La
sociedad de Nuevo León tendría que estar respirando más tranquila por
el hecho de que las cifras de la violencia en la entidad disminuyen:
menos asesinatos, menos plagios, según lo ha presumido de manera
incansable el gobernador Rodrigo Medina. Pero algunas voces alertan: no
hay tal baja de la actividad criminal, y lo que dice el mandatario tan
sólo forma parte de su nueva estrategia de comunicación social;
oficialmente su gobierno ya no habla de matanzas, homicidios dolosos ni
de secuestros.
MONTERREY, NL (Proceso).- A lo largo de este año
los medios de Nuevo León han reportado cada vez menos homicidios pese a
que desde 2010 en la entidad ha habido asesinatos, incluso masivos, casi
diario. De pronto hubo una aparente baja en la tasa de ese delito y el
crispado ambiente social en la capital estatal se relajó.
El
gobernador priista Rodrigo Medina de la Cruz proclamó el triunfo de las
fuerzas del orden, las cuales derrotaron a esos delincuentes que durante
años trastocaron la vida de los nuevoleoneses y pregonó que la crisis
de inseguridad había pasado.
Fue a Nueva York a presumir el modelo
de seguridad que, aseguró, había bajado las estadísticas criminales
hasta en 70%. La recién creada policía estatal Fuerza Civil es un
ejemplo de corporación que debe ser copiado por otros estados mexicanos,
dijo.
Sin embargo en agosto pasado la violencia comenzó a
resurgir, aunque el gobierno estatal se niegue a reconocer lo evidente:
las bandas criminales siguen tan activas como antes.
Los
reporteros de la fuente policiaca fueron los primeros en entender el
fenómeno. Se percataron de que la Procuraduría General de Justicia de
Nuevo León (PGJNL) decidió bloquear la información, entre otras cosas
con un cambio en los procedimientos para levantar cadáveres.
Los
periodistas notaron que ahora el Servicio Médico Forense (Semefo) acude a
las escenas del crimen en vez de hacerlo la Cruz Verde, la tradicional
encargada de esa labor. Y a partir de este año los reporteros se enteran
de los homicidios y los secuestros gracias a las redes sociales, ya no
por los pitazos de “las cruces”.
Mauricio Fernández Garza
–exalcalde de San Pedro Garza García– señala que si bien hay una
disminución estadística de delitos, la crisis de inseguridad no ha
pasado, alerta sobre el surgimiento del Cártel del Norte, integrado por
zetas de la vieja guardia reagrupados para operar en Nuevo León y dice
que la aparente baja en los índices de violencia puede deberse a una
tregua entre las mafias.
Por su parte el diputado local panista
Enrique Barrios acusa a Medina de ocultar las cifras de muertos y
secuestrados con el propósito de proyectar a escala nacional una imagen
agradable de Nuevo León, lo que le haría quedar bien con el presidente
Enrique Peña Nieto.
El gobierno estatal se abstuvo de hablar de este tema con el reportero.
Medina, el “salvador”
Rodrigo
Medina tuvo su momento de gloria la mañana del pasado 17 de mayo cuando
se reunió con integrantes de la Cámara Americana de Comercio. Les dijo
que el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, estaba
maravillado ante el resurgimiento de Nuevo León después de la crisis de
inseguridad que llegó a colocar al estado como un sitio indeseable.
Se
ufanó: “Ayer tuve una reunión productiva con el embajador de Estados
Unidos y me decía que estaba impresionado con las cifras de crecimiento
económico de la entidad. Y me hacía una pregunta: ‘¿Cómo le están
haciendo, cuál es la clave para que Nuevo León se distinga de manera
extraordinaria frente a los demás estados de la República para ser
atractivos?’
“Le contesté que Nuevo León ha construido durante
muchos años y generaciones una cultura de trabajo que tenemos muy
arraigada, pero ha sabido –y aquí subrayo esta palabra– adaptarse, que
hemos sabido entender cómo se está moviendo el mundo en relación a la
inversión.”
En los meses siguientes el gobernador se esforzó por mantener la sensación de que la tranquilidad había llegado al estado.
A
los alumnos de maestría en administración militar y seguridad interior
de la Defensa Nacional les ofreció un discurso sobre sus acciones frente
a los problemas estatales y, según el boletín de la administración
estatal, les expuso “las acciones implementadas por su gobierno para
salir de la inseguridad que afectó a los nuevoleoneses”.
El 10 de
julio se fue a presumir a Nueva York el modelo Nuevo León. En la
Bloomberg Mexico Conference, en la Academia de Ciencias de esa ciudad,
afirmó que Fuerza Civil tiene 85% de aprobación popular y antes, cuando
se llamaba Seguridad Pública del Estado, sólo llegaba a 10%.
Pero
cometió un desliz: se refirió a su estrategia de ocultamiento: “Creo que
del tema de seguridad se tiene que hablar menos. Estoy hablando de las
autoridades, no de los medios. Se tiene que hablar menos y sentirse más,
se tiene que sentir más; la población debe sentirse segura. Para eso
están los gobiernos y el Estado”.
Pero luego regresaron los homicidios masivos, los cobros de piso y los secuestros.
El
5 de agosto fue acribillado en su domicilio el director de Obras
Públicas del municipio Doctor González, Rigoberto Chapa Gutiérrez. El
gobierno estatal ocultó el hecho hasta que tres días después fue
difundido en la página de Facebook de la alcaldía.
El empresario
panadero Alejandro Castillo López fue asesinado la tarde del 24 de
septiembre al salir de su oficina, en la colonia España, en el sur de
Monterrey. Fue abatido a tiros cuando abordaba su camioneta, afuera de
su empresa. El procurador estatal Adrián de la Garza afirmó
categóricamente que el crimen no estaba relacionado con el cobro de
piso.
Tres días después, en un desplegado los integrantes de la
Asociación Nacional de Proveedores Profesionales de la Industria del
Pan, Repostería y Similares desmintieron airadamente al procurador.
Afirmaron que Castillo murió por no “pagar piso” y que “durante más de
tres meses fue víctima de diversos intentos de extorsión”, señalaron y
pidieron permiso a las autoridades para armarse a fin de protegerse.
El
25 de septiembre fue secuestrado Jorge Luis Martínez Martínez, padre
del alcalde de General Zuazua, Jorge Luis Martínez Gutiérrez. Un día
después Álvaro Ibarra, secretario general de gobierno, dijo desconocer
el hecho. Ante la insistencia de los medios, Medina tuvo que aceptar el
ilícito. Hasta ahora se desconoce el paradero del plagiado.
El 26
de septiembre fueron asesinados cuatro jóvenes en el bar Chato’s Grill,
en el municipio de Santa Catarina. Se presume que la agresión está
relacionada con el cobro de piso.
Medios locales denunciaron que
la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) ocultó otro plagio. El 30 de
septiembre, en un negocio de plomería de la colonia Hidalgo de
Monterrey reportaron el secuestro del propietario, sólo identificado
como Gonzalo.
Según El Norte, la AEI informó que se trató de un asalto, no de una privación ilegal de la libertad.
El
mismo periódico informó del secuestro del estadunidense Christopher
Phillip, que habría ocurrido el 26 de septiembre. No hubo
pronunciamiento oficial del hecho. Trascendió, al día siguiente, que el
hombre había sido liberado en condiciones no reveladas.
Cifras maquilladas
Pero
las cifras alegres comenzaron. Según estadísticas de la PGJNL los
homicidios dolosos este año se redujeron casi a la mitad en comparación
con el anterior. Hasta agosto de 2012 hubo mil 111; hasta ese mes de
2013, 540.
En cuanto a asesinatos relacionados con la delincuencia
organizada aparentemente hubo también un ligero declive en los últimos
meses. El gobierno estatal informó que en julio, agosto y septiembre
pasados hubo, cada mes, 30 muertes de este tipo. Oficialmente durante
todo 2012 hubo 61 secuestros. Hasta agosto de este año, 28.
Iram
Oviedo ha sido reportero policiaco desde hace 24 años. Señala que la
PGJNL se ha encargado de dificultar el trabajo periodístico. Explica que
desde que él empezó en la cobertura de noticias de seguridad pública,
eran las ambulancias de la Cruz Verde las encargadas de levantar los
cuerpos de las víctimas de homicidio.
Los reporteros establecían
guardias en “las cruces” del área metropolitana y viajaban junto con los
socorristas a reportar los hechos violentos, sobre todo, en años
recientes, tiroteos con múltiples fallecidos.
Ahora, con el cambio
de estrategia del gobierno, desde febrero los levantamientos los hace
directamente el Semefo. No hay forma, dice, de que los reporteros monten
guardia en las instalaciones del forense.
Por eso ya hay menos
historias de violencia que contar, incluso cuando hay hechos de sangre
en el centro de Monterrey pues hasta esos, en ocasiones se les pasan a
todos los reporteros porque nadie los alertó.
Reconoce que las matanzas han disminuido este año en Nuevo León. Pero hay un intento oficial por ocultar lo que sí sucede.
“Antes
estábamos de base en la Cruz Verde. Ahora vemos las redes sociales,
donde nos dicen que hay situaciones de riesgo y hacia allá nos movemos.
“Hay
que estar atentos a Twitter y Facebook y atender los contactos en los
puestos de auxilio. Los vecinos también hablan a las redacciones de los
periódicos y las televisoras y de ahí nos dicen que hay movimiento de
patrullas en tal o cual casa”, explica.
“Pero de que hay violencia, la hay y no está todo bonito, como parece que quieren hacernos ver”, afirma.
Un
fotorreportero, quien pide el anonimato, coincide con Oviedo. Señala
que durante este año, tras la llegada de Peña Nieto a la Presidencia, ha
habido una tendencia en el estado para tapar la información policiaca.
El interés evidente del gobierno de Medina es ocultar los hechos
violentos, asegura.
El fotógrafo, con más de 10 años en el oficio,
señala que ya no hay posibilidad de conocer al instante, como antes,
las eventualidades de inseguridad. Ahora los reporteros se reúnen en
algunos puntos de Monterrey desde donde salen en caravana, para
protegerse mutuamente.
La violencia no decrece
Fernández
Garza considera que si bien hay una evidente disminución de hechos
violentos en la entidad, el gobierno de Nuevo León se ha equivocado al
declararse vencedor en la lucha contra el crimen.
“El punto ahora
es ver a dónde van orientados los programas de seguridad, porque Fuerza
Civil está a 20% de la capacidad que se pretende. Puede haber bajado el
índice criminal, pero eso a lo mejor no quiere decir que se esté
resolviendo el problema de inseguridad. Puede que haya una tregua en el
crimen organizado u otra serie de factores que indiquen reducción, pero
no necesariamente porque la combates”, señala.
El trabajo por hacer es inmenso, dice quien es conocido aspirante a la gubernatura de Nuevo León para 2015.
Es
indispensable que los municipios hagan su propia labor preventiva a
conciencia y la ciudadanía también se involucre a través de la denuncia,
en el esfuerzo colectivo para abatir la incidencia criminal, añade.
“No
veo que la crisis haya pasado. Además mucho de lo que se ha logrado es
por intervención federal, no estatal. Tampoco puedes pensar que vas a
tener aquí todo el aparato federal siempre. Mientras no tengamos un
respaldo real, con esfuerzo propio de ciudadanos, municipio y estado,
eso de cantar victoria se me hace completamente fuera de tono y se puede
revertir en cualquier momento”, apunta.
También hace referencia
al surgimiento de una nueva organización delictiva. “Se menciona que hay
un grupo nuevo, el Cártel del Norte; por lo que he escuchado pueden ser
zetas de la primera generación”, dice sin aportar más detalles.
A
su vez desde la tribuna del Congreso local el diputado panista Enrique
Barrios Rodríguez pidió a Medina de la Cruz que se abstenga de promover
acciones para ocultar a la ciudadanía las noticias relacionadas con la
inseguridad.
“El pleno del Congreso del estado aprobó un punto de
acuerdo para exhortar al procurador estatal a que se abstenga de
ocultar la información de ejecuciones. Están ocultando los levantones,
los descuartizados y decapitados”, dice.
Barrios afirma que la
manera de escamotear estos hechos a la opinión pública es prescindiendo
de los servicios de la Cruz Verde, cuyos paramédicos eran,
tradicionalmente, acompañados por los reporteros de policía.
El
Semefo utiliza camionetas como ambulancias y en ellas levantan los
muertos, dice el legislador. “Ahora la procuraduría niega los hechos y
no salen a la luz pública hasta que un familiar dice que su hija o su
sobrina fue descuartizada. Es criminal hacernos creer artificialmente
que todo está mejor”.
“El discurso de Medina está armado con una
intención de hacernos sentir más seguros, pero los hechos lo desmienten
cada mañana cuando leemos en la prensa los homicidios de ayer. Nos damos
cuenta de que todos los días hay ejecutados, secuestrados y levantados.
Ahí está el caso del muchacho asesinado porque le ayudaba a una señora a
llevar el mandado en la colonia Tanques de Guadalupe”, ejemplifica.
El
diputado considera perniciosa la nueva estrategia de Peña Nieto de
ocultar los crímenes con el propósito de mantener tranquila a la
ciudadanía.
Es evidente, dice, su interés de diferenciar este
sexenio del anterior con la instrucción que ha dado de no presentar
detenidos ni escenas de enfrentamientos; además ha modificado su
discurso, pues ya no utiliza palabras como “guerra”, “cárteles” o
“alias”.
Pero este ocultamiento hace que la sociedad no sepa cuál
es su realidad. “Por ejemplo, en el norte del país podemos pensar que ir
a la frontera tamaulipeca es seguro… y no lo es. Y como ya no ve la
gente en las noticias nacionales las balaceras de Matamoros, Reynosa o
Nuevo Laredo, las familias van para allá y son víctimas de la
inseguridad”, dice.
Con la proyección de esta falsa atmósfera de
seguridad que Medina quiere transmitir al país, busca obtener dividendos
para sus aspiraciones políticas, afirma.
“En Nuevo León, los
gobernantes han malinterpretado el cambio de discurso y hacen esto, que
es esconder los crímenes para hacerle sentir al presidente que en el
estado todo está bien y con esto ganan puntos frente al ejecutivo
federal”, asegura.
Por esta política irresponsable de
desinformación, sentencia Barrios, la ciudadanía corre peligro al no
saber si en el estado hay una guerra entre cárteles o al desconocer que
en algún sector de esta ciudad alguien está cobrando piso.
A
escala federal es lo mismo, señala, porque el gobierno no advierte de
los peligros que hay en estados como Guerrero, Michoacán o Tamaulipas.
/10 de octubre de 2013)
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