La atroz realidad es que la tortura y el
soborno son las herramientas que la PGR ha aplicado, no para esclarecer los
hechos de la noche trágica de Iguala, sino para apuntalar la “verdad histórica”
decretada por el ex procurador Murillo Karam. Expedientes judiciales del caso
Ayotzinapa, cartas de denuncia de algunos detenidos y documentos que relatores
de la ONU enviaron al gobierno federal así lo revelan. Esta investigación fue
llevada a cabo con el apoyo del Programa de Periodismo de Investigación de la
Universidad de California en Berkeley y el Fondo para Periodismo de
Investigación (FIJ, con sede en Washington).
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-
Jesús Murillo Karam, exprocurador general; Tomás Zerón de Lucio, director de la
Agencia de Investigación Criminal, y Gustavo Salas Chávez, titular de la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada
(SEIDO), accedieron a que se recurriera a la tortura –y los dos primeros
incluso ofrecieron sobornos millonarios– para manipular el caso de la
desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Esto se revela en expedientes
judiciales –de los cuales se tiene copia–, y cartas enviadas a la reportera,
que contienen esas imputaciones directas contra Murillo, Zerón y Salas,
principales responsables de la investigación sobre la desaparición de los
normalistas ocurrida en Iguala en septiembre de 2014.
En la investigación
documentada se encontró que al menos 15 detenidos habrían sufrido violencia
sexual –amenazas de violación contra sus familiares y la consumación de algunas
de ellas, asfixia, toques eléctricos en genitales y violación– para obligarlos
a confesar su participación en los hechos, imputar a otros y firmar
declaraciones prefabricadas.
A casi 19 meses de la
desaparición de los estudiantes, la versión oficial que hasta ahora sostiene la
Procuraduría General de la República (PGR) es que los 43 fueron asesinados y
cremados en el basurero de Cocula. La versión se sustenta con testimonios de
presuntos miembros del grupo criminal Guerreros Unidos y policías de Iguala y
Cocula, quienes habrían confesado su participación en los hechos.
La violencia sexual usada
como método de tortura para obtener confesiones fue abordada en dos cartas
enviadas en febrero y julio de 2015 al gobierno de Enrique Peña Nieto por altos
funcionarios de la ONU, a raíz de varios procedimientos especiales ordenados
por el Consejo de Derechos Humanos de esa Organización, ante las “serias”
acusaciones de “detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles e inhumanos y
degradantes” por parte de 13 detenidos entrevistados directamente por relatores
de las Naciones Unidas.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición
2059, ya en circulación
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ANABEL HERNÁNDEZ /16
ABRIL, 2016)
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