MÉXICO,
D.F. (Proceso).- En el debate de la reforma hacendaria propuesta por el
gobierno de Enrique Peña Nieto comienzan a salir a flote tanto los
intereses de las compañías refresqueras –que se quejan por el gravamen
que se les intenta aplicar– como los de las principales televisoras,
cuyos dueños niegan sus espacios a quienes hablan de los efectos nocivos
de las bebidas azucaradas en la salud de los mexicanos.
La
semana pasada la asociación civil El Poder del Consumidor denunció
públicamente que Televisa, Televisión Azteca y Milenio Televisión se
negaron a transmitir el promocional “Impuesto a los refrescos para
bebederos en las escuelas”, que en 30 segundos alerta sobre la obesidad
asociada al consumo de gaseosas y manifiesta su apoyo al gravamen
hacendario a esos productos.
“La idea era salir antes de la
reforma fiscal para influir en el presidente; sabíamos que la propuesta
se estaba evaluando. Habíamos tenido reuniones en la Secretaría de
Hacienda para promover el impuesto al refresco… La idea era salir con el
anuncio dos o tres veces durante El Noticiero de (Joaquín) López
Dóriga, no más, no había cómo pagarlo”, relata a Proceso Alejandro
Calvillo, director de la asociación civil.
Sin embargo, el
monopolio de Emilio Azcárraga dio el portazo a la Alianza por la Salud
Alimentaria –conformada por diversas organizaciones e integrantes de la
comunidad científica y la productora del video–. De manera similar actuó
TV Azteca, aun cuando había aprobado los contenidos del comercial, las
condiciones de transmisión y el presupuesto. Al final sus directivos
dijeron que “no tenían ni espacio ni horarios disponibles”.
La
transmisión del comercial implicaba un costo que oscilaba entre los 500
mil y 700 mil pesos que la Alianza por la Salud Alimentaria estaba
dispuesta a pagar. Al final sólo se transmitió en CNN en español,
Telefórmula, Dish y TVC, sostiene el entrevistado.
El asunto deja
al descubierto “el gran poder” de las principales concesionarias del
espectro, así como la ausencia de las autoridades y la violación del
derecho a la información de los televidentes mexicanos, comenta Agustín
Ramírez, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la
Información (Amedi), conformada por expertos en el tema.
“Si bien
las televisoras tienen libertad contractual en materia de publicidad
–ellos deciden los costos y a quién le venden–, debe tenerse en
consideración que cuando se trata de una información vinculada con una
política pública, el tema no sólo es impositivo, sino también de salud
pública, por lo cual debe privar el interés público”.
Hoy, el
centro del debate es el impuesto que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público pretende aplicar a las bebidas azucaradas (un peso por litro)
como medida para contrarrestar el consumo de refrescos, que son
causantes directos de la obesidad y diabetes, enfermedades en las que
México ocupa los primeros lugares en el ámbito internacional.
Al
presentar la iniciativa, la dependencia encabezada por Luis Videgaray
aseguró que este “impuesto de salud” busca desalentar el consumo de
calorías vacías con el propósito de reducir la incidencia de obesidad y
sobrepeso, sobre todo entre los niños.
“Por esta vía mejorará la
calidad de vida de la población, se elevará su productividad y se
reducirán los costos de atender las enfermedades relacionadas al
sobrepeso”, argumentó Hacienda, cuyos directivos esperan una recaudación
adicional de 12 mil millones de pesos.
Las reacciones
La
propuesta hacendaria molestó a la Coca-Cola, que de inmediato calificó
de “discriminatorio y arbitrario” el gravamen. El director de la
trasnacional refresquera en México, Francisco Crespo, respondió que eso
“no resolverá el problema de la obesidad”.
–Es difícil reducir el
consumo de refrescos con un gravamen, sobre todo si consideramos que
México es el principal consumidor mundial. Además, en el caso de los
cigarros, por ejemplo, está demostrado que aun cuando aumente su precio
la gente sigue consumiéndolos –se le comenta a Calvillo.
–Los
impuestos, cuando son representativos, afectan la incidencia del
consumo. Por eso insistimos: que no sea de un peso, sino de dos;
Hacienda se quedó corta. Además, no le estás poniendo el impuesto a las
bebidas light; eso no lo dicen los refresqueros. Existe la Coca-Cola
clásica, pero si se vende más cara, mucha gente va a irse a la light.
–¿Cuál sería el segundo paso?
–Toda la evidencia científica te dice que el tema de la obesidad es un problema ambiental.
Calvillo
insiste: el Estado debe proteger a los niños de los anuncios
publicitarios que presentan los alimentos procesados y los refrescos;
incluso, dice, debe obligar a las empresas patrocinadoras para que
pongan en sus etiquetas los componentes nutrimentales de los productos.
Por
lo pronto ahí está el estira y el afloja de quienes están a favor del
impuesto y quienes dicen que serán afectados, como la Asociación
Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (Anprac),
cuyos integrantes insisten en que si se gravan las bebidas azucaradas
con un peso por litro, los consumidores terminarán pagándolo.
Del
otro lado está el derecho a la información de la población a través de
las pantallas, que es “limitado” por el duopolio televisivo, según la
Amedi.
Su presidente, Agustín Ramírez, sentencia: “El tema es
cómo, de manera deliberada, los consorcios mediáticos limitan un mensaje
importante de salud pública (al negarse a transmitir el promocional).
Yo creo que el derecho (a la información) debe privilegiarse”.
Pero
la responsabilidad también recae en las autoridades, subraya. Y ese es
el segundo problema, pues el nuevo Instituto Federal de
Telecomunicaciones, ante una situación de esta naturaleza, por lo menos
debería actuar de manera oficiosa y hacer un señalamiento o emitir una
opinión, aunque aún no tenga ley reglamentaria”.
Y explica: “En
estos tiempos, no sólo el Estado viola los derechos; también lo hacen
los corporativos. Por el gran poder que tienen son susceptibles de ser
llevados a juicios de amparo para obligarlos a ciertas conductas. Yo
creo que en este caso se está violentando el derecho a la información,
particularmente de aquella que podría verse beneficiada con el impuesto
(a las bebidas azucaradas)”.
Ante la negativa de Televisa y TV
Azteca a transmitir el anuncio a favor del impuesto a los refrescos,
dice Ramírez, “corresponde a la autoridad evaluar esa libertad de
opinión de los grupos mediáticos para asimilar la contratación de
publicidad. Del otro lado está el contrapeso social de los derechos de
las audiencias, que también deben por lo menos emitir una postura”
/10 de octubre de 2013)
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