Holbox es un pueblo
de pescadores que se asienta en una isla con playas de talco de 40 kilómetros
de largo frente a la Península de Yucatán. Este santuario del tiburón ballena
es uno de los destinos turísticos vírgenes de la nación, y ha vivido en turbulencia
social desde 2011, cuando se autorizó un proyecto de 850 millones de dólares
sobre terrenos por los cuales empresarios apoyados por políticos pagaron a los
ejidatarios cinco millones de pesos, que detonó protestas y movilizaciones que
llevaron a la cárcel a 16 comuneros acusados de daños ambientales.
La semana pasada el
Tribunal Colegiado de Quintana Roo ordenó la liberación de los 12 comuneros que
aún estaban presos, pero hasta este lunes, no se había respetado el fallo. Lo
que ha sucedido en Holbox en todo este tiempo se empapa en litigios en
tribunales agrarios y la Suprema Corte de Justicia, donde los comuneros de
Holbox han enfrentado fuerzas políticas y empresariales poderosas, que han
pasado
desapercibidos para
la mayoría de los mexicanos, pese a ser uno de los conflictos interminables más
tóxicos para el actual Gobierno federal.
La corta historia de
lo que los comuneros describen como un “despojo”, se comenzó a escribir en
enero de 2006, cuando fue constituido en Mérida, Yucatán, el Fideicomiso para
la Promoción y el Desarrollo Sustentable de la Isla de Holbox, donde
participaron como fideicomitentes los ejidatarios de la isla, y como fiduciario
el banco J.P. Morgan de Nueva York. El horizonte paradisiaco de Holbox y lo que
podría llegar a representar, no lo
vieron los ejidatarios, sino un empresario yucateco, Fernando Ponce García, que
heredó de su padre BEPENSA, una empresa que se diversificó bajo su conducción.
Ponce García es el distribuidor de la Coca-Cola en la Península de Yucatán y de
automóviles de lujo, en un conglomerado que se extiende a la mitad de México,
Centroamérica y el Caribe.
Ponce García manejó
la ingeniería financiera del proyecto turístico que pensó para Holbox –llamado
“La Ensenada”- con su ex yerno, Ermilio Castilla Roche, con quien en 2008
compró lotes por un total de 100 metros de playa y 400 metros de fondo, así
como los derechos sobre las tierras de uso común a 65 de los 116 ejidatarios de
Holbox, por cinco millones de pesos. El valor catastral de los 116 lotes los estimó
el
Instituto de
Administración y Avalúo de Bienes Nacionales en 99 millones de pesos. Los
ejidatarios nunca pudieron sostener la acusación de fraude porque el expediente
desapareció del Registro Nacional Agrario, que en la época en que se realizó la
primera operación financiera, la delegada era la actual diputada federal
panista Alicia Ricalde Magaña.
Durante el gobierno
de Felipe Calderón, Holbox se convirtió en uno de los destinos de descanso
favoritos del ex presidente. En 2008, la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales autorizó el mega proyecto Península Maya a un consorcio de
empresarios yucatecos encabezado por Ponce García, que contó con el respaldo
del entonces gobernador de Quintana Roo y actual senador, Félix Canto González,
el motor detrás del frustrado proyecto
Dragon Mart, y de los líderes del Partido Verde, en particular de su jefe
político, Jorge Emilio González, que vive en Cancún. El proyecto prometió una
inversión de 850 millones de dólares durante los siete años siguientes, que
transformarían la vida en Holbox.
Desde el principio,
el desarrollo fue impugnado. De acuerdo con sus críticos, la construcción de
sus 875 villas y condominios, tres hoteles y un centro comercial, afectaría al
ecosistema, por lo que exigían los ambientalistas de la isla que se mantuviera
el entorno rural de la isla. Los comuneros litigaron en tribunales y fueron
perdiendo en los juzgados. En 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
otorgó el amparo a Península Maya para
que continuara con el proyecto de “La Ensenada”.
Si legalmente los
comuneros y ambientalistas estaban derrotados, la vía política era lo que
seguía. Para dividir a los comuneros, el primero de junio pasado se aprobó la
división de Holbox en cuatro porciones ejidales, con lo que se abría el campo
político a la construcción del proyecto de Ponce García. Medios locales
reportaron en aquél momento que entre los asambleístas habían participado
ejidatarios de Yucatán, enviados por el empresario, que no tenían injerencia
alguna en los asuntos de Holbox. A la mañana siguiente, la Presidencia
Municipal amaneció sitiada por policías antimotines, ante la volatilidad
política que se vivía.
Casi dos meses
después, la Marina detuvo a 16 comuneros acusados de remover vegetación en
Holbox, en un operativo ordenado por la delegada de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente, Nohemí Ludivina Menchaca Castellanos, ex senadora del
Partido Verde, quien fue cesada en febrero pasado, según trascendió en la
prensa, por su involucramiento en el proyecto cancelado de Dragon Mart y el de
“La Ensenada”. La ex delegada dijo que
renunciaba para contender por una diputación por el Verde, y fue sustituida por
Carolina García Cañón, ex diputada también del Partido Verde pero, a diferencia
de su antecesora, mexiquense; su suplente es Alejandro del Mazo Maza, primo del
presidente Enrique Peña Nieto.
El conflicto social
en Holbox sigue, y no va a parar. Los intereses empresariales y políticos en el
proyecto, son más fuertes que los gritos de la sociedad, la marca indeleble del
México actual.
(ZOCALO/ Columna
Estrictamente Personal/ de Raymundo Riva
Palacio/ 01 de abril 2015)
No hay comentarios:
Publicar un comentario