El 30 de abril último, miembros de El
Barzón irrumpieron en la finca de uno de los integrantes de la familia LeBarón.
Este conflicto social por el agua, que ya escaló al uso de armas de fuego,
amenaza con empeorar porque las autoridades del estado de Chihuahua y del
gobierno federal miran hacia otro lado. Según comuneros inconformes, desde el
gobierno de César Duarte se expidieron en favor de la comunidad menonita
permisos apócrifos para explotar pozos. Pero ésta exige: ¡aporten pruebas!
CIUDAD DDE MÉXICO (Proceso).-
La falta de agua en el noroeste de Chihuahua evidencia la complicidad entre
autoridades, políticos y empresarios que impulsaron la creación ilegal de
pozos, los cuales han sido sobreexplotados, y la conversión de espacios
protegidos en tierras nogaleras y para el cultivo de alfalfa.
De 2012 a la fecha, los
diversos enfrentamientos por el líquido han dejado un saldo de al menos tres
muertos. El choque más reciente fue el ocurrido el 30 de abril último entre
miembros de El Barzón –organización civil en defensa de los derechos humanos, económicos
y ambientales, integrado por personas del campo y de la ciudad– y la familia
mormona de los LeBarón.
En aquella ocasión, según los
barzonistas, decenas de campesinos y habitantes del ejido Constitución llegaron
al rancho de Joel Francisco LeBarón Soto, y de otros cuatro familiares, para
constatar el uso de pozos ilegales y el incremento de nogales sembrados.
Momentos después, los encargados de ese predio los recibieron a balazos.
Los barzonistas reconocieron
que destruyeron nogales e instalaciones para sustraer agua, debido a que la
Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha señalado que por lo menos nueve pozos
de los LeBarón son ilegales.
El fiscal general del estado
de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, dio a conocer que existen dos denuncias
de esos hechos: la primera, interpuesta por El Barzón, y la segunda, por los
LeBarón.
De acuerdo con Peniche
Espejel, la causa de este conflicto social radica en la sobreexplotación de los
mantos acuíferos del río Carmen; él considera que la pugna es un problema que
debe resolver seriamente la federación.
La Conagua, la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa) “tienen que tomar cartas en el asunto, porque
aquí hay cambio de uso de suelo, de tierras que eran agostadero en zonas de
clima intenso y que se está generando una sobreexplotación. Esa región está
vedada. No se pueden abrir más pozos desde 1955”, explica.
Sin embargo, durante el
sexenio del entonces gobernador César Duarte –prófugo de la justicia– se cambió
sin permiso el uso de suelo ganadero, o de agostadero, por uso agrícola. “En el
caso del nogal, es uno de los cultivos que mayor cantidad de agua requiere”,
advierten integrantes de El Barzón.
Además del nogal –denuncian
los campesinos–, los productores de la región noroeste incrementaron el cultivo
de alfalfa, que también requiere de grandes cantidades de agua. De acuerdo con
la Semarnat, ellos exportaron en un año casi 16 mil toneladas a Estados Unidos.
ANOMALÍAS EN LA CONAGUA
El jueves 3, el líder de El
Barzón, Gabino Gómez Escárcega, informó en rueda de prensa que el empresario
Eugenio Baeza Fares ha sido beneficiado con la producción de nogales en esa
región, además de grupos menonitas y de los LeBarón.
Entre los productores de la
región circula la versión de que otro de los beneficiados había sido Martín
Leopoldo Anchondo Ordóñez, ejecutado en 2014 en la ciudad de Chihuahua y
señalado como proveedor de César Duarte (Proceso 2154).
Entre los políticos cercanos
al entonces mandatario de Chihuahua se encuentra Alex LeBarón González, quien
fue diputado local durante el primer trienio de César Duarte; éste, más tarde,
lo impulsó como delegado de la Comisión Nacional del Agua y luego como diputado
federal por el Distrito 7. Actualmente es legislador en San Lázaro.
Como delegado de la Conagua
en Chihuahua, LeBarón González otorgó y firmó 395 cartas para avalar la
electrificación de pozos de diferentes personas (la mayoría, de menonitas),
porque supuestamente estaba en proceso su aprobación.
Sin embargo, el actual
delegado de la Conagua, Kamel Athie Flores, informó que esas cartas son
apócrifas, ya que se trata de una zona de veda. Insistió en que esos pozos son
ilegales.
El barzonista Joaquín Solorio
Solís dio a conocer que Alex LeBarón emitió 395 cartas en sólo 20 horas para el
aprovechamiento del acuífero Santa Clara. Además de los LeBarón, fueron
favorecidos el panista Jorge Luis Issa González, secretario administrativo del
Congreso del Estado, y cuatro de sus familiares: su hermano Miguel Ángel Issa
González, su hijo Jorge Luis Issa Calderón, quien es coordinador administrativo
y de servicios de la Secretaría de Hacienda estatal, Tania Issa Chávez y Juan
José Issa Torres.
Solorio Solís explicó que el
pasado 30 de abril acudieron al predio de los LeBarón porque las autoridades no
han actuado contra la sobreexplotación de pozos ilegales, pese a que realizaron
mesas de análisis y negociación sobre el conflicto, pese a la información que
tienen y a las denuncias interpuestas.
El uso irregular de esos
pozos los deja sin agua para consumo ni para sus parcelas, afirman los del
Barzón. Solorio detalló que la recarga del acuífero que surte a los LeBarón es
de 137 mil millones de metros cúbicos, pero que están concesionados 251 mil
millones de metros cúbicos, por lo que existe una sobreexplotación de 114 mil
millones de metros cúbicos.
De acuerdo con Solorio, el
problema está en que los LeBarón no pueden disponer del agua porque existe un
decreto de veda, “por eso la autoridad (federal) determinó que nueve de los
aprovechamientos detectados no tienen ninguna concesión, sólo una transmisión
de volumen que fue viciada ante la Conagua”.
Mencionó que sospechan que
los LeBarón y los menonitas, entre otros beneficiarios, están arreglados con
autoridades como la Semarnat, la Conagua y la Profepa, porque estas
dependencias federales no han actuado contra la operación de pozos de agua
clandestinos.
Solorio recordó que en
noviembre también ingresaron, junto con autoridades, al predio de Joel LeBarón
y que éste salió a defender a su familia; también se presentó el activista
Julián LeBarón y se comprometieron a dar una solución al conflicto.
El predio de Joel LeBarón y
sus familiares es de 6 mil hectáreas desmontadas y alrededor de 200 hectáreas
plantadas de nogal, aproximadamente, dice.
Joaquín Solorio explicó que
hay otro predio, adelante del rancho de Joel LeBarón, que está en las mismas
condiciones. Se trata del terreno de Eva Hart González, quien al parecer
también está protegida por autoridades.
CLIMA EXTREMO
De acuerdo con un estudio
presentado ante autoridades federales y locales, en 2011 el estado de Chihuahua
sufrió una de las peores sequías de las últimas décadas.
Después de la escasez, hubo
heladas atípicas en febrero de ese año: durante tres días las temperaturas
disminuyeron hasta 17 grados bajo cero, fenómeno climatológico que no ocurría
en el estado en los últimos 80 años, afectando a las cosechas y al ganado.
Así, durante los dos primeros
meses de 2012 los productores de la organización de El Barzón decidieron
realizar acciones para visibilizar la problemática que se estaba viviendo y
acordaron acudir a la Ciudad de México en la denominada “Caravana del hambre”,
consiguiendo que el gobierno federal emitiera un acuerdo para atender los
efectos de la sequía en el norte de México, el cual consistió básicamente en el
reconocimiento de la grave situación causada por los efectos del cambio
climático.
Sin embargo, no sucedió nada
más, las autoridades no actuaron y tres meses después del decreto de Felipe
Calderón, documento que tenía el objetivo de atender los efectos de la sequía,
se detonó el conflicto por el agua en Chihuahua, especialmente en la región de
la cuenca hidrológica del Río del Carmen.
El problema escaló. El 22 de
octubre de 2012 asesinaron a los líderes de El Barzón, al matrimonio compuesto
por Ismael Solorio y Manuela Martha Solís Contreras.
Jorge González, habitante del
ejido Constitución, dijo que ahí existen 900 familias que defienden el recurso
del agua porque no tienen otra forma de sobrevivir, apenas subsisten con lo que
logran cosechar.
Cristina Moncada, del mismo
ejido, mencionó que últimamente se ayudan con lo que les envían sus familiares
que trabajan en Estados Unidos. “Si no no teníamos ni para comer, si nos quitan
lo poquito que tenemos, ¿qué futuro vamos a dejar a nuestros hijos y nietos? ¿A
dónde se van a ir?”, lamenta.
Joaquín Solorio refirió que
hace dos meses el gobernador Javier Corral se reunió con ellos y se
comprometió a acudir a la Ciudad de México con una comisión ante las
autoridades de la Conagua, pero eso no ocurrió. Cuenta que las diferencias
actuales entre ambos gobiernos impiden que se reúnan para resolver el
conflicto. “A nosotros eso no nos interesa, sólo que se aplique la ley de
manera coordinada, porque si no se hace, no se solucionará el conflicto”.
Los LeBarón se defienden
El activista Julián LeBarón,
primo de Joel Francisco LeBarón, uno de los propietarios del rancho que fue
invadido el 30 de abril, informó que interpondrán denuncias penales contra los
barzonistas porque quemaron una bodega, una vivienda, maquinaria, dos pozos y
cerca de 6 mil nogales.
Los daños ascienden a cerca
de 1 millón de pesos, dice. De acuerdo con su relato, cinco días antes del
ataque advirtieron al secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles,
que los barzonistas del ejido Constitución los habían amenazado.
Explicó que los agresores
ingresaron al rancho en camionetas, tiraron árboles y golpearon a la gente que
ahí se encontraba, les quitaron vehículos a los trabajadores para continuar con
el derribo de los nogales.
En entrevista, Julián LeBarón
responsabilizó al gobernador Javier Corral sobre los recientes hechos
violentos, porque no ha atendido el problema. Además, retó a los barzonistas:
“Si son pozos ilegales, que lo prueben. Para eso están las instituciones, pero
nadie tiene derecho a quitar el esfuerzo del prójimo”.
Aceptó que dispararon contra
los campesinos porque invadieron las tierras y con sus vehículos pretendieron
atropellarlos.
El activista mormón calificó
de absurdo que los ejidatarios y barzonistas llevaran niños y a sus familias
para ir a destruir el rancho que ha sido propiedad de su familia por más de 35
años.
Este reportaje se publicó el 6 de mayo de 2018 en la
edición 2166 de la revista Proceso.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ PATRICIA MAYORGA/ 10
MAYO, 2018)
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