Foto: Alejandro Gutiérrez Mora.- María
del Rosario Plascencia, Juez 5t de lo Civil
Durante la suspensión temporal, María
del Rosario Plascencia Ibarra será investigada por su participación en una
adjudicación irregular que el Infonavit realizó en el estado de más de 5 mil
casas
El 25 de marzo, el Consejo de
la Judicatura de Baja California suspendió a María del Rosario Plascencia
Ibarra, jueza Quinto de lo Civil, luego de que la Comisión de Vigilancia y
Disciplina iniciara una indagatoria-queja el 27 de febrero por irregularidades
en el expediente 608/2014 que permitieron al Infonavit adjudicarse 5 mil 204
viviendas en Baja California.
Así lo informó, el presidente
del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, Salvador Juan Ortiz
Morales, quien precisó que el pleno tomó la decisión de suspender por tres
meses a Plascencia Ibarra, con el fin de que en ese lapso se avance en la
investigación que determine su responsabilidad y si se hace acreedora a una
sanción.
“De momento, la servidora
pública está suspendida y al final veremos si tiene responsabilidad o no”,
subrayó el magistrado, quien dijo que “probablemente en tres meses conoceremos
el resultado de la investigación, pero dependerá del desahogo probatorio”, por
lo que no precisó una fecha en la que la indagatoria pueda concluir, mas sí
dijo que en caso de que se exceda de los tres meses, podría ampliarse la
suspensión de la juzgadora.
El también presidente del
Consejo de la Judicatura del Estado abundó que se tomó la decisión de suspender
a Plascencia Ibarra luego de que se le notificó la ratificación de la queja,
una vez que los secretarios de acuerdos y actuarios comparecieron ante la
Comisión de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura.
En esa comparecencia,
celebrada el 20 de marzo, una secretaria de acuerdos señaló que únicamente
participó en el caso con el auto inicial, en el que se rechazó la demanda de
juicio especial hipotecario, promovido por el Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). Mientras que otra firmó los
demás acuerdados dictados por Plascencia Ibarra.
Con lo manifestado tanto por
las secretarias de acuerdo como por los actuarios, el Consejo de la Judicatura
analizará qué acciones hicieron dentro del ámbito de su responsabilidad y si
incurrieron en alguna falta, para proceder de forma similar a como se ha hecho
con la jueza, detalló Ortiz Morales.
Entre las anomalías que se
han observado se encuentra la admisión del proceso de jurisdicción voluntaria,
con el que se le negó la oportunidad de defenderse a los dueños de las
viviendas que se adjudicaron, a pesar de que previamente el Infonavit había
presentado el juicio especial hipotecario; demanda que fue rechazada por la
misma Plascencia Ibarra y su secretaria de acuerdos, Yobana Meléndrez
Meléndrez, al no contener anexadas las 5 mil 204 escrituras, con igual número
de certificados de libertad de gravámenes.
Otra irregularidad es que la
adjudicación a favor del Infonavit se efectuó con escrituras dictadas en la
Notaría 2, de Texcoco, Estado de México, aun cuando eran viviendas ubicadas en
Baja California, sin que la juzgadora notificara sobre ello, pese a que conoció
de ésta por algunas de las demandas de amparo de propietarios que intentaron
revertir la decisión que los despojó de su vivienda.
Además de dar por válido la
Resolución Definitiva de Rescisión del Instituto, con la cláusula “Pacto
Comisorio Expreso” con la que el Infonavit rescindió de forma unilateral los
contratos, sin que el documento mostrara fecha, ni el nombre de los
funcionarios que lo signaron.
Cuestionado sobre cuántos
expedientes más presentan irregularidades similares, Ortiz Morales manifestó:
“de momento es el único”.
En la visita a Tijuana que
hizo Mario Macías Robles, director Sectorial de los Trabajadores del Infonavit
el 22 marzo, el funcionario federal dijo que el Instituto está investigando el
actuar de despachos de cobranza en las adjudicaciones indebidas hechas por la
institución, pero negó que se esté investigando a algún funcionario de la
administración federal pasada o la actual.
Aseguró que el Infonavit ha
suspendido las subastas de casas adjudicadas hasta que no se modifique el
modelo de cobranza y se concluya la revisión de los despachos de cobranza, de
modo que se deje a un lado el incentivo de quitar casas por encontrar una solución para que el trabajador se quede
con la vivienda y pueda seguir pagándola.
“El Infonavit no es una
institución pública, tiene la obligación de recuperar las casas para poder
fondear a todos los que subsidia”, con el recurso de quienes no están
ejerciendo su crédito y que son cerca de 67 millones de trabajadores.
A pregunta expresa de ZETA
sobre las empresas que hicieron anomalías en los procesos de adjudicación de
vivienda, Macías Robles dijo: “Prefiero no contestar porque es parte del sigilo
de la investigación que está haciendo la Fiscalía General; sí lo está haciendo,
se lo aseguro”.
Respecto a la colaboración
que ha tenido el Consejo de la Judicatura Federal con la indagatoria que
efectúa el Infonavit, Ortiz Morales dijo que hasta el momento no ha habido un
acercamiento, pero que más adelante habría un intercambio de información
institucional.
Finalmente, el magistrado
comentó que la Comisión Especial del Congreso de Baja California creada para
indagar la adjudicación indebida del Infonavit del expediente 608/2014 sólo le
pidió información respecto a cómo está actuando el Consejo de la Judicatura:
“De momento nosotros no vamos a intervenir” en la indagatoria del Poder
Legislativo, concluyó.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / JULIETA ARAGÓN/
LUNES, 1 ABRIL, 2019 01:00 PM)
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