Los niveles de impunidad en
el delito de homicidio en México —94.8% o de casos no resueltos— pueden
revertirse, no es una tarea imposible, dijeron expertos en justicia penal y
seguridad.
Pero para ello se necesita
desde romper con la poca o nula independencia de las instituciones, hasta
fortalecer cuestiones operativas de capacitación, investigación y acceso a
recursos.
Para Ernesto López Portillo,
especialista en temas de seguridad y justicia, “las procuradurías y las
policías son brazos políticos que se protegen a sí mismas, que generan
clientelas que pasan por generaciones controlando la propia institución”, es
decir, “son espacios secuestrados por poderes de facto, por grupos de poder que
imponen sus reglas e intereses por encima del mandato legal”.
Especialistas consultados
coinciden en que los siguientes puntos para combatir la impunidad en el país.
Romper con la captura de las
instituciones de seguridad y procuración de justicia.
El nivel de descomposición
mostrado en el reportaje #MatarEnMéxico, dice López Portillo, obliga a romper
con “el monopolio y el control operativo” que se tiene sobre las instituciones.
Ana Laura Magaloni, académica
del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), considera urgente que
se trabaje en la reforma de las procuradurías para darles autonomía real de
actuación y así se puedan enfocar en desarrollar sus técnicas de investigación.
El problema es que en muchos estados aún se prioriza el uso de procuradurías
con fines políticos, económicos o personales.
“Seguimos enfrentándonos con
la idea de que esta institución (la procuraduría) sirve más como una
herramienta de control político, para amenazar a tus enemigos. Para aplicar
selectivamente la ley. Y bueno si seguimos queriendo a las procuradurías para
eso, no nos va a servir para resolver homicidios. Para resolver homicidios
necesitamos que la institución se independice de los intereses económicos y
políticos. No pueden servir al poder y a los ciudadanos a la vez” dice.
Francisco Rivas, director
General del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad,
señaló urgente trabajar en la independencia de las fiscalías, pues existe en el
papel y no en la realidad.
Crear contrapesos eficientes
para las consecuencias del mal y del buen servicio público.
López Portillo explica que
esta tarea implica el rediseño de las reglas formales de rendición de cuentas y
la transformación de las prácticas cotidianas de trabajo. “Tenemos que habilitar
sistemas de consecuencias, sistemas que garanticen las consecuencias para el
buen y mal desempeño. Si no rehabilitamos los contrapesos para las
consecuencias, no saldremos del hoyo”.
Lo contrapesos tendrán que
venir de los tres poderes y de la sociedad civil. Del Congreso, tanto federal
como locales, en cuanto a la generación de leyes y contralorías; del Ejecutivo,
cuyos controles internos no funcionan, menos entre las instituciones que lo
conforman; y del Poder Judicial, contener la tortura, malos tratos, corrupción,
a través de investigaciones y sanciones.
Y el contrapeso quizá más
importante es el de la sociedad civil. López Portillo afirma que la vigilancia
ciudadana no servirá si no tiene poderes legales. En ese sentido recuerda que,
desde el sexenio de Felipe Calderón, la sociedad civil entregó una propuesta de
reforma al Senado en la que se pedía ser auditor externo de las policías
federales y otra para dar voz y voto a los representantes ciudadanos que
integran el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
“Desde Calderón propusimos
incluir ciudadanos con poderes de forzar la rendición de cuentas en el Consejo
Nacional de Seguridad Pública y no lo hemos logrado; desde Caderón propusimos
reformas al Sistema Nacional de Seguridad Pública para que los ciudadanos
tuvieran poderes legales y se negaron”.
“En síntesis, el problema es
un sistema de consecuencias colapsado, la solución es reactivar los sistemas de
consecuencias que aseguren las consecuencias del buen y mal desempeño a través
de sistemas combinados, institucionales y sociales, del propio poder público
con un actor fundamental que debería ser el Congreso y del otro lado con
sociedad civil empoderada con poderes legales”.
En este sentido, Magaloni
considera que una institución independiente también puede generar con claridad
sus propias reglas de operación, servicio de carrera, premios y castigos.
Voluntad para esclarecer el
homicidio, una política de persecución penal orientada a erradicar la
impunidad.
Magaloni y Layda Negrete,
investigadora del World Justice Project y autora del documental Presunto
Culpable, parten de la idea de que se debe buscar esclarecer un homicidio, algo
que, aunque parezca obvio, en la práctica no lo es.
Si bien, explica Magaloni, en
la mayoría de las ocasiones los asesinatos no tienen a un culpable en
flagrancia como pasa muchas veces con un robo, tampoco se trata del delito más
complejo de resolución. En el mundo se han desarrollado experiencias muy
exitosas para esclarecer homicidios.
“El homicidio sí es un delito
que se resuelve en muchas partes del mundo. Hay técnicas reales y efectivas
para recabar evidencia, como sacar hipótesis, etc. Lo que se necesita es
quererlo hacer. México no tendría que ser un país con esta tasa de impunidad.
El homicidio no es el delito más difícil de resolver, si tiene su complejidad,
pero se puede y hay experiencias exitosas. Solo hay que querer hacerlo”, dice
Magaloni.
Negrete subraya que es un
tema de voluntad política que implica reconocer el nivel de crisis en el que
estamos y querer solucionarlo. No plantear acciones “efectistas”, como comprar
un montón de patrullas o lanzar equis operativo, sino construir una política de
corto a largo plazo cuyo objetivo sea reducir la impunidad del homicidio.
Para ello hay que abandonar
ideas como “el solo se matan entre delincuentes” y valorar a las víctimas,
aunque sean de los estratos más bajos.
“Hay que empezar por querer.
Hoy no es una prioridad. Se cree que el problema es solo técnico y que
necesitamos más capacitación, laboratorios y si bien son cosas que faltan esto
pasa porque no hay una condición previa que es querer tener esto. Una solución.
El problema de origen no es técnico sino político. Hay que tener la visión de
atender esto que es una epidemia y que esas es la proporción que hay que darle
y así tratarlo”.
Entender los homicidios, no
solo “resolverlos”.
Layda Negrete opina que
hayque entender los homicidios, Identificar patrones, usar herramientas como la
georreferenciación de los casos para registrar conductas y así poder
prevenirlos.
“Es analizar los homicidios y
el crimen en general con sus patrones y sus contextos, esto es parte de una
solución técnica posterior y para ello hay personas muy talentosas que saben de
esto”, dice Layda Negrete.
Magaloni plantea que se debe
entender por qué se mata la gente y cuáles son los distintos tipos de
homicidio, y así generar también estrategias de prevención.
“Si se hace esto no nos lleva
tanto tiempo darle la vuelta al fenómeno, no es una cosa que haya que esperar
10 años. Una institución sólida con equipos especializados puede arrojar
resultados rápidos en materia de homicidio” dice.
Francisco Rivas señala que
existe un Estado insuficiente en los recursos humanos y materiales para
investigar y solucionar los crímenes; además de insuficientes incentivos,
supervisión, nula carrera ministerial o policía, así como independencia de las
instituciones. Así que la tarea por delante es vastísima. Pero, considera
Rivas, se debe comenzar por transformar la política hacia la prevención más que
hacia la reacción.
Guillermo Zepeda, académico y
director de Jurimetría, así como autor de los informes Impunidad Cero, habla
sobre cuestiones operativas que van desde blindar a las instituciones de la
incursión del crimen, a la capacitación.
1. Proteger y depurar las instituciones.
Zepeda dice que las
instituciones deben ser blindadas de los riesgos externos e internos, es decir,
protegerlas de la incursión del crimen y depurarlas de funcionarios corruptos.
2. Crear modelos de investigación modernos y
equipados.
Es necesario, dice Zepeda, que
las instituciones se doten de equipos, personal capacitado con servicio
profesional de carrera, con modelos y unidades de investigación que permitan ir
eliminando el rezago.
En este sentido coincide la
propuesta de Magaloni sobre desarrollar equipos especializados en homicidios
que atiendan y entiendan el fenómeno
.
La académica del CIDE subraya que las primeras 48 horas de un
homicidio son claves por las pistas que se pueden obtener de la escena del
crimen, por los datos que testigos puedan aportar sobre el hecho antes de que
se les olvide, y por las hipótesis iniciales que rápidamente se logran establecer.
(ANIMAL POLÍTICO/REDACCION/ 22 DE JUNIO 2018)
No hay comentarios:
Publicar un comentario