El 2 de junio, los poblanos
votarán por un nuevo gobernador en una elección extraordinaria. Miguel Barbosa,
que contendió contra la panista Martha Érika Alonso el año pasado y perdió, se
volvió a presentar como candidato tras tener palabras indignas cuando al morir
junto con su esposo Rafael Moreno Valle en un incidente de helicóptero el 24 de
diciembre, en lugar de dar el pésame a sus familiares como dicta la civilidad
republicana, celebró sus muertes como si fuera justicia divina contra la
corrupción. En medio de críticas por su actitud, su segunda candidatura
enfrentó una dura oposición interna y externa. Finalmente la venció, y la
tozudez de la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, para que así fuera,
sólo se explica por la gratitud del presidente Andrés Manuel López Obrador con
aquellos que lo apoyaron contra las adversidades, como hizo Barbosa en el Senado,
cuando representaba al PRD.
Barbosa tiene allanado el
camino legal para la gubernatura, y la fuerza de López Obrador lo ubica en
todas las encuestas como el probable ganador de la elección extraordinaria, con
una ventaja cómoda de más de un dígito de diferencia. La campaña de Barbosa,
como ha sido la del resto de los candidatos, ha carecido de mítines y eventos
masivos, sustituidos por campañas de gabinete donde lucha sus batallas en los
medios de comunicación. Esta peculiar forma de hacer campañas le ha beneficiado
a Barbosa quien, si fuera un político honesto, no debería de estar compitiendo,
por razones diferentes a su comportamiento político. Pero no puede ser
gobernador, como apuntan las evidencias en la opinión pública, y jamás debería
haberlo respaldado López Obrador por un problema serio de salud.
No hay honestidad pública, y
lo impulsa la ambición. El neomorenista asegura que está en plenitud de salud,
aunque cada vez que lo dice, su voz refleja todo lo contrario. Concluir sobre
algo tan subjetivo como la voz de una persona en un diagnóstico empírico de su
salud es absurdo. Sin embargo, su salud es precaria. En 2013, por desatender su
diabetes, estuvo en el umbral de la muerte. No le costó la vida, y su pérdida
se redujo en ese momento al pie derecho, que le amputaron. Pero esa enfermedad
sigue haciendo estragos en su salud.
Esta situación lleva a
considerar la viabilidad de Barbosa de cara a sus electores. ¿Es honesto que un
político quiera un puesto de elección popular cuando su estado de salud
probablemente le impedirá estar con sus facultades plenas para cumplir con el mandato
de las urnas? En este espacio se ha tocado regularmente el estado de salud de
los políticos. Durante la pasada campaña presidencial se habló de la salud de
López Obrador como una variable a considerar por los electores, en el entendido
de que nada de lo que tenía afectaría sus capacidades plenas para gobernar.
Años antes se mencionó la
salud del presidente Enrique Peña Nieto, de la maestra Elba Esther Gordillo, en
sus años de gloria sindical, y de su adversaria, Josefina Vázquez Mota,
entonces secretaria de Educación. En 2003, en este espacio se reveló que el
presidente Vicente Fox tomaba el antidepresivo Prozac. Y cada vez que escribí
sobre el tema, las reacciones fueron negativas. Pero la tesis central del
porqué es un tema de interés público, se mantiene. En 2016, dentro de ese
alegato recurrente, ejemplifiqué:
“El problema de ocultar una
enfermedad a los electores puede llevar a situaciones como las que se vivieron
en Rusia, cuando Boris Yeltsin buscó –con éxito– un segundo mandato y controló
a la prensa para ocultar que tenía cáncer. Yeltsin, afecto también al alcohol,
tuvo momentos difíciles por su comportamiento como jefe de Estado. Por ejemplo,
durante una visita a Suecia, en 1997, tomó una copa de champaña que le generó
un efecto secundario que lo llevó a comparar la cara del tenista Björn Borg con
albóndigas. Por salud, Yeltsin tuvo que renunciar y dejó el cargo en manos de
su primer ministro, Vladimir Putin, por quien no habían votado los rusos”. Este
es el problema de fondo; llegan al poder quienes no fueron electos.
Dos años después de
publicarse el Prozac de Fox, el entonces Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública determinó que el expediente médico de un candidato o un
gobernante, debía mantenerse en privado y no era de interés público. A raíz de
una solicitud de acceso a la información de Proceso en 2009 sobre el expediente
médico del presidente Felipe Calderón tras fracturarse el hombro al caer de una
bicicleta en 2008, la entonces comisionada presidente, Jacqueline Peschard,
afirmó que los servidores públicos estaban protegidos en todos sus niveles. En
una entrevista con el semanario, agregó que “informar a la población sobre la
salud del presidente podría ser importante, siempre y cuando lo permitan las
normas. Si se hiciera de otra manera, advirtió, privilegiando el interés
público sobre el marco legal, estaríamos invadiendo el terreno del derecho
privado”.
Este criterio tiene que ser
revisado, pero es cierto que es un terreno gris donde se cruza lo público con
lo privado. Una forma de avanzar y madurar como sociedad sería que la
divulgación de los expedientes médicos fueran de manera voluntaria, como un
ejercicio de transparencia y responsabilidad ética y política. Siempre ha sido
un tema difícil en sociedades políticas maduras, y será más complejo que avance
en México. El caso de Barbosa, el más extremo en los tiempos de la transición y
la democracia mexicana, es el mejor ejemplo del atraso que tenemos en la
materia. Pero no podemos dejar de luchar contra la opacidad política, cuya
deshonestidad afecta a los electores.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(EJE CENTRAL/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA
PALACIO/ 26 DE ABRIL DE 2019)
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