FOTO: Sergio Haro
De las peticiones que manifestantes le
presentaron durante una mesa de diálogo, el gobernador optó por la más
populista: reducirse en un 50 por ciento el salario, pero dejó sin resolver las
demandas de fondo. Solo con la amenaza de usar más de 400 policías, Vega pudo
presumir un desalojo pacífico de los campamentos en las oficinas de gobierno.
No obstante, los manifestantes siguen firmes: o renuncia o seguirán
presionando, ahora por la vía legal
El primer punto del pliego
petitorio que el Grupo Ciudadano de Manifestantes entregó al gobernador
Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid es que
deje su cargo. Ya sea por renuncia o por revocación, los ciudadanos exigen que
sea separado del puesto público.
De las peticiones expuestas
en el documento presentado durante la primera mesa de diálogo, llevada a cabo
el miércoles 1 de febrero, el mandatario panista solo se comprometió a resolver
la de reducir su salario un 50 por ciento respecto a lo que recibía su
antecesor, José Guadalupe Osuna Millán.
Lo hizo sin aclarar si la
medida se aplicará también a funcionarios de primer y segundo nivel, como lo
pedían los manifestantes.
La rebaja se verá efectiva la quincena que
reciba el gobernador a finales de mes, debido a la automatización del pago de
nómina.
Durante el encuentro, el
panista dejó entrever una actitud revanchista a causa del desencuentro que tuvo
con los manifestantes el sábado 28 de enero, cuando intentó abandonar el
edificio del Centro Cívico sin ser reconocido.
Los empujones entre los
escoltas y el equipo del mandatario con los ciudadanos que ahí se encontraban,
dejaron denuncias por un vidrio roto, un radio extraviado y lesiones de contra
dos agentes, aseguró el Gobierno del Estado.
De ahí su inflexibilidad para
el resto de los temas que conformaban el pliego petitorio, específicamente los
referentes a la construcción del acueducto Villahermosa-Mexicali para la
cervecera Constellation Brands y la falta de pago a maestros.
Por la puerta chica El sábado
28 de enero, a las 9:30 de la mañana, dos convoyes de camionetas llegaron hasta
el edificio del Gobierno del Estado en Mexicali.
Así se cumplió el anuncio que
el titular del Poder Ejecutivo del Estado había hecho un día antes.
Uno se instaló en una de las
entradas principales, el otro en una puerta lateral, la cual se abrió casi
instantáneamente cuando arribó una comitiva de funcionarios, entre ellos el
gobernador.
Los manifestantes no pudieron reaccionar ni
evitar su ingreso, pese a que tenían la mayoría de los accesos bloqueados.
28 DE ENERO, NO SE CONCRETA EL DIÁLOGO
Una hora después llegaron
secretario y el subsecretario de Gobierno, Francisco Rueda y Francisco Iribe
Paniagua, respectivamente, para comunicar a quienes mantenían el bloqueo que
Vega de Lamadrid los atendería en ese momento, siempre y cuando liberaran los
accesos.
Sin embargo, los ahí
presentes pidieron que el encuentro se realizara el lunes 30 de enero a las
2:00 pm, ya que muchos de sus voceros se encontraban en Playas de Rosarito.
Hasta la Sala de
Gobernadores, donde se encontraba “Kiko” Vega, ingresaron los medios de
comunicación para escuchar un mensaje sobre su interés de mantener el diálogo,
pero no se abrió espacio para preguntas y respuestas.
También estuvieron presentes
algunos manifestantes, pero no los voceros, quienes dijeron haber sido dejados
en un cuarto sin poder salir o entrar.
Cuando el gobernador se
retiró, a los voceros les permitieron ingresar a la Sala Gobernadores, donde lo
esperarían para hablar con él.
Al mismo tiempo, la comitiva
de Francisco Vega salía a empujones del lugar, fue ahí cuando chocaron con los
manifestantes, quienes ya se encontraban bloqueando todos los accesos.
Una joven del movimiento cayó
al suelo supuestamente empujada por los guardias de seguridad, otros más
denunciaron golpes por parte de los escoltas.
Al final, querían evitar que
Vega se retirara del lugar.
Fue jaloneado, empujado,
impedido para entrar a su camioneta, entre gritos de “ratero” y “cobarde” hasta
que finalmente llegó al vehículo.
Antes de que el Ejecutivo
partiera, uno de los manifestantes golpeó el vidrio de la camioneta,
estrellándola, pero sin romperla.
Tampoco a Francisco Rueda le
permitían subir a su vehículo, quien tuvo que lanar un derechazo al aire para
librarse de los jaloneos y escapar del lugar.
LA VICTIMIZACIÓN PARA EL DESALOJO
De manera casi inmediata, el
Gobierno del Estado empezó a echar a andar su maquinaria. Filtró fotos de
vándalos, rumores de que se trataba de miembros de Movimiento Regeneración
Nacional (MORENA), residentes de California o de otras partes del país.
A su vez, enviaron un
comunicado de rechazo a la violencia, victimizando al gobernador. A los
esfuerzos se unieron el panista Raúl Castañeda Pomposo, presidente del Congreso
del Estado, así como funcionarios estatales, colgando el mismo vídeo a sus
redes sociales y retomado, principalmente, por medios afines al gobierno de
“Kiko” Vega.
De esta forma, el gobierno
justificaría el desalojo porque ya no se trataba de un movimiento pacífico, así
que el uso de la fuerza estaba permitido.
Desde las primeras horas del
domingo 29 de enero, las fuerzas estatales comenzaron a ser contactadas.
Se tendrían que concentrar en
la Procuraduría General de Justicia y en la Policía Estatal Preventiva, en un
operativo para desalojar a los ciudadanos el lunes 30 de enero a la 1:00 am.
FOTO: Sergio Haro.-30 de enero. de
madrugada, llegan a desalojar
En la noche, decenas de
patrullas y vehículos policiales comenzaron a estacionarse alrededor. A cargo
del operativo quedó el secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la
Rosa, quien estuvo presente en el lugar, pero en todo momento detrás del
contingente.
También acudió el
subsecretario general de Gobierno, Francisco Iribe Paniagua.
La primera fila estaba
compuesta por el equipo antimotines de la Policía Estatal Preventiva, armados
con cascos, toletes y escudos, mientras los elementos armados, con escopetas y
balas de goma, quedaban después.
Un segundo escuadrón estaba
conformado por los elementos de la Policía Ministerial, con chalecos antibalas
y cascos. Hasta el final, se distinguía un tercer grupo.
La mayoría vestidos de
civiles, pero con el rostro cubierto, aún más dispersos, pero con mejor
condición física que los dos primeros grupos. Algunos portaban por lo menos un
guante negro.
Fue alrededor de las 2:00 am
que Iribe Paniagua, acompañado de una veintena de escoltas y un notario público,
se acercó con el primer grupo de manifestantes en la puerta norte del edificio
del Poder Ejecutivo.
“Es muy importante para
nosotros privilegiar el diálogo. Así se los hemos manifestado, pero sí queremos
dejar en claro que lo que requerimos es los edificios para poder prestar los
servicios que la población nos está requiriendo, esa es la petición”, afirmó
Iribe.
Una de las voceras del
movimiento tomó la palabra, señaló que se había acordado el lunes a las 2:00 pm
para dialogar.
También acusó al gobierno
estatal de fingir una obra, ya que el diálogo se había mantenido.
“Somos personas pacíficas,
queremos solicitarle la garantía de cada uno de los compañeros una vez que
desalojemos el lugar, no abandonamos la lucha, esto no termina, vamos a seguir
en la lucha hasta lograr un cambio estructural en la forma de gobierno” expresó
otro de los voceros.
Inmediatamente los
manifestantes comenzaron a retirarse.
Un grupo decidió permanecer
en el plantón sin bloquear los accesos a los edificios.
Sin embargo, otro colectivo
más radical encabezado por Filiberto Sánchez, en la oficina de Recaudación de
Rentas del Estado, decidió no retirarse porque ningún representante de gobierno
había acudido a dialogar con ellos. Alrededor de las 4:00 am, Iribe Paniagua se
presentó en el sitio.
Después de varios minutos, el
grupo decidió retirarse de ahí, pero no de la delegación González Ortega,
decisión que el funcionario estatal aceptó.
FOTO: Cristian Torres.- Vestidos de
civiles con un guante negro
Al día siguiente, a las 2:00
pm, los manifestantes se presentaron en la explanada del Gobierno del Estado
como lo habían acordado.
No obstante, el gobernador no
se presentó y en su lugar, llegaron dos funcionarios de la Oficina General de
Gobierno, quienes propusieron que la mesa de diálogo se realizara el miércoles
1 de febrero a las 5:00 pm.
ACCIONES LEGALES
“Ya tenemos rutas trazadas,
estamos en sesión permanente y en contacto a nivel estatal. El movimiento está
creciendo. Lo que estamos solicitando, no solo al Ejecutivo, sino también al
Congreso, es hacer modificaciones a la figura de revocación de mandato en un
reforma”, afirmó Javier Gutiérrez Piceno, uno de los líderes del movimiento.
De la esperada sesión de la
mesa de diálogo, los manifestantes abordaron temas que van desde la situación
del agua en la entidad, el adeudo a la Universidad Autónoma de Baja California
(UABC) y por supuesto, la renuncia del gobernador. Fue el tema del agua el que
más desencuentros causó entre ciudadanos y gobierno.
En más de una ocasión, “Kiko”
señaló que la regulación del agua corresponde a la Comisión Nacional del Agua,
por lo que las demandas en este rubro deberán realizarse ante esta dependencia,
con la cual acordaron realizar otra mesa técnica.
En el punto final donde pedían la renuncia del
mandatario, éste aseguró no es un tema que le correspondiera, al ser facultad
del Poder Legislativo.
El evento se pactó para 50
minutos, pero se alargó a casi dos horas debido al número de oradores que
participaron para precisar las respuestas del titular del Ejecutivo estatal.
En resumen, el encuentro
derivó en un acuerdo para instalar mesas temáticas y el único punto cedido
desde la esfera estatal fue la disminución del 50% del salario de Francisco
Vega de Lamadrid.
DENUNCIAN PENALMENTE AL GOBERNADOR EN MEXICALI
Por su parte, el dirigente de
la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Mexicali, Rigoberto Campos,
interpuso una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente,
el 30 de enero.
El documento indica que se
denuncia a quien resulte responsable del desequilibrio ecológico, daños al
ambiente y a los recursos naturales, al no existir volumen de agua disponible
en el acuífero del Valle de Mexicali para nuevas concesiones, como lo sería el
acueducto Villahermosa-Mexicali.
Desde su óptica, antes de
autorizar recursos para esta obra valuada en más de 500 millones de pesos, se
debió someter a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Al día siguiente, el líder
agrícola presentó una segunda denuncia penal ante la Procuraduría General de la
Republica (PGR) por daño en propiedad privada ejidal en contra de Francisco
Vega de Lamadrid como representante del Poder Ejecutivo del Estado.
También presentó una queja ante la Comisión
Estatal de Derechos Humanos contra el gobernador y contra los secretarios de
Gobierno, Francisco Rueda; de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante; y de
Fomento Agropecuario, Manuel Valladolid.
El motivo, informó Campos, es
la violación al derecho humano de un ambiente sano y equilibrado.
De igual manera, se espera
que en próximos días presente un amparo con la intención de detener la obra del
acueducto y conocer su expediente completo.
(SEMANARIO ZETA/ Edición Impresa
/Cristian Torres y Sergio Haro Cordero/ Lunes, 6 febrero, 2017 12:00 PM)
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