Criminales
que secuestran y matan a militares, y civiles que toman la justicia por su
propia mano, son dos signos de que la seguridad del país se le ha ido de las
manos a las autoridades federales y estatales, aseguraron especialistas. En los
primeros nueve meses del año hubo 20 por ciento más homicidios que los
reportados durante el mismo periodo de 2015, mientras el Gobierno federal
minimiza esta situación. ¿Qué sucede con el Estado de Derecho?
Ciudad
de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).- Los pasajeros de un autobús que salió
la madrugada del lunes de San Mateo Atenco rumbo a la Ciudad de México
sufrieron un asalto común con un resultado inusual. A la altura de San Pedro
Tultepec, cuatro sujetos se subieron con armas de fuego a exigirles que les
entregasen sus pertenencias. Cumplido el acto, ninguno de los asaltantes
reaccionó cuando un pasajero los acribilló a balazos.
Conforme
la unidad continuó su camino a la ciudad, el asesino descendió del transporte
colectivo. Ninguno de los testigos aportó información a las autoridades
estatales sobre a dónde fue el fugitivo.
Anne
W. Johnson, profesora de la Universidad Iberoamericana, dice que el surgimiento
de ciudadanos “vengadores” se da en situaciones donde hay una profunda
desconfianza de la sociedad en los mecanismos de justicia.
“Funciona
como un mecanismo de acceso a la justicia en la ausencia de otras opciones, […]
en muchos casos no se trata tanto de vengar una ofensa, sino intentar impartir
justicia frente a un crimen, […] muchas veces los testigos no lo denuncian
porque sienten que por lo menos alguien hizo algo”, consideró Johnson.
Entre
enero y septiembre hubo mil 404 averiguaciones previas por robo a
transportistas en el Estado de México, de las cuales el 91 por ciento se
realizó con violencia, de acuerdo con datos oficiales.
José
Antonio Lara Duque, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino
Ladrillero, apuntó que la entidad atraviesa por un momento de hartazgo e
inconformidad por la gestión en materia de seguridad de las autoridades. Sin
embargo condenó el acto de violencia.
“Desafortunadamente,
nos encontramos ante un vacío de autoridad. Parte de éste pasa por un altísimo
nivel de corrupción, que se hermana con la impunidad, cuando se cometen actos
delictivos”, dijo Duque.
Los
primeros nueve meses de este año presentaron mil 545 averiguaciones previas por
homicidios dolosos o intencionales, apenas 14 menos que las cometidas en el
mismo periodo del año pasado.
El
30 de agosto, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció que priorizaría la
seguridad -con la participación de autoridades de los tres órdenes de Gobierno-
en 50 municipios del país donde se cometen el 45 por ciento de los homicidios
intencionales, dentro de esta lista hay ocho municipios del Estado de México.
“Las
autoridades están siendo omisas para hacer una persecución verdadera de la
delincuencia y las instituciones de procuración de justicia están avocadas a
perseguir disidentes políticos, a disciplinar comunidades, y reprimir luchas
sociales”, dijo Lara.
VENGANZAS CONTRA MILITARES
99
agresiones fueron perpetradas en contra de militares entre enero y agosto.
Foto: Alan Ortega, Cuartoscuroi
La
noche del 30 de octubre dos cuerpos de soldados fueron hallados en Acapulco.
Roberto Álvarez Heredia, vocero castrense, informó que los miembros de las
fuerzas armadas se encontraban en su tiempo libre y vestidos de civil, después
de asistir a un curso en la Base Aérea Militar número 7, cuando fueron
secuestrados un día antes.
A
pesar de diversas versiones que cuestionaron sobre la razón del ataque, Álvarez
expuso que ninguno de los elementos conformaba parte de algún dispositivo de
seguridad en Acapulco.
El
General en retiro Francisco Gallardo Rodríguez aseguró que debe haber
investigaciones para determinar en dónde operaban estas personas y si
cometieron algún abuso en contra de civiles, “porque eso nunca se dice”.
Para
Gallardo el discurso de que el Ejército ha estado recibiendo una serie de
afrentas ha servido para justificar el uso desproporcionado de la fuerza por
parte de los castrenses.
“Cuando
hay una crisis como la de Acapulco hay un procedimiento sistemático de operar,
en donde previenen a la tropa y a los oficiales que no salgan y que tengan
mucha reserva cuando salen francos. La autoridad y los medios no lo saben ni lo
ponen a la luz pública, y únicamente aseguran que es una afrenta. Y eso no lo
creo”, dijo el General.
Por
otro lado, la estrategia de combate frontal al narcotráfico ha derivado en una
serie de enfrentamientos. Datos de la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) detallan que entre enero y agosto hubo 99 agresiones en contra del
Ejército.
El
30 de septiembre un comando de las fuerzas armadas fue emboscado en la entrada
de Culiacán, Sinaloa. El enfrentamiento dejó a 5 soldados muertos y otros 10
heridos.
“A
raíz de la emboscada a los soldados es que hay todo un despliegue de fuerza
militar, que no sólo no ha podido parar la violencia, sino que los
enfrentamientos siguen”, dijo Tomás Guevara Martínez de la Universidad Autónoma
de Sinaloa.
Personas
toman la justicia por su propia mano frente a la ausencia de las autoridades,
coincidieron especialistas. Foto: Armando Monroy, Cuartoscuro
POLÍTICA DE INDIFERENCIA
Guevara
explicó que la actual administración del Presidente Enrique Peña Nieto ha
implementado una estrategia de laissez faire (dejar hacer, en francés) de cara
al ascenso de las cifras de homicidios.
“Me
da la impresión de que una estrategia del Gobierno federal fue no confrontar al
crimen organizado de manera tan frontal como lo hizo la administración
anterior. Han preferido la negociación, un poco dejar hacer y dejar pasar, para
que no se haga tanto escándalo”, reiteró Guevara.
Entre
enero y septiembre hubo 15 mil 201 averiguaciones previas por homicidios
dolosos, un aumento del 20 por ciento con relación al año pasado.
Organizaciones civiles como el Semáforo Delictivo aseguran que seis de cada 10
asesinatos corresponden al crimen organizado.
Datos
de la Procuraduría General de la República (PGR) al corte del primer semestre
del año expusieron que en el país operaban nueve grupos criminales y 37 células
delictivas.
Guevara
mencionó que a diferencia de hace 10 años ahora el Gobierno federal lidia con
una ruptura de los pactos entre el crimen organizado y la estructura política.
“Las
relaciones entre los juniors [del narcotráfico] son mucho más conflictivas y
sangrientas. Otra cuestión, es que antes los grupos no se metían en la
política, pero ahora lo hacen, y no es sorpresa ver narcodiputados”, dijo
Guevara.
El
investigador enfatizó que la estrategia de combate frontal al narcotráfico
fracasó porque no fue acompañada de un desarme de los andamiajes financieros
que hay detrás del negocio del narcotráfico.
(SINEMBARGO.MX/
JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ/ NOVIEMBRE 2,
2016 - 10:00 PM)
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