El gobierno mexicano se ha negado a difundir
un estudio interno que demuestra que investigadores actuaron en contra de la
ley en la búsqueda de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de
Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero,
que “amenaza las bases legales” del caso, y cuya copia obtuvo el diario
estadounidense The New York Times.
El
reporte denuncia que la investigación no sólo está inmersa en un “limbo”
burocrático y numerosas irregularidades, “como el hecho de que un investigador
[Tomás Zerón de Lucio] llevó a un sospechoso a la escena del crimen [el río San
Juan, cerca basurero de Cocula] sin que estuviera presente su abogado
defensor”.
El
diario estadounidense señaló que tras su renuncia a la Agencia de Investigación
de la PGR, Zerón, “quien ha trabajado cerca del presidente Enrique Peña Nieto
por casi una década”, fue “inmediatamente” nombrado como secretario técnico del
Consejo Nacional de Seguridad.
Según
el informe, sospechosos clave fueron arrestados y trasladados de forma ilegal,
lo cual invalida cualquier información que pudo haberse obtenido de ellos.
En
el texto del gobierno consta que “se violó el derecho a la verdad” y se dañó el
derecho de las víctimas a la justicia. Esta es la primera evidencia que existe,
según el NYT, de que la Procuraduría General de la República (PGR) manejó
incorrectamente el caso.
El
estudio se completó hace cuatro meses y consta de 177 páginas que iban a ser
entregadas a los familiares de los desaparecidos en una reunión con la PGR el
pasado 18 de agosto, sin embargo, los padres de los 43 no recibieron el
documento pues se les dijo que las autoridades judiciales superiores debían,
como formalidad, aprobar el estudio. Dicha aprobación no llegó nunca, y poco
más tarde, el visitador general a quien se encomendó la “aprobación”, César
Alejandro Chávez Flores, renunció de manera inesperada cuatro semanas después,
narró el Times.
La
investigación interna del auditor general fue una respuesta al informe de los
expertos de la CIDH pero la entonces procuradora, Arely Gómez González, pidió
al auditor general que iniciara una auditoría más amplia. Santiago Aguirre
director adjunto del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y
representante legal de las familias, declaró al rotativo, que la decisión de no
aprobar el reporte y entregarlo a las familias “fue un signo claro de falta de
voluntad política, no sólo de la PGR sin del gobierno federal, para darle
conclusión a la investigación”.
Aguirre
agregó que el documento “nos demostró que el visitador general trató de hacer
un trabajo honesto, pero no encontró las condiciones políticas e
institucionales para llevar su labor hasta las últimas consecuencias”.
La
PGR argumentó que el reporte no se difundió por motivos legales y que el mismo
no se ha “reconocido” por tecnicismos que no se han especificado.
La
directora general de Comunicación Social de la institución, Natalia Briseño,
señaló en un correo electrónico al NYT que “el documento, como tal, es
legalmente inexistente”, porque aún estaba en revisión, y, agregó, que la
investigación continúa.
El
Times afirmó que la posibilidad de que el reporte se elimine preocupa a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y que su titular, James L.
Cavallaro declaró que:
“El
documento claramente es importante, esperamos y queremos recibirlo”.
El
diario estadounidense hizo también un recuento sobre la desaparición de los
normalistas, de cómo habrían sido entregados al Cártel del narcotráfico
Guerreros Unidos y de cómo la versión oficial de los hechos se basa en
testimonios dudosos, producto de detenciones arbitrarias, y sostiene que la
falta de legalidad es común en las investigaciones criminales en México.
Según
NYT, uno de los “misterios persistentes” en el caso es porque la policía
municipal nunca fue detenida por las policías estatales y federales.
En
el reporte se afirma que si la policía estatal hubiera actuado, los estudiantes
y otras personas que fueron atacadas esa noche “no hubieran sido heridos o
asesinados”.
El
diario estadounidense afirmó que el caso Ayotzinapa es una “herida abierta en
México, evidencia del fracaso del país para proteger a sus ciudadanos y la
impunidad dentro de un sistema de justicia corrupto”.
LA PGR RESPONDE AL INFORME CITADO POR EL
NYT
La
PGR aclaró que los documentos citados por el diario estadounidense sobre el
caso de los normalistas desaparecidos en Guerrero carecen de la debida
formalización y de requisitos legales, por lo que “resulta jurídicamente
inexistentes” y, por lo tanto, están impedidos para ser considerados con la
calidad de resolución formal, sea como acuerdo de conclusión o con cualquier
otra denominación.
A
través de un comunicado, la PGR hizo diversas precisiones sobre dichos
documentos, en consideración a que lo publicado por el diario tiene relación
con el supuesto contenido, conclusiones y efectos de un acuerdo de conclusión
atribuido al ex visitador general.
La
Visitaduría General, recordó, es el órgano de la PGR que con plena autonomía
ejerce facultades de evaluación técnico-jurídica, supervisión, inspección,
fiscalización y control de los agentes del Ministerio Público Federal.
También
de los agentes de la Policía Federal Ministerial, oficiales ministeriales,
peritos y demás servidores públicos de la institución, con independencia en sus
resoluciones. La PGR aclaró que la actuación de la Visitaduría General debe, en
todo momento, encontrarse ajustada al marco normativo aplicable a los actos
jurídicos que emite, tanto en el ámbito administrativo como penal, sin que impacte
el cambio del titular de la unidad administrativa.
Según
el marco jurídico mexicano, anotó la PGR, para que una determinación o
resolución adquiera validez dentro de un procedimiento administrativo o penal,
y así esté en posibilidad de producir efectos jurídicos, requiere que sea
emitida con todas las formalidades que establece la ley, entre las que se
encuentran la firma de quien la produce.
La
Procuraduría subrayó que cualquier documento que pudiera existir y que se
hubiese difundido por medios no oficiales donde se haga referencia a las
evaluaciones practicadas sobre expedientes relacionados con la desaparición de
los estudiantes normalistas se trata de un simple proyecto, con el carácter de
consideraciones en estudio que carece de rango de resolución formal.
“No
se omite señalar que tratándose de consideraciones en estudio, estas se
encuentran sujetas a cualquier clase de modificación, como es factible que
ocurra con toda clase de proyectos en el ámbito de los procedimientos
jurídicos”, señaló la dependencia federal.
(SEMANARIO
ZETA/Nacional /Carlos Álvarez/ Viernes, 16 diciembre, 2016 06:43 AM)
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