EN CORTO
- El gobierno de Marcos Covarrubias, obligado a encontrar a los asesinos de Antonio Alcántar López
Apenas
hace unos días Marcos Covarrubias se ufanaba ante representantes de los
medios de comunicación locales que en la entidad se vive una paz y
tranquilidad social envidiables y presumía que en Baja California Sur
predomina un reluciente estado de derecho, en el que sucesos violentos y
dramáticos como el que hoy conmociona a la sociedad paceña y enluta a
los familiares y amistades del asesinado son casos aislados y
esporádicos: La propia realidad nos muestra que no es así y que la
espiral de violencia que se extiende a lo largo y ancho de México nos ha
tocado ya con sus tentáculos desde hace buen rato, que será un error
garrafal y poco inteligente insistir de hoy en adelante en que los
sudcalifornianos vivimos en un territorio que colinda con el paraíso, y
que lo habitamos exclusivamente ángeles y serafines.
¿A quién quieren sorprender?
¿A quién quieren sorprender?
Lo cierto es que con este doble atentado suman ya casi una decena los
hechos criminales recientes sin esclarecer y esto significa que a la
violencia que se extiende la está acompañando su hermana gemela, la
IMPUNIDAD.
Es un flagelo social la violencia que se extiende sin control pero es
todavía más amenazante para la propia sociedad que a la par del crimen
crezca el no esclarecimiento de este tipo de hechos violentos con fuerte
tufo a venganza entre grupos de mafiosos.
Si bien es cierto que la víctima carecía de antecedentes de
honestidad y transparencia públicas, esto no demerita ni exime a nadie
de encontrar y castigar a los criminales, principalmente a las
autoridades porque la víctima formaba parte de un grupo político
señalado por la actual administración como corrupto y depredador, cuyas
cabezas más conspicuas, incluido el victimado, fueron enviadas a prisión
por el actual gobierno y recién habían obtenido su libertad.
Es por este antecedente que un sector de la opinión pública está
enderezando sus sospechas hacia el actual gobierno porque exista el
antecedente de que fue Marcos Covarrubias quien los envió a todos ellos
a prisión, acontecimiento que en su momento fue calificado de una
vulgar venganza.
Precisamente porque la actual administración está salpicada e
implicada de manera directa en acontecimientos previos que la colocarían
en la primera fila de sospecha, por esto mismo creo que el ejecutivo
estatal está urgido de demostrar que se trató de un crimen en el que
ningún funcionario de su administración está implicado.
Este atentado, por sus características, obliga a que el gobernador se
comprometa con realizar una investigación que resuelva a fondo el
lamentable suceso porque de no ser así y de pasar la muerte de Alcántar a
engrosar el monto de muertes impunes y casos sin resolver, esto será
una mancha enorme e imborrable que no sólo lo afectará a él en su
biografía personal, sino también al partido político que llevó a
Marcos al poder, el PAN, tal como sucedió cuando las acusaciones de
corrupción y enriquecimiento ilícito que llevaron al anterior gobernador
de extracción perredista a la cárcel, arrastraron a ese partido
político al descrédito y desprestigio público.
Cada día que pase sin aclararse este atentado en la voz populi
crecerá el sentimiento de estar ante un crimen político del cual será
difícil para algunos desmarcarse, casi imposible.
Por mero cálculo político electoral –para Acción Nacional y sus
probables aliados en el 2015- urgen una pronta y convincente resolución.
(COLECTIVO PERICU/ Columna en Corto de Carlos González Muñoz/ 10 de Octubre 2013)
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