domingo, 4 de septiembre de 2016

POLICÍA (DE ENSENADA) SECUESTRADA


Sin transparencia, el proceso de ascenso de policías en Ensenada. La regidora presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Transporte, Columba Domínguez, recriminó la decisión de cancelar la publicación de la lista de “aprobados” y así “congelar” el procedimiento   


“¡Vergüenza me da que no nos hayamos mantenido en esta transparencia!… ¡Qué vergüenza!… ¡Qué mala corporación!”, espetó la regidora Columba Domínguez contra agentes de la Policía Municipal, incluyendo al director y miembros de la Comisión Disciplinaria, durante la sesión donde “tronaron” el proceso de ascensos, boicoteado desde el interior de Seguridad Pública Municipal y finalmente avalado por la mayoría de ese órgano. Y es que se fue al traste la transparencia que pretendían promover en relación al proceso de ascensos de policías, misma que no ha existido en más de 20 años, y que incluso se abrió a los medios para que atestiguaran la revisión de expedientes.

Un sector de la corporación acostumbrado a “llegar” con base a recomendaciones, imposiciones o compadrazgos, impugnó la convocatoria dos minutos antes de autorizarse la publicación de la lista de los agentes que pasarían la primera fase.

Hace más de un mes se abrió la convocatoria a la que respondieron 413 policías, casi la mitad de la corporación en activo, para competir por 82 nombramientos disponibles.

 La primera fase consistió en la revisión de toda la documentación solicitada, así como comprobantes de antidopaje, Control y Confianza, y buen historial; revisión a cargo de la Comisión Disciplinaria de Seguridad Pública.

Ya en las primeras revisiones, y aunque ninguna autoridad o miembro de la Comisión lo reconoció del todo, una primera lista de 17 elementos se había filtrado con la consigna de condicionar los nombres que pasarían “por la libre”, sin revisión, exámenes ni nada.

Director de Policía, síndico social y hasta alcalde declararon que no permitirían los viejos vicios, y la regidora miembro de la Comisión reconoció haber recibido amenazas.


Francisco Shields Galindo, director SSPM Ensenada

Finalmente no prosperó la imposición y desde hace más de dos semanas, se determinaron los 365 agentes que cumplieron con la primera etapa y pasarían a presentar los exámenes escritos de conocimientos y aptitudes físicas y mentales que serían aplicados en las aulas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), institución que sigue esperando y que proporcionó su espacio precisamente porque la aplicación del examen sería en el período de vacaciones de sus alumnos.

Por fin, el lunes 15 de agosto a las doce del día, se reuniría la Comisión Disciplinaria para autorizar la publicación de los nombres de los 365 agentes que presentarían exámenes para su ascenso, pero sorpresivamente dos minutos antes de comenzada la sesión, les llegó una carta firmada por 21 policías impugnando la convocatoria.

Los firmantes se inconformaron con las bases del documento, argumentado la violación a los artículos 87 y 86 del Reglamento de Servicio de Carrera Profesional Policial de la Secretaría de Seguridad Pública.

Acusaron que para la promoción de agentes la Comisión debe elaborar instructivos operacionales y que a la fecha no lo habían hecho, como tampoco publicar calendarios, fechas, temarios, bibliografías y demás, a fin de estar preparados para los exámenes.

También señalaron que el reglamento fija que la Comisión Disciplinaria será la encargada de evaluar los méritos de los policías participantes, mientras que la convocatoria le deja esa responsabilidad a personal de Sindicatura Municipal, por lo que consideran inválido el procedimiento.

Entre los elementos, casi todos en rango de sub oficiales, firmaron Luis Parra, Luis Alberto Toloza, Martín Guadalupe Silva, José Velarde, Rubén Hernández, Ramón Díaz Castañeda, José Francisco Meza González, Óscar Alonso Mendoza Ortiz, Rubén Eleazar Villegas Hernández. Curiosamente la mayoría de ellos ni siquiera se inscribió en la convocatoria.  

“GATO ENCERRADO”

“Es muy obvio, lo que ustedes están sacando ahorita es muy obvio, y sí, ahorita ustedes están muy calladitos, nomás levantan la manita, okey, no pasa nada, pero pónganse a pensar en las 413 personas que van a dejar ‘volando’ nomás por 21 caprichudos que quieren hacer lo mismo de siempre.

La verdad, ¡qué vergüenza me dan!”, expresó enojada, con los puños cerrados y arrojando los papeles en la mesa, y ante presencia de reporteros, la regidora presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Transporte, Columba Domínguez, recriminando la decisión de cancelar la publicación de la lista de “aprobados” y de “congelar” con ello el proceso.

Se dirigió especialmente a cuatro policías miembros de la Comisión que votaron en contra de seguir con la convocatoria, y del director de Seguridad Pública, Francisco Javier Shields Galindo, quien se abstuvo. Votaron a favor la regidora y el síndico social Iván Barboza.

Durante la álgida discusión, los integrantes que se opusieron férreamente a publicar la lista de policías pre seleccionados, “porque sería incongruente si ya está impugnada la convocatoria”, fueron el administrador de Seguridad Pública, Sergio Gamboa; el presidente de Unidades Corporativas, José Héctor López; el coordinador de Capacitaciones, Luis Enrique Paredes; y el asesor jurídico, Édgar Eugenio.

Todos alegaron buscar que el procedimiento esté apegado a la Ley, y negaron estar amenazados o presionados por mandos superiores para favorecer a unos cuantos y “tronar” el proceso.

“No podemos aprobar algo que el día de mañana pueda entorpecer el desarrollo de los compañeros, es en beneficio de la generalidad”, expuso Gamboa.

“El trabajo de la Comisión ha sido excelente, la controversia es normal, nada más buscamos cumplir lo que dice el reglamento y lineamientos de Seguridad Pública”, argumentó Paredes.

No valieron razones contrarias, como la del síndico Barboza, que recordó que todo iba bien en el afán de terminar con vicios, mañas y anomalías en los procedimientos para ascensos:

“Esto cambió de la semana para acá, no sé los motivos. Y por culpa de estos 21, los demás, a los que por primera vez les estábamos ofreciendo cancha pareja, se están quedando sin derecho a participar, qué lamentable”.

Reconoció que hay un solo error en la convocatoria y que se podría solventar con una fe de erratas:

“Ese documento no tiene sustento legal, ni fundamento, no es lo suficientemente válido para anular la convocatoria”.

Criticó que de los sub oficiales firmantes nada más uno esté apto para ascender, y los demás que están fuera de la posibilidad sean los que estén pegando de gritos:

“Y que no se mal interprete, que se piense que en la Comisión somos una bola de burros, ‘te equivocaste’, ‘la regaste’, no es cierto; fuimos asesorados por once abogados, si todos ellos están equivocados, pues es grave”.  

El tiro por la culata La regidora Domínguez reveló que en la sesión donde se aprobaría la publicación de policías que presentarían examen, así como fijar fecha, hora y lugar de la evaluación, tanto el director Shields como los oficiales Gamboa y Paredes llegaron tarde, y dos minutos antes del arranque de la reunión, apareció la dichosa carta de  “los 21”.

“Yo creo que ya traían planeado ensuciar el procedimiento”, aseveró. “Porque nada tenía que ver aquí un escrito de inconformidad que unos elementos dirigieron al director y secretario técnico. Todos podemos hacer un escrito, y todos podemos recibirlo, podemos dar fe y contestarlo.

Sin embargo, nos llevó hora y media debatiendo ese tema, no tenía que habernos parado, es solo un escrito administrativo”, narró.

“¿De qué se trata esto? ¿De hacer lo mismo de siempre? No es posible que nos hayamos gastado horas, semanas en esto. Hago responsable al director de Seguridad Pública porque él debe asumir la responsabilidad y darle curso a esto, porque así quedamos desde el principio”, abundó.

Consideró que hubo una clara intención de retrasar el proceso, hubo días en que hasta 20 llamadas telefónicas le hizo al director de Seguridad Pública para que convocara a sesión y continuar con las fechas establecidas, pero aquel nunca le respondió.

“Les dieron todo el tiempo para ensuciar el tema, y no se vale, han hecho cosas que son muy obvias, los mismos que estamos en la Comisión votan en contra o se abstienen, entonces ellos mismos le están dando pie a que las personas adentro de la corporación sigan haciendo mal las cosas. Ellos ya venían de acuerdo con este escrito para echar abajo la votación”, indicó.

“Estamos sorprendidos de ver quiénes firmaron la carta”, expresaron por su parte agentes policiacos que platicaron con ZETA.

“Son puros mandos, la verdad son los menos interesados en que esto se haga bien”, compartieron. Mencionaron que “La Pelayo” “no pasó los exámenes de función policial en Tecate, y son encargados de grupo y estaciones, a ellos les dan los ascensos directos, por eso no les conviene seguir el protocolo. Son personas allegadas que de seguro les iba a llegar el ascenso sin ningún filtro”.

De igual manera, aseguraron que el actual titular de Seguridad Pública, Francisco Javier Shields, fue director de Recursos Humanos en el XVI Ayuntamiento encabezado por Daniel Quintero Peña, y en su momento vendió los ascensos, “cuando los agente empezaron a pedir los exámenes y a pegar de gritos, se dio a la fuga, robándose los exámenes y después renunció a la Secretaría”.

Reiteraron que los mandos están acostumbrados a elegir a sus favoritos y privilegiarlos, “cada uno escoge a uno o dos para que los asciendan, son sus allegados, a ellos se suman los escoltas y comisionados a cuidar a los funcionarios, esos siempre son los favorecidos”.  

TODO FUE UN INVENTO

Dentro de la corporación se comenta y lo han filtrado a algunos medios, que atrás del empañado proceso de ascensos a policías está el oficial Juan González, quien ejerce un coto de poder dentro de la corporación, a la vez amparado por el secretario general del Ayuntamiento, Jesús Jaime González Agúndez, a quien le debe favores políticos.

 “Sí me siento agredido”, declaró molesto y con la voz a punto del llanto Agúndez al negar tener metidas las manos en el proceso:

“He pensado seriamente en denunciar penalmente a algunos medios, porque atentan contra la reputación de una persona. Si esa gente fuera un poquito inteligente, leyera los reglamentos, verían que es una cuestión de legalidad”.

Dijo que si bien todos los involucrados estuvieron de acuerdo en llevar a cabo el procedimiento de los ascensos y sacar la convocatoria tal como se hizo, lo cierto es que no lo hicieron bien:

 “Llegaron de la Academia de Sinaloa, la gente que nos viene a dar los cursos y nos dicen que nosotros no podemos inventar procedimientos, que debemos estar apegados al reglamento y leyes que existen”.

Enumera errores como hacer una mala interpretación de tabla de puestos, el no incluir una etapa para notificarles a los oficiales que no aprobaron y que tienen derecho a defenderse, que es una garantía de legalidad.

También, que no es el síndico procurador quien debe evaluar los exámenes, ni éstos deben ser aplicados “al parejo” para todos, sino diferenciados para los diferentes grados que se ofertan.

Tras la inconformidad presentada por los 21 elementos policiacos, revisaron y pidieron asesoría ante la Secretaría de Seguridad Pública Nacional, y que les respondieron que, en efecto, “nosotros estamos mal”.

Prácticamente afirmó que la convocatoria se la sacaron de la manga entre el director de la Policía, el síndico procurador y la regidora Domínguez, “se pusieron a repartirse funciones como si un hubiera un reglamento que dice cómo hacerse cada cosa, entonces vienen los instructores de la academia regional y nos dice que los miembros de la Comisión están legislando por su cuenta. 


 “Entonces nosotros estamos inventando, y al inventar, al hacer cosas que no están en la Ley, nos las pueden echar abajo, si seguimos con un proceso que todo el mundo sabe que está viciado, puede ser impugnado”, resumió Agúndez tras insistir que él no tiene interés en favorecer a nadie con ascensos y que ni siquiera forma parte de la Comisión Disciplinaria que llevaba a cabo el proceso.

El gobierno municipal hizo un posicionamiento oficial a través del director de Seguridad Pública y presidente de la Comisión Disciplinaria y de Carrera Policial, Francisco Javier Shields Galindo, y de Humberto Gamboa Aguilera, vocal en la Comisión, donde fijan que el proceso de “Promoción de Ascensos para Elementos Operativos 2016”  ha generado una serie de dudas entre algunos interesados, y controversias al interior de esa Comisión, por lo que nuevamente se hará una revisión de la convocatoria, atendiendo las presuntas omisiones al Reglamento del Servicio de Carrera Profesional Policial.

Refieren que no encontraron irregularidades en los requerimientos documentales en la primera etapa, pero que habrán de solventar los otros aspectos. Promete que el proceso no perjudicará a los elementos que ya se encuentran participando y que cumplieron con los requisitos, pero de la etapa de los exámenes, no pueden proporcionar una fecha. Quedó congelado el trámite y el tan anhelado ascenso para 82 elementos.  

NI ASCENSOS, NI PAGOS

Gritos, insultos, rabia y hasta lágrimas escenificaron el encuentro entre policías municipales y el secretario general del Ayuntamiento, Jesús Jaime González Agúndez, en el patio de Palacio Municipal, tras la falta del pago de cartocena a los uniformados el viernes 19 de agosto.

Los reproches por escrito y a grito pelón iban dirigidos al alcalde Gilberto Hirata Chico, quien prefirió esconderse y no asistir a la ceremonia del Día del Bombero, González Agúndez salió al ruedo y hubo un momento que perdió los estribos, dio la espalda o habló en medio de la consternación.

Los policías en activo exigieron el pago en tiempo y forma de su cartocena, prima vacacional y aguinaldo, vía nómina y no por orden de pago,  le reprocharon la falta de apoyo psicológico, económico y jurídico a agentes que durante su servicio han sufrido algún evento fortuito y quedan desamparados; citaron el caso del oficial Antonio Hernández, quien en defensa propia mató a un delincuente cuando forcejearon, “el cual no ha recibido apoyo alguno por parte de la institución, al grado que se encuentra recluido en el CERESO”.

Igualmente exigieron se les garantice transparencia y claridad en el proceso de ascensos a policías, así como que no habrá represalias en contra de los que firmaron el pliego petitorio.

Enfrentados cara a cara, al secretario del Ayuntamiento le faltaban argumentos y los policías tampoco tenían paciencia para escuchar las respuestas de siempre. Casi llorando de rabia, las voces de los agentes se agolparon contra el funcionario, reprochando que los tienen desamparados, a pan y agua:

“No hay ningún incentivo, entonces voy a llegar a ver una acción y me retiro”. “Son muchas trabas para todo, el compañero resbaló y le quitaron el arma, él puede salir con un amparo federal pero está recluido por falta de apoyo”,

“Ya estuvo bueno, nunca nos atienden, dónde está el dinero, dónde lo están jineteando”. 


(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA /JUAN CARLOS DOMÍNGUEZ/ MARTES, 30 AGOSTO, 2016 11:40 AM) 

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