El caso de Javier Duarte, advirtió desde
febrero la organización Crisis Group, está lejos de ser único. Al contrario,
alertó, es sólo un ejemplo. Durante la administración del entonces priista,
Veracruz atravesó por una ola de violencia sin precedentes que el Gobierno de
Duarte de Ochoa, quien se encontraba prófugo desde el 13 de octubre, intentó
ocultar. Sin embargo, de acuerdo con declaraciones de miembros de Los Zetas
detenidos en EU, fue el Gobierno del priista y ex Cónsul en Barcelona, Fidel
Herrara, quien dio “carta blanca” a los cárteles para establecerse en el estado
a cambio de financiar campañas políticas locales”.
La crisis financiera– de más de 35 mil
millones de pesos en cuatro años, la más alta detectada por la ASF– y de
violencia, obligaron al PRI a darle la espalda a Duarte de Ochoa, a quien según
Miguel Ángel Yunes querían quitarlo de su cargo 10 meses antes de que
concluyera.
Ciudad de México, 16 de abril
(SinEmbargo).– El Gobierno del ex priísta Javier Duarte de Ochoa en Veracruz no
sólo incrementó la deuda pública a más del doble de la que recibió y causó un
probable daño al patrimonio del estado por más de 35 mil millones de pesos en
sus primeros cuatro años, el monto más alto detectado por las revisiones de la
Auditoría Superior de la Federación (ASF). El saldo de su administración es
también una entidad en la que, entre diciembre de 2010 y septiembre de 2016, se
contabilizaron al menos cuatro mil 685 asesinatos y que, entre otros récords
criminales, se convirtió en la más peligrosa de México para ejercer el
periodismo, con 17 comunicadores asesinados y tres desaparecidos en ese
periodo, de acuerdo con la organización Artículo 19.
También, como ha mostrado el
colectivo de familiares de personas desaparecidas que localizaron cientos de cuerpos
enterrados en un terreno en la zona denominada Colinas de Santa Fe, en las
afueras del puerto de Veracruz, se convirtió en sede de la que hasta ahora es
la mayor fosa clandestina de México.
“El dinero poco importa”,
escribió el sábado en su cuenta de la red social Twitter el sacerdote Alejandro
Solalinde en alusión a las miles de desapariciones registradas en esa entidad.
Hace meses había señas de Duarte en
Guatemala, dicen allá; México estuvo distante, no movió nada
Acusado por la Procuraduría
General de la República (PGR) de probable responsabilidad en los delitos de
delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita,
Javier Duarte de Ochoa fue detenido por autoridades guatemaltecas el sábado 15
de abril en el municipio de Panajachel, en ese país fronterizo con México.
El ex priísta se encontraba
prófugo desde el 13 de octubre, cuando un Juez de Distrito del Centro de
Justicia Penal Federal de esta capital giró la orden de aprehensión solicitada
en la causa penal 97/2017.
“Se tienen 75 indagatorias,
32 iniciadas con motivo de las querellas formuladas por el Servicio de
Administración Tributaria (SAT), por la contratación con empresas fachada o
inexistentes, así como 43 derivadas de las denuncias de la Auditoría Superior
de la Federación (ASF), por los delitos de Uso Indebido de Atribuciones y
Facultades al desviar recursos, entre otros”, reportó la PGR.
“Se han asegurado dos
inmuebles en las colonias Lomas de Chapultepec y Polanco, de la Ciudad de
México, así como el rancho denominado Las Mesas, ubicado en el poblado del
mismo nombre en el municipio de Valle de Bravo, Estado de México, el cual
cuenta con una superficie de 92 hectáreas. También se aseguraron
aproximadamente 630 hectáreas de superficie ubicadas en el Ejido de Lerma,
estado de Campeche. Fueron aseguradas cinco empresas con diversas actividades
económicas, entre ellas dos inmobiliarias. Se tienen 112 cuentas bancarias
aseguradas a personas físicas y/o morales”, agregó el ministerio público
federal.
Duarte de Ochoa es parte del
grupo de ex gobernadores priístas que en mayo de 2012 fueron elogiados por el
entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto como ejemplo de la “nueva
generación” del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Otros fueron el quintanarroense
Roberto Borge Angulo, acusado de vender por debajo de su precio nueve mil 500
hectáreas de reservas del estado; y el chihuahuense César Duarte Jáquez,
también prófugo, luego de que su sucesor en el Gobierno, Javier corral Jurado,
lo acusara de desfalco y peculado.
Los tres llegaron al poder en
2010, habrían apoyado la campaña del hoy Presidente de México y, de acuerdo con
datos oficiales, concluyeron sus sexenios como los que más aumentaron las
deudas públicas de sus entidades.
El Gobierno de Duarte de
Ochoa en Veracruz se destacó, además del saqueo, por el aumento sin precedentes
en los niveles de violencia, entre cuyas primeras expresiones se contó, en
septiembre de 2011, el abandono de 35 cuerpos bajo un puente vial en el municipio
de Boca del Río, en plena zona metropolitana del puerto de Veracruz.
Enrique Peña Nieto saluda a Javier
Duarte de Ochoa al finalizar la instalación y sesión ordinaria del Consejo
Nacional de Protección Civil el 28 de mayo de 2013. Foto: Cuartoscuro
El alza en los asesinatos
quedó registrada incluso en las cifras oficiales [del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública], que muestran cómo el primer mes de
Gobierno de Javier Duarte de Ochoa –diciembre de 2010– fue, con 66 casos, el
más violento en la entidad en toda una década.
El siguiente año, 2011, cerró
con 890 asesinatos, que representaron un 52 por ciento más que los 583
registrados en 2010, y la tendencia continuó en 2012, con 968 casos.
Fue sólo entre 2013 y 2014,
este último en el que la cifra oficial fue de 487 delitos contra la vida, que
se registró una disminución, y fue también cuando el ex mandatario Duarte de
Ochoa afirmó que en Veracruz ya no se habla de balaceras ni de asesinatos ni de
delincuencia organizada, sino “de que se robaron un Frutsi y unos Pingüinos en
el Oxxo”.
En 2015, sin embargo, el
indicador volvió a la alza y tan sólo en los primeros nueve meses de 2016,
hasta antes de que solicitara licencia y se diera a la fuga, se contabilizaron
846 casos; un 45 por ciento más que el año en el que fue electo Gobernador.
Las organizaciones, por su
parte, contabilizan miles de desapariciones y delitos en los que aparecen
vinculadas las autoridades del estado, como el caso de los cinco jóvenes
“levantados” por policías en la localidad de Tierra Blanca y en su camino a
Playa Vicente.
“En Veracruz, una alianza
entre grupos criminales y los más altos niveles del poder político local allanó
el camino para una campaña de violencia desenfrenada mediante la captura de las
instituciones locales judiciales y de seguridad, garantizando la impunidad de
ambas partes”, concluyó este año una investigación de la organización
internacional Crisis Group.
“El aparato estatal de
Veracruz ha sido diseñado para crear, proteger y ocultar intereses criminales.
Actualmente, sólo 681 casos de desapariciones en el estado son reconocidas por
el Gobierno federal, mientras que dos mil 750 casos han sido denunciados ante
la Fiscalía General del Estado (FGE). Las organizaciones de la sociedad civil
estiman que el número real puede alcanzar hasta 20 mil, y dicen que no se ha
resuelto ninguno”, agrega.
Fidel Herrera y Javier Duarte llevaron a
Veracruz hacia la violencia y corrupción: Informe
El informe identifica que
estas interconexiones “políticas y criminales” se hicieron más “fluidas”
durante el sexenio del ex Gobernador priísta Fidel Herrera, nombrado por Peña
Nieto Cónsul en Barcelona en 2015 y para quien Duarte de Ochoa trabajó como
Secretario de Finanzas y Planeación.
“Inicialmente, bajo el
Gobernador Fidel Herrera Beltrán, quien ostentó el poder desde 2004 hasta 2010,
cuando la influencia del cártel de Los Zetas iba en aumento, y posteriormente
bajo su sucesor Duarte, Veracruz fue sede de interconexiones políticas y
criminales cada vez más fluidas, acelerando su descenso hacia la inseguridad
extrema”, dice la investigación titulada “Veracruz: reformar el Estado de
Terror mexicano”.
También fue bajo el Gobierno
de Herrera Beltrán, advierte la misma investigación, que esta entidad ubicada
en el Golfo de México y antes utilizada como lugar de tránsito para grupos del
crimen organizado, sufrió el giro que las actividades de estos dieron hacia
otras con mayores efectos sobre la población.
“El giro hacia la actividad
criminal con efectos mucho más dañinos sobre las poblaciones locales se ha
atribuido al éxito electoral de Fidel Herrera, del PRI, en 2004. Según el
relato de analistas locales y declaraciones de testigos en un juicio en Estados
Unidos contra un individuo acusado de blanquear dinero y de forjar acuerdos
entre Los Zetas y partes de la élite política de Veracruz, el precursor de Los
Zetas, La Compañía, recibió carta blanca para establecerse en el estado a
cambio de financiar campañas políticas locales. Herrera ha negado todas las
acusaciones de irregularidades en su época de Gobernador”, dice el reporte.
Otra de las causas del
aumento en la violencia en Veracruz, de acuerdo con Crisis Group, es la
escisión en varios grupos criminales derivada del combate encabezado en la
región por el Gobierno de Felipe Calderón el sexenio anterior.
“La consiguiente competencia
por los mercados y territorios generó un pico en las tasas de homicidios y
desapariciones forzadas denunciados de 2010 en adelante. El Gobierno estatal o
bien buscó negar la magnitud del problema, o recurrió a explicaciones basadas
en la percepción de competencia y lucha entre grupos criminales rivales, así
como la afirmación de que las víctimas tenían que estar involucradas de algún
modo en actividades ilícitas”, advierte la organización.
“Estas versiones oficiales de
los eventos ocultaban tanto la complejidad de la violencia, en la que múltiples
grupos de perpetradores actuaban de acuerdo con diversas lógicas, y la
evidencia de que las víctimas de muchos asesinatos y desapariciones eran
civiles inocentes”, agrega.
Además de esa violencia sin
precedentes, observa la investigación, el Gobierno de Duarte mantuvo una
intención “de ocultar o negar estos crímenes”.
OPORTUNIDAD POLÍTICA
La presión política en contra
de Duarte de Ochoa empezó a ser pública a partir de febrero de 2016, después de
que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) difundió el resultado de la
revisión a la Cuenta Pública de 2014 y encontró que el Gobierno del veracruzano
presentaba más de 35 mil millones en recursos no explicados.
Un día después de ese
informe, el Senado de la República aceptó un punto de acuerdo promovido por la
bancada del Partido Acción Nacional (PAN) para realizar un juicio político
contra el mandatario y, ese mismo día 23 de febrero, el hoy Gobernador panista,
Miguel Ángel Yunes Linares, advirtió que el mismo Partido Revolucionario
Institucional PRI buscaba pedirle la renuncia.
“Estoy en D.F, tengo información de que
van a quitar a @Javier_Duarte para proteger al PRI y a @HectorYunes el
candidato tapadera. Pendientes”,
escribió Yunes Linares en su cuenta de la red social Twitter.
La intención de la dirigencia
nacional del PRI, entonces a cargo del Manlio Fabio Beltrones, era remover a
Duarte de Ochoa de la gubernatura antes de la elección de junio, a fin de
enviar un mensaje de castigo a la corrupción que, preveían en el tricolor, les
costaría la primera derrota en el tercer estado con el padrón electoral más
grande de México.
Una intervención de Duarte
ante la Presidencia de la República, sin embargo, habría detenido su salida. El
argumento del veracruzano, de acuerdo con una versión consultada, fue que “no
olvidaran que el destino [de los recursos] había sido para la campaña” de Peña
Nieto.
La intención de la dirigencia nacional
del PRI, entonces a cargo del Manlio Fabio Beltrones, era remover a Duarte de
Ochoa de la gubernatura antes de la elección de junio. Foto: Cuartoscuro
En abril de ese año, como
primer acto de su campaña, el mismo Yunes Linares presentó una denuncia ante la
Fiscalía General del Estado y, el 5 de junio siguiente, en alianza con el
Partido de la Revolución Democrática, ganó la elección en la que el Partido
Revolucionario Institucional perdió por primera vez el Poder Ejecutivo en la
entidad.
La PGR, mientras, de acuerdo
con la versión oficial, recibió desde el 19 de septiembre el oficio de la
Fiscalía de Veracruz para atraer las carpeta de investigación
FESP/013/2016/1-04 y FESP/216/2016/14-07, ambas por los delitos de
enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal.
Aun así, Duarte estuvo en la
Ciudad de México hasta el 11 de octubre, dos días antes de su fuga y cuando se
reunió con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
“Yo lo recibí [a Duarte] un
día de antes de que pidiera licencia. Él me dijo que habría de dejar el
Gobierno. Señaló que no tenía nada que ver en todo lo que le señalaban y yo le
comenté que eso lo tenía que decir ante la justicia”, explicó Osorio Chong el
24 de octubre pasado en entrevista con Joaquín López Dóriga para Grupo Fórmula.
“Al otro día renunció”, dijo
el mismo funcionario.
El 12 de octubre, el
veracruzano acudió a una entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola, de
Televisa, y afirmó que solicitaría licencia para enfrentar las denuncias en su
contra. Fue la última vez que se le vio en público.
La orden de aprehensión fue
girada el 13 y, el 17 de octubre siguiente, Yunes Linares, entonces ya
Gobernador electo de Veracruz, aseguró también en Televisa tener información de
que Duarte de Ochoa se habría ido de la entidad en un helicóptero facilitado
por Flavino Ríos, quien era Gobernador interino de la entidad.
Dos días después, la entonces
Procuradora Arely Gómez confirmó el inicio de la búsqueda del ex mandatario y
nueve personas más por cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero y,
el 21 de octubre, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC)
catearon diversos inmuebles del priísta en la Ciudad de México.
Porque tienen miedo a perder el Edomex
cae Duarte, coinciden; simulan combate a corrupción: AMLO
La detención del sábado
pasado se genera en pleno proceso para renovar la Gubernatura del Estado de
México, el más grande del país en número de electores, sede de uno de los
grupos políticos más importantes del priísmo y lugar de origen del Presidente
Enrique Peña Nieto, cuyo primo, Alfredo del Mazo Maza, es el candidato del
tricolor.
Su cerrada competencia con los
otros dos contendientes, sin embargo, ha generado la campaña más reñida en la
historia de una entidad gobernada por el PRI durante más de 80 años.
Los señalamientos de
corrupción contra el PRI, además, han sido la marca del sexenio, desde las
residencias adquiridas por Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera y su
Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, a uno de sus principales
contratistas, hasta las denuncias contra los ex mandatarios que elogió en su
campaña.
En los últimos días, además,
el también ex Gobernador priista de Tamaulipas, Tomás Yárrington, fue detenido
en Italia luego de más de cuatro años de estar prófugo por cargos de
narcotráfico en Estados Unidos y, días antes, el Fiscal del gobierno priísta de
Nayarit, Edgar Veytia, fue detenido en California también por narcotráfico.
Y es en este contexto, de
acuerdo con diversas interpretaciones políticas difundidas este fin de semana,
que la detención del veracruzano en un país vecino con México se advierte como
un “intento desesperado” por no perder la elección en el Estado de México.
El caso de Javier Duarte, sin
embargo, advirtió desde febrero el informe de Crisis Group, está lejos de ser
único. Al contrario, dice la investigación: es sólo un ejemplo.
“Los espantosos detalles que
están comenzando a salir a la luz subrayan la crisis no de una administración
estatal, sino del sistema político mexicano en su conjunto, donde una
transición democrática bienintencionada no ha cumplido las expectativas, y ha
sido corrompida por el crimen organizado. La facilidad con la cual quienes
ostentan el poder político han sido capaces de perseguir sus ambiciones
criminales apunta a debilidades estructurales en el sistema democrático”, dice
el texto.
“En algunos estados, donde
los Gobernadores pudieron contar con la complicidad de las legislaturas, la
deuda pública ha crecido exponencialmente. De 2008 a 2014, creció más de cinco
veces en Tamaulipas, más de cuatro en Chihuahua y más de dos veces en Veracruz,
todos los cuales son de los estados más afectados por la violencia”, dice.
Red ayudó a Duarte desde CdMx: AIC; no
dice cuál, y la familia es libre de ir incluso al extranjero
Hoy, Javier Duarte permanece
preso en una cárcel de máxima seguridad en Guatemala a espera de ser
extraditado a México, donde deberá enfrentar cargos por lavado de dinero,
narcotráfico y los que se le sumen.
Su esposa Karime Macías,
presuntamente involucrada en los desfalcos cometidos en todas las dependencias
de la entidad, y sus suegros Jesús Antonio Macías y María Virginia Yazmín
Tubilla Letayf, supuestos cómplices de la pareja veracruzana, no tienen cargos,
por lo que pueden transitar de manera libre en México y en el extranjero,
informó este domingo la AIC.
La dependencia de la PGR
también dio a conocer este día que un grupo de personas con contactos en
Guatemala operó desde la Ciudad de México para lograr la fuga de Duarte de
Ochoa, quien desde noviembre habría ingresado al país vecino del sur de manera
ilegal.
Las imágenes de la detención
del ex Gobernador de Veracruz le han dado la vuelta al mundo. Con un gesto
apacible, incluso amigable, es como se ve en fotos y videos a Javier Duarte de
Ochoa, quien logró evadir la justicia mexicana durante casi seis meses, más
tiempo de lo que el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán estuvo prófugo.
(SIN EMBARGO.MX/ SANDRA RODRÍGUEZ NIETO/
ABRIL 17, 2017, 12:05 AM)
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