El
Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, “El Bronco”, tiene la lengua muy
larga y la congruencia muy corta. Esta semana anunció que demandará a los
principales medios de comunicación de su estado porque dicen mentiras y nadie
les ha puesto un alto, afianzando en la ética pública su desafío. Al mismo
tiempo, sigue mascando el chicloso podrido de su fiscal anticorrupción, Ernesto
Canales, acusado de fraude en la Ciudad de México, y quien pese a ir perdiendo
en todas las instancias judiciales su alegato de inocencia, lo mantiene en el
cargo. Hace mucho tiempo Canales debió haber renunciado –en aras de la ética
institucional-, o el Gobernador haberlo despedido, porque un presunto
delincuente no puede ser el responsable de perseguir delincuentes. La doble
moral de “El Bronco”, que se presenta como justiciero, es de antología.
Canales
se encuentra en un pantano legal. Entre más se mueve, más se hunde. El 26 de
marzo de 2012 fue acusado, junto con un viejo asociado, César Gerardo García
Méndez, en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. La
demanda, interpuesta por los abogados de Paula Cusi, viuda de Emilio Azcárraga
Milmo, señalaba que los abogados “se apoderaron y dispusieron en su beneficio”
de los seis millones de dólares pagados por Televisa, como compensación por la
venta de sus acciones a Emilio Azcárraga Jean, “obteniendo un lucro indebido y
generado un detrimento patrimonial” a su cliente. Canales lo ha negado siempre,
aunque a través de denuncias periodísticas ha sido forzado a aceptar que existe
el litigio en su contra.
A
principio de este año, el caso tomó otra velocidad, cuando salió el pliego de
consignación de la orden de aprehensión contra García Méndez, por el delito de
administración fraudulenta, en violación al artículo 234 del Código Penal por
haber realizado operaciones perjudiciales al patrimonio de Paula Cusi, en
beneficio de un tercero; en este caso, él y su ex socio Canales, a quienes
contrató para que resolvieran una disputa con Televisa. Por razones
inexplicables, en el pliego de consignación del agente del Ministerio Público
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal el 17 de febrero,
Canales, presunto responsable de los mismos delitos, salvó una acción judicial
en su contra.
La
extraña actitud jurídica de las autoridades capitalinas, sólo se podían
entender en un contexto político, para que el Gobierno de la Ciudad de México
no se enfrentara con “El Bronco”, quien creían, lo defendería. Sin embargo, en
los últimos días cambiaron las cosas. Para evitar que siguiera el camino de
García Méndez, Canales promovió un amparo en contra de la Procuraduría General
de Justicia de la Ciudad de México por la negativa de determinar el no
ejercicio de la acción penal. Es decir, que cerraran su caso exonerándolo de
cualquier delito. No le funcionó. El amparo solicitado fue negado, con lo que
el proceso judicial en su contra continúa.
El
fiscal anticorrupción de Nuevo León utilizó argucias y mañas para ganar tiempo
y buscar nuevas defensas contra las autoridades. Una de ellas fue no
presentarse a la comparecencia para ir desahogando las pruebas –donde podía
haber apuntalado su defensa-, y cuando lo apercibieron, dijo que nunca había
recibido el citatorio. El Ministerio Público ya le giró otro nuevo citatorio,
enviado por correo certificado. La fecha para que comparezca ante las
autoridades es el próximo 10 de julio, en calidad de “probable responsable” del
delito de fraude. El documento en el que se sostiene la presunta
responsabilidad de Canales, está firmado el 28 de abril de 2011, donde la
señora Cusi cedía “todos y cada uno de sus derechos” de la sucesión de “El
Tigre” Azcárraga Milmo, a su hijo Emilio Azcárraga Jean, a cambio de una
contraprestación, que Canales no le informó que se había acordado, de seis
millones de dólares, a cambio de desistirse de acciones legales para mantener
el 16.6 por ciento de la empresa que le fue heredado por “El Tigre”. Este
documento, llamado Carta de Instrucción, fue firmado por Canales y García
Méndez con el representante de Televisa, Alejandro Bustos.
En
ese documento solicitaban a Televisa determinar la forma como realizaría el
pago compensatorio mediante dos opciones: 1) Un depósito a la cuenta de Summer
Stream, C.V., por la vía de Abdadi&Co, Securities Ltd, en el banco Standard
Bank Plc., en Londres, por tres millones de dólares. Y, 2) mediante la
contratación que llevara a cabo Televisa de los servicios de mercadotecnia de
la empresa Summer Stream, C.V., por otros tres millones de dólares. El
representante de las empresas era Canales.
Canales
afirmó ante el Ministerio Público que la señora Cusi estuvo informada de todas
sus acciones, y presentó como prueba una carta que le envió el 21 de octubre de
2011, en donde detalló la negociación con los abogados de Televisa y el pago de
los seis millones de dólares que aplicó, “conforme a tus instrucciones, al pago
de los honorarios de los distintos profesionistas que intervinieron tanto en la
acción civil como en la penal, así como en la restitución de diversas
cantidades pagadas por mí en tu nombre durante los procedimientos”.
Esa
carta sí lo deslindaba de cualquier delito, pero hubo un problema: nunca se la
entregó a la señora Cusi. Su ex socio García Méndez ya está pagando por el
fraude. Canales sigue peleando para no ir a la cárcel. ¿”El Bronco”? Bien
gracias, y mirando para otro lado.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter:
@rivapa
(NOROESTE/
ESTRICTAMENTE PERSONAL/ Raymundo Riva Palacio/ 30/06/2017 | 01:00 AM)
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