TIJUANA, B.C. (proceso.com.mx).- En Baja California, la Asociación de Periodistas Universitarios (APU) exhortó al Congreso local a derogar la Ley de Protección a Periodistas y cancelar la designación de recursos al consejo que administraría un fondo de 6 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2014.
La postura de esta organización de
periodistas se basa en la convocatoria del gobernador Francisco Vega de
mantener un presupuesto austero y, sobre todo, porque consideran que
dicha ley “merece una reevaluación en temas de transparencia y rendición
de cuentas, además de protocolos de seguridad cuando los trabajadores
de la comunicación vean en riesgo su integridad física y la de sus
familias”.
También solicitaron rechazar la asignación de 6
millones de pesos al Fondo de Protección Social de Periodistas, el cual
será manejado por un consejo y cuyos recursos servirán para otorgar
préstamos y servicios médicos privados a reporteros inscritos en una
lista, en la cual se encuentran registrados funcionarios, empresarios y
hasta un exlegislador, toda vez que la asignación de recursos públicos
genera un espacio de riesgo en la libertad de los comunicadores para
expresar sus críticas y la de sus fuentes hacia el ejercicio
gubernamental.
Recordaron que Vega de Lamadrid declaró a un medio
de comunicación estadunidense su respaldo a otorgar los apoyos
necesarios para el ejercicio de los periodistas dentro de las
posibilidades legales del Poder Ejecutivo, por lo que señalaron que “la
mejor estrategia es invitar a los propietarios de los medios de
comunicación a pagar salarios dignos y contratos apegados a las
prestaciones de ley”.
La APU indicó que el secretario de
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, Antonio Valladolid,
presentó en el proyecto de Ley de Ingresos para 2014 un crédito de 2 mil
800 millones de pesos, el cual se sumaría a la deuda pública de 14 mil
millones de pesos actual, con la finalidad de nivelar los libros
contables del Poder Ejecutivo sin aumentar impuestos, a partir de un
gobierno austero, con recorte de gastos y un plan de retiro voluntario.
Por
ello, agregó, la organización gremial sostuvo que al omitirse la
asignación de recursos públicos al Consejo de Periodistas permitiría al
Poder Ejecutivo avanzar en la meta de austeridad y saneamiento
financiero.
(PROCESO/Apro/ 20 de Diciembre 2013)
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