ELIZONDO Y DE LA VEGA. ‘Protección
política’.
Un empresario regiomontano
judicializó un caso de fraude a los empresarios locales Héctor Alejandro
Elizondo Macías y Rodolfo de la Vega Valladolid, propietarios de la
desaparecida Compañía Azucarera de Los Mochis, y a José Manuel Arreola Macías,
director jurídico de la empresa.
Javier Paredes, propietario de
la empresa Comercializadora y Procesadora de Productos y Alimentos S.A. de C.V.
(Coppasa) y su equipo jurídico acusó a los mochitenses de un fraude por 6
millones de pesos y un quebranto por 2 mil 500 millones de pesos por el
incumplimiento en la entrega de azúcar refinada desde el 2014 al 2016, pese a
depósitos realizados.
“Contrataron proveer un
volumen fijo de azúcar a la empresa para su exportación, pero no cumplieron.
Desde el principio del acuerdo sabían que no podían cumplir con el acuerdo
comercial porque sus números lo revelaban, pero lo comprometieron, sabemos hoy.
No tenían ni la superficie de caña sembrada ni la producción necesaria para
satisfacer la demanda que se les planteó, pero mantuvieron el contrato”,
explicó el abogado Misael Vázquez Castillo, representante legal de Coppasa,
tras suspenderse la audiencia inicial en la sala A del Juzgado de Primera
Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Norte por inasistencia
de los inculpados.
No obstante, el magistrado
Luis Nicanor Barajas Peregrina resolvió desahogar una audiencia privada con la
fiscal adscrita para analizar dos cajas de documentos que contemplan la
imputación de fraude y quebranto económico. Tras casi tres horas de alegatos,
el juez dictó una orden de aprehensión en contra de los dos empresarios y su
empleado, cayendo estos en calidad de prófugos.
ABOGADOS. Que el fiscal ‘no retrase los
procedimientos’.
Vázquez Castillo reveló que
la orden de aprehensión dictada se emitió para que sea la Policía Ministerial
la que los busque y los presente ante el juez e inicie el procedimiento
judicial en forma.
Consideró que la inasistencia
de Elizondo Macías, De la Vega Valladolid y Arreola Macías es una treta
jurídica para dilatar el desahogo, como ya lo hicieron en la audiencia inicial
cuando justificaron la ausencia con un informe médico: Elizondo por malestar
muscular; De la Vega, arritmia cardíaca y padecimiento coronario, y Arreola,
impedido por salud.
Entonces, el juez otorgó a
los demandantes intervenir las cuentas bancarias de 12 empresas de Elizondo
Macías y De la Vega Valladolid. Entre ellas, Agrocapital del Noroeste,
Tamandaro, Procavilt, y otras.
En esa primera audiencia, la
defensa de los imputados intentó vetar al juez de la causa, acusándolo de
parcial, a lo que el magistrado respondió que no hay argumento para decretarlo
porque no está casado con las causas, las partes le son desconocidas y no le
une parentesco alguno, además de que no eligió el caso. Por ello decretó no ha
lugar la demanda, rechazándola.
A la nueva audiencia
programada arribaron los abogados de los imputados, familiares y amigos, pero
la tercia de indiciados no.
“Están pateando el bote, como
una forma de dilatar los procedimientos porque no tienen el ánimo ni la
voluntad de solucionarlo, pero les advertimos que no se van a detener. Lo más
fácil es llegar a un acuerdo reparatorio, utilizar los mecanismos alternativos
de solución de controversias, pero no quieren. Consideramos que están tanteando
la protección política a la que sus familias están acostumbradas por la
relación con los gobernadores.
“Queremos decirlo al fiscal
general de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, que no es mensajero, sino quien
debe procurar justicia. Queremos que nos traigan y nos sientes aquí a los tres
investigados, no que retrase los procedimientos”, afirmó Vázquez Castillo, en
alusión a la posibilidad de que éste pretenda proteger a los imputados como lo
hizo con el caso de Luis Puente Pérez, de sobra conocido.
Consideró factible solicitar
la colaboración del Ejército o la Marina o de otras instituciones para el
cumplimiento de la orden de aprehensión, si se da el caso de obstrucción por
parte de la Fiscalía de Justicia del Estado de Sinaloa por presión de los
poderes fácticos. “Creo que ese poder ya se les acabó”, dijo.
No obstante, consideró que si
el gobernador Quirino Ordaz Coppel protege a los inculpados para evadir el
juicio podrían utilizar sus relaciones comerciales de exportadores y lanzar una
alerta a inversionistas para que reconsideren aterrizar en Sinaloa flujo de
capital porque no hay certeza jurídica, y se protege al capital con mancha.
Afirmó que los procedimientos
penales se han desahogado como lo marca el procedimiento nacional, por lo que
aún confían en la justicia sinaloense, pese a las dilaciones de la defensa.
Los inculpados Héctor
Alejandro Elizondo Macías, Rodolfo de la Vega Valladolid, propietarios de la
desaparecida Compañía Azucarera de Los Mochis, y José Manuel Arreola Macías,
director jurídico de la empresa no han emitido declaración alguna del caso,
aunque tramitaron un amparo para no ser detenidos.
MONTOS RECLAMADOS
Fraude: 6 MDD
Quebranto: 2 mil 500 MDP
Artículo publicado el 10 de junio de 2018 en la
edición 802 del semanario Ríodoce.
(RIODOCE/ LUIS FERNANDO NÁJERA/LOS MOCHIS EN 12 JUNIO,
2018)
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