MÉXICO,
D.F. (apro).- El Vaticano quedó bajó presión para cambiar la forma en
que aborda la pederastia clerical y su trato hacia las víctimas de ese
flagelo, por lo cual organizaciones de defensa de los derechos de la
niñez y de víctimas esperan que un comité de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) empuje esas transformaciones.
Así quedó
evidenciado durante la sesión de evaluación del jueves 16 sobre el
cumplimiento de la Santa Sede con la Convención de los Derechos del Niño
de 1990, escenificada en Ginebra. Fue la primera vez que el Vaticano
debió responder a fondo sobre ese fenómeno que ha provocado una seria
crisis desde su explosión en 2010.
Delegados de organizaciones no
gubernamentales de Estados Unidos, México y Europa expusieron ante el
Comité de los Derechos del Niño -integrado por 18 expertos
independientes y cuyo mandato es supervisar el apego de los Estados
parte al instrumento internacional-, una situación caracterizada por
cientos de miles de casos y una política de encubrimiento, complicidad e
impunidad.
“Hay más que el Vaticano pudo responder. Su mensaje
era evadir las preguntas y colocar la culpa en la jurisdicción de los
Estados”, dijo a Proceso Bárbara Blaine, fundadora de la Red de
Sobrevivientes de Abusos de Sacerdotes (SNAP por su sigla en inglés) y
quien asistió a la audiencia.
Blaine fundó la red en 1988. Tiene
más de 12 mil miembros en EU y otros más en 64 países, con delegaciones
en México, Chile, Perú, Canadá, Alemania y Australia. Su creación fue,
luego de que el sacerdote Chet Warren abusó sexualmente de ella en 1969
cuando estudiaba en una escuela católica en Toledo (Ohio).
El
Comité, comandado por Hiranthi Wijemanne, de Sri Lanka, cuestionó
duramente a la delegación vaticana, encabezada por el monseñor Silvano
M. Tomasi, observador permanente ante la ONU, sobre datos específicos de
casos de pederastia, la protección a los infantes y las medidas de
prevención y persecución de los autores.
La vicepresidenta del
comité de la ONU, la ecuatoriana Sara Oviedo, exigió al Vaticano más
detalles sobre los casos de abuso y las medidas exigidas por ese
organismo.
“¿Por qué no hacer un esfuerzo para ser más
transparente?”, cuestionó, al criticar que “los castigos que se
impusieron no parecen reflejar la magnitud o alcance de los delitos”, en
alusión a acciones como el retiro de los involucrados o su traslado a
otras parroquias.
El Comité indagó en casos como el del nuncio
apostólico en República Dominicana, el arzobispo Josef Wesolowski,
acusado de abusos sexuales en la nación caribeña y a quien el Vaticano
sacó de allí en agosto último para juzgarlo bajo sus propios cánones.
En
su alocución ante el organismo de la ONU, el exsacerdote jesuita
Alberto Athié declaró que “la Santa Sede tiene responsabilidad
institucional sobre las formas en las que encubrieron a muchos
sacerdotes, obispos y cardenales pederastas”.
Athié, quien
renunció al ministerio en 2003 luego de que el cardenal Norberto Rivera y
el entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe,
Joseph Ratzinger, se negaran a atender las denuncias de abuso sexual
cometidas por Marcial Maciel, señaló que el Vaticano “maneja un lenguaje
formal de no responsabilidad de jurisdicción formal general, pero no
con capacidad coercitiva ni impositiva a las iglesias locales”.
La
Santa Sede se escudó en las reformas en marcha impulsadas por el Papa
Francisco y en que es jurisdicción primordial de los Estados perseguir
los crímenes cometidos localmente.
“Los sacerdotes no son
funcionarios del Vaticano. Son ciudadanos de sus propios estados y
quedan bajo la jurisdicción de su propio país”, contestó Tomasi.
En
las 13 preguntas que hizo a la Santa Sede en julio de 2013 en relación
con su informe frente a la Convención de los Derechos del Niño, el
Comité quiso ahondar en asuntos como las medidas introducidas para que
ningún miembro del clero acusado actualmente de abusos sexuales pueda
seguir en contacto con niños, los casos específicos en los que se
adoptaron acciones inmediatas para evitar que siguieran en contacto con
menores y los casos en que los sacerdotes fueron trasladados a otras
parroquias o a otros Estados donde siguieron teniendo acceso a niños y
abusando de ellos.
Además, inquirió sobre las instrucciones
impartidas en todos los niveles del clero para que se cumpliera con la
obligación de notificar a las autoridades nacionales competentes todos
los casos de abusos sexuales y los casos en que se dieron instrucciones
de no denunciar esos delitos y en qué nivel del clero.
También
cuestionó el apoyo y protección prestados por la Santa Sede a los niños
víctimas de abusos que testificaron contra quienes los habían agredido
sexualmente y los casos en que se silenció a los infantes para reducir
el riesgo de que éstos se conocieran.
“Las investigaciones y las
acciones legales incoadas en virtud del derecho penal canónico contra
los autores de delitos sexuales y sus conclusiones, así como la
cooperación prestada por el Estado parte en las causas abiertas en los
países en los que se cometieron abusos”, preguntó el Comité.
Además,
quiso saber el número de niños víctimas que han recibido asistencia
para su recuperación e indemnizaciones y si se impuso confidencialidad
para obtenerlas y las medidas adoptadas para prevenir esos delitos.
Durante
la audiencia, los representantes de la sociedad civil reafirmaron su
conclusión de que el Vaticano quebranta la convención citada.
Demanda de cambios profundos
En
septiembre de 2011, el Vaticano presentó, con retraso, su segundo
reporte sobre la Convención, de 44 páginas de largo, y en el cual abordó
superficialmente la pederastia clerical.
Por ejemplo, citó como
medios de acción la exhortación, la predicación, el buen ejemplo, la
enmienda, el sacramento de la penitencia y la reconciliación.
Dentro
de las penas mencionó la excomunión, el entredicho, la suspensión, la
expulsión del estado clerical, la pérdida del cargo y la prohibición o
el mandato de residir en un lugar determinado. Además, defendió la
confidencialidad de esos procesos.
En sus respuestas del 2 de
diciembre de 2013 a las preguntas del Comité, el Vaticano señaló que “es
importante enfatizar que, de acuerdo con los procedimientos
acostumbrados previstos por la ley internacional, no es usual que la
Santa Sede revele información sobre la disciplina religiosa de miembros
del clero o religiosos según la ley canónica, a menos que haya un asunto
relacionado con la cooperación judicial internacional con un Estado”.
En su reporte al Comité Luchando
por el futuro. Sobrevivientes adultos trabajan para proteger a la niñez
y terminar con una cultura de abuso sexual clerical, de febrero de
2013, SNAP y el estadunidense Centro para los Derechos Constitucionales
(CCR por su sigla inglesa) pidieron adoptar medidas disciplinarias para
los altos funcionarios, incluyendo obispos y cardenales que se
involucren en el encubrimiento de casos de abuso sexual y quienes
incumplen el reporte a las autoridades seculares.
Las
organizaciones solicitaron requerir reportes obligatorios ante las
autoridades seculares y pedir revisión de antecedentes y evaluaciones
psicológicas de especialistas independientes antes de admitir a clérigos
para puestos de contacto cercano con niños y adultos vulnerables.
Asimismo,
recomendaron abrir los procedimientos eclesiásticos al público, con
respeto a las situaciones en las cuales las víctimas piden
confidencialidad.
Por su parte, una coalición de organizaciones mexicanas ha pedido en su reporte de diciembre último Pederastia clerical de mexicanos en México y en otros países 1944-2013, que se consideren delitos de Estado, por la implicación directa del Vaticano.
“En
el fondo se trata de crímenes de Estado, pues las conductas pederastas
fueron auspiciadas, toleradas, protegidas y encubiertas desde la cúpula
misma de la estructura organizada del poder vaticano”, subraya el
documento, de 29 páginas, y entregado al Comité.
El colectivo
solicita la publicación de todos los documentos y expedientes en
posesión de los distintos dicasterios y órganos de la Santa Sede y de
los archivos de los papas, desde Pío XII hasta Francisco, sobre abusos
sexuales contra niños perpetrados por religiosos católicos en México,
desde los casos de Maciel hasta nuevos que no hayan trascendido.
“Que
se le recomiende a la Santa Sede que actúe de manera diligente para
favorecer que los miembros de la iglesia católica responsables de actos
de abuso sexual en México, respondan ante las autoridades civiles de los
países en donde ocurrieron dichos abusos”, clama el reporte.
Además,
pide que se esclarezca si hubo participación de la Santa Sede en los
acuerdos entre el entonces cardenal de Los Ángeles, Roger Mahony, y
Rivera para gestionar la fuga del sacerdote Nicolás Aguilar de la ciudad
californiana en 1989, cuando enfrentaba 26 denuncias de ataque sexual a
menores.
Los alegatos contra sacerdotes católicos de abusar
sexualmente de niños y adolescentes estallaron en EU en 2002 y luego
proliferaron en países europeos, como Alemania, Irlanda y Bélgica, así
como en América Latina, especialmente en México y Chile.
A la luz
de las revelaciones e investigaciones recientes, se ha estimado que el
número de víctimas de violencia sexual entre 1981-2005 ronda las 100 mil
y posiblemente aumenten mientras más datos surgen de Latinoamérica y
África.
A 2012, el Vaticano había documentado 612 casos de abusos
sexuales que involucraban a miembros del clero, de los cuales 418 fueron
contra menores.
El informe de la coalición mexicana se concentra
en los casos de Maciel, Aguilar y el párroco Carlos López Valdez,
acusado de abusar de niños que fueron invitados a ser acólitos de la
parroquia de San Agustín en la ciudad de México.
Maciel, fundador
de la Orden de los Legionarios de Cristo, abusó sexualmente de dos de
sus hijos y de varios seminaristas de esa agrupación entre 1941 y 1970.
En mayo de 2010, el Vaticano calificó su conducta de criminal, “grave y
objetivamente inmoral” y lo acusó de haber vivido sin escrúpulos. En
2006, Benedicto XVI le ordenó retirarse y vivir en penitencia, pero sin
proceder más allá de esas medidas tibias.
Respecto a Carlos López,
en 2007 la Arquidiócesis Primada le pidió que atendiera sus “conductas
inadecuadas”, pero no hizo caso y continúo ejerciendo su ministerio, a
pesar del llamado de atención del obispo auxiliar de México y Vicario
Episcopal, Jonás Guerrero, el 13 de septiembre de ese año. Se esperaba
que el Vaticano fallara en contra del sacerdote en noviembre de 2010,
pero a la fecha eso no ha ocurrido.
Las ONG señalan que en Canadá,
Estados Unidos, Australia, Alemania e Irlanda cada indagatoria ha
identificado las mismas políticas y prácticas que permitieron la
proliferación de la violencia sexual y que agravó el daño a las víctimas
directas.
“Sin excepción, cada pesquisa llegó a la misma
conclusión: la preocupación primordial de los funcionarios de la iglesia
en estos casos ha sido proteger su reputación y sus sacerdotes, pero no
en el interés superior de la infancia”, concluye el reporte de SNAP y
CCR.
En el patrón hallado identificaron políticas como la negativa
a cooperar con las autoridades civiles, la práctica de “mover
sacerdotes”, en la cual obispos, cardenales u otros altos funcionarios
han transferido transgresores conocidos a otros sitios donde continuaron
teniendo acceso a niños o adultos vulnerables, la destrucción de
evidencia y obstrucción de justicia, así como culpar a las víctimas de
las ofensas padecidas.
En mayo de 2011, la Congregación para la
Doctrina de la Fe instruyó a todos los episcopados del mundo a contar
con procedimientos claros sobre el manejo de las agresiones. Además, se
reformó el Código de Derecho Canónico para endurecer las penas contra
los curas pederastas.
El 5 de diciembre último, el Vaticano
anunció que el Papa Francisco I creó una comisión para asesorarle sobre
la crisis de violencia sexual dentro de la iglesia, la cual estaría
integrada por clérigos y laicos, con más énfasis en la respuesta
pastoral y menos en las partes jurídicas.
El argentino Jorge Mario
Bergoglio, quien asumió el papado en marzo de 2013 bajo el nombre de
Francisco I, ha tenido que enfrentar algunos escándalos, aunque sean la
derivación de la crisis heredada por Juan Pablo II y Ratzinger
(Benedicto XVI).
En septiembre del 2013, Francisco I retiró al
entonces obispo auxiliar de Ayacucho (Perú), Gabino Miranda, por
acusaciones de agresión sexual contra un monaguillo de 14 años y de una
novicia; no ha respondido ante la justicia civil local.
Si bien
Francisco I censuró la pederastia clerical y cuestionó que la iglesia no
se avergüenza por esa conducta en su homilía del pasado jueves 15, ha
cometido resbalones, como reunirse en privado con Mahony ese mismo día, a
pesar de su rol de encubridor de pederastas en la Arquidiócesis de Los
Ángeles que presidió entre 1985 y 2011. El propio Mahony reveló el
encuentro en su blog.
“El nuevo papa parece estar haciendo
gestos incitantes en muchas áreas, pero no está haciendo nada incluso
para empezar a exponer, muchos menos revertir, décadas de encubrimiento
clerical que arriesga a los niños y protege a los depredadores. Es
decepcionante y es aún otra razón por qué aquellos que ven, sospechan o
sufren crímenes sexuales del clérigo deben contactar a las autoridades
seculares, no a las figuras de la iglesia”, señaló Bárbara Blaine.
La
activista no ve ningún tipo de cambio sustancial que haga a los niños
más seguros. “El Comité no hará cambiar al Vaticano, será la presión de
la comunidad internacional”, recalcó.
Alberto Athié espera que “en
el cúmulo de preguntas y en los vacíos de algunas de las respuestas de
la Santa Sede se inicie ya un proceso de mejoramiento de la forma en la
cual el Vaticano tendrá que ir respondiendo cada vez con mayor
claridad”.
El 5 de febrero próximo, el Comité emitirá sus
conclusiones sobre los exámenes al Vaticano, Congo, Alemania, Portugal,
la Federación Rusa y Yemen, analizados durante su 65 periodo de sesiones
del 13 al 31 de este mes.
Archivos que denuncian
En
convergencia con la audiencia en Ginebra, expedientes de la
Arquidiócesis de Chicago desclasificados el día 15, sacan a luz la
historia de al menos cuatro sacerdotes vinculados con México y
sindicados de abuso sexual contra infantes.
Los documentos, que
versan sobre 30 sacerdotes acusados de ataques sexuales en las últimas
décadas, exhiben a los reverendos Jesús P. Garza, Eusebio Pantoja, Juan
Francisco Hinojosa y el peruano Carlos Enrique Peralta Luna.
Este
último caso es sumamente llamativo, pues se paseó por EU, México,
Guatemala y Chile sin que las autoridades eclesiásticas procedieran
estrictamente en su contra.
Originario de Ayacucho, en el centro
de Perú, Peralta arrastraba señalamientos desde que estudiaba el
sacerdocio en Chile, Perú y Guatemala, pues sus superiores presentaron
quejas muy generales sobre su conducta.
El presbítero finalmente
se graduó de licenciado en Teología en la privada Universidad Francisco
Marroquín de Guatemala con la tesis Dimensión socio-política de la misión de la iglesia y el sacerdote, de 121 páginas, en mayo de 1990.
En
1991, cuando fungía como administrador de una escuela en Perú, fue
descubierto a medianoche con un niño en su dormitorio. Por ello, un
colega suyo lo reportó con el reverendo Juan Vera, responsable de los
Salesianos en la nación incaica.
En 1995, varios estudiantes lo
denunciaron ante los dirigentes de la orden por abuso sexual. Un comité
disciplinario religioso concluyó que “cosas indescriptibles han
ocurrido” y ordenan que Peralta permanezca lejos de los infantes.
El
fallo subrayó que el sacerdote “es una persona inmoral, sin dignidad
personal, quien esconde detrás de su apariencia personal una actitud
indescriptible”.
En 1997, los salesianos lo enviaron al centro de
tratamiento para clérigos “Domus Marie” (Casa de María) en Tortuguitas,
provincia de Buenos Aires (Argentina), fundada en 1990 y por la cual han
pasado más de 70 curas de toda Latinoamérica.
En marzo de 1998,
Peralta fue transferido a la nueva Parroquia de San Juan Bosco en
Chicago, gracias a un permiso de trabajo arquidiocesano firmado por Vera
y en el cual declaró que el sacerdote gozaba de buena reputación y no
tenía problemas de trabajar con menores. Pero el religioso habría
falsificado ese documento.
En mayo de 1999, el clérigo fue acusado
en Chicago de abuso sexual de cuatro niños y fue enviado a un centro de
tratamiento en Virginia y luego a una residencia para salesianos en
Nueva Jersey.
Los salesianos estadunidenses aseguraron desconocer
sus antecedentes y lo suspendieron de cualquier contacto no supervisado
con infantes.
Peralta abusó de los cuatro menores entre octubre de 1998 y mayo de 1999 cuando durmió en las residencias de las víctimas.
Esas
revelaciones quedaron plasmadas en el expediente 02-2692-ci-19, en el
cual el estadunidense Rick Gómez se querelló el 3 de abril de 2002 en la
Corte del Sexto Distrito en Pinellas County (Florida) contra el
Vaticano, la Diócesis de San Petersburgo (Florida), la orden salesiana y
el sacerdote William Burke.
En el pliego, de 21 páginas y consultado por Proceso, Gómez les atribuyó delitos de ataque sexual, negligencia y conspiración para infligir intencionalmente angustia emocional.
Hacia
1987, Gómez, de 14 años y quien asistía a la Mary Help of Christians
School, sufrió abuso sexual de Burke unas 30 veces en el dormitorio, las
aulas, la iglesia y otras áreas en Tampa (Florida).
En cuanto a
Peralta, la querella relata que “fue trasladado a lo largo de las
fronteras nacionales y situado con el obispo católico de Chicago a causa
de numerosos actos de abuso sexual contra menores mientras servía fuera
de Estados Unidos” y denuncia: “Su historia de abuso sexual fue
documentada y mantenida en archivos secretos por los acusados”.
Al
saber de los alegatos y la investigación, los acusados trasladaron
secretamente al clérigo pedófilo de la jurisdicción en Illinois a Nueva
Jersey para “obstruir la justicia, evitar la persecución criminal y el
escándalo público, y con el propósito de esconder la actividad criminal
de sus clérigos”.
Los Salesianos lo trasladaron entonces a la
Ciudad de México y “fuera de la jurisdicción de autoridades
estadunidenses con el propósito de esconder una conducta sexual
criminal, obstrucción de la justicia y evitar escándalo público y
pérdida financiera”.
Pero en noviembre de 2002 el abogado Jeffrey
Anderson, célebre por sus refriegas legales contra las entidades
religiosas estadunidenses por proteger a curas pedófilos, retiró la
demanda antes de que el juez John Lendermann la desestimara, porque el
acusador dejó pasar más tiempo de los cuatro años estipulados por la ley
para presentar la querella.
Peralta prosiguió su camino impune y en 2001 arribó a la orden salesiana en la Ciudad de México. El periódico The Dallas Morning News lo descubrió en la sede de los salesianos en la Colonia Anáhuac. La oficina de los Salesianos mexicanos indicó a Proceso que las personas responsables del tema estaban de viaje y estarían disponibles en dos semanas.
En
los últimos años, al menos 14 diócesis estadunidenses han
desclasificado documentos sobre religiosos acusados de abuso sexual,
forzadas por el litigio de los casos en las cortes. En enero de 2013 lo
hizo la Arquidiócesis de Los Ángeles y en julio la de Milwaukee
(Wisconsin).
Otro caso es el del reverendo Jesús P. Garza,
ordenado el 9 de mayo de 1979, y quien renunció al sacerdocio en julio
de 2000 por las acusaciones de pederastia en su contra.
Entre 1979 y 1981 trabajó en la Parroquia de San Casimiro en Chicago y entre 1981 y 1986, en la de San Sebastián.
Entre
1984 y 1985 estuvo en la Preparatoria Quigley Seminary-North, de 1986 a
1989 fue asignado a la Parroquia de St. Ita y de 1989 a 1994, a la de
San Aloisio.
De 1995 a 1996 permaneció en la Parroquia de Santa
Margarita María, entre 1996 y 1997 en la Preparatoria Edgewood y fue
administrador de la Parroquia Resurrección entre 1997 y 1998. En todos
esos sitios tuvo contacto con niños y adolescentes.
A esa historia
se suma la del reverendo Eusebio Pantoja, a quien un hombre de 48 años,
identificado solo como “John Doe”, lo demandó, con su orden de los
Misioneros Claretianos, en octubre de 2003 por abuso sexual.
El
acusador denunció que fue atacado por Pantoja cuando tenía 14 años en la
casa del sacerdote y en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en el
sur de la ciudad de Chicago.
Pantoja predicó en esa iglesia,
rebautizada como la Capilla Nacional de St. Jude, en 1970 y también lo
hizo luego en parroquias en Perth Amboy (Nueva Jersey), Texas y México.
El
párroco fue removido del ministerio en marzo de 2003, luego de que su
acusador presentó una queja contra el sacerdote en la Arquidiócesis de
Chicago.
Finalmente, en junio de 1993 un joven de 16 años denunció
al diácono Juan Francisco Hinojosa de haberlo asaltado sexualmente en
el apartamento del religioso.
Hinojosa, que entonces contaba con
28 años de edad, estudiaba en el seminario “Santa María del Lago” en la
localidad de Mundelein (Illinois).
Pantoja e Hinojosa habrían
escapado a México. La Arquidiócesis de Chicago informó de que todos los
curas involucrados en los papeles están fuera del ejercicio religioso y
14 ya murieron.
La institución aseguró que ningún sacerdote con el
menor alegato de abuso sexual de un menor practica en esa
arquidiócesis, que enlistó 65 clérigos, pero la organización
independiente BishopAccountability.org enumeró 121.
- /17 de enero de 2014)
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