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El Gobierno Federal no solo ha fracasado en su
estrategia contra la violencia en el país, producto del crimen y el narcotráfico,
además sigue su afán por disimular la información sobre los daños y la sangre
derramada
Las muertes dolosas en lo que
va del sexenio de Enrique Peña Nieto (menos de cuatro años) son incalculables.
Existe un intento endeble -y refutable- por parte del Gobierno Federal por
contabilizar el número que se convierte en una de las principales causas de
muertes en el país. Por sí solas, las cifras oficiales de la Secretaría de
Gobernación son escandalosas: 63 mil 816 expedientes judiciales relacionados con
muertes violentas en lo que va del gobierno priista. Desde luego, no fue tema de
relevancia en el Cuarto Informe presidencial.
Pese a lo posible en establecer
una cantidad de víctimas por el delito de homicidio doloso, México está lejos
de conocer a precisión las vidas que se pierden a raíz de la violencia y la
inseguridad.
El gobierno maquilla lo
evidente, la violencia y la ausencia de un plan para combatir la delincuencia,
prevenir la seguridad o procurar la justicia.
Sumando los tres años
concluidos (2013, 2014 y 2015) que Peña Nieto lleva en el poder público, en
promedio, cada año se contabilizan 21 mil 199 homicidios dolosos, Sin embargo,
el país de muerte no fue plasmado en el Cuarto Informe de Gobierno de Peña. Ocultar y disimular el
ambiente de guerra y la pérdida de Estado de Derecho no evita la realidad que
sacude con sangre al país.
LOS MUERTOS SON MÁS QUE NÚMEROS
La investigación realizada
durante semanas por ZETA arroja la cifra: 78 mil 109 homicidios dolosos en el
gobierno priista. Dichos números, son resultado del número de víctimas
registradas por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), informes homologados de las entidades,
consultas en procuradurías o fiscalías estatales y algunas referencias del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la
Secretaría de Gobernación. Sin embargo, la cifra podría ser mayor. La
incertidumbre de la cantidad exacta nace principalmente por el número de
personas desaparecidas, homicidios que son dolosamente clasificados como
suicidios en varios Estados, y la falta de autoridad en algunas zonas dominadas
por grupos armados, donde se cometen ejecuciones sin que las fuerzas policiacas
o de justicia acudan.
FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ
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Los más de 78 mil homicidios
dolosos documentados son quizá solo una parte de la cara de muerte y crimen que
el gobierno pretende no reconocer.
En esta nota, la tabla de las
personas ejecutadas con arma de fuego o con arma blanca durante el mandato
peñista. Como se aprecia, los Estados más violentos con base al mayor número de
ejecutados son:
Estado de México, Guerrero, Chihuahua, Jalisco,
Sinaloa, Ciudad de México, Michoacán, Veracruz y Tamaulipas. Si consideramos únicamente lo que va de 2016, de
enero a julio (al cierre de este trabajo aún no había concluido agosto), las
diez entidades con más ejecutados resaltan así:
Estado de México, 1 mil 326
Guerrero, 1 mil 267
Chihuahua, 771
Jalisco, 723
Sinaloa, 698
Baja California, 660 (de los cuales
490 se cometieron en Tijuana)
Ciudad de México, 654
Michoacán, 643
Veracruz,
606
Tamaulipas, 605.
Haciendo el mismo ejercicio,
pero proporcional a su población, es decir, la tasa de homicidios dolosos por
cada 100 mil habitantes, los cinco Estados con más violencia per cápita son:
Colima, 45.94 por cada cien mil habitantes
Guerrero, 35.31
Sinaloa, 20.10
Baja
California, 17.17
Morelos, 16.98
PAÍS ENSANGRENTADO, CIFRAS MAQUILLADAS
Respecto a Morelos, Alberto
Capella Ibarra, comisionado de Seguridad Pública, asegura en entrevista que los
datos que tiene el Mando Único son “las mismas prácticamente” a las registradas
por el Secretariado Ejecutivo Nacional de la SEGOB, pues “ya existe un sistema
estadístico que se alimenta mes con mes. Nosotros somos transparentes y
manejamos lo que es”.
La explicación del Mando
Único no es en vano, pues la desconfianza en las versiones oficiales es más que
normal. Por ejemplo, las cifras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación ha documentado
desde 1997 se refieren a la “incidencia delictiva”, esto es, las averiguaciones
iniciadas por homicidio y no al número de víctimas, aunque últimamente ha
comenzado a generar ese trabajo.
Para poner de muestra lo
arriba citado están las cifras -ambas oficiales– entre la incidencia delictiva
que maneja SEGOB y los datos de las defunciones por homicidio del INEGI.
En 2013, el Secretariado
registró una incidencia de 18 mil 332, mientras que INEGI dio cuenta de 23 mil
63 víctimas.
Lo mismo en 2014, cuando el
primero documentó 15 mil 653 y el segundo 20 mil 10; 2015 no fue la excepción:
17 mil 28 casos por parte de SEGOB y 20 mil 525 por parte del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía.
HOMICIDIOS, UNA EPIDEMIA
El doctor Hiram Beltrán
Sánchez es un investigador de la Universidad de California en Los Ángeles que
publicó un artículo en enero de 2016 sobre el impacto de los homicidios en la
esperanza de vida de los mexicanos.
El académico considera: “El
problema que tenemos en México con los homicidios es que hay una lucha
constante para poder saber si la información (oficial) es la apropiada y si
están codificando bien, o están enmascarando la información”.
Sin embargo, la realidad
actual es que en el País “el impacto en la esperanza de vida es mucho menor de
lo que debe existir, porque sabemos que hay muertes que se clasifican de otra
manera, a pesar de que efectivamente fueron homicidios”.
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Al comparar las conclusiones
del estudio con la situación actual del país, Beltrán Sánchez observa cómo la
violencia pasó de estar focalizada en algunos Estados -la mayoría en el norte-
a una distribución geográfica más generalizada.
“Cuando hablamos de los
homicidios como una epidemia nos referimos a la forma en que cambia este
patrón. Si vemos la información más reciente, los datos muestran que la
violencia se extendió en todo el país prácticamente”.
Por ejemplo, en 2010,
entidades como Colima y Zacatecas tenían cifras tan bajas de homicidios que ni
siquiera figuraban entre los principales Estados, “ahora Colima tiene una tasa
más alta que Guerrero”, apunta.
De ahí, el experto refiere la
importancia de obtener información más precisa para saber “cómo se está
transmitiendo” el fenómeno y detenerlo.
Ismael Urzúa Camelo, ex
subprocurador de Justicia en Aguascalientes y ex funcionario de la SEGOB,
también sabe que las cifras exactas son difíciles de conocer. Pero las
“deducciones” son más fáciles. Sobre todo a partir del elemento de
“averiguaciones que tenga PGR por delincuencia organizada en una entidad o
región, cómo se reflejan en cuanto al homicidio. Si hay muchas averiguaciones,
unas 15 o 20 por delincuencia organizada, se supone que debería haber un
incremento en homicidios”, refiere.
El ahora asesor del Senado de
la República formula la interrogante:
“¿Por qué los homicidios se
mantienen estáticos, en su mismo nivel, si hay mucha delincuencia organizada?
Porque sucede que la delincuencia los mata y los familiares, muertos de miedo,
ya no denuncian, no quieren saber nada”. Además de que “cuando alguien que
sufrió lesiones, muere, la autoridad no actualiza la información, la
averiguación sí, pero en la estadística ya no lo dan de alta”, concluye.
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PEÑA NIETO, EQUIVOCADO Y NECIO
Para Santiago Roel, director
de la organización ciudadana Semáforo Delictivo, el incremento del 17% en los
homicidios dolosos en el primer semestre de 2016 en comparación con el mismo
periodo de 2015, es consecuencia de las disputas entre los cárteles.
Sin embargo, el consultor,
quien creó el mecanismo de medición de incidencia delictiva, el cual califica
con verde, amarillo o rojo, según la situación de seguridad del país y en cada
entidad, ve en el uso de las fuerzas policiales para el combate a las drogas,
el trasfondo de la problemática.
“La administración actual no
quiere adoptar un cambio en las políticas de drogas por temor a pagar el precio
en 2018, y por ese costo político seguiremos sufriendo la inseguridad en todo
México”, consideró.
En entrevista con este
Semanario, el especialista señala que mientras en 2015 la información de
Semáforo Delictivo -alimentada a su vez de Lantia Consultores– indicaba una
media de 677 ejecuciones del crimen organizado al mes, para julio de 2016 se
contabilizaron mil 80 homicidios relacionados con delincuencia organizada.
“En el primer semestre del
año, el 56 por ciento de los homicidios en México son ejecuciones de crimen
organizado, pero hay Estados donde esta cifra está arriba del 80 por ciento,
como Guerrero, Colima y Tamaulipas”, indica.
Roel relaciona los constantes
incrementos de índices delictivos en aquellos Estados con la presencia de dos a
cuatro grupos delictivos en competencia por la plaza.
Un informe de la firma
especializada en seguridad Stratfor, titulado “Los Cárteles en México
Erosionarán en 2016”, proyecta que continuará la tendencia de fragmentación de
cárteles, la cual se ha mantenido desde hace más de 20 años.
Tales divisiones ocurrirán
dentro de las mismas organizaciones criminales, principalmente el Cártel de
Sinaloa, Los Zetas y Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
“Ningún grupo criminal se
mantendrá inmune a la descentralización y la reducción”, sentencia el reporte.
Es precisamente en la
estrategia de combate al narcotráfico, donde Santiago Roel ve el principal
problema del gobierno mexicano, ya que la política antidrogas “le da el poder
del mercado a las mafias, esto nos genera no solo violencia de alto impacto,
sino corrupción de alto impacto donde puede colapsar la autoridad por plata o
por plomo”, opina.
“Después de más de nueve años
con esta estrategia de incremento de violencia en la guerra contra las drogas,
cuando todos los indicadores son patéticamente negativos, ¿por qué tanta
terquedad en una estrategia que no funciona? Ni nos protege de consumos (de
droga), ni logra la paz”, exclama desde el auricular de su teléfono.
LOS MUERTOS QUE JAMÁS SE CONTARÁN
En diferentes entidades
federativas, los asesinados nunca pasan
siquiera por el escritorio de una autoridad. Chiapas es uno de los Estados que
ha sido calificado como de los más seguros por el Consejo Nacional de
Seguridad, sin embargo, está lejos de serlo.
Pepe Gallegos, editor de El
Heraldo, explica que durante los últimos años, “el narcotráfico y la trata de
personas siguen invadiendo las páginas
de las notas rojas de los principales diarios, quienes de forma discreta han
tratado de minimizar el hecho más que por censura, por temor a represalias de
los diferentes cárteles”, amén de la ausencia de la autoridad.
El periodista cita algunos
casos, como el de Ocozocoautla de Espinoza, “lugar donde tiene presencia un
grupo armado llamado el Cártel de los Sapos, han aparecido cadáveres en lugares
de extravío, algunos de ellos ni siquiera recogidos por el gobierno”.
Uno más. En Chamula se habló
de un enfrentamiento donde resultaron al menos siete muertos en una balacera,
pero los mismos habitantes indígenas no dejaron ingresar a las corporaciones
policiacas o de justicia.
“El ejemplo más claro
-prosigue- fue el de una mujer que supuestamente se suicidó poniendo en su
cabeza una bolsa de nylon y un lazo para luego aventarse a una cisterna, lugar
donde fue encontrada; ese mismo día fue localizado el cuerpo de otra persona
con signos de tortura, mutilada de los brazos y quemada en un lugar turístico”.
Algo similar ocurrió en la
capital del Estado hace un par de semanas.
Un empresario de bares y
cantinas, además de tener un taller mecánico, fue encontrado muerto en su
automóvil, pero según la procuraduría estatal se trató de otro suicidio.
Un comunicado de la PGJE de
Chiapas confirmó que el hombre se causó la muerte haciéndose un torniquete para
estrangularse en el cuello con una cuerda y un desarmador.
El narcotráfico y sus
consecuencias, la omisión de un gobierno sin estrategia y las cifras irreales
dejan indefenso a un país hundido en el narcotráfico, la violencia y la
corrupción.
(SEMANARIO ZETA/ Isaí Lara Bermúdez
/Domingo, 4 septiembre, 2016 06:00 AM)
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