SE DESMORONA POLICÍA MUNICIPAL DE ENSENADA

FOTOS: Enrique Botello

Del universo de agentes para las 22 delegaciones, así como de la corporación central, casi el 40 por ciento no está en activo, debido a que realizan actividades de custodia o asesoría, están incapacitados por lesiones en enfrentamientos y en labores administrativas. Por lo menos uno huyó a EU, y otros están o separados del cargo o bajo investigación

Elementos de la Policía Municipal de Ensenada realizan labores de seguridad que le corresponden al Estado o a la Federación y, en el transcurso, una docena de agentes se han enfrentado a balazos con bandas del crimen organizado, dejando como resultado la baja de un comandante delegacional, dos lesionados con arma de fuego y otro agente que por temor huyó a Estados Unidos.

La “guerra” contra el narcotráfico en la localidad ha dejado secuelas en la corporación municipal, donde de por sí había una fuerte crisis de efectivos, debido a que los anteriores gobiernos no convocaron a la academia por la falta de recursos económicos para contratar.

De los tres policías atacados en la carretera Cataviña-El Rosario, el comandante de la delegación de El Mármol, Enrique Echavarría Solís, murió; Ulises Gervacio Ceballos Alvarado fue baleado y se fugó del Hospital General de Ensenada, al parecer hacia la Unión Americana; mientras que Galhed Hazen se sigue recuperando de heridas de bala.

Pero la corporación se sigue desmoronando. La síndico procuradora Karina Castrejón Bañuelos informó que desde el inicio de la administración de Marco Novelo Osuna, de los 876 municipales en la nómina, a diez se les inició un procedimiento por reprobar Exámenes de Control y Confianza, seis fueron suspendidos, de los cuales tres recurrieron a un amparo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para evitar la separación definitiva.

El procedimiento de despido se dio por incumplir el Artículo 117 apartado B de la Ley de Seguridad, “son requisitos de ingreso y permanencia en las Instituciones Policiales, los siguientes: b) Aprobar los procesos de control y confianza”.

En cinco meses se han recibido 110 quejas de faltas por servidores públicos, de los cuales 12 se consideran graves y, en uno de esos casos, Sindicatura ejecutó un arresto. El resto sigue en investigación.

Según el cálculo, del universo de agentes en las 22 delegaciones, así como de la corporación central, alrededor de un 40 por ciento no está en activo porque se encuentran comisionados a distintas actividades de custodia o asesoría, incapacitados, en labores administrativas o separados del cargo por alguna investigación.

DOS PATRULLAS PARA UNA ESTACIÓN

La Estación Poniente recibe en promedio 200 llamadas de emergencia por turno que son atendidas por apenas cuatro efectivos con dos patrullas, según compartieron agentes que prefirieron no revelar identidad.

La falta de personal impide que se realicen los trabajos preventivos o de vigilancia porque concentran su tiempo en desahogar las distintas denuncias por violencia intrafamiliar, robo a casa habitación o lesiones.

“Lo ideal es que una estación tenga por lo menos cinco patrullas, con diez policías, mientras algunos atienden robos en flagrancia otros patrullen, así de fácil pueden reducir la estadística”, indican.

Otro ejemplo es la Estación Oriente, donde  hay tres patrullas con cinco agentes, dos en pareja y uno patrulla solo, “no es posible que en una zona con tanta incidencia delictiva, si no la más, dependa de tan pocos elementos”.

IP PIDE MILITARIZAR SEGURIDAD

Marco Coronado Valenzuela, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), además del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), decretaron once puntos que echan por tierra las declaraciones del Gobernador Francisco Vega de Lamadrid sobre la violencia en el Estado.

“Basta de reducir todo a una guerra entre grupos de narcotraficantes por el control de la plaza que no afecta al ciudadano común. Basta de decir que se están matando entre delincuentes y que los bajacalifornianos vivimos tranquilos en nuestras ciudades. Ya basta de echarse culpas unos a otros y como coloquialmente se dice, pasarse la bolita”.

En otras demandas, cuestionan la poca presencia de las fuerzas federales y mencionan la importancia de desahogar iniciativas de reforma como la Ley de Seguridad Nacional, Código Penal Federal, Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como las reformas y adiciones a la Constitución.

“Hacemos responsable al Congreso de la Unión del incremento en los índices delictivos, reflejado en casi todas las entidades del país durante los últimos meses. No es posible que estando inmersos en esta situación de emergencia nacional, las iniciativas en materia de seguridad que fueron presentadas desde el pasado mes de noviembre sigan estando en sala de espera”, es el reclamo.

Por otro lado, el dirigente de la  Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) DE Ensenada,  Jorge Eduardo Cortés Ríos, emitió un posicionamiento por las 58 personas asesinadas en el transcurso de 2017, que han dejado efectos negativos en la economía de la región.

“Estamos regresando en la entidad a niveles de violencia que creíamos ya superados, por lo que se requiere una coordinación real y efectiva entre las corporaciones policiacas Federal, Estatal y Municipal con las Fuerzas Armadas, y no dejar a éstas toda la responsabilidad”, señaló.

Según la estadística, del total de los asesinatos, 30 se cometieron en San Quintín; cinco fueron víctimas colaterales, número que supera por mucho la totalidad de los homicidios cometidos en 2016.  Otro dato alarmante son las 12 mujeres fallecidas de forma violenta.

El presidente del gremio urgió a detener la oleada criminal, investigar y castigar a los responsables para evitar las alertas de viaje a los extranjeros.

Desde mediados de 2016, dijo, hay restricciones por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos para que norteamericanos no viajen a destinos como Baja California y el municipio de Ensenada.

Apenas el 22 de abril de 2017, Reino Unido emitió una recomendación a sus ciudadanos, que inhibe el arribo de visitantes de ese país o la región.

La percepción de inseguridad, lamentablemente es justificada por las cifras,  pone en un alto riesgo las inversiones y la actividad turística, uno de los pocos sectores que han mantenido cierto dinamismo económico.

Federación se desentiende y quita presupuesto

Las fuerzas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) están concentradas en Tijuana, donde los índices de muertes violentas “son más”, informó su titular, Daniel de la Rosa Anaya.

Aunque la Iniciativa Privada pidió  mayor presencia de la Policía Estatal Preventiva (PEP) en Ensenada,  los 280 elementos son insuficientes para repartir en los cinco municipios.

En el caso de San Quintín no hay una base de la PEP, lo que representa un gasto de traslado oneroso, imposible de soportar para el Gobierno del Estado, por alimentos, hospedaje, comunicación y combustible,  armamento y uniformes.

El secretario general de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, mencionó que existe un proyecto para construir una base en el Sur del municipio, sin embargo, no hay recursos económicos para consolidar el plan de manera inmediata.

Además, realizan actividades que corresponden a la Federación con el decomiso de vehículos sin placas; en este ejercicio Ensenada recibió 20 millones de pesos menos en comparación con 2014: de 78, quedó en 58 millones de pesos.

AGENTES EN PELIGRO POR INSEGURIDAD

El presidente municipal declaró que confía en el trabajo de coordinación con la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Marina, pero falta presencia del Ejército Mexicano, sobre todo en San Quintín.

“Necesitamos a la PGR para los cateos que le corresponden, que se hacen ver, pero también ocupamos que el Estado realice detenciones, y eso se habló en la reunión de coordinación”, asentó Novelo.

Por su parte, el director operativo de la corporación municipal, Mario Basilio Hernández Montiel, lamentó la situación de riesgo de los policías a su cargo, así como la capacitación.

“Es muy importante, porque si no transmitimos información a nuestro personal, ellos van a trabajar mal”, indicó.

Con el dinero del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) se han comprado 23 nuevas unidades y otras están en reparación, ahora faltan oficiales para que salgan a patrullar.

INVESTIGAN A POLICÍA QUE SE DEFENDIÓ

Sindicatura Municipal abrió una investigación al oficial que disparó su arma para abatir a Alonso Ruiz Toledo “El Poncho” cuando éste circulaba por la carretera hacia Ojos Negros con su novia en la cajuela; la mujer hizo una llamada a su hermana desde un teléfono celular, informándole iba secuestrada y que el hombre estaba armado.

Se inició una persecución hasta que el conductor descendió de la unidad para disparar en contra de las patrullas, los elementos repelieron la agresión y dieron un tiro certero en el cuello. Por ese motivo, Castrejón Bañuelos, de acuerdo a sus facultades, abrió una carpeta donde buscan esclarecer el motivo por el que el policía detonó el arma de fuego.

La titular del órgano de control municipal informó que la investigación administrativa dio inicio el 8 de mayo. El objetivo es vigilar a través del Departamento de Asuntos Internos, que los elementos policiales no incumplan en sus obligaciones conferidas por la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, así como en su Reglamento de la Comisión Disciplinaria y de Carrera Policial de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

(SEMANARIO ZETA/ Edición Impresa / Lorena Lamas /Lunes, 22 Mayo, 2017 12:00 PM)