MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Si el Senado de la República aprueba el Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) negociado en sigilo por el
secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, con el gobierno de Barack Obama y
otros siete países, estará entregando la nación entera en bandeja de plata a
los intereses más oscuros del planeta. Con el TPP, el sistema jurídico nacional
en su conjunto se subordinaría a los caprichos de las grandes empresas
trasnacionales. Los únicos fines de estas corporaciones son el lucro para sus
dueños y la manutención de la hegemonía económica, política, cultural y militar
de Estados Unidos.
A
juicio de Guajardo y su jefe Enrique Peña Nieto, México no es una nación
soberana, sino simplemente un “esquema-país” (véase: http://ow.ly/TrknF) cuya
función principal es generar oportunidades de negocios para los hombres y las
mujeres más adinerados del mundo. Para el gobierno actual no importan la
devaluación del peso, la profundización de la pobreza y la desigualdad, el
raquítico crecimiento económico, el desplome en el precio del petróleo o el
aumento en el costo de la canasta básica. Todos estos fenómenos son
preocupaciones menores, ya que solamente afectan a los más vulnerables y
necesitados dentro de un país, México, que estos funcionarios desprecian
profundamente. Lo importante es mantener en forma la máquina mexicana de apoyo
a las redes de poder global.
El
TPP es un documento secreto al que solamente unos cuantos oligarcas apátridas y
políticos corruptos tienen acceso. Sus 30 capítulos no se han dado a conocer al
público por el explosivo rechazo popular que podrían generar dentro de los
países que negocian el acuerdo: Estados Unidos, México, Chile, Perú, Australia,
Nueva Zelanda, Singapur, Brunei y Vietnam. La estrategia de negociación y
aprobación del acuerdo internacional se parece mucho a la del “Pacto por
México” utilizada en México para imponer la contrarreforma energética. Primero
se realizan negociaciones y pactos secretos entre políticos, empresarios y
funcionarios sin ninguna participación de la sociedad civil. Posteriormente,
las reformas consensadas son presentadas a última hora y aprobadas sin
deliberación alguna en clara violación de las prácticas y los reglamentos
parlamentarios.
El
TPP es aún más peligroso que la reforma energética. Las modificaciones a los
artículos 24, 25 y 27 constitucionales publicadas el 20 de diciembre de 2013 en
el Diario Oficial de la Federación entregan los recursos nacionales a las
corporaciones petroleras y energéticas. Pero el TPP coloca al país entero al
servicio de las trasnacionales y de Washington.
A
partir de filtraciones, sabemos que uno de los elementos más nocivos del TPP es
el establecimiento de un sistema de resolución de conflictos
inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) que cancelaría el poder
de la nación para controlar los abusos de las empresas extranjeras. Este tipo
de mecanismos permiten a los “inversionistas” demandar al Estado mexicano por
oportunidades de lucro supuestamente perdidas a partir de acciones
gubernamentales en defensa del medio ambiente, de los derechos humanos o de
regulación de la economía. Dichas demandas no son resueltas por las autoridades
nacionales o el Poder Judicial, sino por mesas de arbitraje internacionales que
no rinden cuentas absolutamente a nadie. La ONG estadunidense Public Citizen ha
proporcionado un excelente resumen de lo que está en juego con este tipo de
acuerdos (véase: http://ow.ly/Trrxi).
La
finalidad de dichas disposiciones es atar las manos de los gobiernos. Se busca
bloquear la posibilidad de que nuevas leyes o regulaciones generadas por
procesos democráticos interfieran con los contratos y las ganancias de las
trasnacionales. El TPP implica un ataque directo a la soberanía nacional y una
cancelación absoluta de la soberanía popular.
México
ya tiene una experiencia muy negativa con esta clase de acuerdos. Tanto el capítulo
11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como los
establecidos con España ya incluyen disposiciones similares. En varias
ocasiones el gobierno mexicano ha sido condenado a pagar sumas millonarias para
“compensar” a empresas trasnacionales ante las “pérdidas” causadas por acciones
gubernamentales.
En
un caso, con el fin de proteger la salud de sus ciudadanos, las autoridades del
municipio de Guadalcázar, San Luis Potosí, negaron un permiso de construcción a
una empresa canadiense de procesamiento de desechos tóxicos, Metalclad. Ésta
recurrió al tribunal especial del TLCAN y ganó un litigio en contra del Estado
mexicano por la cantidad de 16 millones de dólares. En otro caso, una compañía
de procesamiento de desechos tóxicos, la española Abengoa, ganó un juicio
similar, por 40 millones de dólares, al impugnar la decisión del municipio de
Zimapan, Hidalgo, de cancelar sus permisos de operación y uso de suelo.
En
lugar de empoderar a las trasnacionales en su lucha contra el pueblo de México,
un gobierno digno tendría que proteger la economía nacional, el medio ambiente
y el bienestar de los ciudadanos. Por ejemplo, el centro de investigación
Global Financial Integrity estima que aproximadamente 50 mil millones de
dólares son extraídos del país cada año por medio de mecanismos de fraude
fiscal, lavado de dinero y repatriación de ganancias a los países sede de las
trasnacionales (véase: http://ow.ly/Trzfh).
Para
aumentar el nivel de inversión no hace falta rematar a la nación o sacrificar
nuestra soberanía. Al contrario, basta y sobra con poner un alto al saqueo
constante de nuestros abundantes recursos y patrimonio nacionales por las redes
de corrupción financiera internacional.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter:
@JohnMAckerman
(PROCESO/
ANÁLISIS/ JOHN M. ACKERMAN/ 24 DE OCTUBRE DE 2015)
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