Los abogados de Óscar Parra Aispuro,
señalado de asesinar a un militar, enfocaron su estrategia en desacreditar la
cadena de custodia, errores procesales, inconsistencia de testimonios. Lograron
desechar la prueba “más contundente” de la Procuraduría, el video donde se
aprecia el momento del crimen
Pese a que la Fiscalía del
Estado obtuvo el auto de vinculación a proceso contra Óscar Parra Aispuro,
presunto responsable del asesinato del elemento castrense, Emanuel Esau Saldaña
Ramos en el puerto de San Felipe, no puede considerarse una victoria completa,
porque una de las principales evidencias del caso fue desechada por el juez
Héctor Cortés Peña, el cual estableció un plazo de tres meses para culminar la
investigación e iniciar el juicio oral.
El hecho se registró el 31 de
diciembre del 2017, día en que Saldaña Ramos fue abatido por proyectiles de un
arma AK47 que accionó un individuo vestido de negro y con gorra; el asesino ni
siquiera tuvo que descender por completo de la unidad en la que se trasladaba,
pues sólo abrió la puerta del piloto, sacó el torso, posicionó su arma encima
de la cabina de su pick up color blanco modelo reciente, y disparó a sangre
fría. Después escapó de la escena del crimen sobre la avenida Mar de Cortés,
casi esquina con calle Acapulco, en dicho puerto.
El caso que la Procuraduría
de Justicia presumía sólido e inquebrantable, sufrió una grieta en la armadura
la tarde del lunes 25 de marzo al término de una maratónica audiencia de 4
días. Y no fue por la abrumadora embestida de testigos –se presentaron 18 de
los más de 25 previstos-, o por la sagacidad de sus defensores –quienes extrañamente
pidieron reservar sus datos personales durante la audiencia, lo que fue
otorgado por el Juez-, sino por lo que el juez consideró un error procesal en
la extracción de los videos de grabación.
Esto fue valorado después de
escuchar al encargado del bar Rockodile, Misael Gutiérrez Cázares, quien fue
ofrecido por la defensa para denunciar que tanto militares como policías
ministeriales ingresaron al inmueble sin autorización y extrajeron las imágenes
captadas por dos cámaras de vigilancia ubicadas al exterior del antro.
Una de ellas capturó el
momento en que –supuestamente- Óscar Parra ultima al militar ante la mirada de
dos testigos de nombres Charles William García y Eduardo Ortega Sandoval, ambos
integrantes del Ejército Mexicano que ese día relajaron sus actividades
profesionales para convivir como amigos en la zona turística del puerto.
Misael aseveró que la
madrugada del 31 de diciembre fue informado sobre el ataque e ingreso de
militares a su negocio alrededor de las 04:00 horas, por lo que de forma
inmediata acudió para explicarse lo ocurrido.
Señaló que se le negó el
ingreso a la oficina pues había elementos de seguridad federal y local, quienes
le sugirieron retirarse hasta que culminaran las diligencias; pasadas las 08:00
horas acudió nuevamente para firmar la liberación del edificio.
La decisión del juez Cortés
fue que la Fiscalía no logró rebatir la declaración del testigo, quien
cuestionó si, además de él, alguna persona encargada podría otorgar el permiso
de ingreso, a lo que dijo que sólo dos familiares, pero –según narró- que
ninguno de ellos se encontraba en el centro nocturno.
Por este argumento, Cortés
Peña desestimó una de las pruebas más sólidas del asesinato, por lo que no podrá
ser utilizada en ninguna instancia procesal, ya que –según el juez- el proceso
de extracción se llevó a cabo de manera ilegal. Por ende, también desechó el
dictamen del perito Jorge Alberto Caloca Quiroz, el cual partía de dicha
evidencia, en el cual establecía que era imposible determinar características
del responsable y del vehículo por la mala calidad del video.
Este fue el único embate de
la defensa que enfocó su estrategia en desacreditar la cadena de custodia, los
errores procesales, inconsistencia de testimonios y en el llenado de actas por
parte de policías municipales y ministeriales, más no la presencia de “El
Parra” en el lugar de los hechos.
De los 18 testimonios y
varias pruebas documentales, muy pocos fueron relevantes, al grado que la Fiscalía
sólo pidió interrogar a 4 testigos ofrecidos por la defensa; dos de ellos
incluso fueron liberados por la defensa, ya que abiertamente contradijeron sus
dichos, lo que exhibió la falta de coordinación de los representantes de “El
Parra”.
Entre los testimonios había
10 agentes de la Policía Ministerial, quienes narraron su trabajo en la escena
del crimen, las entrevistas realizadas a los dos testigos principales y del
cateo ocurrido el primero de enero del 2018, en la vivienda ubicada sobre la
calle 16 de septiembre y Libertadores, en el ejido Plan Nacional Agrario, una
comunidad establecida algunos kilómetros antes del puerto de San Felipe.
En la primera parte
intentaron desacreditar los tiempos de entrega de documentos y llenado de los
mismos, pero las preguntas hicieron
divagar a los testigos y terminaron por no brindar ningún dato de valor.
Otro de los testigos que
generó información relevante fue el de nombre Alberto Calderón Aguilera de 34
años, de oficio mecánico y que brindó una versión diferente a la expuesta por
la Fiscalía de la tarde del primero de enero.
El acta de cateo realizada
por el agente del Ministerio Público, Rafael Orozco Vargas, indica que
alrededor de las 22:00 horas se ingresó al inmueble donde se localizó un
vehículo tipo pick up GMC Sierra Denali, color blanco, con placas de
circulación AP13533 de Baja California, que coincidía con la descripción
referida por testigos y obtenida en el video del bar Rockodile. En su interior
se localizaron documentos de nacimiento a nombre de Óscar Paúl, hijo de “El
Parra”.
Por su parte, el testigo
comentó que llevaba a cabo reparaciones
de un vehículo frente a la casa de “El Parra”, cuando alrededor de las
18:00 horas de ese mismo día, un grupo de militares ingresó a la vivienda de forma
violenta, derrumbando la puerta con un vehículo tipo Hummer, para
posteriormente inspeccionar el domicilio.
No fue hasta 3 o 4 horas
después que arribó el equipo de agentes ministeriales a tomar la escena, lo
que, a juicio de la defensa, es una evidencia del mal procesamiento del cateo.
Sin embargo, los mismos
testimonios ofrecidos por la defensa sobre cómo se llevó a cabo el cateo por
parte de agentes de la Policía Ministerial, terminaron beneficiando a la
Fiscalía, pues el Juez ponderó la declaración de 5 agentes y auxiliares, sobre
la de un testigo.
La audiencia de vinculación a
proceso comenzó la mañana del viernes a las 11:00 horas y culminó el lunes a
las 16:30 horas. Estuvo plagada de recesos de cinco minutos –que se convertían
en media hora- y de regaños por parte del Juez a la defensa, quien cometió
atropello tras otro, desde las preguntas sugestivas –prohibidas en los
interrogatorios-, por querer ingresar evidencia sin proporcionarla a su
contraparte, y hasta porque un miembro del público intentó ayudar con una
respuesta a un testigo, lo cual provocó el desalojo del mismo en la sala.
Incluso, uno de los recesos
solicitados por la defensa fue para “aclarar las ideas”, en torno a la defensa
que llevaba a cabo, lo que fue mal visto por el Juez, quien lo reprendió en
varias ocasiones.
Óscar Parra Aispuro, fue
detenido en septiembre del 2018 por elementos de la Policía Estatal Preventiva
(PEP) durante un operativo realizado en el puerto de San Felipe; la
Procuraduría General de la República (PGR) atrajo el caso, pero fue desechado
por el Juez federal argumentando una detención ilegal.
Sin embargo, a su liberación
fue detenido por policías ministeriales que cumplimentaron la orden de
aprehensión por el delito de homicidio, para después.
En el mismo mes de septiembre
se le vinculó a proceso, pero tras una apelación ante el Tribunal Superior de
Justicia del Estado, se ordenó reponer las audiencias de formulación de
imputación y vinculación.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/ EDUARDO VILLA L/ LUNES, 1 ABRIL, 2019 01:00
PM)
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