Fernando Sánchez Arellano "El Ingeniero" /
Gustavo Rivera Martínez, "El
P-1"
Miembros del Cártel Arellano Félix que
están encarcelados, ganan y pierden amparos como jugar a la baraja. “El
Ingeniero” Sánchez Arellano pierde amparo contra formal prisión por delincuencia
organizada, pero gana otro juicio para que le trasladen del CEFERESO Número 13
de Oaxaca al penal del Altiplano. Francisco Sillas y “El Muletas”, en Puente
Grande, promueven amparos frecuentes para no ser trasladados
Mientras que el ex líder del Cártel
Arellano Félix (CAF), Fernando Sánchez Arellano, estuvo a punto de librar
acusaciones de delincuencia organizada y del atentado contra el ex director de
la Policía de Playas de Rosarito, Eduardo Montero, otros de sus
correligionarios entablan sus propias batallas en cárceles mexicanas.
Múltiples causas penales en
su contra, privación de la libertad en prisiones de máxima seguridad y una
salud deteriorada como consecuencia del encierro, es lo que viven algunos de
los ex miembros del CAF, quienes a través de los tribunales buscan resoluciones
que alivien sus condiciones legales o una mejora en su estancia intramuros.
Las volteretas en los
acuerdos y sentencias de los Juzgados hacen que la vida de quienes un día
fueron sicarios, distribuidores de droga o jefes de la organización criminal no
sea aburrida, pero sí coexista con la incertidumbre sobre su futuro.
En una fecha les anuncian que les fue
concedido un amparo y en otra les notifican que el fallo fue revocado. Es su
“pan” de cada día tras las rejas.
El bache legal del
“Ingeniero”
Primero le enseñaron el
“dulce”, luego se lo negaron.
Así le ocurrió a Fernando
Sánchez Arellano “El Ingeniero”, quien el 21 de abril de 2016 recibió la
noticia de que fue amparado por el Tercer Tribunal Unitario del Decimonoveno
Circuito con sede en el Estado de Tamaulipas.
Sánchez saltó de gusto al ser
notificado en el penal de máxima seguridad Número 13 en Oaxaca, donde se
encuentra desde el 30 de septiembre del año pasado como consecuencia de las
medidas de seguridad implementadas tras la fuga del narcotraficante Joaquín “El
Chapo” Guzmán del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1
Altiplano.
La protección de la justicia
federal ordenaba al Segundo Tribunal Unitario y al Juez Segundo de Distrito de
Procesos Penales Federales en Tamaulipas dejar sin efecto el auto de formal
prisión dictado en su contra por su presunta responsabilidad en la comisión de
los delitos de delincuencia organizada, homicidio calificado y tentativa de
homicidio calificado.
Se trata del proceso penal
130/2009 por el atentado en contra del ex director de la Policía Municipal de
Playas de Rosarito, Capitán Eduardo Montero Álvarez, en hechos perpetrados en
diciembre de 2007, cuando pistoleros irrumpieron en las instalaciones policiales
y fallaron en su intentona de matar a Montero.
Sin embargo, quien sí murió,
fue el escolta del funcionario, Guillermo Castro Corona.
Raydel López
Uriarte, “El Muletas”
Sicarios detenidos con
posterioridad, entre los que había ex policías rosaritenses, acusaron a Sánchez
Arellano de ser el autor intelectual del ataque armado.
En declaraciones
ministeriales aseguraron que la molestia del entonces líder del CAF era porque
Montero no se quiso alinear ni permitir a sus elementos -algunos ya
infiltrados- que operaran a favor del grupo criminal.
Desafortunadamente para “El
Ingeniero”, el amparo conseguido fue impugnado por el Ministerio Público
federal, y hace un par de semanas, el Primer Tribunal Colegiado del
Decimonoveno Circuito resolvió revocar la sentencia recurrida y negar la
protección constitucional al quejoso, por considerar que los testimonios de los
testigos protegidos sí fueron introducidos a la averiguación previa de manera
oportuna.
Pero no todo han sido malas
noticias para Fernando Sánchez Arellano, quien el 3 de noviembre reciente
volvió a ganar un amparo, pero esta vez para que sea regresado del penal
federal oaxaqueño a Almoloya de Juárez.
El trámite tenía más de un
año y finalmente el juez de amparo estimó que la orden de traslado no fue
emitida por una autoridad competente, ya que los directivos carcelarios no
tienen facultades para ordenar traslados sin la autorización de un juzgador.
“El Ingeniero” no la ha
pasado bien en el CEFERESO Número 13 en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca,
donde a finales de 2015 se quejó de no recibir atención médica adecuada a sus
malestares y sufrir incomunicación, golpes, tortura y malos tratos.
El juicio de garantías sobre
estos actos reclamados fue sobreseído al no poderse acreditar su existencia.
El posible traslado de
Sánchez Arellano al penal de Almoloya se suma al de varias decenas de presos
que están pendientes de ser reubicados por órdenes judiciales y que no hallan
respuesta inmediata del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y
Readaptación Social (OADPRS), que en su defensa argumenta no contar con los
elementos humanos y materiales suficientes para hacerlo.
UNA DE CABALLOS
Otro personaje que muestra
gran actividad ante la Procuraduría General de la República (PGR) y en Juzgados
para tener todo listo al momento en que se decrete su libertad, es Manuel
Aguirre Galindo “El Caballo”, uno de los hombres señalado de ser fundador de la
organización criminal de los hermanos Arellano Félix y su operador financiero.
Los escritos de su defensa
para solicitar información de los agentes del Ministerio Público Federal
adscritos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada (SEIDO) son constantes.
l no recibir la esperada
respuesta, en el sentido de saber sí Aguirre Galindo “tiene la calidad de
inculpado en alguna averiguación previa”, entonces se promueven amparos.
“El Caballo”, que pudo ser
excarcelado del penal de máxima seguridad Altiplano para ser internado en un
reclusorio de mediana seguridad de la Ciudad de México, tuvo un tiempo la
obstinación de conocer si existía una orden de extradición en su contra.
Hoy la duda persistente es
saber si la PGR le tiene reservadas algunas averiguaciones en el sigilo para
consignarlas cuando pretenda recuperar su libertad.
Recientemente, un Tribunal
Colegiado en Materia Penal en la capital del país confirmó un amparo a favor de
Manuel Aguirre para que al quejoso “no se le aplique en lo presente y futuro,
el Artículo 16, párrafos segundo, tercero y sexto, del Código Federal de
Procedimientos Penales”, y se le informe sin traba alguna si existe alguna
indagatoria en su contra respecto de hechos delictuosos que se le atribuyan.
Otros arellanistas que
también han recibido amparo son Marcos Assemat Hernández, Luis Ernesto Ramírez
Vázquez y Rubén Ríos Estrada, quien se cambia el nombre por el de Pedro Ignacio
Zazueta “El Pit” o “Carlos”, recluidos en el CEFERESO Número 5 en Villa Aldama,
Veracruz, acusados por delincuencia organizada, portación de arma de fuego y
cartuchos de uso exclusivo del Ejército.
El 17 de septiembre de 2015,
el Quinto Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, le
concedió el amparo a Marcos Assemat para que el juez de la causa dejara sin
efecto el auto de formal prisión dictado por delincuencia organizada, a razón
de que “las pruebas existentes en el sumario penal no resultan aptas y eficaces
para acreditar, en lo que atañe al inculpado de que se trata, la corporeidad
del referido delito”.
Al “Pit” y Ernesto Ramírez
les negó el amparo. Sin embargo, en el recurso de revisión, el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Quinto Circuito, resolvió conceder el amparo a los tres
imputados en contra del delito de portación de arma de fuego y cartuchos de uso
reservado para las Fuerzas Armadas, debido a que los dictámenes en materia de
balística emitidos por peritos oficiales no fueron ratificados por sus
suscriptores. La pifia es subsanable, no así la libertad de Assemat por
delincuencia organizada.
DEL “SILLAS” AL
“MULETAS”
Dos de los más temidos jefes
de células del CAF hoy palidecen en el penal de máxima seguridad de Puente
Grande. Se trata de Juan Francisco Sillas Rocha “El Ruedas” y Raydel Rosalío
López Uriarte “El Muletas” o “El Raydel”, quienes los últimos meses los han
pasado angustiados ante una amenaza de traslado a otra prisión federal.
Sillas Rocha, quien lucha
jurídicamente contra la Secretaría de Relaciones Exteriores para que no se
materialice la orden de extradición decretada el 18 de diciembre de 2012 que
ordena su entrega al gobierno de los Estados Unidos, ha interpuesto varias
demandas de amparo para no ser cambiado de reclusorio.
Juan Francisco Sillas Rocha,
“El Sillas”
“El Ruedas” ha solicitado la protección de la justicia para que las
autoridades penitenciarias le permitan tener en su celda libros y revistas; no
le cambien de módulo, sección, estancia y de cama; así como le brinden la
atención médica que reclama, específicamente “el estudio clínico de depuración
de orina de 24 horas o depuración de creatinina”.
La Dirección del CEFERESO
Número 2 “Occidente” niega la falta de atención médica y asegura que se ha
atendido oportuna y adecuadamente al interno, quien ha manifestado contar con
un solo riñón, por lo que se le realizó un plan de tratamiento y exámenes de
laboratorio de “función renal”, además de otras exploraciones, cuyas fotocopias
fueron anexadas al juicio de amparo.
Por su parte, Raydel Rosalío
López Uriarte, que apenas en agosto pasado concluyó la educación secundaria en
el penal de Puente Grande como el alumno de “mejor promedio”, también tiene su
historial en Juzgados reclamando el posible traslado a otra cárcel,
incomunicación, falta de atención médica general y de una dieta adecuada.
“El Muletas” ha recorrido
tres penales federales de máxima seguridad desde su detención en 2010.
A saber: Matamoros,
Hermosillo y Puente Grande. No quiere seguir rodando en las instituciones del
sistema penitenciario mexicano.
El 7 de abril de este año,
López Uriarte obtuvo un amparo para que el Ministerio Público federal
investigue los presuntos actos de tortura que sufrieron nueve reos durante el
cambio de estancias verificado en octubre de 2015.
Algunos de los presos
reubicados, entre ellos Mateo Díaz López, José Villanueva Ramírez y Raydel
tenían algunas huellas de golpes.
ZETA ha documentado en fechas
recientes otros casos de ex miembros del CAF que en prisión han acudido ante la
justicia para pedir garantías, entre ellos Saúl Montes de Oca Morlett “El
Ciego”, al que se le negó el derecho de poseer en su celda la trilogía
literaria de “Cincuenta Sombras de Grey”; a Melvin Gutiérrez Quiroz, un amparo
le permitió recibir sus revistas de carros “arreglados”; en tanto, Manuel
Martínez González “La Mojarra”, espera un fallo que le otorgue un beneficio de
libertad anticipada.
Carlos Herrera Ávalos, mejor
identificado como Gustavo Rivera Martínez “El P1”, tramita varios juicios de
amparo.
Entre los más relevantes, uno
para que sea trasladado del penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez a
una prisión bajacaliforniana, y otro, en contra de la orden de extradición que
la cancillería mexicana concedió a los Estados Unidos.
(SEMANARIO ZETA/ Impresa/
Investigaciones Zeta /Lunes, 14 noviembre, 2016 12:00 PM)
No hay comentarios:
Publicar un comentario