El
anuncio de un Operativo Antinarcóticos en Tijuana, hecho por el secretario de
Seguridad Pública Municipal, Alejandro Lares, expuso varios agujeros negros
dentro de la estrategia de combate a la inseguridad en el mencionado municipio.
Que tratándose de violencia, es el principal botón de muestra en Baja
California.
De
entrada, Tijuana toca su tope máximo de inseguridad en el año, y lo único que
se les ocurre es reciclar un operativo que ya ha fallado en meses anteriores. Y
todavía lo publicitan.
Como
no es el vocero del Grupo Coordinación ni el responsable de las órdenes de
aprehensión -según el Código Penal-, todo indica que el licenciado Lares no
pudo reprimir su impulso. Tal vez fue una gran necesidad de aprobación, quizá
intentaba combatir las críticas, a lo mejor dar la impresión de que sí están
trabajando, acaso cuidar su puesto y callar las voces que piden su destitución.
Pero
sin medir consecuencias, cacareó que van por un puñado de delincuentes
inmiscuidos en la venta de droga al menudeo e hizo lucir el operativo como un
malogrado intento de “asustar con el petate del muerto”.
Para
empezar, quienes participan en el operativo aseguran que el paquete de órdenes
a ejecutar es enorme -no 180- y tiene fácilmente el grosor del directorio
telefónico de Tijuana. Como no reúnen elementos suficientes para abatir
semejante rezago, entonces ya no es una amenaza, sino un aviso con la intención
de informar a los criminales para que huyan de sus zonas de confort, por lo
menos por unos días, semanas o meses, si tienen suerte, y esto baje
temporalmente la incidencia delictiva, lo que generaría una falsa seguridad.
Ahora,
si realmente existe la intención de capturar a todos esos delincuentes,
entonces Lares se habría ido de boca y los tijuanenses estarían enfrentando por
lo menos cinco problemas: una Procuraduría incapaz de cumplir con su obligación
de capturar delincuentes que ya tienen orden de aprehensión; policías
operativos que descuidan sus obligaciones preventivas para hacerle el trabajo a
la PGJE; otra vez, corporaciones sin depurar “persiguiendo” criminales; un
operativo reciclado y hasta ahora, resultados deficientes.
La
no depuración es pública, y ninguno de los directivos de seguridad es ajeno a
las denuncias contra elementos en todas las corporaciones liados a las
diferentes células delictivas, esos que roban droga y dinero, que protegen a
los criminales o los apoyan levantando e incluso ejecutando a sus rivales. Y
ahora quieren creer que perseguirán a quienes les completan el sueldo.
Luego
los agentes limpios que intervengan, correrán el riesgo de que avisados, los
delincuentes los reciban a balazos.
Adicionalmente,
bautizado como Operativo Antinarcóticos y anunciado como novedad, esta forma de
trabajo conjunto para ejecutar órdenes de aprehensión estaría en su tercera edición en los últimos cinco
meses.
Cuando
inició el incremento en los homicidios, la Subprocuraduría de Investigaciones
Especiales se coordinó con la Policía Municipal, ese primer intento duró más o menos tres semanas.
Después
sucedieron las muertes en lugares públicos en agosto, y la SIE decidió volverse
a coordinar, esta vez con la Policía Estatal Preventiva. Se aplicó dos semanas
en las zonas más violentas, pero se suspendió porque los agentes ministeriales
se negaron a continuar con el arduo trabajo y a la segunda semana los
criminales ya les habían tomado la medida y reiniciado la jornada
violenta.
¿El
único logro? Reducir el número de muertos dos, tres semanas entre abril y
septiembre, aunque los conteos mensuales siguieron a la alza.
Ahora
de nuevo se coordinan, esta vez
ministeriales, estatales y municipales, y Lares lo divulga con
entusiasmo, aunque sabe que la mayoría de quienes logren capturar, podrán salir pagando una fianza de 5 mil
pesos y seguir delinquiendo, porque muy pocos tienen cargos graves.
Entonces,
si saben que no los retendrán en las cárceles, significa que solo quieren
presionar a los vendedores de droga al menudeo para que éstos consideren mejor
opción bajarle al número de asesinatos, para quitarse de encima a la autoridad
y poder continuar tranquilamente con su actividad delictiva.
Septiembre
se convirtió en el mes más sangriento de 2015 en la entidad fronteriza, con 73
asesinatos. Por ello, a partir del 1 de octubre los diversos representantes del
sector empresarial -como lo han hecho desde abril, que inició la ola de sangre-
de nuevo alzaron la voz a nombre del resto de los ciudadanos.
Los
más políticos, exigiendo cambio de estrategia;
el resto, cuestionando que si hay
una, urge modificarla. Reclaman a las autoridades haber bajado la guardia, lo
que ha resultado en el incremento de inseguridad. Exigen definir roles,
responsabilidades, reforzar lo que está funcionado, generar acciones nuevas
ante una realidad más violenta, o retomar las que funcionaron en 2008-2010,
pero no son escuchados.
Las
autoridades y quienes siguen el tema de seguridad, saben que lo que están
proponiendo es más de lo mismo y que no ha tenido éxito. Es básico, los
gobiernos no pueden esperar resultados diferentes o mejoras reales, si realizan
las mismas acciones. Por lo que su actuar resulta cínico, como mínimo omiso e
irresponsable, además de un robo a la ciudadanía, dado los altos salarios que
cobran los titulares de las áreas de seguridad en Baja California.
(SEMANARIO
ZETA / COLUMNA “EMPEZANDO” DE Rosario Mosso Castro /Fotos. Archivo/ 12 de Octubre del 2015 a las 12:00:28)
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