Juzgado revoca exoneración de los ex funcionarios…
Con esta
nueva resolución judicial, los ex Directores Generales del IMSS, el ex
gobernador de Sonora y el ex secretario de Hacienda de Sonora en tiempos del
incendio de la instancia infantil en Hermosillo, serán consignados, enfrentarán
cargos y estarán a disposición de los Juzgados Federales a petición de los
padres de los 49 niños que murieron y los 76 lesionados…
Alejandro Matty
Ortega / Dossier Político
Hermosillo, Sonora
(DP).- Un juez federal revocó la exoneración que la PGR había hecho a favor de
Juan Francisco Molinar Horcasitas, Daniel Karam, Eduardo Bours Castelo y
Ernesto Vargas Gaytán sobre su responsabilidad en la tragedia de la Guardería
ABC por lo que enfrentarán cargos por lo ocurrido el pasado 5 de junio del
2009.
Con esta nueva
resolución judicial, los ex directores generales del IMSS, el ex gobernador de
Sonora y el ex secretario de Hacienda de Sonora en tiempos del incendio de la
instancia infantil en Hermosillo, serán consignados, enfrentarán cargos y
estarán a disposición de los Juzgados Federales a petición de los padres de los
49 niños que murieron y los 76 lesionados.
La resolución del
juez en poder de Dossier Político, describe que “sin embargo, como bien apuntan
las quejosas, la resolución que se reclama a través del presente juicio de
amparo y cuya parte considerativa y resolutiva ha quedado literalmente
transcrita, no contiene el análisis de los argumentos que las ofendidas, ahora
quejosas, expresaron mediante su escrito de inconformidad, ni las respuestas
dadas a los planteamientos hechos en tal escrito”.
En la exposición de
motivos, el juez expone que “para afirmar lo anterior, basta con enunciar que
las quejosas en su escrito de inconformidad, sostuvieron que la responsable
para llegar a la determinación de autorizar el no ejercicio de la acción penal,
no tomó en consideración para acreditar los elementos del tipo penal y la
probable responsabilidad de Juan Francisco Molinar Horcasitas, Daniel Karam
Toumeh, José Eduardo Robinson Bours Castelo y Ernesto Vargas Gaytán, lo
siguiente:
La declaración
preparatoria rendida por Arturo César Leyva Lizárraga, quien el 5 de julio del
2009 era delegado federal en Sonora del IMSS, misma que obra en los procesos
penales números 126/2009 y 188/2009 (sic) del índice del Juzgado Primero de
Distrito en el Estado de Sonora en la que señaló:
“Que la firma de la
renovación del contrato de subrogación de guardería a favor de la Guardería ABC
S. C., de 29 de diciembre del 2009, se habría dado como consecuencia de una
instrucción directa por parte del Director General del IMSS, en este caso del
señor Juan Francisco Molinar Horcasitas, quien ordenó el otorgamiento para la
renovación del contrato de subrogación del servicio de guardería a favor de la
Guardería ABC, S. C.”.
NUEVA INVESTIGACIÓN: PGR
El 7 de julio,
Dossier Político publicó que Renato Sales Heredia, subprocurador de Control
Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Procuraduría General de la
República, aseguró el 5 de junio a Grupo Fórmula que el próximo viernes 5 de
julio la PGR definirá el origen y si el incendio que provocó la tragedia de la
Guardería ABC fue intencional.
En junio, Grupo
Fórmula publicó que Sales Heredia precisó que la línea de investigación que
sigue la PGR es la relacionada con la posibilidad de que en la bodega de
Hacienda estatal se haya pretendido quemar documentación relacionada con gastos
y deudas del Plan Sonora Proyecta (PSP).
“Nunca se ha
cerrado, están en proceso 22 personas por delitos diversos (…), pero las
averiguaciones hasta que no se ejecutó en un asunto pueden mantenerse vivas, el
punto es que el 23 de abril de 2013, el licenciado Gabriel Alvarado Serrano,
representante de Manos Unidas por Nuestros Niños presenta, se inicia una
averiguación previa, una acusación relacionada con una línea de investigación
diversa vinculado con la posibilidad de que el incendio fuera provocado para
eliminar la documentación”, detalló el fiscal.
Además, el
funcionario de la PGR detalló que “10 mil millones de pesos efectivamente
relacionados con infraestructura carretera y otros temas. Lo que se plantea
aquí es que el incendio es doloso provocado para eliminar esta documentación;
pruebas de un presunto fraude”.
Y en memoria de los
49 niños fallecidos y más de 70 lesionados, lo mínimo a realizar, agregó,
Renato Sales en entrevista con Oscar Mario Beteta, es una investigación
exhaustiva en cuanto a un incendio provocado en la Guardería ABC.
“Estamos trabajando
precisamente en eso, vamos a revisar toda la averiguación (…) relacionada
específicamente con el origen del incendio con la bodega rentada por la
Secretaría de Hacienda del estado de Sonora”, dijo Sales Hererdia al periodista
Beteta.
“Hay que indagar
precisamente en relación con esta afirmación, ver si contamos con el material
suficiente para probar que el incendio fue doloso y revisar todo el material
que existe en la indagatoria (…); hay un dictamen pericial, por ejemplo, en
materia de incendios y explosivos que señala que éste fue provocado, que se
provocó directamente con algún encendedor o con algún cerillo a partir de la
presencia de turbosina”, expuso el Subprocurador de la República.
LAS 50 DILIGENCIAS
El pasado 15 de
julio, mediante un comunicado, la PGR informó que La Procuraduría General de la
República, (PGR), informó que se han practicado más de 50 nuevas diligencias en
el caso de la Guardería ABC y se ha retomado para su investigación el homicidio
de quien fuera chofer de Juan Carlos Lam, ex funcionario del gobierno de
Eduardo Bours.
El Sub
procurador de Control Regional,
Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Renato Sales Heredia, indicó que se
avanza en las investigaciones con el fin de esclarecer la tragedia de la
guardería de Hermosillo, donde fallecieron 43 niños y niñas; además que se han
practicado más de 50 nuevas diligencias y se inició Averiguación Previa el 23
de abril de 2013, ante denuncia de integrantes del grupo “Manos Unidas por
Nuestros Niños”.
Explicó que se
inició una averiguación Previa respecto del incendio suscitado el 5 de junio
del 2009 en una bodega y que se propago a la Guardería ABC, ante la denuncia
presentada por dicho grupo de padres afectados.
El Sub procurador
Renato Sales, dijo que se trabaja en la nueva línea de investigación que se
deriva de dicha denuncia, así como también se atrajo el homicidio de Carlos
López quien fuera chofer del ex
secretario técnico del gobierno de Eduardo Bours.
Reitero que es interés
del Gobierno de la República, que se agoten
todas las líneas de investigación ante el lamentable hecho, a fin de esclarecer plenamente las causas y
sancionar a los culpables.
Entre las
diligencias practicadas explicó, se han tomado declaraciones ministeriales a
diversas personas en calidad de testigos, se han recepcionado solicitudes de
personas que quieren coadyuvar en la investigación porque fueron testigos
oculares de los hechos; asimismo, que se han realizado comparecencias
ministeriales, se han recibido respuestas a solicitudes de información a
diferentes dependencias tanto del gobierno estatal como municipal.
LAS EVIDENCIAS
El pasado 20 de
mayo, Dossier Político publicó que padres que perdieron a sus hijos en la
tragedia del 5 de junio entregaron nueva evidencia a la Procuraduría General de
la República donde establecen que Carlos Andrés López Meza, quien fue asesinado
2 meses después, y tres trabajadores más, provocaron el incendio de la
Guardería ABC al pretender desaparecer evidencia de la deuda contraída por el
ex gobernador Eduardo Bours Castelo para las obras del PSP.
Integrantes de
“Manos Unidas por Nuestros Niños” presentaron una nueva denuncia ante la
Procuraduría General de la República que viene a dar un vuelco en las
investigaciones sobre la tragedia del pasado 5 de junio del 2009, al afirmar
que el incendio en la bodega de Hacienda fue provocado personas al servicio del
guardaespaldas de Juan Carlos Lam, ex secretario Técnico de Eduardo Bours quien
presuntamente tenía la orden de quemar registros sobre la deuda contraída en el
Plan Sonora Proyecta.
La aseveración hecha
llegar a la PGR, da un giro trascendental en el ominoso expediente ABC que en
16 días llegará a 4 años donde la impunidad ha sido la constante en las
instancias de procuración e impartición de justicia en México, lo que ha
evidenciado una terrible falla sistémica del Poder Judicial el Estado Mexicano.
Encabezados por el
representante legal, Gabriel Alvarado y las señoras Juana Luna y Julia
Escalante, el grupo se presentó el pasado viernes a las oficinas centrales de
la PGR de la capital del país a fin de aportar nuevos los elementos donde
exponen la participación de “tres personas sospechosas”, llamadas telefónicas y
testimonios de vecinos que refuerzan los resultados del primer peritaje que
afirma que el incendio “fue provocado por la mano del hombre”.
EL COMUNICADO
A través de un
comunicado, “Manos Unidas” informó que “se ha entregado a la Procuraduría
General de la República un documento en el que se establece que conforme a
diversos datos recientemente obtenidos, el incendio en el que murieron nuestros
hijos fue
Intencionalmente
provocado con la finalidad de destruir documentación relacionada con la supuesta deuda de 10 mil millones de pesos
generada en el sexenio del ex gobernador Eduardo Bours Castelo en la aplicación
de su programa de obras llamado Plan Sonora”.
Asimismo se sabe que
esta acción fue llevada a cabo por tres
personas comandadas por el de nombre Carlos Andrés López Meza, quien trabajaba
como chofer y guardaespaldas personal del señor
Juan Carlos Lam Félix, quien a su vez ostentaba el cargo de Secretario Técnico del ex gobernador Eduardo
Bours Castelo.
Casualmente a dos
meses del incendio, Carlos Andrés López Meza fue encontrado muerto de nueve
impactos de bala y a decir de su viuda
no se ha dado a conocer el resultado de la
investigación, seguramente afirma, porque no se ha investigado nada
a pesar de que trabajaba como escolta de
una persona que ostentaba en su tiempo uno de los más altos cargos en el
Gobierno del Estado de Sonora.
Sabemos de la
cercanía del señor Juan Carlos Lam Félix con el señor Eduardo Bours Castelo y
no creemos que el ex gobernador haya
tenido algo que ver en todo esto, por ello estamos seguros que él será el
primer sorprendido ante este hallazgo, y no usara su poder económico ni el de
su grupo político para obstruir la justicia.
Esperamos que el
Presidente Enrique Peña Nieto cumpla su palabra y no le tiemble la mano en
investigar la verdad, caiga quien caiga
y los involucrados en estos muy lamentables hechos sean sometidos a la acción
de la justicia, sin importar su condición política, económica o social.
Es fundamental que
el nuevo Gobierno Federal haga efectivo su principal postulado y de la
seguridad de que nada ni nadie estará por encima de la Ley.
Atentamente:
Manos Unidas por
Nuestros Niños
“NO HABÍA PAPELES DEL PSP”: ABEL MURRIETA
En respuesta, el
diputado Abel Murrieta Gutiérrez y ex procurador de Sonora en tiempos de la
tragedia que enlutó a México, aseguró que en la bodega sólo había placas, “el
estudio de peritos externos dice que fue un accidente el incendio de la
Guardería ABC y no fue provocado”.
Murrieta Gutiérrez
quien el lunes 8 de junio aseveró que el origen del incendio en la Guardería
ABC fue producto de un cortocircuito en uno de los coolers de la instancia
infantil, afirmó que él sólo duró 15 días con la investigación y el nombre de
Carlos Andrés López Meza, chofer de Juan Carlos Lam, no salió en las
investigaciones, “si yo hice algo u omití algo no fue intencional”, manifestó
Abel Murrieta.
Difícil establecer
el origen del incendio en la Guardería ABC después de que la denominada “Zona
Cero” ha sido contaminada por decenas cientos de personas que ingresaron desde
el pasado 5 de junio hasta la llegada de los peritos internacionales de la The
McMullen Company.
A sólo dos días de
los lamentables acontecimientos ya se hablaba de un corto circuito o
calentamiento del motor de un “cooler” como la causa probable del fuego,
hipótesis respaldadas por los entonces titulares de la PGJE y PGR, Abel
Murrieta Gutiérrez y el delegado Juan de Dios Godoy.
El pasado 8 de junio
del 2009 y apoyados en fotografías y gráficas en tercera dimensión sobre la
manera en que se dieron los hechos, los funcionarios públicos le presentaron a
los medios de comunicación los avances que se tenían y hacia dónde apuntaban
las investigaciones sobre el origen del siniestro.
“Una de las
hipótesis es el calentamiento del motor del “cooler” que haya generado el
derretimiento de sus partes y caído sobre la papelería que se encontraba en el
lugar iniciando el fuego, esta es la teoría más acertada que han encontrado; la
otra pudiera ser las deficiencias en las instalaciones eléctricas para operar
el cooler”.
En ese entonces, el
Procurador hablaba de que “de acuerdo a las primeras investigaciones, se
desprende que el fuego inició en el almacén ubicado en la parte central de una
bodega del Gobierno del Estado donde se encontraba papelería diversa, estantes
y placas de automóviles”.
“Al ser sólo una
construcción y estar una pared o muro divisorio entre el almacén y la
guardería, cuyo techo es de estructura metálica y revertido con poliuretano
espriado, provocó que el fuego se esparciera más rápidamente sobre el inmueble,
“sabemos que el punto o inicio del fuego fue el almacén de la parte media de la
construcción”.
LOS INCENDIOS DE HACIENDA
En su momento, el
dirigente del PRD nacional, Jesús Zambrano Grijalva, los incendios registrados
en las bodegas que ha utilizado el Gobierno del Estado para albergar
documentación y placas bajo la responsabilidad de la Secretaría de Hacienda
Estatal, deben ser investigados y aclarados por las autoridades.
El líder del Partido
de la Revolución Democrática (PRD) expuso que “estos hechos deben ser
aclarados, la Procuraduría debe ir al fondo de estas acciones que resultan
extrañas, es demasiada coincidencia que en tiempos distintos suceda lo mismo es
las bodegas donde se tiene bajo resguardo documentación importante del Gobierno
del Estado”.
Dossier Político
publicó el artículo “Los incendios de Hacienda” donde se detalló que el pasado
29 de septiembre de año 2002, bajo la administración del ex gobernador de
Sonora, Armando López Nogales, un incendio consumió la bodega de la Secretaría
de Finanzas del Estado, la cual se ubicaba en el kilómetro 1.3 del bulevar
García Morales.
Informes obtenidos
por Dossier Político indican que la tarde de ese último domingo del mes, el
fuego arrasó centenares de cajas foliadas que contenían documentos oficiales
como facturas y papelería varia, además mobiliario y equipo de oficina; por
fortuna, en el hecho no resultaron personas lesionadas ni víctimas qué
lamentar.
A más de 10 años de
ese incidente, ninguna autoridad estatal ha dado explicación alguna sobre lo
ocurrido ese 29 de septiembre del 2002 ni sobre el material siniestrado; menos
aún, de peritajes que establezcan un posible accidente o más aún, si intervino
la voluntad humana.
Derivado de la
destrucción del inmueble por incendio, el Gobierno del Estado determinó
reubicar la sede de la Secretaría de Finanzas (Hacienda Estatal) a la nave
industrial ubicada en la calle Ferrocarrileros y Vaqueros, de la colonia Y Griega,
de Hermosillo, Sonora.
La bodega de
resguardo de placas de la Dirección General de Recaudación, era la función del
inmueble rentado por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado.
De acuerdo al
contrato de arrendamiento, ambas partes estuvieron de acuerdo en el uso que se
le daría a la bodega localizada en calle Ferrocarrileros, entre Mecánicos y
Vaqueros de la colonia “Y Griega”, contigua a la Guardería ABC subrogada por el
IMSS.
En la declaración
Quinta (V) del documento (contrato), se especifica que la bodega se utilizaría
para desarrollar actividades y objetivos que tiene a su cargo la Dirección
General de Recaudación.
“Declara -el
arrendatario- que está de acuerdo en rentar el inmueble que se detalla, el cual
se utilizará para la instalación de bodega de resguardo de placas de la
Dirección General de Recaudación, mismo que se utilizará para desarrollar las
actividades y objetivos que tiene a su cargo esta dependencia de acuerdo al
Plan de Desarrollo Estatal”
Además de lo
anterior y de acuerdo al mismo documento, ambas partes convinieron en que el
monto mensual de la renta sería por la cantidad de $41 mil 337.29 pesos más el
Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como la retención del 10% del Impuesto
Sobre la Renta (ISR).
El Código Civil para
el Estado de Sonora en su Artículo 2695, Fracción III, establece como
obligación del arrendatario: “Servirse de la cosa solamente para uso convenido
o el que sea conforme a la naturaleza y destino de ella”, (en este caso,
bodega)
En su oportunidad el
entonces procurador Abel Murrieta Gutiérrez, informó que de acuerdo a la
investigación, al interior de la bodega se encontró documentación relacionada
con vehículos que tenían poco movimiento, así como placas de circulación y tres
vehículos, dos en calidad de resguardo y uno más que era utilizado para las
actividades propias del inmueble.
De las
investigaciones realizadas por la Comisión Especial de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, que avalan la teoría del “cooler”, se desprenden las
responsabilidades del Gobierno del Estado por la renta de la bodega donde
presumiblemente inició el fuego que ocasionó la tragedia.
El documento
publicado por la Suprema Corte establece las siguientes conclusiones:
Quinta: El
incendio que quitó la vida a 49 y dejó lesionados a otros 75 se originó en la
bodega contigua a la Guardería ABC, donde la Secretaría de Hacienda del
Gobierno del Estado de Sonora tenía almacenadas grandes cantidades de
documentos.
Todas las pruebas
periciales que se practicaron en diversas investigaciones, así como la que
desahogó la Comisión Investigadora a cargo de peritos extranjeros, son
coincidentes en afirmar que la evidencia revela que la causa del incendio fue
un corto circuito en el motor de un enfriador de aire conocido como “cooler”.
Debido a las altas
temperaturas generadas por la corriente eléctrica diversas partes del motor se
fundieron generando la ignición del papel que estaba cerca, propagándose las
llamas hacia las cajas de cartón que contenían documentos y, algunas, placas de
vehículos.
La evidencia
demuestra que en la bodega no había ni siquiera detectores de humo o
extinguidores, ya no sistemas contra incendios a que estaba obligada por el
alto riesgo en que se clasifica por las grandes cantidades de combustible
sólido que almacenaba.
No existe evidencia
de que las autoridades competentes, estatales y municipales, hubieran realizado
visitas de inspección a la bodega y a la guardería para verificar la existencia
de los respectivos programas internos de Protección Civil.
La versión oficial
del incendio sostiene la explosión de un “cooler” como la causa del incendio de
Guardería ABC, la de los vecinos es diferente.
Éstos aseguran que
se escucharon al menos dos explosiones como lo asevera la Procuraduría General
de la República (PGR) y la misma Procuraduría General de Justicia del Estado
(PGJE).
INTENCIONAL: GOBERNACIÓN
Oportunamente,
Dossier Político publicó que el entonces secretario de Gobernación, Fernando
Gómez Mont, declaró que existen indicios que refuerzan la hipótesis de que el
incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio del 2009, y que dejó un
saldo de 49 niños muertos y decenas de heridos, fue intencional.
Gómez Mont dejó
entrever que hay una gran responsabilidad en la administración estatal que
encabezaba el priísta Eduardo Bours Castelo, ya que el fuego podría haber sido
inducido en la bodega de la Secretaría de Hacienda Estatal, desde donde se esparció
el fuego a la guardería contigua, “vemos con preocupación en las
investigaciones que inclusive se deduce la presencia de aceleradores en la zona
del incendio en la bodega, que inclusive podría generar o consolidar la
hipótesis de actos intencionales respecto a esta tragedia.
Eso nos obliga como
Gobierno a estar pendientes, se tendrán que acabar por tomar decisiones a nivel
del Ministerio Público Federal sobre los resultados finales de estas
investigaciones, pero difícilmente esta es una herida que sólo sanará mediante
el castigo o la sanción ejemplar a sus responsables”, expuso.
La Procuraduría
General de la República ordenó al Gobierno del Estado de Sonora entregue
informes sobre documentos y auditorías realizadas al Plan Sonora Proyecta (PSP)
al integrar la nueva investigación en la Averiguación Previa
AP/PGR/DGCAP/ZNO-XIV/19A/2013, información que ya alista la Secretaría de
Hacienda del Estado.
De acuerdo al grupo
de padres “Manos Unidas”, la agente del Ministerio Público federal, Mónica
Patricia Ibarra Ramírez, pide a la Secretaría de Hacienda local información
sobre el Plan Sonora Proyecta.
EL SOSPECHOSO AVISO
El 5 de enero,
Dossier Político publicó que a 7 meses del incendio en la Guardería ABC, donde
el pasado 5 de junio perdieran la vida 49 niños y decenas más resultaran con
lesiones que van de leves a graves, todos ellos con edades que fluctúan entre
45 días y 4 años de edad, crece la sospecha que en el abultado expediente del
caso, uno o varios documentos fueron “sembrados”.
Con fines nada
claros aún y que de confirmarse, merced a las irregularidades que han
aparecido producto de las comparecencias
de los involucrados, muy bien pudiera resultar en un hecho clave en el deslinde
de responsabilidades y un vuelco en las investigaciones del llamado ABC: El
expediente de la impunidad.
Corría una semana de
la tragedia de la Guardería ABC y mientras en la Plaza “Emiliana de Zubeldía”,
desde temprana hora, los padres de los niños fallecidos y lesionados se
organizaban para levantar en ese lugar un altar adornado con juguetes, cruces y
veladoras en memoria de las víctimas del incendio.
El entonces
procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, arribaba a la capital
del Estado para anunciar, además de la separación del cargo de varios
funcionarios del Instituto, entre ellos el mismo delegado estatal, Arturo Leyva
Lizárraga, que “en materia de la investigación federal han quedado claramente
acreditadas las evidencias documentales que señalan que desde el año 2005 se
habían detectado irregularidades importantes en materia de seguridad en la
Guardería ABC”.
En conferencia de
prensa, acompañado del procurador de Justicia del Estado, Abel Murrieta, el
fiscal de la Nación dijo que “irregularidades e insuficiencias importantes en
la seguridad de la guardería ABC fueron detectadas (desde 2005) por el área
correspondiente de Prestaciones Sociales y Económicas del Instituto Mexicano
del Seguro Social.
Y es materia de la
averiguación previa precisamente determinar por qué estas observaciones no se
atendieron en su oportunidad y si esto corresponde a los funcionarios federales
y a los particulares que operan este centro de guardería”.
Poco después,
acompañado de Abel Murrieta, el procurador General de la República salió del
lugar para dirigirse a Palacio de Gobierno, donde ya lo esperaban para hablar
del asunto el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont y el mismo
gobernador del Estado, Eduardo Bours Castelo.
Días antes, el 9 de
junio, los socios de la Guardería convocaron a una conferencia de prensa, donde
Antonio Salido, tomó el papel de vocero y dijo que las autoridades responsables
de realizar inspecciones nunca les hicieron señalamientos, ni siquiera en el
sentido de que la guardería estaba ubicada cerca, muy cerca, de lugares
considerados peligrosos
En sus cuestionamientos, la prensa recibió de
Salido las siguientes respuestas:
Medios: ¿Las
autoridades al realizar inspecciones nunca les hicieron señalamientos en el
sentido de que estaban al lado de lugares peligrosos?
Antonio Salido:
“Jamás, jamás, siempre cumplimos con las reglas”.
M: ¿Entonces las
autoridades se puede decir que tienen responsabilidad por no hacer esos
señalamientos?
AS: “Desconozco, lo
que si les puedo decir es que estábamos en regla y en forma”.
M: ¿El detalle
arquitectónico, la estructura del techo también estaba reglamentado?
AS: “Todo eso lo
toma en cuenta el Seguro Social para abrir una guardería y Protección Civil y
se siguió revisando año con año”.
M: ¿Cada cuánto
tenían visitas?
AS: “Son anuales,
las visitas del seguro social pueden ser hasta dos por mes”.
M: ¿Pero ustedes
tuvieron una por año?
AS: “No, toda esa
información se las podemos proporcionar más adelante, se encuentran en los
archivos de la misma guardería que están en la Procuraduría”.
M: ¿En qué
consistían esas visitas?
AS: “En verificación
total”.
M: ¿Qué es total?
AS: “Cuando tengamos
la documentación podemos hacerles llegar las copias de todo lo que nos
revisaron”.
M: ¿Algunas, cuáles
son?
AS: “Operatividad,
seguridad, instalaciones Jamás, jamás, siempre cumplimos con las reglas”.
Para la tarde del 12
de junio, ya enterados a través de los medios de comunicación de lo dicho por
Medina Mora y Abel Murrieta, los socios de nuevo convocaron a una conferencia
de prensa.
En esta ocasión fue
Alfonso Escalante Hoeffer, esposo de Sandra Lucía Téllez Nieves, otra de las
socias de la Guardería ABC, quién hizo uso del micrófono para asegurar que
desde el momento de la tragedia hasta entonces en ningún momento abandonaron la
ciudad, el Estado o el País.
Que jamás recibieron
una llamada de atención de parte del IMSS, por las medidas de seguridad en su
estancia infantil y que de nuevo, fue por los medios de comunicación que se
enteraron que la Procuraduría estatal determinó que las salidas de emergencia
estaban mal configuradas, ya que eso jamás les fue comunicado por personal del
IMSS que realizaba las inspecciones de seguridad desde el año 2001.
“Jamás recibimos un
documento como el que nos dicen que hizo referencia el señor Medina Mora este
día, nunca tuvimos un informe de irregularidades en las medidas de seguridad”,
agregó Escalante Hoeffer, al hacer referencia a las acusaciones de Eduardo
Medina Mora.
Añadió que incluso,
el 26 de mayo recibieron la última visita de inspectores del IMSS, quienes al
finalizar la inspección los felicitaron por las medidas de seguridad en la
guardería, lo cual asegura quedó por escrito.
Alfonso Escalante
Hoeffer, también leyó una carta que los socios de la estancia enviaron al
Procurador Medina Mora.
Y dice la
correspondencia:
“Señor procurador,
no nos parece justo que autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social
pretendan sorprenderlo a usted y al licenciado Abel Murrieta Gutiérrez,
procurador general de Justicia del Estado, haciendo aparecer documentos en los
que pretenden mostrarnos como negligentes, cuando nuestra convicción fue
siempre la de servir con honestidad”.
Además, mediante el
comunicado revelaron que el IMSS se negaba a proporcionar el expediente de la
Guardería ABC y cuando lo hicieron no fue de manera transparente.
“El expediente fue
entregado fuera de sus oficinas sin transparencia alguna y extrañamente este
suceso se llevó a cabo en un hotel de la localidad”.
Tres días después,
la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado de nuevo convocó a
una conferencia, donde las procuradurías generales de Justicia del Estado
(PGJE) y de la República (PGR) reiteraron que desde 2005 se advirtió a los
dueños de la guardería sobre las irregularidades en las instalaciones de la
Guardería ABC
Ese día, el titular
de la PGJE, Abel Murrieta Gutiérrez, y el delegado de la PGR en Sonora, Martín
Godoy Castro, mostraron a la prensa un documento en el que el subdelegado de
Prestaciones Sociales y Económicas del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), Emigdio Martínez García, se dirigió al C.P. Marcelo Meochi Tirado
El documento
El documento que
mostró el procurador del Estado, y del que Dossier Político tiene una copia, es
la notificación con número de folio 23180, referencia 279001320100, fechada el
26 de julio de 2005, en Ciudad Obregón, Sonora.
La notificación está
dirigida al C.P. Marcelo Meochi, pero de acuerdo con Alfonso Escalante Hoeffer,
además de que no señala en calidad de qué se le envía a Marcelo Meochi la
notificación, el apellido correcto de Marcelo, no es Meochi sino Meouchi, y ni
aquél ni éste último, fueron representantes de la guardería, ni antes, ni en la
fecha de la notificación.
Como sea, el
documento en poder de este medio consta de dos hojas tamaño carta y en la
portada muestra dos sellos:
Uno de
Correspondencia y Archivo, recibido para su despacho el 2 de agosto de 2005, en
Ciudad Obregón Sonora; el otro Asuntos Jurídicos de la Delegación Estatal, en
Hermosillo, Son., y por ningún lado se aprecia una fecha de recibido.
En la segunda hoja,
al calce, la firma del ingeniero Emigdio Martínez García, Jefe de Prestaciones
Económicas y Sociales del IMSS; más abajo las letras NLS, aparentemente las
iniciales de Nohemí López Sánchez, jefa del Departamento de Guarderías y quien
el mismo 12 de junio fuera dada de baja junto con el delegado estatal, Arturo
Leyva Lizárraga “para facilitar las investigaciones”.
En la conferencia
Abel Murrieta, expuso también que los propietarios de la guardería obtuvieron
la subrogación por parte del IMSS en el año 2001 por asignación directa y que
en la indagación “se siguen encontrando irregularidades en los procesos
realizados por el IMSS, puesto que el personal de la institución se dio cuenta
de una u otra manera de las situaciones fuera de lo normal.
Y aun así -dijo Abel
Murrieta- en 2006 el IMSS renovó el contrato con los propietarios, cuya
vigencia vencerá el último día del presente año (31 de diciembre de 2009)” .
Por último, el
fiscal estatal destacó que “las investigaciones sobre la tragedia de la
guardería van dirigidas hacia todos los involucrados, no exenta a nadie”.
A continuación,
transcribimos textualmente el contenido del documento:
Ref./279001320100/
C. P. Marcelo Meochi
Tirado.
Calle Mecánicos sin
número, esquina con Ferrocarrileros.
Colonia Y Griega.
C.P. 83290.
Hermosillo, Sonora.
«En atención a
visita realizada por las coordinadoras Zonales de Guardería Lic. Yadira
Barreras, T.S. Thelma Salado Islas y Arquitecto José A. Verdugo Ibarra el día 8
de julio de 2005 a esa unidad a su cargo comento de las situaciones
encontradas.
Puerta de acceso
principal. Se requiere instalar puerta de 2 metros de ancho libre y 2.10 altura
mínima, tipo abatible en doble hoja. Salidas de emergencia, Instalar puertas de
seguridad con barra de empuje abatible hacia el exterior de 1.00 metro de ancho
mínimo en las salas de lactantes C y en patio de juegos.
Plafones. Se deberá
sustituir los plafones existentes en salas de usos múltiples a maternales con
material no combustible, debido a que actualmente tienen instalado un plafón a
base de lona plástica tipo carpa y es un material altamente combustible.
Aislamientos. El
techo del inmueble carece aparentemente de material aislante, por lo que se le
solicita aislar y así proporcionar un clima confortable a los menores en la
unidad Equipos de acondicionamiento de aire.
El inmueble cuenta
con una máquina de aire acondicionado instalada sobre el muro de calle
ferrocarriles y red de ductos, los cuales no están en operación; le solicito
reparar o sustituir el equipo en virtud de que las condiciones de confort de
sala de usos múltiples no son aceptables.
Patio de juegos se
sugiere instalar malla sombra al 80% sobre la estructura de la techumbre del
patio exterior, debido al clima caluroso de la región; se requiere plano
arquitectónico amueblado y debidamente acotado, indicando las áreas interiores
en metros cuadrados.
Solicito me envíe la
actualización de dictamen aprobatorio del departamento de bomberos, ya que la
que se cuenta en los archivos concluyó la vigencia el 25 de julio de 2005.
Seguro de contar con
la solución a los puntos en comento, en los términos que establece la cláusula
décima cuarta.- conservación y mantenimiento, un plazo que no podrá exceder de
treinta días naturales a partir de la fecha de notificación correspondiente.
Saludos cordiales
Atentamente:
Emigdio Martínez
García
BAJO SOSPECHA
Ese enero del 2010,
siete meses después, y cuando ya habían declarado casi la totalidad de los
involucrados en el cuestionado documento del 26 de julio de 2005, todo parecía
indicar que aquel grito que pegara Alfonso Escalante y los socios de la
guardería, para desmentir la notificación,
tenía justificación.
Y ahora existe la
sospecha de que ese documento «apócrifo», como lo calificara el vocero de
aquella reunión, clave en las investigaciones del caso, resulte una “siembra”
en el expediente con fines poco claros hasta ahora.
Fuentes cercanas al
caso, señalaron a Dossier Político que en su declaración ante el Ministerio
Público, celebrada el 15 de junio de 2009, y la cual está integrada al
expediente del caso, Emigdio Martínez García, entonces Jefe de Prestaciones
Económicas y Sociales del IMSS –quien falleció el 13 de agosto de 2009— negó
haber suscrito el oficio 23180, dirigido al C. P. Marcelo Meochi Tirado, puesto
que, dijo, la firma que aparece en el documento no es autógrafa sino un
facsímil.
La fuente también
dijo que en su declaración al MP, Martínez García reconoció que el documento en
cuestión no va dirigido a la Guardería ABC, sino a una persona de nombre
Marcelo Meochi Tirado y no al representante legal de la guardería, que en ese
momento era Sandra Lucía Téllez Nieves.
Y que el documento
no cuenta con sello de recibido por parte de la Guardería ABC y únicamente
cuenta con sellos de recibido de la Delegación del IMSS de Ciudad Obregón.
Pero hay más
irregularidades:
El oficio número
23180 muestra el sello de recibido por el Departamento de Correspondencia y
Archivo del IMSS, en Ciudad Obregón pero en el proceso penal se encuentra
también la declaración del señor Martín Leyva Yocupicio, Jefe de Servicios
Generales, con sede en Ciudad Obregón, quien señaló que en los archivos donde
se concentran las facturas de correspondencia no obra ningún documento con el
sello del 2 de agosto del 2005, como el que se aprecia en el documento.
En el expediente se
encuentra un oficio que remitió el Servicio Postal Mexicano, donde esa oficina
manifiesta que no se encuentra registrado ni se tramitó ante esa instancia el
oficio 23180 de fecha 26 de julio del 2005, por lo que, dijo, no existe
registro del citado documento.
En el Departamento
de Archivo del IMSS en Ciudad Obregón, desde donde se remitieron todos los
oficios que se expidieron en los meses de julio y agosto del 2005, no se
encuentra el oficio 23180.
El documento no
muestra la firma de recibido por parte de la Guardería ABC ni por su
representante legal o alguna otra persona de la estancia, y así lo reconoció en
su comparecencia el jefe de Servicios Jurídicos y secretario del Consejo
Consultivo delegacional del IMSS, Esquipulas Herrera Montano.
En el contrato de
prestación del servicio que firmaron la Guardería ABC y el IMSS, se estipula que
solamente tendrán validez la comunicación de documentos u oficios «cuando sean
entregados directamente al representante legal y contra-entrega de recibido de
la comunicación, lo que no sucedió en el caso que nos ocupa».
Incluso, dice la
fuente, hay una declaración de la ex jefa de Guarderías del IMSS, Nohemí López
Sánchez, la cual niega haber visto o sabido de la existencia del documento del
26 de julio del 2005.
El documento se
entregó en un hotel de la ciudad al procurador Abel Murrieta, cuando éste
todavía tenía el caso en sus manos y no al Ministerio Público, como debiera
haber sucedido.
Para concluir, de acuerdo con lo revelado a
Dossier Político, el IMSS ha manejado mal la información en relación a los
socios de la Guardería ABC, pues las únicas personas reconocidas por el
instituto en el contrato de prestación del servicio son Sandra Lucía Téllez
Nieves, Gildardo Urquídez Serrano y Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo
Tonella.
NUEVO CONTRATO ABC FIRMADO POR MOLINAR
En el 2007, el
entonces director general del IMSS, Juan Francisco Molinar Horcasitas, firmó un
nuevo contrato de prestación con la Guardería ABC, representada por Sandra
Lucía Téllez Méndez.
Ahí se estipuló que
la Guardería ABC sí contaba con los recursos técnicos, humanos, financieros,
administrativos, así como con la infraestructura necesaria para seguir
proporcionando el servicio.
El contrato también
fue firmado por Fernando Gutiérrez Domínguez, director jurídico del instituto,
y Dora García Kobeh, titular de la Coordinación de Guarderías.
El contrato tiene
vigencia hasta el 31 diciembre de 2009 y está firmado por el entonces director
del IMSS, Juan Francisco Molinar Horcasitas, y en representación de ABC, Sandra
Lucía Téllez Nieves.
El Caso ABC
“involucra desde al empleado que hizo la supervisión, hasta el director
nacional de ese tiempo Juan (sic) Miguel Molinar Horcasitas, que firma esta
situación... no estamos diciendo que
ellos sean los responsables, estamos diciendo que es todo un proceso”, refirió.
Han pasado 4 años, 2
meses y 23 días y no se ha debatido la postura de los socios de la Guardería
quienes desde aquel 12 de junio han dudado de su autenticidad, incluso al grado
de sugerir que esa notificación bien pudo haber sido “sembrada”.
Y si así fuera:
¿Por qué?, ¿por
quién o quiénes? y ¿para qué?... estas son preguntas que ahora no tienen
respuesta.
Son ominosos pasajes
del llamado ABC: El Expediente de la Impunidad
(DOSSIER
POLÍTICO/ Alejandro Matty Ortega/ 28 de
Agosto 2013)
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