Hacía tiempo que el
presidente Enrique Peña Nieto no mostraba la enjundia como en su reciente acto
en el Estado de México este lunes, donde el pretexto fue un tema municipal:
entregar patrullas a la Policía. Peña Nieto habló de la seguridad como si fuera
un credo, y enfatizó que hasta “los más escépticos (y) los más críticos
reconocen que hoy hay índices de una mejor seguridad en todo el país”. El
Presidente dijo que los homicidios dolosos han disminuido, así como el robo y
los secuestros. Hoy, afirmó sin nombrarlo, México está mejor que con el
presidente Felipe Calderón.
El discurso recuperó
el lenguaje de manos vehemente del Presidente, la voz enérgica y el tono
desafiante. Por primera vez, rompió incluso su criterio de no usar apodos ni
retórica guerrera en su discurso sobre seguridad. A los 122 criminales que
decidió su Gobierno perseguir los llamó “blancos”, y no sólo ignoró el nombre
de los dos más paradigmáticos, Joaquín Guzmán Loera y Servando Gómez Martínez,
sino que lo identificó como “El Chapo” y
“La Tuta”. Cinco de cada seis de la lista gubernamental han sido abatidos o
“están tras las rejas”, dijo.
La palabra del
Presidente fue distinta a la que había utilizado previamente. Aún está lejos
del discurso bélico de Calderón, pero ha encontrado en la estrategia de su
antecesor la ruta de la recuperación de su propio modelo de seguridad. Después
del fracaso de los ocho primeros meses, cuando dejó de combatirlo la Secretaría
de Gobernación –que trajo el renacimiento de La Familia Michoacana en Los Caballeros Templarios y que Michoacán estuviera en el
umbral de la guerra civil en enero de 2014-, retomó donde la dejó Calderón.
Identificarían a objetivos –Calderón tenía a una treintena nada más–, e irían
sobre las cabezas de los cárteles, sus esquemas de financiamiento, distribución
y comercialización de drogas, para quebrarlos como organizaciones pulpo y
atomizarlas en pandillas. Calca exacta de lo que hizo su antecesor.
La crítica
permanente que le hicieron a Calderón quedó hueca. Los asesores de Peña Nieto
decían que el ex presidente no tenía estrategia alguna, dicho más por
ignorancia, pues la ruta que siguió el gobierno de Calderón para enfrentar a
los criminales era la que se empleó en Nueva York, Miami, Chicago, Bogotá,
Medellín y Palermo para acabar con las grandes organizaciones. Esa estrategia
estaba cimentada en la fuerza policial y
militar –en su discurso, Peña Nieto no habla en ningún momento de la Marina y
el Ejército como parte de las fuerzas que han abatido a los criminales–, y
tenía externalidades: las pandillas que surgían eran más violentas,
constituidas principalmente por sicarios que se mudaban de delitos federales
hacia aquellos del fuero común, como robo y secuestro.
Peña Nieto no está
haciendo nada, en términos prácticos, que no haya hecho Calderón. Tardó ocho
meses en entender que sus estrategas habían fracasado y en modificar la ruta.
Ocho meses perdidos. La violencia, en términos nominales, admiten funcionarios
federales, ha bajado desde abril de 2011, tal como lo afirmaba el Gobierno
calderonista. En su discurso, el Presidente utilizó los datos que le
proporcionó el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, que son los que hace escaso un mes
entregó a la Cámara de Diputados para ensalzar la estrategia de su Gobierno. Lo
que no le dijeron al Presidente es que las estadísticas están amañadas.
En el documento
sobre el que basó sus cifras se menciona que la tasa de homicidios dolosos se
redujo 14.6% con respecto a 2013, y 11% con respecto a 2012. Las cifras de
secuestros, en el mismo reporte, bajaron 18% en relación con 2013. En materia
de robo, la disminución fue de 11% en relación con 2013 y 13.6% en relación con
2012. El total de la incidencia delictiva cayó 5% con respecto a 2013, y 7% en
relación con 2012. Estadística para
presumir, pero el Presidente debería saber que si bien no es falsa, está
incompleta.
Según el informe,
intitulado “Principales Avances de la Política de Seguridad, 2014”, la
metodología lo explica todo: averiguaciones previas de entidades federativas.
Es decir, en 2013 y 2014 ya no se contabilizaron los delitos federales, como se
hizo hasta 2012, cuando el índice de violencia era la suma de delitos federales
y del fuero común. Esta diferencia metodológica es fundamental. De acuerdo con
Isabel Miranda de Wallace, presidenta de Alto al Secuestro, el 60% de los
delitos del fuero común nunca se denuncian por el temor a las autoridades
locales. Si se extrapola mecánicamente este dato, los totales que maneja el
Presidente tendrían que ser 60% superiores a los que mencionó. Además, a
diferencia de la administración anterior, en el actual Gobierno una
averiguación previa se contabiliza como unidad, aunque dentro de ella aparezcan
más de una persona acusada, lo cual, si bien optimiza los procesos, reduce aún
más la estadística.
Pese a su manejo
sibilino en el tema de seguridad, el Gobierno del presidente Peña Nieto ha
hecho notables avances desde el tercer trimestre de su administración, y
alcanzado importantes victorias. Pero como reconoció el Presidente, aún no se
puede estar satisfecho. Mucho más tendrá que hacer en esta loca carrera contra
los criminales, que es lo que hizo el gobierno de Calderón durante seis años, y
cuya ruta retomó Peña Nieto, aunque no lo reconozca, para el resto de su
Gobierno.
(ZOCALO/ Columna
Estrictamente Personal/ de Raymundo Riva
Palacio/ 01 de abril 2015)
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