Foto: Armando Monroy/Cuartoscuro.com
Los procesos contra Dámaso López
Serrano, la ex diputada de Sinaloa, Lucero Guadalupe Sánchez López y Nahúm
Abraham Sicairos Montalvo “El Quinceañero” en Estados Unidos, prometen arrojar
luz sobre el trabajo interno del Cártel de Sinaloa, organización que se ha
convertido en blanco principal del gobierno norteamericano
Para el Departamento de
Justicia de Estados Unidos, Dámaso López Serrano “El Mini Lic”, es el capo más
importante que se ha entregado a las autoridades. De ahí que el fiscal general
de ese país, Jeff Sessions, enviara un mensaje a los líderes de cárteles:
“Pueden entregarse por las buenas, o vamos a encontrarlos y llevarlos a la
justicia por las malas”.
López Serrano se presentó en
audiencia inicial en la Corte Federal de San Diego, California, el lunes 7 de
agosto, luego que el 27 de julio se entregara a la Agencia Antidrogas (DEA, por
sus siglas en inglés) en la frontera de Calexico, California.
Aunque al momento de su
entrega ya contaba con cargos en su contra, éstos fueron revelados hasta el día
de la audiencia.
Junto a Nahúm Abraham
Sicairos Montalvo “El Quinceañero” y cuatro cómplices más, al hijo de Dámaso
López Núñez “El Licenciado” se le acusa de asociación delictuosa para importar
y distribuir metanfetaminas, heroína y cocaína, así como lavado de dinero.
Frente al magistrado Dana M.
Sabraw, quien ha sido juez en casos como el de Rodrigo Aréchiga Gamboa “El
Chino Ántrax”, brazo armado de “El Licenciado” y “El Mini Lic”, López Serrano
rechazó su derecho a solicitar fianza y prefirió mantenerse encarcelado.
Continuará, por lo menos
hasta el 2 de noviembre, cuando es su próxima audiencia, en la Correccional
Metropolitana de San Diego, la misma donde se encuentra Lucero Guadalupe
Sánchez López “La Chapodiputada”.
Sin embargo, no es el único
proceso que enfrenta en la Unión Americana. De acuerdo con el Departamento de
Justicia, existe otra acusación en su contra en el Distrito del Este de
Virginia, en la cual se encuentra señalado también su padre, Dámaso López
Núñez.
Damaso López Serrano, “El Mini Lic”
“El Licenciado” fue detenido
el 2 de mayo en la Ciudad de México. Actualmente está recluido en la prisión
federal de Chihuahua, pero el gobierno estadounidense ya inició los trámites
para solicitar su extradición.
Información dada a conocer
por la Fiscalía del Distrito Sur de California, indica que una vez que haya
concluido el proceso penal contra el “Mini Lic” en San Diego, será trasladado a
Virginia para que libre dicho proceso.
“EL QUINCEAÑERO” Y “EL MINI LIC” SE REENCONTRARÁN EN
LA CORTE
Cuatro días después de la
entrega de “El Mini Lic”, su operador financiero Nahúm Abraham Sicairos
Montalvo “El Quinceañero” fue aprehendido en un operativo en el Estado de
México el 31 de julio.
El motivo de la detención fue
una orden de extradición solicitada por Estados Unidos a partir de una
acusación por conspiración para narcotráfico radicada en el Distrito Sur de
California.
La acusación contra ambos
detenidos, junto con tres personas no identificadas todavía, fue presentada por
la Fiscalía del Distrito Sur de California ante un gran jurado, el cual
ratificó los cargos el 19 de agosto de 2016.
De ser encontrados culpables
de distribución de drogas, tanto “El Mini Lic” como “El Quinceañero” podrían
recibir sentencias de diez años hasta cadena perpetua, así como una multa de 10
millones de dólares. Las mismas penas aplican para el delito de importación de
drogas.
La acusación presentada ante
la Corte, también indica que si son encontrados culpables, los acusados deberán
hacer entrega de todos sus fondos, bienes materiales e inmuebles al Gobierno
Federal de Estados Unidos.
Dentro del documento, también
se acusa a personas aún sin identificar, de cargos adicionales por “transportar
y transferir instrumentos monetarios y fondos” producto de una actividad
ilícita, es decir, lavado de dinero.
IBAN POR “EL MAYO”
La Fiscalía del Distrito Sur
de California indicó que esta investigación inició a finales de 2011 como un
caso de narcomenudeo en National City y Chula Vista, dos ciudades dentro del
Condado de San Diego, muy cercanas a la frontera con Tijuana y con una numerosa
población de origen mexicano.
Conforme los investigadores
locales avanzaron en la documentación del modo de operación de la célula,
encontraron que las drogas eran surtidas por el Cártel de Sinaloa. Por este
motivo, el caso evolucionó a una investigación multi estatal y federal que
logró el decomiso de 1.3 toneladas de metanfetaminas, 2.2 toneladas de cocaína,
17.2 toneladas de marihuana y 95 kilogramos de heroína, así como varios
arrestos y el aseguramiento de más de 27 millones de dólares, producto de la
venta de droga.
En la acusación inicial
derivada de este caso, la fiscalía logró cargos contra una de las cabezas del
Cártel de Sinaloa, Ismael Zambada García “El Mayo” y dos de sus cuatro hijos,
Ismael Zambada Sicairos “Mayito Flaco” e Ismael Zambada Imperial “Mayito
Gordo”.
Ismael Zambada Imperial fue
detenido en noviembre de 2014 y se encuentra en espera de ser extraditado a
California para enfrentar los cargos que se le imputan.
También como acusado aparece
Iván Archivaldo Guzmán Salazar “Chapito”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.
Mientras que otro hijo de “El Mayo”, Serafín Zambada Ortiz, también fue
detenido como parte de esta operación y, tras declararse culpable de
narcotráfico en septiembre de 2014, aún aguarda ser sentenciado.
Lo mismo ocurre con José
Rodrigo Aréchiga Gamboa “El Chino Ántrax”, detenido en Holanda y extraditado a
Estados Unidos en julio de 2014. Al igual que Serafín, “El Chino Ántrax” se
declaró culpable de narcotráfico en mayo de 2015 y hasta el momento no ha recibido
sentencia.
Tanto Serafín Zambada como
“El Chino Ántrax” han visto retrasos de años en sus casos, sus audiencias de
sentencia son aplazadas durante meses.
La detención de “El Mini Lic”
es una de las 125 aprehensiones logradas a partir de esta investigación que,
asegura la fiscalía, “ha tenido un significativo impacto en las operaciones
alrededor del mundo del Cártel de Sinaloa”.
También afirma que este caso
ofreció una de las miradas más reveladoras sobre el trabajo interno de la
organización sostenida de más de 250 intervenciones de comunicaciones, con la
intervención de numerosas agencias de seguridad en múltiples y la participación
de varias jurisdicciones federales.
“CHAPODIPUTADA” QUIERE QUEDARSE EN SAN DIEGO
Después de una audiencia de más
de una hora con un receso, el juez Andrew G. Schopler decidió aplazar su
decisión sobre el traslado de la ex diputada panista Lucero Guadalupe Sánchez
López -enfrenta cargos por asociación delictuosa para narcotráfico- a
Washington, D.C.
Lucero Guadalupe Sánchez López
Cuando la ex legisladora fue
detenida en el puente Cross Border Express, un cruce fronterizo que conecta al
Aeropuerto de Tijuana con San Diego, California, por agentes migratorios
estadounidenses, se encontraba mencionada en investigaciones del Cártel de Sinaloa
y, por lo tanto, su visa estaba cancelada.
Fue arrestada el 21 de junio
del presente año, y al día siguiente se presentó en la Corte de San Diego,
California, donde le fueron informados los cargos por asociación delictuosa
para la distribución de cocaína que le fueron fincados en la Fiscalía del
Distrito Sur de California.
Sin embargo, el 5 de julio,
estos cargos fueron transferidos al Distrito de Columbia por decisión del
Departamento de Justicia y, por lo tanto, en California le fueron retirados los
cargos y se inició un proceso judicial para su traslado.
Joshua Mellor, fiscal a cargo
del caso, explicó en audiencia celebrada el 8 de agosto que la Fiscalía de
Columbia fincó los cargos porque cuentan con los fiscales que llevaron la
investigación, testigos adicionales y evidencia.
Se trataba de una audiencia
breve en la que el juez solo debía determinar si Lucero Guadalupe Sánchez López
era la misma persona acusada en Columbia y entonces ordenar su traslado.
Sin embargo, la ex diputada y
presunta novia de “El Chapo” pidió a su abogado, el defensor público Joshua
Jones, alegar la petición para así permanecer en San Diego.
Los motivos para que la
sinaloense permanezca en esta frontera y no sea trasladada a Washington, no han
sido del todo claros en tribunales. Su defensa insiste en que trasladarla la
alejaría de sus familiares, a pesar de que no se les ha visto en ninguna
audiencia, pero la fiscalía argumenta que la mujer no cuenta con vínculos en
California, por lo que resulta igual que sea juzgada en Washington.
Fue entonces que el caso cayó
en controversias de interpretación. El fiscal Mellor refirió que el principio
por el que debía ser transferida a Columbia es porque en esa jurisdicción se
presentaron los cargos en su contra.
No obstante, para la defensa,
la Ley se debe seguir literal. De acuerdo con la Quinta Regla del Código Penal
de Estados Unidos, una persona debe ser procesada en el distrito en el que
cometió el delito.
Una vez que el fiscal refirió
esta regla como el argumento para que ex diputada sea trasladada al sustituir
el término de “cometer el delito” por “donde se presentan los cargos”, el
abogado defensor aseguró que la Ley no aplica porque los delitos fueron
presuntamente cometidos en México.
Para el juez, ninguno de los
dos argumentos logró convencerlo, pero sí lo hicieron dudar de que él sea la
autoridad correspondiente para decidir si la “Chapodiputada” debe ser juzgada
en San Diego o en Washington.
Por ello, solicitó a ambas
partes presentar antecedentes de casos judiciales similares, los cuales serán
entregados hoy viernes 11 de agosto para que el martes 15, el juez Schopler
llegué a una determinación sobre el destino de la acusada.
Durante la discusión en la
Corte, el juez cuestionó al fiscal si existían otros coacusados que estuvieran
bajo proceso en Virginia, pero el representante de la Fiscalía se negó a
responder en audiencia abierta y solicitó informarle en privado.
Sin embargo, la insistencia
del Departamento de Justicia por lograr el traslado de la “Chapodiputada”,
apodo que se le dio cuando la mujer acudió a visitar a “El Chapo” en el penal
Altiplano, meses antes de su escape en 2015, puede estar basada en la
información que la acusada tiene sobre el Cártel de Sinaloa.
Según la acusación en su
contra, Sánchez López tenía comunicación directa con Guzmán Loera y presumió su
relación sentimental con él a un informante de Estados Unidos.
GOBIERNO DE TRUMP VS. CÁRTEL DE SINALOA
El inicio del proceso penal
de “El Mini Lic” representó una oportunidad para la administración de Donald
Trump, que inició un día después de la extradición de “El Chapo” a Nueva York,
para abordar en discursos la lucha contra el narco en México.
“Continuaremos yendo por
estos líderes de cárteles para así desmantelar sus organizaciones de principio
a fin. En un momento en el que más americanos están muriendo de sobredosis que
nunca, el Departamento de Justicia ha hecho una prioridad atacar a los líderes
de los cárteles mexicanos responsables de estas peligrosas drogas que envenenan
a nuestras familias”, declaró el fiscal general Jeff Sessions en un comunicado
de prensa.
Sessions es uno de los
miembros del gabinete de Trump más cercanos al Presidente. Meses atrás, en su
visita a la frontera de San Diego, frente al muro, repitió su discurso sobre
los criminales mexicanos que cruzan a Estados Unidos para delinquir.
A pesar de que las
investigaciones que llevaron a estas capturas se iniciaron mucho antes de que
el republicano ocupara la Casa Blanca, éste ha encontrado con las recientes
capturas de miembros del Cártel de Sinaloa, un blanco más para su gobierno.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / INÉS GARCÍA RAMOS
/LUNES, 14 AGOSTO, 2017 12:00 PM)
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