El
juez consideró fundada la solicitud de amparo que reclamaba “[…] que la
autoridad ministerial, en la integración, ha omitido realizar una investigación
efectiva y eficaz de los mismos, así como de la orden militaren la que se
establece el abatimiento de civiles en horas de obscuridad, dirigida a la base
de operaciones a la que pertenecían los militares involucrados, al igual que lo
relativo a la cadena de mando y unificar la investigación”.
Ahora
la dependencia federal podría presentar un recurso de revisión, de hacerlo “la
PGR estaría expresando una clara reticencia a esclarecer los hechos ocurridos
en Tlatlaya”, dijo al medio español Gabriela Carreón, una de las abogadas de la
testigo de la matanza.
Autoridades
cometieron al menos 19 alteraciones en las víctimas de Tlatlaya, revela ONG
Ciudad
de México, 15 de agosto (SinEmbargo).– Un juez ordenó que la Procuraduría
General de la República (PGR) investigue
a fondo la matanza de Tlatlaya, Edomex, y que la indagatoria llegue a mandos
militares, dio a conocer este día el diario El País.
Un
juez de la Ciudad de México amparó a Clara Gómez, una testigo de la muerte de
los 22 civiles ocurrida el 30 de junio 2014, supuestamente a manos de
militares.
La
resolución a favor de la mujer ocurrió el pasado 31 de julio.
El
juez consideró fundada la solicitud de amparo que reclamaba “[…] que la
autoridad ministerial, en la integración, ha omitido realizar una investigación
efectiva y eficaz de los mismos, así como de la orden militaren la que se
establece el abatimiento de civiles en horas de obscuridad, dirigida a la base
de operaciones a la que pertenecían los militares involucrados, al igual que lo
relativo a la cadena demando y unificar la investigación”, según dice el
documento publicado por el medio español.
Ahora
la dependencia federal podría presentar un recurso de revisión, resalta la nota
firmada por Pablo Ferri.
“De
presentar el recurso […], la PGR estaría expresando una clara reticencia a
esclarecer los hechos ocurridos en Tlatlaya”, dijo al medio español Gabriela
Carreón, una de las abogadas de la testigo.
“El
juez señala dos puntos cruciales del caso, la responsabilidad de la cadena de
mando y un oficio, divulgado un año después de lo ocurrido, que mostraba la
sorprendente ligereza de los mandos militares respecto al uso de las armas de
fuego”, destaca el medio.
En
este último tema se hace alusión al oficio militar enviado a la base de los
soldados implicado en el caso y en la que textualmente decía que “las tropas
deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad, con
el fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.
El
juez solicitó a la PGR consideró que también “se tiene acreditado la omisión de
investigar respecto a la orden consistente en el abatimiento en horas de
oscuridad”.
“La
masacre en Tlatlaya es un referente lamentable de la decadencia de nuestro
país”: AMLO
TRES AÑOS DE “IMPUNIDAD”
El
pasado mes de junio, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
alertó que en los cuerpos de las víctimas se presentaron al menos 19
alteraciones, además reclamó que a tres años de los hechos aún prevaleciera la
“impunidad”.
La
organización señaló 3 elementos importantes:
“Un
primer aspecto a señalar en esta falta de diligencia es que no se ha
esclarecido ni siquiera el número de víctimas. En mayo de 2016, el Sexto
Tribunal Unitario del Segundo Circuito revocó el auto de formal prisión contra
los tres soldados acusados de homicidio calificado al considerar que se
requerían más pruebas para acreditar su responsabilidad, sin que la PGR haya
hecho mayores esfuerzos hasta ahora por perfeccionar la indagatoria. La
resolución del tribunal no significa una exoneración, pero a pesar de los
ofrecimientos de pruebas y propuestas de diligencias por parte de la
coadyuvancia, no existe en el expediente un avance sustancial”.
“En
segundo lugar, la alteración de la escena del crimen -que la CNDH advirtió que
ocurrió “al grado tal que algunos cadáveres fueron movidos y fueron colocadas
armas en todos los cuerpos que yacían muertos en el suelo”- tampoco ha sido
esclarecida ni las responsabilidades por este encubrimiento señaladas, a pesar
de que existen elementos de prueba como el oficio CNDH/CGSRAJ/USR/2648/2016 de
29 de noviembre de 2016, mediante el cual la CNDH ofreció a la PGR como prueba
imágenes fotográficas provenientes del portal Aristegui Noticias. La propia
defensa de Clara Gómez identificó al menos 19 alteraciones en los cuerpos de
las víctimas al cotejar las fotografías contenidas en el expediente de la causa
penal militar 338/2014, radicada en el Juzgado Sexto Militar, y las que se
encuentran en el expediente de CNDH”.
“Como
tercer elemento se suma la falta de acciones para investigar la orden de abatir
delincuentes en horas de oscuridad, revelada por el Centro Prodh hace ya dos
años. Inmediatamente después de la develación de esta orden militar que
incentiva la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, Clara Gómez
y el Centro Prodh ofrecieron una serie de pruebas a fin de deslindar
responsabilidades en razón de la cadena de mando, con señalamientos concretos
de qué funcionarios deberían citarse a declarar; y determinar el origen de la
misma. Veinticuatro meses después, la PGR, dentro de la Averiguación Previa
PGR/SDHPDSC/DGASRCMDH/DDMDH/CNDH-1/298/2014, no ha llamado a declarar a los
mandos relacionados con la Orden de Relevo citada, con excepción del Teniente
Coronel de Infantería Sandro Díaz Rodríguez, quien afirmó que el documento es
un “machote” y que existen otras órdenes con las mismas instrucciones. De ser
cierta esta afirmación, el Ministerio Público de la Federación debería
identificar la identidad del autor de dicho “machote” o del mando que debió
supervisar tales órdenes”.
Seis
de 7 militares son absueltos por caso Tlatlaya; sólo hay uno preso, y es por
“desobediencia”
(SIN EMBARGO/ REDACCIÓN / AGOSTO 15,
2017, 2:00 PM)
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