.
Blanco está gobernando un
estado difícil, al ser parte del corredor del narcotráfico que se extiende de
la Ciudad de México hasta Acapulco, que desde hace una década ha sido un botín
disputado por organizaciones criminales. Las autoridades estatales han
identificado células de cuando menos cinco grupos delincuenciales, de presencia
nacional como el Cártel Jalisco Nueva Generación, y local, como el Comando
Tlahuica, enfocado en el control del sistema de agua potable y el
alcantarillado de Cuernavaca -un negocio de 300 millones de pesos anuales-.
También se encuentran los violentos grupos regionales Los Rojos, Guerreros
Unidos -que tiene una estructura y niveles de operación que permiten
considerarlo como un cártel-, y La Familia Michoacana.
Morelos no era un estado de
criminalidad atomizada, pero la degradación en los sistemas de seguridad y un
gobierno incompetente, dispararon el fenómeno desde octubre de 2018, cuando
Blanco llegó a la gubernatura. Desde entonces, la espiral de inseguridad se
volvió incontenible. Se incrementaron los homicidios dolosos, el robo, los
secuestros y las extorsiones, particularmente en la zona sur del estado, donde
personas que conocen la entidad reportan que los alcaldes son víctimas
preferidas de los criminales, así como los comerciantes a quienes cobran
derecho de piso. Si no pagan, dicen estas personas, balacean e incendian los
locales, o privan de su libertad a los propietarios para asesinarlos como
mensaje de escarmiento para quien desee imitarlos.
Los homicidios dolosos, que
son delitos de alto impacto, crecieron 36% en el primer trimestre de este año,
comparado con el mismo periodo en 2018, y solamente entre diciembre de 2018 y
marzo de 2019, se elevaron 10%, lo que refleja el desbordamiento del crimen
ante la inoperancia gubernamental. Morelos es el sexto estado donde más
crecieron los homicidios dolosos, después de Nuevo León (103.87%), Quintana Roo
(71.79%), Tabasco (69.60%) Sonora (46.05) y Jalisco 45.57. La organización
Semáforo Delictivo llegó a contabilizar uno de estos crímenes cada hora.
La alta incidencia delictiva
supera los máximos alcanzados en el gobierno de Graco Ramírez, que desató
protestas y marchas. Ello, pese a que la cifra negra de delitos es muy elevada.
Según el INEGI, sólo 10 de cada 100 delitos son denunciados, ante la falta de
confianza en las autoridades y las pocas sentencias condenatorias. La mala
gestión de Blanco es el principal factor al que le atribuyen en Morelos la
crisis de seguridad, aunque el gobernador no es quien toma las decisiones de
fondo, sino su jefe de Oficina, José Manuel Sanz, que acompaña a Blanco desde
que era alcalde de Cuernavaca.
Sanz ha sido el arquitecto de
la ruptura de la coordinación entre las corporaciones de seguridad estatal y
municipales, al anular a las alcaldías al imponer un modelo donde el gobierno
del estado concentra todas las funciones de seguridad pública y tránsito,
incluyendo los ingresos derivados de las multas. El resultado ha sido el
desinterés de los alcaldes en cooperar en materia de seguridad o, como es el
caso del presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos, de
enfrentamiento total. Blanco no tiene buena relación con él, a quien considera
cercano al ex gobernador Ramírez, y cuando no pudo impedir que tomara posesión
en enero, cerró la Presidencia Municipal y lo obligó a rendir protesta en la
calle.
Los problemas políticos de
Blanco, que se reflejan en el resto de su gestión y del combate a problemas
como el de la inseguridad, se extienden dentro del gabinete y con sus aliados
políticos. Uno de los choques más significativos es con el fiscal -que asumió en
el gobierno de Ramírez-, Uriel Carmona Gándara, a quien ha buscado destituir,
pero no ha podido negociar su salida con el Congreso local. Esta falta de
respaldo político está asociado con otra disputa en la que se embarcó el
gobernador actual con sus aliados de Morena, y en particular con la presidenta
nacional Yeidckol Polevnsky, con quien se peleó públicamente.
Blanco es uno de los
gobernadores más incompetentes, con problemas de seguridad y gobernabilidad.
Sin embargo, no es el principal culpable del desastre en Morelos. Un partido
local, el Social Demócrata, lo hizo su candidato -reportes en la prensa morelense
hablan que a cambio de siete millones de pesos- para alcanzar el poder. Tras
ganar la alcaldía se pelearon y Blanco fue reclutado por Encuentro Social como
su candidato a gobernador. Ese partido le añadió el apoyo del hoy presidente
Andrés Manuel López Obrador, y en su conflicto con Ramírez, el ex secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, también lo respaldó.
Blanco y Sanz están peleados
con todos, sin encontrar salida a los problemas. La inseguridad los devora, la
ingobernabilidad crece, y los responsables de que sea gobernador guardan
irresponsablemente silencio, mientras Morelos, que no parece importarle a nadie
en la clase política fuera de procesos electorales, se pinta de rojo.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ 10 de mayo de
2019)
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