Virgilio Andrade,
secretario de la Función Pública, comenzó el camino hacia su infierno. Hace
unos días declaró que este año dará a conocer si alguna de las empresas del
Grupo Higa, propiedad de Juan Armando Hinojosa, uno de los hombres más cercanos
al presidente Enrique Peña Nieto, recibió trato preferencial en la adjudicación
de contratos que prueben si en la operación de compra y venta de la “Casa
Blanca” existió un conflicto de interés. La investigación no tocará
jurídicamente al Presidente, porque aún si lo hubo, el responsable legal no
sería él sino aquellos involucrados en las licitaciones. Esto, por supuesto, no
resuelve el cáncer central que aqueja al Presidente, el de la ilegitimidad,
porque este es un tema eminentemente político.
Peña Nieto viene
arrastrando el tema de la “Casa Blanca” desde la campaña presidencial, cuando
su equipo de campaña fue alertado que en el primer debate presidencial en mayo
de 2012, el candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, iba a
ventilarlo. Desde entonces sabía el entorno de Peña Nieto que la información la
había dado el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y
que quien sacó la información
confidencial de los archivos de la Ciudad de México sobre la operación
inmobiliaria fue Héctor Serrano, quien repitió como secretario de Gobierno.
Peña Nieto iba preparado para responder. En el bolsillo de su saco llevaba
copias de la documentación y del pago de impuestos de la “Casa Blanca”, apenas
en construcción.
Pero López Obrador
no dijo nada en ese debate ni en el segundo, en junio. Irónicamente, cuando
hizo público la existencia de esa casa fue el 25 de julio, semanas después de
la elección, durante un discurso cuyo video de dos minutos con 31 segundos
subió @radioamlo a YouTube, donde invitaba a Peña Nieto a discutir en público
sobre el dinero que tenían, sus bienes, cómo los habían obtenido, y quién
compró votos y la elección presidencial.
Se trata, dijo, de un intercambio de puntos de vista, no debate, porque señaló
que tenía muchas cosas qué preguntar, como los viajes a Miami, la casa en Las
Lomas donde vive, con un costo “aproximado de 30 millones de pesos”, y qué
tenía que ver esta propiedad con Televisa.
Nunca supo el equipo
de Peña Nieto porqué López Obrador no ventiló el tema en los debates
presidenciales. El candidato de la izquierda tenía ideas generales de lo que
había en la fortuna de su rival en ese entonces, pero no necesariamente el dato
concreto. La señora Rivera, no Peña Nieto, era quien tenía el condominio en
Miami, a donde viajaba regularmente en aviones proporcionados por Mario Vázquez
Raña, presidente de la Organización
Editorial Mexicana, fallecido recientemente. La casa donde está involucrada
Televisa –valuada en 27 millones de pesos– es de Rivera, sobre Paseo de las
Palmas, en las Lomas de Chapultepec, y quería conectarla con una nueva casa
construida en la parte posterior, sobre la calle Sierra Gorda.
Peña Nieto fue quien
pidió a Hinojosa que la casa se pusiera a nombre de una de las empresas del
Grupo Higa –Ingeniería Inmobiliaria del Centro–. Esa propiedad, llamada la
“Casa Blanca”, fue motivo de la investigación del equipo de investigación de
MVS Radio bajo el mando de la conductora Carmen Aristegui, con el respaldo de
la plataforma de periodismo latinoamericano Connectas, vinculado a algunas de
las organizaciones de periodismo de
investigación más importantes del mundo, y el Internacional Center for
Journalists, que tiene soporte financiero de las fundaciones Knight
–involucrada hace años en promover la calidad del periodismo latinoamericano– y
Gates.
Nadie prestó
atención a López Obrador cuando mencionó las propiedades de Peña Nieto en 2012.
Pero cuando la primera dama dio una entrevista de la revista “¡Hola!”,
publicada en mayo de 2013, el periodista Rafael Cabrera, intrigado por las
fotografías, empezó una investigación de la casa privada de la pareja, que se
publicó en noviembre pasado. Las fotografías que acompañaron la investigación
pertenecían al render –imágenes
digitales en tercera dimensión– del arquitecto del proyecto, Miguel Ángel
Aragonés, que no es arquitecto titulado y que se peleó con Rivera antes de
publicarse la investigación. Aragonés, que no construyó la casa, retiró las
imágenes de su página web después de estallar el escándalo.
Estos detalles, que
están fuera de las atribuciones de Andrade, conforman la línea de tiempo de uno
de los golpes políticos más exitosos que se han dado en México. La ironía es
que si Peña Nieto sabía que la información de la “Casa Blanca” estaba en las
manos de sus adversarios, no buscara resolver el tema del conflicto del interés
que ello implicaba y evitar que la percepción negativa lo arrollara. Ni le
prestó atención ni hizo su cálculo
político. Política y periodismo se convirtieron en su tsunami.
El secretario
Andrade debe hacer el cálculo que no hizo su jefe, porque la “Casa Blanca”
tiene un campo sembrado de víctimas. La primera dama está anulada como activo
de la Presidencia; Hinojosa ha reducido en 50% su nómina por la cancelación de
contratos. El trabajo de Andrade se limita a las licitaciones, no al contexto
político que contamina el caso, pero podría minimizar el daño contra él si
encuentra irregularidades y procede
contra los responsables. Es decir, si la encomienda presidencial no es una
pantomima y él, una pieza más de sacrificio.
(ZOCALO/ Columna
Estrictamente Personal/ de Raymundo Riva
Palacio/ 01 de abril 2015)
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