CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aún
no ocurrían los operativos policiacos contra maestros disidentes en Oaxaca y
Chiapas (en junio), ni su extensión a los pobladores que los apoyaban en la
sangrienta jornada de Nochixtlán, pero la estadística dejaba ver que las
violaciones a los derechos humanos de quienes se dedican a defenderlos se
mantenían como parte de una espiral represiva iniciada en el sexenio de Felipe
Calderón, aunque nunca tan radical y dispuesta a asumir los costos políticos
como ocurrió a partir del 1 de diciembre de 2012.
Cada año las organizaciones
Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, Campaña Nacional contra la
Desaparición Forzada y el Comité Cerezo México, emiten el único informe que
documenta –con nombre, fecha y lugar– la represión contra dirigentes sociales y
defensores de derechos humanos en el país.
En su edición 2016, dicho
informe fue intitulado “Defender los derechos humanos en México: la
normalización de la represión política”, y sus conclusiones parten de
interpretar los datos obtenidos mediante el registro de los casos de
desaparición forzada, ejecución extrajudicial, prisión política, así como de
las diferentes modalidades de agresiones cometidas contra defensores de
derechos humanos.
Desde sus primeras páginas el
documento da cuenta de las diferencias entre el sexenio de Felipe Calderón y el
de Enrique Peña Nieto: con el primero se llamaba la atención sobre una guerra
contra el narco que servía para “normalizar” la violencia; con el segundo, la
violencia ya normalizada, se ha concentrado en configurar al enemigo en quienes
se oponen a las reformas y políticas derivadas de éstas, centrando el discurso
político en los beneficios que habrá con la implementación.
Es decir, después de Calderón
el proceso represivo entró a un segundo momento: “Lo que estamos viendo no es
sólo un aumento en las estrategias represivas y una mayor selectividad, sino
que estamos presenciando que el Estado llegó a una fase en la que está
dispuesto a pagar los altos costos políticos que le trae el ejercer sus actos
represivos”.
DESAPARECER LA DISIDENCIA
Cuando cinco jóvenes
desaparecieron en Tierra Blanca, Veracruz, Claudia Ivonne Vera García se sumó a
la búsqueda. Desde 2011, cuando su sobrina de seis años desapareció en esa
entidad, reclamaba al gobierno su inacción y participaba en iniciativas ciudadanas
de localización, algo que siguió haciendo hasta que el pasado 23 de marzo ella
misma desapareció.
Veracruz es uno de los
estados con mayor registro de agresiones contra defensores de derechos humanos
y dirigentes sociales desde que Javier Duarte asumió el poder, y en su último
año de gobierno la entidad ascendió al primer lugar en desapariciones de
personas activas en el movimiento social.
Además de Claudia Ivonne,
también desaparecieron el académico René Hernández Luis (en agosto de 2015) y
el activista Naviel Pérez Pérez (el 3 de enero), aunque sólo en ese caso se le
localizó sin vida 10 días después. Con ese registro, Veracruz concentró tres de
las siete desapariciones contabilizadas en el país de junio de 2015 a mayo
pasado.
Los otros estados donde
ocurrieron hechos con el mismo tinte son: Tamaulipas, donde en julio de 2015
desapareció Enrique López Gutiérrez; Jalisco, Mirian Patricia Almanza Cruz, en
octubre siguiente; Ciudad de México, donde la Policía Federal desapareció a
Julio Emmanuel Marcel de Jesús, quien luego quedó en libertad, y Chiapas,
entidad en la que Fidencio Gómez Santís fue desaparecido en marzo pasado.
La edición anterior del
informe mencionaba que desde el inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto a mayo
de 2015, 81 personas defensoras de los derechos humanos o dirigentes sociales
habían sido víctimas de desaparición forzada. Entre junio de 2014 y mayo de
2015 fueron 52, es decir, la mayor parte de los casos que hasta ahora se han
contabilizado.
Este año hay una diferencia,
pues entre junio de 2015 y mayo de 2016 desaparecieron sólo siete personas (el
informe anterior incluía a los 43 estudiantes de Ayotzinapa), lo que indica una
disminución significativa respecto del período anterior. Pero en suma se trata
de 89 víctimas en lo que va del sexenio, de las cuales, tras su desaparición,
17 fueron víctimas de ejecución extrajudicial, nueve más fueron liberadas y
siete quedaron presas. Del resto, su paradero sigue siendo una incógnita.
La desaparición de dirigentes
sociales en la última década se observa en 15 estados de la República, pero son
Guerrero (69), Michoacán (16), Oaxaca (14), Veracruz (ocho) y Chiapas (siete),
los que encabezan la lista de entidades donde ocurre con mayor incidencia esa
grave violación a los derechos humanos.
ADIÓS AL REFUGIO
Rubén Espinosa era un
fotorreportero cercano al movimiento social veracruzano y su trabajo se había
vuelto incómodo al gobierno de Javier Duarte, así que, amenazado, decidió
trasladarse a la Ciudad de México, el refugio de los periodistas que en el
resto del país se encuentran en riesgo.
Semanas después se reunió con
Nadia Vera, una joven que acompañaba diferentes movimientos sociales, y en
especial el universitario veracruzano, que mediante los cauces regulares de la
protesta social confrontaba al mismo mandatario. La joven radicaba en la Ciudad
de México desde que su vivienda en Jalapa fue allanada y las acciones violentas
contra estudiantes se radicalizaron.
El 31 de julio de 2015, Rubén
y Nadia aparecieron muertos junto con tres mujeres, dos que compartían la renta
con Nadia y la empleada doméstica. El refugio capitalino fue vulnerado y el
multihomicidio continúa impune.
Las ejecuciones
extrajudiciales cometidas contra defensores de derechos humanos y dirigentes
sociales registran un incremento notable en la administración de Peña Nieto:
En 2007, apenas se
registraron tres casos; entre 2008 y 2010, hubo en total 21. Pero a partir de
2011, la incidencia creció hasta sumar 20 casos, y la tendencia se mantiene,
pues en 2012 hubo 21 ejecuciones extrajudiciales, 20 en 2013, 19 en 2014, 18 en
2015, y en los primeros cinco meses de 2016 ya sumaban nueve.
Al comparar por sexenio, con
Calderón fueron asesinadas 67 personas. En lo que iba del gobierno
peñanietista, hasta mayo pasado sumaban 66, una cifra que se incrementó en los
meses siguientes.
Sólo con los casos de mayor
cobertura, de junio a la fecha –que no son contemplados aun por el Informe–, el
incremento es claro en 2016, pues a los nueve casos mencionados se suman los
ocho muertos en Nochixtlán, Oaxaca, entidad donde al menos dos personas más
murieron en junio.
Para mayo pasado, el informe
había documentado siete casos en Oaxaca, la entidad con más ejecuciones
extrajudiciales; cuatro en Chiapas; tres en Guerrero, y dos casos más en la
Ciudad de México.
REDADAS Y PRISIÓN
Durante la jornada electoral
del 7 de junio de 2015, integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR) se
manifestaron por el desarrollo comicial. Cuando regresaban a sus casas fueron
embestidos por un operativo policiaco que detuvo a 75 personas, de las cuales
25 fueron consignadas y siguen presas.
El FPR es una de las
organizaciones sociales que más ha padecido de represiones en el país, y en
Oaxaca suele ser objeto de las distintas formas de represión. En el caso de los
25 presos de aquella jornada electoral, el proceso no avanzó porque el juez
tercero de distrito, Amado Chiñas, argumentó que no tenía traductores de mixe y
zapoteco, lengua materna de varios miembros del grupo. Pero los mandaron a
penales de alta seguridad, sin proceso y sin sentencia.
Por ser una detención masiva
y haber sucedido en Oaxaca, el caso es emblemático. Y es que al aspecto de la
masificación enfatizado por el informe, se suma el hecho de que se trata de una
de las entidades con mayor registro de defensores de derechos humanos o
miembros de movimientos sociales presos.
Junto con Oaxaca, el Distrito
Federal, Guerrero y Chiapas son los estados donde el uso de las detenciones
arbitrarias y la prisión por motivos políticos es mayor. Pero en el último año
el encarcelamiento de dirigentes se amplió a los estados de Michoacán, Jalisco
y Morelos.
En el informe anterior,
Guerrero tuvo el primer lugar en detenciones arbitrarias, todas relacionadas
con el movimiento magisterial, precisamente el que en el último año sumó más de
cien casos, sólo en Oaxaca y Michoacán.
En el rubro no sólo se
contabilizan los casos de quienes son sujetos a proceso penal, sino de aquellos
que aun siendo detenidos por unas horas, lo son a consecuencia de su
participación en el movimiento social. No obstante, los redactores del informe
previenen que muchas de las detenciones ocurren en lugares aislados, no siempre
es posible documentarlos y la estadística podría ser superior.
Hasta el pasado mayo sumaban
497 casos de detenciones arbitrarias ocurridas en los 12 meses previos, por lo
que la cifra aumentó, dado que en 2015 se documentaron 459 casos.
Respecto de quienes están
sometidos a proceso penal o fueron sentenciados, hasta el 31 de mayo de 2015
estaban presas 224 personas por motivos políticos en México, y actualmente, hasta
el 31 de mayo de 2016, suman 277. La cifra incluye a todos las personas que
están detenidas desde 1995, algunas de los cuales llevan ya alrededor de 21
años en prisión.
El incremento en las
detenciones y prisión para dirigentes sociales es notorio en la estadística.
Los informes de represión abarcan cada año de junio a mayo siguiente, y por lo
que respecta al período 2012-2013, se registraron sólo 50 casos, para 2014
sumaron 175, en 2015 la cifra ascendió a 224, y en el año próximo pasado, hasta
mayo, se acumularon 277 casos.
En el tiempo que lleva Peña
Nieto, el número de detenciones arbitrarias aumentó casi al doble respecto del
sexenio anterior, pues en tres años y medio se realizaron mil 635 detenciones
arbitrarias, lo que por otra parte representa 62% del total de detenciones
arbitrarias realizadas desde 2006.
Un dato adicional es que
alrededor del 70% de los detenidos están libres sin cargo alguno, es decir, no
existió ningún elemento para mantenerlos en prisión y ese simple hecho
convierte en arbitraria una detención. De acuerdo con los redactores del
informe, constata el hecho de que se utiliza como un mecanismo para inhibir las
manifestaciones organizadas de descontento, y sobre todo el ejercicio al
derecho humano a la protesta.
Hasta el cierre de este
informe, el número de personas que fueron detenidas de manera arbitraria y que
se encuentran en prisión asciende a 81; además, 67 personas que están libres
bajo caución o con reservas de ley.
Finalmente, a diferencia del
informe anterior, donde la mayoría de las personas fueron detenidas bajo
delitos del fuero común –lo que señalaba que eran ejecutadas por las
autoridades y policías de los estados–, actualmente hay un porcentaje similar
entre aquellos a los que les fueron imputados delitos del fuero común y
aquellos imputados por delitos del fuero federal.
ATAQUES, AMENAZAS, HOSTIGAMIENTO…
A unos cien metros del
caserío, en la villa de Cloete, en Coahuila, los caciques de la región intentan
extraer carbón. Sin embargo, un grupo de deudos de mineros muertos en los
socavones y la defensora de derechos humanos Cristina Auerbach Benavides se han
opuesto por la vía judicial.
Los priistas Antonio Nerio,
padre e hijo homónimo, cuando no son alcaldes son diputados. Ambos controlan
parte del transporte carbonero y también tienen minas irregulares, una de las
cuales exhibió Auerbach. La concesión es del regidor Álvaro Jaime, también
priista, en el municipio de Sabinas.
Además de las amenazas,
demandas, vigilancias y difamaciones en medios de comunicación, Auerbach
Benavides también fue víctima –el pasado 30 de marzo– del allanamiento de las
oficinas de la Organización Familia Pasta de Conchos, por parte de un grupo
clientelar del PRI regional. El caso concentra todos los tipos de agresión que
documenta el informe de la represión, pero es apenas uno de los ataques a
defensores de derechos humanos en todo el país.
Se trata de 136 eventos que
contienen 446 ataques que afectaron a 165 personas, 48 organizaciones y 15
comunidades. En 2015 se habían documentado 330 ataques que afectaron a 248
personas, 47 organizaciones y 35 comunidades.
La aparente disminución en
los eventos y los actos registrados del informe de 2015 al de 2016, muestra que
los ataques fueron masivos.
Sobre los estados en los que
ocurrieron, Guerrero concentra 18.6% (83 ataques) de todos los actos
documentados, seguido de Chiapas con 15% (67), Oaxaca con 12.3% (55), Michoacán
(48) con 10.7%, Veracruz con 8.9% (40) y la Ciudad de México con 7.8% (35).
El informe expresa su convicción
de que la alta concentración de casos en Guerrero es una respuesta del Estado a
la efervescencia del movimiento social motivada por la desaparición de los 43
normalistas de Ayotzinapa y la reforma educativa, lo que también explica que
sean los estados con movimiento magisterial los que registraron más ataques.
Por su tipología, se observa
una intensificación de la violencia represiva, pues a diferencia del año
pasado, cuando el hostigamiento fue el tipo de ataque más utilizado,
actualmente son las agresiones las que se presentan como el acto más usado con
261 casos (58.5% del total), seguido de la amenaza, con 62 casos (13.9%);
criminalización, con 61 (13.6%), y hostigamiento, con 43 episodios (9.6%).
Para las organizaciones que
emitieron el informe, la estadística en general no es sólo un recuento o
exposición de datos. Se trata, en síntesis, de un gobierno que intenta imponer
las reformas estructurales y sus políticas y programas derivados, mediante una
estrategia de control social que con militarización, paramilitarismo y la
construcción de un enemigo –en lo que llama “inercias y resistencias que deben
vencerse”– perfeccionó un modelo represivo que pretende normalizar.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL /ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA/ 15 NOVIEMBRE, 2016)
No hay comentarios:
Publicar un comentario