Hace unos días, la Jueza Blanca Evelia
Parra, del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal, otorgó un amparo a uno
de los hijos del sentenciado, asesino de Héctor Félix, Jorge Vera Palestina,
para dejar sin efecto una orden de aprehensión dictada en Guadalajara, Jalisco,
por delincuencia organizada contra Jorge Mario Vera Ayala. En 2011, la misma
juzgadora dejó en libertad a Jorge Hank Rhon y sus escoltas que fueron
detenidos por acopio de armas, y en 2012 concedió un amparo a Irasema López,
acusada de narcotráfico y esposa de Carlos Olivas Castillo “La Rana”, señalado
integrante de Los Zetas que puso a la mujer en libertad. Aparte se amparó para
que el Ayuntamiento de Tijuana le regresara el pago del impuesto predial
Varias de las resoluciones de
la Jueza Federal Blanca Evelia Parra Meza, ex titular del Juzgado Noveno de
Distrito y actualmente en el Juzgado Tercero de Amparo en Materia de Juicios
Federales en Tijuana, quien falló un juicio de garantías en favor de Jorge
Mario Vera Ayala contra una orden de aprehensión por delincuencia organizada,
han estado en el centro de la polémica.
Ningún asunto tan controvertido
como la liberación de Jorge Hank Rhon, al que dictó auto de libertad por falta
de elementos para procesar aquel 13 de junio de 2011, días después que el
político y empresario del juego y la apuesta fue detenido en su casa, dentro
del hipódromo, donde fueron localizadas 88 armas de fuego.
La jueza estimó que durante
la etapa de preinstrucción, Hank y sus coacusados lograron acreditar su versión
exculpatoria y decretó su detención como ilegal. Con videos presuntamente
editados que proporcionó la defensa del casinero e inconsistencias en los
horarios, distancias y lugares referidos por los militares aprehensores, Parra
Meza consideró “claras, suficientes y contundentes”, las pruebas para
desvirtuar la denuncia de los hechos.
También se cuestionó el
actuar de la funcionaria judicial, cuando en agosto de 2012 obsequió un amparo
a Irasema López, pareja sentimental de Carlos Oliva Castillo “La Rana”, jefe de
sicarios de Los Zetas y presunto autor material del incendio del Casino Royale
en Monterrey, Nuevo León, donde murieron 52 personas. La mujer, aunque no
estaba involucrada con la tragedia, fue detenida el 13 de octubre de 2011 en
Saltillo, Coahuila, en poder de paquetes de marihuana y armas de fuego de uso
exclusivo del Ejército.
Debido a que Irasema fue
trasladada a finales de diciembre de 2011 al Cereso de La Mesa, en Tijuana, su
defensa presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Noveno de Distrito en
Baja California. La entonces titular, Blanca Evelia Parra concedió el amparo al
considerar que se violó el debido proceso de la inculpada, a quien se le tomó
su declaración preparatoria hasta el 16 de enero de 2012.
El fallo facultaba la
excarcelación de la presunta narcotraficante.
Otro asunto denunciado en
este Semanario a principios de 2017, fue el sobreseimiento de un juicio de
amparo promovido por los dueños de una considerable porción de terreno en la
zona conocida como El Monumento, despojada por autoridades municipales de
Tijuana y el “Fideicomiso Promotora Municipal Tijuana”. La jueza estableció que
los actos de privación del derecho de propiedad y posesión de predios señalados
por el quejoso, no existían, pese a las pruebas que se ofertaron para
acreditarlos.
El afectado aseguró que si
bien la impartidora de justicia no puso en duda la propiedad de los predios a
su favor, por todas las documentales exhibidas que así lo acreditaban, sí
consideró que no comprobó que el Fideicomiso se encontrara en posesión de los
mismos. El quejoso interpuso el recurso de revisión y en el Quinto Tribunal
Colegiado del Décimo Quinto Circuito, los magistrados le dieron la razón y
revocaron la resolución de Parra Meza para concederle el amparo.
“Las pruebas allegadas al
juicio de amparo desvirtúan la negativa de actos vertida por las autoridades
responsables y acreditan que la titularidad de los derechos reales sobre el
predio en cuestión, corresponde al quejoso. Asimismo se evidencia que las
responsables se encuentran realizando actividades de urbanización y
lotificación, sin título que respalde tales actos ni consentimiento del
accionante, por lo que se pone de manifiesto la vulneración en la esfera
constitucional del quejoso. El fideicomiso señalado como autoridad responsable
sí es tal para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5,
fracción II de la Ley de la materia”, resolvieron los magistrados. Todo lo
contrario a la jueza.
La misma Blanca Evelia Parra
se convirtió en usuaria de la justicia federal en febrero de 2016, cuando
solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión para luchar
jurídicamente contra las autoridades municipales de Tijuana, por lo que
consideró como un cobro excesivo del impuesto predial y reclamó la devolución
del dinero que ya había pagado.
Su colega, Juez Quinto de
Distrito en el Estado de Baja California, le favoreció en la sentencia y
concedió el amparo a la jueza para que la comuna tijuanense le devolviera la
cantidad de nueve mil 125 pesos, dinero que había desembolsado como pago de
predial de unos terrenos en el Fraccionamiento Compuertas, con un valor de casi
un millón de pesos (999 mil 997, en 2009) con una superficie de 872 metros
cuadrados.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INVESTIGACIONES
ZETA /LUNES, 23 ABRIL, 2018 12:00 PM)
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